Por fin llegamos. En febrero de 2008, después de casi dos días de largas caminatas de doce horas junto con casi cien personas de organizaciones nacionales e internacionales por los empinados y embarrados senderos de la cadena montañosa de la Serranía de Abibe, en la esquina noroccidental de Colombia que forma la región del Urabá, por fin lo conseguimos. Históricamente llamada como “la mejor esquina de Sudamérica” por su ventajosa posición geográfica y por los abundantes recursos naturales que posee, que la llevarían incluso a ser escenario de disputa imperial en el siglo XVIII y luego la obsesión de las élites regionales hasta el presente, la región de Urabá ha sido históricamente asociada a la violencia política y estructural característica de las regiones periféricas y marginales del Estado-Nación.  Desempacamos y montamos nuestras tiendas en una zona despejada próxima a la pequeña e improvisada capilla levantada en el lugar donde el 21 de febrero de 2005 se encontró el cadáver de uno de los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (en adelante CPSJA), Luis Eduardo Guerra, que había sido brutalmente asesinado junto con sus hijos. Los cadáveres fueron encontrados por una comisión de esta organización creada para la búsqueda de los mismos en aquellos difíciles días. Cuando la comisión llegó a recuperar los cuerpos se encontró en el lugar con soldados de la 17.ª Brigada militar. En el piso se encontraron machetes manchados de sangre podrían haber sido utilizados para perpetrar la aborrecible masacre que ha “viajado” por todo el mundo a través de las redes de solidaridad y activismo de los derechos humanos.

Tres años después de la masacre llegamos al lugar exacto donde se había producido. La pequeña capilla estaba cubierta con fotografías de Luis Eduardo en las que aparecía en muchas de las reuniones internacionales a las que había asistido. Al lado de las imágenes se encontraban las banderas de la ONG italiana PACE que ya había visto en muchas fotografías de las sentadas del movimiento antiglobalización en Europa y Estados Unidos; justo en el centro de la estancia, un pequeño altar, unas velas y una cruz católica eran todo cuanto aquella contenía. Poco después de instalarnos todo el grupo se reunió en torno al altar. Muchos de los “acompañantes” procedían de ciudades italianas y españolas que habían facilitado fondos a la CPSJA y habían dado a conocer en sus respectivos países la desesperada situación de la Comunidad. Otras personas pertenecían a ONG establecidas en la región de forma permanente, como Peace Brigades International (PBI) y Fellowship of Reconciliation (FOR). Había además un grupo de personas que formaba parte de la organización Chefs without Borders y otros acompañantes alemanes que actualmente viven en Portugal y dijeron estar dando los primeros pasos de un proyecto comunitario autónomo y autosostenible. Tras sentarnos alrededor del altar, el Padre Giraldo, figura fundamental en el movimiento de los derechos humanos en Colombia y protagonista en muchos sentidos de esta historia, explicó los hechos que desembocaron en la masacre.

Durante la breve ceremonia escuchamos la historia de la CPSJA y conocimos las persecuciones y amenazas a que la Comunidad se ha visto sometida por parte de todos los actores armados presentes en la región, desde las guerrillas a las fuerzas armadas, pasando por los paramilitares. El Padre Giraldo recordó que el mismo día en que fue asesinado, según algunos supervivientes, Luis Eduardo percibió que toda la zona estaba ocupada por hombres fuertemente armados y que el ambiente se notaba “tenso”. Antes de que un grupo armado le ordenara detenerse junto con los campesinos con los que caminaba, pudo decir a uno de ellos que corriera a informar al resto de familias de la presencia del grupo armado en la zona. El grupo pudo escapar hasta una aldea cercana a la que algunas horas más tarde llegaron los mismos hombres armados. Esa fue la última vez que el resto de campesinos vio a Luis Eduardo y a sus hijos. Y allí estaba él, su imagen tres años después, en el centro del altar y cerca de las velas, su fotografía acompañada de la imagen de su hijo de cinco años. En una entrevista concedida unos días antes de su asesinato se refería en estos términos al peligro inminente al que se enfrentaban: “Hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos”. Yo había visitado la CPSJA en diversas ocasiones en los últimos años, pero no me había adentrado tanto en la Serranía para visitar el lugar y participar del duelo por la muerte del famoso líder. Sin embargo, el objetivo de la expedición no era sólo recordar la masacre, sino también acompañar a algunas familias que volvían a sus casas abandonadas mediante retornos autogestionados. Hacía aproximadamente diez años que habían tenido que escapar de los combates hacia las llanuras más bajas para establecerse en San José de Apartadó. Con su regreso, preparado casi seis meses antes por la CPSJA, diez familias proclamaban que no iban a sumarse a los más de tres millones de desplazados internos que desde 1985 se habían visto obligados a huir a ciudades más grandes de Colombia.

Años más tarde, en este mismo lugar, en mi quinta peregrinación hacia la vereda de Mulatos, un cartel informaba: “Bienvenidos a la aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Zona Neutral”. Esta vez, 28 de febrero de 2013, el aspecto del lugar contrastaba con respecto a la última vez que estuve, 28 de febrero de 2008. Lo que antes fue una planicie cubierta con un bosque que empezaba a desmontarse pero que todavía rodeaba y entraba a las casas abandonadas por los desplazamientos forzosos del año 2000, ahora era un potrero limpio y con varias edificaciones de madera donde figuraban la escuela, la cocina, varias casas de los pobladores y una biblioteca, donde la CPSJA guardaba publicaciones sobre su historia y desarrollo. Este mismo lugar de devastación y muerte volvía a ser habitable y el altar que recordaba a los muertos parecía ser el eje central desde el que se reiniciaban nuevos proyectos de vida, interrumpidos por la violencia. Sin embargo, mientras hablábamos con algunos de los campesinos locales en las sesiones informativas que se celebraron después de la ceremonia, volvieron a verse en la zona grupos extraños de personas y se produjeron nuevas amenazas.

Esta experiencia concreta y otras muchas que he vivido trabajando estrechamente con la CPSJA, unidas al vasto fenómeno de los desplazados internos en Colombia en los últimos años, inspiraron el trabajo intelectual que ha guiado mis investigaciones en los últimos años. En pocas palabras, mi principal interrogante con respecto a la aprobación de la Ley 387 de 1997 que inauguró los marcos normativos y legales para proteger a la población internamente desplazada en Colombia y el nacimiento de la CPSJA el 23 de marzo de 1997, consiste en conocer cuáles fueron las condiciones de posibilidad que dieron lugar a estos dos acontecimientos diferentes aunque interrelacionados. Mi objetivo ha sido precisamente reflexionar en el contexto de una coyuntura específica y entender las múltiples y complejas condiciones que hicieron posibles estos dos acontecimientos; por una parte, una Ley nacional para los desplazados internos junto con todas unas tecnologías de gobierno de la población internamente desplazada y, por otra, el nacimiento de la CPSJA durante esos años. Tanto la Ley y el mismo gobierno de esta población existe dentro de un plano más amplio de unas actualizaciones como las de los derechos humanos, el humanitarismo y el derecho de los refugiados que se remontan a eventos singulares de la modernidad como el nacimiento de la Cruz Roja en el siglo XIX, los tribunales de Nuremberg en mitad del siglo XX y la creación de institucionales tales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el período de la posguerra en el siglo XX. En el segundo caso, encuentro la emergencia de la CPSJA conectada a toda una tradición de organizaciones campesinas en Colombia luchando por sus territorios y autonomías, por la influencia de estrategias religiosas radicales y proyectos de desarrollo vinculados a la economía campesina y su articulación con amplias redes de solidaridad y activismo internacional, entre otras.

Gracias a la confluencia de diversos factores, a las propuestas de una “comunidad neutral” para defender el derecho de la población civil a no formar parte de la “guerra de otros”, y al acompañamiento de diversas instituciones y algunos grupos religiosos, el 23 de marzo de 1997 se congregaron 400 familias en la escuela de San José de Apartadó. Allí firmaron una Declaración, que recogía las normas de conducta que debían observar todos los que quisieran formar parte voluntariamente de este novedoso ensamblaje contestatario y antagónico. Se trata de un rechazo al gobierno humanitario de administrar y regular estas poblaciones residuales, actualizada en distintas iniciativas en la Colombia contemporánea, tales como la promulgación de leyes, en los parques y comisiones de la memoria, en los planes de consolidación del territorio, en la transformación de la víctima en un sujeto útil y productivo, entre otros. Pero también, del rechazo a abandonar sus lugares para luego deambular por los circuitos de la burocracia humanitaria una vez llegan a las grandes ciudades. No sólo recogía la distinción clásica entre combatientes y no combatientes, tan fundamental para inaugurar un derecho moderno de guerra, sino también el tipo de organización económica, política y social que regiría la vida de la CPSJA. Una articulación, en últimas, híbrida entre el derecho humanitario y los mundos morales campesinos.

Hoy en día, en San José(cito), ubicado a 1 kilómetro de San José de Apartadó,  y a donde la Comunidad de Paz desplazaría luego de la masacre del 2005 al rechazar la presencia de la estación de policía, existen unos carteles grandes y muy visibles que informan al visitante que está a punto de entrar en una “propiedad privada”. En ellos se relacionan algunos de los Principios fundantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como los que hacen referencia a la prohibición de proporcionar información alguna a ningún actor armado, así como a los grupos de trabajo colectivo y los días comunitarios, y a su definición como “población campesina no combatiente”. Una puerta rústica y estos carteles separan claramente a la CPSJA del “mundo exterior” y constituyen un “espacio diferente”. Desde los pasillos de algunas de las casas de San Jose(cito) más cercanas a la carretera que lleva a San José se puede ver a los curiosos observando los carteles y las banderas, los jeeps blancos y los dos voluntarios altos y rubios que viven unos metros después de pasar la puerta, y que se pueden ver desde la entrada. En un sentido práctico, la puerta rústica y los carteles en los que se recogen las normas de la CPSJA constituyen todos los elementos que cualquier nuevo visitante o transeúnte necesita para saber que adentro sucede algo “especial”. Algunos actores armados han querido entender que algo se esconde, como armas, material de guerra, e incluso, soldados de uno u otro bando. Varias comisiones gubernamentales se han negado a entrar en el recinto de la Comunidad sin sus guardaespaldas armados, por temor a lo que podría sucederles.

Sin duda, los proyectos productivos puestos en marcha tras la aprobación de la Ley 387, junto con la ayuda humanitaria ofrecida a los desplazados internos, contrastan con los retornos autogestionados y las “economías comunitarias” sedimentadas mediante los grupos de trabajo, los días comunitarios y los beneficios colectivos de la CPSJA. A partir de esta tensión se plantean diversos interrogantes. ¿Cómo podemos valorar la “negativa” de la CPSJA a escapar hacia las ciudades para hacer fila y esperar a que les entreguen los kits humanitarios? ¿Cómo podemos analizar la posibilidad de que algunos campesinos de la “mejor esquina de América”  constituyeran un espacio autónomo por medio de conexiones creativas con amplias redes que apoyaran la existencia de una “comunidad campesina no combatiente” en medio del conflicto armado? ¿Qué podemos pensar acerca de su negativa a formar parte del “consenso administrativo” de un probable escenario post-conflicto en Colombia?

Para finalizar diré que fue justo aquí, en la “mejor esquina de América”, donde surgió un complejo ensamblaje que se contrapone al gobierno de la población internamente desplazada surgida con la Ley 387 de 1997. Es decir, de la creación de una posibilidad compleja y multidimensional para ir más allá de los marcos establecidos por el “buen gobierno” y la “responsabilidad del Estado” que controlan, dirigen y diseñan gran parte de las operaciones humanitarias y de derechos humanos que se llevan a cabo en Colombia. La CPSJA, aunque continúa moviéndose dentro de los circuitos de la burocracia estatal, está llevando adelante genealogías alternativas para atender al “extraño que sufre”, configuradas de acuerdo con los Convenios de Ginebra y con la teología de la liberación y la tradicional lucha campesina en Colombia. En este complejo espacio pleno de fricciones y tensiones, la Comunidad ha sido capaz de construir un espacio autónomo, siempre amenazado, que se enfrenta a los deseos del Estado y (para)estados de masacrar, desplazar o aliviar a las poblaciones. Al mismo tiempo están levantando con grandes esfuerzos una “economía comunitaria” cuyos beneficios se distribuyen de forma colectiva entre toda la Comunidad. Por medio de todas estas articulaciones tan complejas y diferentes, la CPSJA afirma valientemente un espacio de diferencia derivado de una concepción particular del ser “humano”, diferencia que nace de las políticas “relacionales”, en las que los muertos no sólo no desaparecen de sus vidas tras ser enterrados, sino que participan y tienen un gran protagonismo en la vida cotidiana y en los grandes modelos de movilización.