¿Un laberinto perfecto?: el último medio siglo en la Argentina

Por Sebastián Carassai

Recuerdo haber leído, en la escuela secundaria, la obra teatral del dramaturgo Florencio Sánchez “M’hijo, el dotor”, la historia del hijo de un campesino que estudia en la universidad y se recibe de médico. Mis bisabuelos Antonio Carassai y María Pierucci llegaron a la Argentina el mismo año en que Sánchez escribió esa obra, 1903. Como muchos otros, sus hijos y nietos experimentaron en carne propia la historia del ascenso social en la Argentina.

M’hijo el Dotor

Durante buena parte del siglo XIX y las primeras tres décadas del XX, Argentina experimentó una de las tasas de crecimiento económico más altas del mundo gracias a la expansión de la producción agropecuaria, cuya exportación dejaba cuantiosas divisas al país. Ese proceso no fue parejo en las diferentes regiones y tuvo costos sociales. Los sectores populares y obreros carecían por lo general de acceso a la vivienda. El famoso “conventillo”, vivienda urbana colectiva en la que se alojaban varias familias, fue signo de esa carencia.

Pero la masiva afluencia de inmigrantes que cruzaron el océano para radicarse en la Argentina, en una proporción más alta que en el resto de los países del subcontinente, es un indicador de que el progreso individual y colectivo era relativamente más probable allí que en otras latitudes. La prosperidad económica no fue acompañada durante buena parte de este período por la modernidad política. Fue recién a partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña, en 1912, que los argentinos varones pudieron elegir a sus gobernantes en sufragios no digitados por el fraude electoral. Pero aún con esas deficiencias políticas, las nuevas generaciones tenían expectativas ciertas de alcanzar mejores posiciones que las de sus padres.

La Argentina de la prosperidad que parecía eterna se interrumpió repentinamente con la crisis de 1929. Sin embargo, el nuevo patrón de acumulación que comenzó a cobrar forma a partir de entonces, basado en la industrialización por sustitución de importaciones, no muy tarde provocó una considerable recuperación de la economía que, más aceleradamente al comienzo y más modestamente después, hizo que la prosperidad siguiera siendo posible para muchos, independientemente de la situación social de origen. El turismo, por ejemplo, crecientemente se popularizó, y las ciudades balnearias de la costa de la provincia de Buenos Aires recibían visitantes de todas las clases sociales. Eso no significa que los beneficios de ese progreso se distribuyeron equitativamente a lo largo de toda la escala social, pero a finales de la década del sesenta no era sencillo poner en tela de juicio que la Argentina era, en términos relativos, el país más desarrollado de América Latina, ya sea que se considerara su grado de alfabetización, el poder adquisitivo de los salarios, el nivel de pobreza, el acceso a la educación o la tasa de desempleo. En esos años, el sociólogo italiano Gino Germani, fundador de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires, solía decir que, en el contexto mundial de entonces, la Argentina no tenía un problema grave. El problema de los argentinos, agregó con ironía años después el historiador Tulio Halperin Donghi, era que no lo sabían.

Planta Fiat (1963), el ISI (sustitución de importaciones) en su mejor momento. Fuente: CLARÍN.COM

Con sus más y sus menos, en términos relativos a la región, puede decirse que aquella Argentina, primero volcada hacia afuera exportando agro y luego orientada hacia adentro sustituyendo importaciones, fue una nación exitosa. Esa es la imagen que surge del inteligente diálogo que recientemente entablaron los historiadores Pablo Gerchunoff y Roy Hora y que publicó la editorial Siglo XXI en Buenos Aires en 2021 bajo el título de La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Ese éxito parece todavía más contundente cuando se lo contrasta con el desempeño que el país evidenció en el último medio siglo, en donde la historia de relativa prosperidad de antaño poco menos que se invierte. Desde 1975 hasta el presente, reflexiona Hora, “es difícil encontrar ejemplos de naciones que hayan retrocedido tanto” como la Argentina (p. 229). Simplificando esa historia amarga, podría decirse que desde mediados de la década de 1970 la Argentina navegó aguas que la hicieron moverse entre dos orillas: de un lado, una crisis del sistema de precios (en el extremo, hiperinflación); del otro, una crisis del servicio de la deuda (en el extremo, default). Ambas crisis estuvieron y están relacionadas, como lo muestra el hecho de que mucho de lo que el país hizo para salir de (o evitar caer en) la primera—como la ley de la convertibilidad en los años noventa, que ataba el peso argentino al dólar estadounidense—tarde o temprano la acercó a la segunda. La convertibilidad de la moneda, al igual que otros regímenes económicos implementados antes (1977-79) y después (2016-18), dependía agudamente del ingreso de capital externo, una variable que escapa al arbitrio de los gobiernos y que siempre acaba inyectando inestabilidad al equilibrio macroeconómico. Para las grandes mayorías, esa inestabilidad se traduce en pérdida del poder adquisitivo del salario, en el mejor de los casos, o en desempleo, en el peor.

Entre crisis y crisis, la Argentina experimentó momentos de crecimiento que despertaron el optimismo de propios y extraños. Pero esos momentos pronto se revelaron como insostenibles en el tiempo y desembocaron en crisis cada vez más devastadoras. Es cierto que ni los procesos inflacionarios ni la crisis de deuda han sido privativos de la Argentina. No hay que salir de la región para observar que otros países atravesaron problemas similares, incluso más o menos en la misma época. Sin embargo, en términos relativos, el modo en que esos problemas impactaron en los indicadores sociales y económicos de las diferentes naciones deja a la Argentina entre los países que más pobremente les hicieron frente. Para citar dos ejemplos, uno social y otro económico: en décadas en las que una mayoría de los países logró mejorar sus índices de pobreza, la Argentina los empeoró; y en una América Latina que, exceptuando Venezuela, logró finalmente controlar la inflación, la Argentina tiene hoy (y desde hace varios años) una de las inflaciones más altas del planeta.

Upstairs, downstairs

Parecería que el crecimiento en la Argentina es eso que sucede entre una crisis y otra. Pero esta idea de un ciclo que se reitera con persistente tenacidad no debería impedirnos ver que, en términos sociales, el proceso general no es circular sino de retroceso. Luego de cada crisis el país se empobrece y el despegue que le sigue debe partir desde un entramado social más resquebrajado que el que sirvió de base al ciclo anterior. Este desempeño, en términos políticos, no es atribuible a un solo partido ni tampoco al régimen de gobierno. Entre 1973 y la actualidad se alternaron los regímenes democrático (1973-1976 / 1983-presente) y dictatorial (1976-1983). En los años democráticos gobernaron distintas fuerzas políticas: el peronismo (1973-1976; 1989-1999; 2002-2015; 2019-presente), el radicalismo (1983-1989), y alianzas predominantemente no peronistas, de las que formó parte el radicalismo (1999-2001; 2015-2019). Al revés de lo que sucedía a principios de siglo XX, la Argentina de principios de siglo XXI combina un sistema político democrático y progresista, que gradualmente amplía derechos civiles y sociales, con un desempeño económico mediocre y tendencialmente excluyente, que conspira contra la materialización efectiva de los derechos que sanciona la política.

La estructura social de la Argentina, como resultado de este proceso, también experimentó cambios significativos. A comienzos de los años setenta, dos de las características que distinguían a la Argentina de muchos de los países de la región continuaban siendo sus vigorosas clases medias y su sindicalizada clase obrera. Aunque desde los años cuarenta las preferencias electorales de las primeras se volcaran mayoritariamente hacia el no peronismo y las de la segunda se mantuvieran mayoritariamente leales al peronismo, la Argentina de la posguerra había ofrecido a unas y a otra beneficios suficientes como para no desear un cambio de rumbo radical respecto del pasado. La mejor prueba de ello es que, más allá de la retórica a la que apelaron, el proyecto económico que tuvieron en mente Perón en 1973 y Raúl Alfonsín en 1983 no difirieron sustancialmente: ambos apostaron a un acuerdo entre capital y trabajo en una economía semi-cerrada que protegiera el pleno empleo, con un fuerte rol del Estado en la asignación de recursos y en la administración del bienestar.

Los cambios acaecidos en la economía mundial en los años setenta hicieron que ese consenso de pos segunda guerra mundial, que pudo sostenerse unos años más gracias a la disponibilidad de crédito abundante y barato, llegara a su fin dramáticamente a fines de los ochenta, cuando a la crisis de deuda de la Argentina le siguió una crisis hiperinflacionaria y Alfonsín (1983-1989) debió adelantar el final de su mandato. La hiperinflación dejó una marca perdurable en la memoria social. Las personas que querían que su dinero conservara valor sólo tenían dos opciones: gastarlo o comprar dólares. Si lo conservaban, perdían.

Debido a esa crisis, el peronismo regresó al poder con Carlos Menem (1989-1999) e inició una profunda e inédita reforma del estado y de la economía. La modernización del capitalismo argentino que impulsó Menem logró sumar a su coalición original, integrada por sectores obreros y populares, a una porción de las clases medias que, aunque minoritaria, le permitió ganar cómodamente las elecciones de 1991, 1993 y 1995. Hacia 1997, sin embargo, cuando los costos sociales de esa modernización se hacían inocultables, la base electoral del peronismo comenzó a resquebrajarse y muchos de sus votos, fundamentalmente los de los sectores medios, contribuyeron a catapultar a una coalición no peronista al poder.

Hiperinflación 1989, la tapa de Clarín de esos día. Fuente: DIARIO CLARÍN

Cuando esa coalición, llamada ALIANZA, liderada por Fernando de la Rúa, llegó al gobierno, en 1999, la Argentina era una muy distinta a la de diez años atrás. La liberalización comercial, las privatizaciones y la reforma del Estado (que, entre otras cosas, transfería servicios como la educación y la salud a las provincias, que en muchos casos carecían de recursos para afrontar su costo) impulsadas por Menem habían modificado significativamente la estructura social de la Argentina. Las clases medias se habían vuelto aún más heterogéneas que en el pasado, con un sector que se benefició con las reformas de los noventa y otro mucho más amplio que se empobreció, dando lugar al fenómeno conocido como “nueva pobreza”, personas que por su capital cultural no eran pobres pero que sí lo eran por su capital económico (Gabriel Kessler y Alberto Minujin, La nueva pobreza en la Argentina, Buenos Aires: Planeta, 1992). Pero donde más se notó el impacto social de esas reformas fue en la clase obrera y los sectores populares, paradójicamente la base electoral del peronismo. Steve Levitsky (Transforming Labor-Based Parties in Latin American Argentine Peronism in Comparative Perspective, Cambridge University Press, 2003) fue el primero que identificó la gran transformación que experimentó el peronismo entre fines de los ochenta y comienzos de los noventa cuando, en un contexto de crecimiento de la pobreza y caída industrial, pasó de ser un partido sindical a ser un partido clientelista.

Esa transformación se había dado en paralelo a otra ya no política sino social: desde finales de los ochenta y, más intensamente, en los noventa, la desindustrialización y la privatización de empresas públicas había generado un inédito nivel de desempleo y la consecuente formación de organizaciones de desocupados, cuya subsistencia comenzó a depender de la asistencia social que pudieran obtener del estado. Los así llamados “piqueteros”, por su modalidad para hacerse oír (el corte de rutas o calles), constituyeron una de las dos vías de expresión del malestar ante la coyuntura crítica que se cernió sobre la ALIANZA en 2001. La otra, más significativa porque constituía su base electoral, fue encarnada por una porción importante de los sectores medios. La Argentina se encontraba a las puertas de una nueva crisis: la estabilidad económica conseguida gracias a la ley de convertibilidad de 1991 se había podido prolongar en el tiempo por el ingreso de capitales; suspendido ese flujo, la imposibilidad de devaluar la moneda y la pérdida de competitividad de la economía obligaron al gobierno a prohibir el retiro de dinero de los bancos. Los ahorristas, en su mayoría pertenecientes a las clases medias, se volcaron a las calles, reclamaron junto a los piqueteros “que se vayan todos” los políticos y, en diciembre de 2001, De la Rúa se vio forzado a dimitir.

Como resultado de esta nueva crisis, que obligó a una severa devaluación de la moneda, la Argentina declaró, bajo la presidencia provisional del peronista Eduardo Duhalde, en 2002, el default más grande de la historia hasta entonces. Los pobres se multiplicaron, superando el 60% de la población, y los movimientos sociales mediante los cuales muchos de ellos hacían oír su voz comenzaron a ocupar el lugar central que antes estaba reservado a las organizaciones obreras. Más de 100.000 personas pertenecientes a distintos estratos de los sectores medios abandonaron el país. La de 2001 volvía a demostrar que cada crisis empujaba a las mayorías sociales un poco más abajo de donde estaban en el pasado.

Ese descenso a los límites de un abismo que la Argentina no conocía, sumado al boom de las commodities que comenzó a producirse en 2002, sentaron las bases para el crecimiento que sobrevino en los años dos mil. China se convirtió en una locomotora que traccionaba economías como la Argentina, que entonces se convirtió en un gran proveedor de soja para satisfacer la demanda del gigante asiático. En 2003, en elecciones fuertemente fragmentadas, llegó a la presidencia otro caudillo peronista, Néstor Kirchner, hasta entonces un gobernador de la provincia austral de Santa Cruz. El peronismo de signo kirchnerista se mantuvo en el poder durante doce años, cuatro años con Kirchner (2003-2007) y ocho más con su esposa, Cristina Fernández (2007-2015). La disciplina fiscal y el superávit comercial que caracterizaron a la primera parte de este nuevo ciclo, sin embargo, no tardaron en sacrificarse en el altar del impulso al consumo y el incremento del gasto público improductivo. Privados de acceder a los mercados de crédito internacional, el financiamiento de la fase expansiva del ciclo se realizó mediante un incremento de la inflación, que desde que reapareció como problema, en 2007, no ha dejado de crecer.

Villa Miseria CABA, para ilustrar el contraste actual entre pobreza y clase media en la misma ciudad. FUENTE: ELPAIS.COM

Aunque sigue siendo la opción electoral de una parte del privilegiado universo de trabajadores sindicalizados y de un sector minoritario de las clases medias urbanas con un corazón nacional-popular, hoy el peronismo es fundamentalmente, y desde hace por lo menos dos décadas, el partido de los pobres. Es en los conurbanos de las grandes ciudades y en las provincias más pobres donde obtiene sus mejores resultados electorales. La zona más rica del país, geográficamente ubicada en el medio (desde los Andes hasta la ciudad de Buenos Aires), le es esquiva. La clase social, más que la ideología, decide la suerte de los políticos. Hoy, como otras veces en el pasado, la política argentina está organizada en torno a dos coaliciones, una peronista y otra no peronista. Cuando la coalición peronista va desunida a las elecciones, como sucedió en 2015, la chance de triunfo del espacio no peronista, en ese caso liderado por Mauricio Macri (2015-2019), aumenta. Cuando va unida, como en 2019, la probabilidad de que gane su candidato, en ese caso Alberto Fernández (2019-presente), se robustece. En ambas coaliciones hay votantes de todos los colores. Pero una enorme mayoría de las simpatías del tercio inferior de la pirámide social se vuelca hacia la coalición peronista y la correspondiente al tercio superior lo hace hacia la coalición no peronista.

La historia de las últimas décadas en la Argentina, sin embargo, invita a pensar que, gobierne quien gobierne, el país transita los caminos de un laberinto perfecto del que le resulta difícil escapar. El camino que conduce a la estabilidad económica parece posible sólo si se sacrifica la justicia social y, al revés, el que se orienta hacia la justicia social parece necesariamente desembocar en inestabilidad económica. La intensidad de las crisis que sufre el país, por otra parte, está fuertemente determinada por variables que los gobiernos no controlan, como el precio de las commodities, cuyos derechos de exportación dan o quitan margen de acción a los gobernantes. El destino no está escrito. Como cualquier otro país, la Argentina puede salir o permanecer en su laberinto. Tiene un gran activo: una democracia sólida y relativamente transparente que ninguno de los actores políticos cuestiona. Si llegara a un acuerdo mínimo pero permanente respecto a qué lugar aspira a ocupar en la economía y el orden globales, sumaría otro activo que la dejaría en mejores condiciones para explorar una eventual salida de su laberinto.