Paz y reconciliación en Perú

Esta plaza en Ayacucho comemora los muchos desaparecidos y asesinados en la región durante el periodo cruel de violencia política. 


Una oportunidad en riesgo 

Por Salomón Lerner Febres

Han transcurrido once años desde la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú. Esta funcionó entre los años 2001 y 2003 como componente de la transición política iniciada en 2001 tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori y el cierre del periodo de violencia armada iniciado en 1980. La creación de la CVR fue una forma de responder a las víctimas de masivas violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de veinte años. Estas violaciones fueron cometidas tanto por las organizaciones subversivas –principalmente la organización Sendero Luminoso—como por las fuerzas armadas y la policía. En dos décadas, ningún gobierno había procurado ninguna investigación sobre los asesinatos, masacres, desapariciones y muchos crímenes más cometidos. Tampoco se había delineado una política de respeto de los derechos humanos ni mucho menos de atención a las víctimas. Por ello, cuando en 2001 se busca una reconstrucción de la democracia peruana, se decide seguir el ejemplo de otros países que había desarrollado políticas de búsqueda de la verdad. Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala fueron, así, precursores del proceso iniciado en Perú.

La CVR trabajó durante 26 meses. En ese lapso se desplegó por todo el territorio nacional afectado por la violencia mediante la creación de cinco oficinas regionales. Ese despliegue le permitió desarrollar una amplia estrategia de acercamiento a las víctimas y a las poblaciones afectadas en general. Se pudo, así, recabar casi 17 mil testimonios y realizar muchas otras actividades que expresaran respeto y atención. Entre estas actividades, destacaron las audiencias públicas de víctimas organizadas en una decena de ciudades. Ellas sirvieron como reconocimiento de la dignidad de las personas afectadas y también, en cierta medida, para sensibilizar a la población menos golpeada por la violencia y, por tanto, más indiferente al drama.

El trabajo de la CVR tuvo como su centro de gravedad, en efecto, el brindar muestras de respeto a las víctimas. Se puede decir que tal era el sentido moral profundo de su creación y de sus labores. Pero, como es natural, brindar un servicio efectivo a las víctimas y, por extensión, a toda la sociedad peruana, implicaba cumplir un mandato muy específico dirigido a la investigación de los hechos pasados, a la interpretación de los factores sociohistóricos que los hicieron posibles y a la elaboración de recomendaciones para superar el pasado.

En el entendimiento que la CVR tuvo de su misión, todo ello era necesario para darle un sentido verdaderamente justo a la noción de reconciliación. Para la CVR la reconciliación solo podía existir como una derivación natural de la verdad y de la justicia. No se podía pensar en una reconciliación consistente en la simple condonación o el olvido de los crímenes pasados. Los mecanismos de amnistía a los culpables, que tan recurrentes fueron en el pasado en la región, no resultaban ni moralmente justificables ni legalmente posibles. Para la CVR, cualquier concepción de reconciliación exigía, primero, que se revelaran y se reconocieran los hechos, y segundo, que se hiciera justicia a partir de ese reconocimiento. Tal justicia, por otro lado, no se limitaba a su dimensión judicial. Hacer justicia a las víctimas requería, ciertamente, llevar a juicio a los presuntos responsables, pero también dar reparaciones a las víctimas, realizar reformas institucionales que dieran garantías de que la violencia y los abusos no se repetirían y hacer gestos oficiales de reconocimiento y redignificación a quienes fueron afectados.

Las conclusiones y las recomendaciones de la CVR tuvieron esa finalidad. El informe final fue un servicio al reconocimiento y a la verdad. Se puso en evidencia la perpetración de graves abusos que alcanzaba la categoría de crímenes contra la humanidad y se reconstruyó la historia de muchos casos de masacres, torturas, asesinatos y otros crímenes graves. Así mismo, se aportó una interpretación de los grandes fracasos institucionales y de las fallas de nuestro orden político y cultural que hicieron posible la violencia. Ese enorme volumen de abusos y de daños reclamaba la acción decidida del Estado. Se propuso, por ello, medidas para que actuara el Poder Judicial, así como un amplio plan de reparaciones y reformas de las instituciones con un horizonte claro: transformar las relaciones del Estado con la población y construir una auténtica democracia de ciudadanos con derechos plenos.

Falta de voluntad estatal

Por lo dicho hasta aquí, la forma más precisa de observar el trayecto seguido por la reconciliación en el Perú es a través del tratamiento dado a las recomendaciones de la CVR. Los discursos sobre la reconciliación pueden ser muy persuasivos y bienintencionados; pero, en última instancia, la reconciliación se medirá por la atención que el Estado y la sociedad sepan dar a las víctimas de la violencia. Y, por extensión, por el tratamiento que se dé a los ciudadanos en general. Como lo aseveró la CVR, la reconciliación en el Perú debe significar una transformación, en sentido democrático, de las relaciones entre Estado y sociedad y de los lazos que unen a los peruanos y peruanas en su vida cotidiana.

Lamentablemente, los balances del cumplimiento de esas recomendaciones no dejan mucho espacio para el entusiasmo. Es cierto, y esto es importante, que el país conoce desde hace años una situación de paz y de relativa estabilidad institucional, a lo que se suma una tendencia al crecimiento económico que tiene ya más de una década de vida. Ello ha venido acompañado de una reducción significativa, pero nunca satisfactoria del todo, de los niveles de pobreza. (En contraste, sin embargo, se puede observar que sectores clave del funcionamiento del Estado y de la sociedad, como el sistema de educación escolar y universitaria, sigue estancado y en una situación ruinosa).

No obstante, pese a esos signos de progreso, lo cierto es que la respuesta estatal a las demandas de justicia de las víctimas ha sido muy débil y carente de voluntad, al mismo tiempo que la reflexión de la sociedad sobre lo sucedido ha resultado a todas luces insuficiente y pobre frente a la magnitud de los hechos históricos que afrontábamos.

Un aspecto muy concreto de esa falta de respuesta se encuentra en el escenario judicial. Fuera del Perú, la condena al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos genera una imagen algo errónea de lo que ha sucedido realmente. Es cierto que esa fue una condena importante por casos de corrupción y por delitos contra los derechos humanos: una condena dada en un juicio ejemplar que debió sentar un precedente valioso. Pero el panorama general es mucho menos positivo. En los primeros años posteriores al funcionamiento de la CVR, el Poder Judicial mostró cierta voluntad de hacer justicia. Para ello adoptó criterios jurídicos de avanzada que permitieran hacer frente a crímenes masivos que, por lo demás, habían tenido lugar muchos años atrás. No obstante, a partir del año 2007 los tribunales dieron un giro que los condujo a retractarse de  lo avanzado. Nuevas sentencias evidenciaron una falta de voluntad institucional para hacer justicia en casos graves de desaparición forzada. Y, en general, se adoptó criterios que hacen mucho más difícil establecer responsabilidades de agentes del Estado en casos de violación de derechos humanos. Esta corriente vino acompañada, incluso, de una ley que significaba en la práctica bloquear el camino a juicios a militares y a policías. Ante la protesta ciudadana, la ley quedó sin efecto, pero la voluntad de negar justicia a las víctimas quedó patente.

El itinerario seguido por las reparaciones es igual de complejo y poco alentador. Las primeras respuestas al plan de reparaciones propuesto por la CVR fueron alentadoras. No tardó mucho la aprobación de una ley de reparaciones aprobada por el Congreso. Y a raíz de la ley se creó la institucionalidad responsable de aplicarla. Por un lado, una comisión del Poder Ejecutivo encargada de coordinar la acción de los diversos ministerios involucrados en la tarea de dar reparaciones; por otro lado, un organismo llamado Consejo de Reparaciones que tenía el encargo de elaborar una lista exhaustiva de las personas y colectividades que tendrían derecho a recibir reparación.

La ejecución de esas tareas no ha sido todo lo cuidadosa y expeditiva que se necesitaba que fuese. Si bien durante los anteriores gobiernos se procedió a avanzar en materia de reparaciones colectivas, estas no han seguido un curso ordenado ni a la altura de la misión. Las reparaciones económicas individuales siguen siendo una tarea completamente descuidada, con el consiguiente malestar y sentimiento de defraudación de las víctimas. Si se tiene en cuenta que muchas de ellas son personas de avanzada edad que perdieron a sus hijos o cónyuges décadas atrás, y que viven en una permanente situación de pobreza y privaciones, la insensibilidad del Estado y de las elites políticas resulta sumamente criticable.

Insensibilidad e indiferencia son, en efecto, el más grande obstáculo al avance de la reconciliación así entendida, como justicia básica para las víctimas y reconocimiento colectivo de nuestras fallas y culpas. Ello se refleja bien en las dimensiones de reforma institucional y de reflexión colectiva sobre el pasado violento.

Ninguna de las recomendaciones de la CVR sobre reformas institucionales ha sido tomada en cuenta por los sucesivos gobiernos ni por ninguno de los grupos políticos que compiten por lugares en el Congreso. Las áreas donde esas reformas eran especialmente necesarias son: administración de justicia, fuerzas armadas, policía y educación. El caso de la educación es especialmente preocupante. La educación en el Perú es desde hace décadas un espacio donde se reproduce el autoritarismo, donde se mutila el espíritu crítico y donde se transmiten formas de pensar ajenas a la cultura ciudadana que necesita el Perú. Una institucionalidad educativa reformada podría ser un efectivo medio de bienestar futuro y de integración del país. Una educación que promoviera el pensamiento autónomo y fortaleciera las identidades individuales y colectivas podría ser el espacio de generación de una ciudadanía efectiva. Por último una educación mejor habilitada para cumplir sus funciones tendría que ser también el lugar donde se cultive la memoria de la violencia desde una perspectiva particular: una memoria orientada a aprender las lecciones del pasado, que muestre hasta qué punto el racismo y el pensamiento jerárquico son causas de muerte y sufrimiento, que permita entender que la violencia ciega nunca es el camino ni para la transformación de la sociedad ni para la búsqueda de orden y estabilidad.

Lamentablemente, esa educación no existe en el Perú de hoy. Por lo tanto, no hay un cultivo de la memoria que fructifique en los años posteriores, así como tampoco hay una discusión y un aprendizaje fuera de las escuelas, en los espacios públicos. En la política, las lecciones de la violencia están completamente ausentes de los temas de debate. Por lo tanto, las víctimas casi no tienen oportunidad de que sus inquietudes sean oídas en lugares como el Parlamento. En los medios de comunicación, se sigue tratando el tema de manera sensacionalista, mientras que en la televisión, el racismo patente contra la población indígena continúa siendo aceptado e incluso aplaudido. En esas circunstancias, hablar de una reconciliación en el sentido amplio y abarcador, no interpersonal, propuesto por la CVR, resulta muy difícil. Frente a un pedido de reconocimiento, responsabilidad y compasión, la respuesta de las elites políticas y económicas es siempre hostil.

Esto no quiere decir, naturalmente, que el Perú de hoy sea una sociedad que esté al borde de repetir un conflicto armado. Es cierto, sin embargo, que el Perú sigue siendo una sociedad violenta en aspectos muy concretos como se ve en la respuesta  las protestas ciudadanas en los andes y en la Amazonía. Pero ello se da en un contexto de cierta estabilidad institucional y de crecimiento económico. El Perú vive en estos años una oportunidad grande de convertirse en una democracia asentada y firme. Pero para serlo, debería reconocer a sus ciudadanos como sujetos de derechos plenos, sin discriminaciones. Al cerrar los ojos a las lecciones de la violencia, el país se arriesga a desperdiciar esta oportunidad.

Salomón Lerner Febres, rector emeritus of the Pontifical Catholic University of Peru (PUCP), is the former president of the Truth and Reconciliation Commission of Peru (CRV). He is currently executive president of the Center for Democracy and Human Rights at PUCP (IDEHPUCP).

See also: Peru, En español