La alternancia y el FMLN

¿El péndulo político en El Salvador?

Por Luis Mario Rodríguez R.

La guerra civil inició en El Salvador en 1981 con la “ofensiva final” y se prolongó hasta 1992 con la firma de la paz. El 11 de noviembre de 1989 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ejecutó la “ofensiva hasta el tope”. Para entonces caía el Muro de Berlín, en Nicaragua se debilitaba aceleradamente el sandinismo y en El Salvador la derecha política, representada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), derrotaba a la Democracia Cristiana con el candidato Alfredo Cristiani a la cabeza. El proyecto político de este último se concentraría principalmente en la búsqueda de la paz. La intención del FMLN en aquel sangriento suceso era alcanzar el poder a través del alzamiento popular y del desgaste del ejército nacional. En 2009, veinte años después de esa acción armada, el Frente accedió al Órgano Ejecutivo después de arrebatar en las urnas la presidencia de la República a la derecha que gobernó durante dos décadas continuas.

El contexto de finales de los noventa empujó a los actores a negociar. El diálogo franco, con las Naciones Unidas como testigo, desembocó en el pacto político más relevante después de la declaración de la independencia patria en 1821. La firma que selló el fin del conflicto tuvo lugar en el emblemático Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.

Salvador Samayoa, negociador y firmante de los acuerdos por parte de la ex guerrilla, dijo que a partir de entonces se presentó una “explosión de consensos” (Samayoa, 2002). Como resultado de ese acontecimiento histórico se renovó buena parte de la institucionalidad democrática del país. La Fuerza Armada se subordinó al poder civil, la autoridad electoral sufrió una profunda transformación, el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue modificado y se constituyó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los protagonistas de la paz aceptaron a la democracia electoral como el mecanismo por excelencia para distribuir el poder político. Entre 1994 y 2015 se han celebrado ya 14 procesos electorales: 5 elecciones presidenciales y 9 comicios legislativos y municipales.

En 1994, durante una entrevista en El Salvador, Mario Vargas Llosa le preguntó a David Escobar Galindo, integrante de la comisión gubernamental que negoció los acuerdos, cuál, a su juicio, era el cambio más trascendental entre las elecciones celebradas antes de la paz y los comicios realizados aquel año en los que participó el FMLN por primera ocasión. Escobar, con la genialidad que le caracteriza, se apresuró a contestar que ahora los salvadoreños “no sabrían quién vencería en las elecciones”, porque precisamente la incertidumbre de los resultados, que estuvo ausente en los treinta años anteriores debido a los fraudes escandalosos, es uno de los principales requisitos de toda competencia electoral.

A partir de entonces el FMLN aumentó exponencialmente su cuota de poder político, tanto en la Asamblea Legislativa como en los gobiernos locales, hasta conseguir la victoria en las elecciones de 2009. Sin la alternancia en la presidencia la transición democrática que inició en 1992 se habría visto limitada. Esta fue una condición que consolidó los acuerdos de paz y cada vez, con mayor convicción, los partidos la reconocen como una característica estable de la política salvadoreña.

La polarización que afecta al país, heredada de la sociedad predemocrática, que ha perdurado en la etapa postacuerdos de paz y que impide transitar hacia una nueva sociedad, vaticinaba un traumático cambio de gobierno de una a otra corriente ideológica. Sin embargo, tanto en 2009 como en 2014, los partidos aceptaron la voluntad popular sin mayores reparos y la asunción al poder de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén, respectivamente, aconteció sin que el principal partido de oposición ni grupos fácticos boicotearan la legitimidad de ambos procesos electorales. No obstante la estrechez de los resultados en las dos elecciones, de 2.56% en 2009 y de apenas 0.20% en 2014, la más corta distancia entre dos competidores en la historia de las elecciones en América Latina, la justicia electoral y constitucional fue suficiente para procesar las impugnaciones que se presentaron.

Las administraciones del FMLN exhiben luces y sombras además de retos y desafíos. Esas circunstancias han sido influenciadas por las características propias de cada uno de sus candidatos que luego se convirtieron en gobernantes. Mauricio Funes Cartagena no es militante del FMLN ni lo era cuando fue postulado a la presidencia. Funes mantuvo una relación errática con el FMLN durante los cinco años de gestión. No estar vinculado orgánicamente al partido le otorgó al exmandatario un margen de maniobra para decidir, en función de la coyuntura política y electoral, el trato que daría a la élite del partido oficial. Aunque acontecieron momentos de tensión pública, el balance general indica que el expresidente contó con el apoyo del partido en la mayor parte de su gestión. Salvador Sánchez Cerén es un líder histórico y fundador del Frente. Esa sola circunstancia es suficiente para explicar el firme compromiso que une al mandatario con la organización política de izquierda. Su estrecho vínculo se ha manifestado, por una parte, en muestras claras de apoyo por parte del liderazgo del FMLN y de su grupo parlamentario a las iniciativas de ley gubernamentales; y por otra, en acciones concretas del Jefe de Estado para la consolidación del proyecto político del partido.

Una muestra de este último aspecto es la participación de varios ex ejecutivos de Alba Petróleos en los ministerios de economía, agricultura y educación. La sociedad de economía mixta integrada por  Petróleos de Venezuela (PDV Caribe) y ENEPASA, una asociación comunal compuesta por alcaldías del FMLN, recibe préstamos en condiciones blandas desde 2007. El Salvador es el único lugar en el que las relaciones comerciales se establecieron entre el Estado Venezolano y una empresa. En el resto de países, miembros de Petrocaribe, los vínculos se crean entre los Estados. Varios programas de diferentes ministerios están respaldados económicamente por Alba Petróleos. Asimismo esta entidad patrocinó las campañas electorales de los candidatos del partido de gobierno en las presidenciales de 2014 y en las legislativas y municipales de 2015. Un estudio de la Universidad de Salamanca reveló que la vinculación de Alba Petróleos con un partido político podría tener como consecuencia que sus programas sociales sean usados para fines de clientelismo político, es decir para obtener una ventaja electoral para el FMLN (Ferraro y Rastrollo, 2013). Un caso similar ocurrió en 2004 cuando Taiwán presuntamente financió la campaña del partido de derecha. La falta de regulación del financiamiento político permite este tipo de irregularidades.

En general las distintas evaluaciones de los seis años y medio de gobierno efemelenista advierten una mejora en materia social. También identifican un esfuerzo sostenido por promover el diálogo a través de instancias como el Consejo Económico y Social, el Asocio para el Crecimiento y más recientemente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el Consejo Nacional de Educación y la Alianza por la Prosperidad. Por otra parte se reconoce la implementación del acceso a la información pública y se admite un mayor nivel de independencia de los órganos de control.

Sin embargo se discute la sostenibilidad financiera de los programas sociales y su carácter asistencialista. Los participantes en los espacios de diálogo, no obstante aceptar el esfuerzo, recienten que ese ejercicio no ha desembocado en acciones concretas que dinamicen la economía y que resuelvan el problema de la inseguridad ciudadana. También se reprueban las trabas en materia de transparencia y se condenan los intentos por parte de la bancada del FMLN para derrocar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Cuatro de los cinco magistrados que integran a la Sala de lo Constitucional fueron elegidos en el año 2009. A partir de su designación las sentencias de la Sala han contribuido a “despartidizar” a las instituciones del Estado, a transparentar el uso de los fondos públicos y a garantizar una serie de derechos políticos de los ciudadanos a través de reformas al sistema electoral. Estas resoluciones terminaron con una serie de malas prácticas que permitían la manipulación de algunos de los órganos de control como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Asimismo se hacía un uso indebido de las asignaciones presupuestarias de Casa Presidencial que, a partir del fallo de la Sala, debieron obtener respaldo legislativo para su uso por parte de la oficina del Presidente. De la misma manera los partidos no estaban obligados a transparentas sus finanzas ni a celebrar procesos internos de elección de los candidatos para disputar cargos públicos. La actuación de la Sala resolvió esos vacíos y dotó al sistema político de un mayor dinamismo.

El partido de gobierno se opuso a varias de esas resoluciones. Junto a los  tres partidos minoritarios constituyó una comisión de investigación del nombramiento de los magistrados cuya finalidad era la de promover juicio político en contra de estos. Asimismo intentó aprobar reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales para exigir la unanimidad de los fallos en la Sala de lo Constitucional, con lo cual, debido a que el quinto magistrado se separaba de las resoluciones de sus compañeros, se llegaría a una especie de “bloqueo institucional” que impediría resolver los casos pendientes. En 2012 se generó una grave crisis institucional cuando los partidos señalados rechazaron el cumplimiento de la sentencia de la Sala que ordenó repetir la elección de un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que por ley debe renovarse cada tres años, ya que no le correspondía a esa legislatura el nombramiento de los nuevos cinco magistrados. El FMLN y el bloque de partidos minoritarios llegaron al extremo de demandar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional ante la Corte Centroamericana de Justicia, sin que la misma tuviera competencia para conocer del asunto. La presión de la sociedad civil obligó a los grupos parlamentarios señalados a ejecutar lo prescrito por la Sala.

La alternancia no eliminó las tensiones propias de una forma distinta de gobernar. El arribo al poder de un nuevo partido político generó ansiedades que debieron ser correctamente administradas. Siendo la primera vez que la presidencia recae en un partido de izquierda con postulados socialistas, las expectativas y los temores alcanzan, aún ahora, niveles muy elevados. La incertidumbre y la desconfianza del empresariado y de buena parte de la sociedad civil, se justifican debido al pasado y a la orientación ideológica de las propuestas del FMLN. Su visión acerca del sistema económico y político y sus referentes en América Latina, presagiaban, y continúan haciéndolo, una posible incorporación del país a bloques ideológicos liderados por Venezuela.

También se presumía un posible deterioro en las relaciones con Estados Unidos debido a los antecedentes discursivos del partido oficial, aunque en este aspecto, tanto la administración Funes como la de Sánchez Cerén han mantenido una cooperación estrecha con el gobierno norteamericano.

A la fecha y debido a la resistencia de la Sala de lo Constitucional a través de sus resoluciones y a las acciones de movimientos civiles por asegurar la vigencia del Estado de Derecho, se mantiene el sistema republicano, democrático y representativo establecido en la Carta Magna. Asimismo, El Salvador no se ha sumado a la alianza bolivariana y la Constitución de la República no ha sufrido reformas en sus cláusulas pétreas. El país conserva un grado de libertad que garantiza a los ciudadanos, aunque de manera frágil y con intimidaciones aún latentes, el respeto de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Se teme, sin embargo, que las líneas de acción emanadas del primer congreso del FMLN celebrado entre el 6 y el 8 de noviembre de 2015, resquebrajen por completo el equilibrio político como resultado del antagonismo ideológico que contienen las conclusiones de ese cónclave.

Los documentos de ese encuentro perfilan sus principios, modelo de organización y líneas estratégicas de trabajo (Arauz: 2015). El FMLN reivindica la “hegemonía de izquierda”, señala la existencia de un “boicot y un sabotaje” para implementar un plan “imperialista y oligárquico” orientado a “desestabilizar” al gobierno de turno, y propone desmontar el “neoliberalismo” a través de la “desprivatización de bienes y servicios estratégicos”, el establecimiento de “la propiedad social y mixta” y la “desdolarización de la economía”.

Los postulados del congreso contradicen abiertamente los compromisos adquiridos por los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por el FMLN entre la primera y segunda vuelta celebrada en marzo de 2014. En esa ocasión los aspirantes por la fórmula del partido de izquierda publicaron el “Manifiesto a la Nación de la fórmula presidencial del FMLN”. En ese pronunciamiento garantizaron el respeto a la forma de gobierno, la independencia de poderes, las libertades individuales, la propiedad privada, el manejo prudente y transparente de las finanzas públicas y la promoción del diálogo. Cuando incluyen como elemento de la estrategia partidista nacida del Congreso: “nunca creer en el razonamiento del adversario ni en su sana disposición a admitir el juego democrático porque siempre conspiran y golpean” difícilmente puede promoverse el encuentro de ideas entre las distintas fuerzas políticas, sociales y empresariales del país. Los retos del Frente, y ciertamente también los de la sociedad salvadoreña, son muy ambiciosos. Se debe transitar de una democracia electoral a otra en la que la independencia de los poderes no sea una característica transitoria. La institucionalidad no puede ser campo de lucha que lleve a  una batalla política de “suma cero”, asociada a lógicas bélicas de enfrentamiento “amigo-enemigo” (PAPEP 2015). El país requiere de acuerdos estructurales y sostenibles con un nuevo tipo de consenso político que supere la dificultad sistemática por alcanzar consensos. En pocas palabras, se debe eliminar el movimiento pendular que mantiene al país entre el pasado reciente y un futuro que aún no terminamos de construir.