Carta de Costa Rica

La estrategia de aislamiento solidario

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Por Eduardo Ulibarri

Desde hace muchos años, en mi estudio me acompaña “El solitario”, grabado de Francisco Amighetti, figura clave del arte costarricense. La imagen se divide en dos planos. En el inferior, un animado grupo interactúa festivamente, copas y vasos en mano. En el superior, una figura lánguida, ensimismada en su soledad, se asoma a un balcón casi suspendido en el  cielo.

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“El solitario”, grabado de Francisco Amighetti, figura clave del arte costarricense

Antes me identificaba con el personaje desde una perspectiva íntima: todos, en algún momento, necesitamos refugiarnos en nosotros mismos. Pero el covid-19 me ha hecho apreciarlo en otra dimensión: la del aislamiento impuesto como necesidad de protección colectiva; la renuncia a la interacción personal como imperativo sanitario, la vuelta a nosotros mismos que se activa como inevitable obligación cotidiana.

Ya no es una opción individual, sino un llamado a la supervivencia humana; la soledad y la distancia como estrategias de solidaridad. 

Como en tantos otros países, aislarnos y distanciarnos han sido en Costa Rica elementos centrales del guión ante la pandemia. Hasta ahora, aunque la incertidumbre abunda y los efectos económicos se asoman demoledores, los resultados, en el ámbito de la salud y la vida, generan esperanzas.

Al 19 de abril a mediodía, había 660 casos confirmados del covid-19 en 59 de los 82 municipios del país, 7.142 descartados mediante pruebas, 112 recuperados, 15 hospitalizados (10 en cuidados intensivos) y cuatro muertos (Costa Rica tiene poco más de cinco millones de habitantes). Gracias a una reducción en casos nuevos, la curva epidemiológica es moderada y ha  evitado saturar los servicios de salud.  

Las restricciones preventivas no se han manifestado con sabor de arbitrariedad autoritaria, tal como ha sucedido en otros países, como –en extremos distantes—China y El Salvador. En su lugar, se han aplicado acciones paulatinas ante la evolución de la epidemia. Se han sustentado, esencialmente, en las leyes General de Salud y de Tránsito. La primera otorga a las autoridades un amplio ámbito de decisiones frente a amenazas sanitarias, incluido el cierre de establecimientos; la segunda permite restricciones a la circulación de vehículos. 

Estas competencias, más una intensa campaña en pro del distanciamiento físico, han permitido mantener en vigencia los derechos individuales, sin limitar su ejercicio en forma directa.

Desde que se confirmó el primer caso (una turista estadounidense), el 6 de marzo, las autoridades optaron por una estrategia progresiva. De hecho, había comenzado días antes, con la insistencia en el lavado regular de manos, la contención en los saludos personales, cubrirse la boca al toser, la activación de protocolos de alerta, y la importación de los insumos necesarios para las pruebas de contagio, que primero solo podía hacerlas un laboratorio estatal y ahora se han extendido a algnos privados.

El 9 se lanzó la campaña #quedateEnCasa, se impidieron las actividades masivas y comenzó a estimularse el teletrabajo. El 12 fueron suspendidas las clases, desde preescolar hasta la universidad; aún no hay fecha para su reinicio. Tres días después vino el cierre de discotecas, bares y casinos, y restricciones al aforo de los restaurantes. Luego, todas las denominaciones religiosas acataron la solicitud gubernamental y suspendieron sus oficios presenciales.

Con una declaratoria de emergencia nacional, el 16, se suspendió el ingreso de extranjeros sin residencia, y se decretó que quienes salieran del país a partir de esa fecha, sin razón justificada, perderían su condición migratoria.

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Todas las denominaciones religiosas han detenido sus reuniones para contener el contagio del coronavirus.

A la muerte de un connotado pediatra de 87 años, el 18 de marzo, la primera causada por el virus, siguieron las de otros dos adultoa mayores y un hombre de 45.

La orden de cerrar el acceso a las playas y parques nacionales se añadió al repertorio de medidas, junto a la prohibición a la circulación de vehículos particulares (salvo excepciones calificadas) entre 10 p.m. y 5 a.m. Las restricciones se hicieron también diurnas durante Semana Santa (una tradicional época de vacaciones), entre el 6 y el 12 de abril; a partir del día siguiente, se aplican entre las 7 p.m. y las 5 a.m.

El 31 de marzo, tras una maratónica reconversión durante dos semanas, un hospital especializado en rehabilitación comenzó a funcionar, exclusivamente, para enfermos del coronavirus, con el propósito de reducir la presión sobre el resto del sistema y las posibilidades de contagio en los otros hospitales.

Contar con un sistema universal de salud, presente, con distintos niveles de vigilancia y atención, en todo el territorio, ha sido un bastión fundamental de la estrategia. Su organización, guardando las distancias en recursos, es similar a la del National Health Service, del Reino Unido, y la entidad a cargo, la Caja Costarricense de Seguro Social (recaudadora y proveedora directa de servicios), tan reverenciada por la población como el NHS.

Desde su primera línea de servicios, ha sido el eje para la detección de casos sospechos, a los que se les administran las respectivas pruebas. Esto ha permitido, al menos hasta ahora, un control y trazabilidad de los contagios sin necesidad de tests masivos, difíciles de costear. 

El paso más reciente en la cadena de acciones preventivas ha sido una aplicación digital voluntaria, en la que cada persona revela sus síntomas, recibe una clasificación de riesgo y actualiza los cambios que detecte.

A la vez, se ha venido aplicando un conjunto de medidas para mejorar la dotación en los hospitales, elaborar planes de contigencia y redistribuir equipos. 

Los grandes talones de Aquiles de esta estrategia son los barrios en precario, la población indigente y los reclusos. Pese a la red de apoyo socioeconómico, educativo y sanitario que atiende a la población marginal, para ella el distanciamiento físico es virtualmente imposible, por su hacinamiento en espacios muy pequeños; entre los indigentes que viven en las calles y los reos que conviven en pabellones comunes, la situación es peor. 

Otra gran preocupación es el desdén con que el gobierno de Daniel Ortega ha enfrentado la epidemia, y la posibilidad de que un contagio exponencial en Nicaragua, país vecino, agravado por su sistema de salud colapsado, incremente las presiones migratorias y acreciente los desafíos a las capacidades de Costa Rica. Aunque los controles en la frontera entre ambos países son muy rigurosos, siempre ha existido una gran afluencia de migrantes nicaragüenses no documentados.

Las dinámicas epidemiológicas pueden administrarse, pero no controlarse, sobre todo si, en parte, su abordaje también depende de otros. En cualquier momento su impacto puede multiplicarse y desbordar la capacidad de enfrentarlo. Por ahora, este no ha sido el caso, pero el riesgo se mantiene. A esto se añade el segundo gran desafío: un rápido y alarmante deterioro económico.

Al momento de desatarse la emergencia, la economía costarricense apenas comenzaba a dar señales de reactivación, tras casi un año de desaceleración. La crisis fiscal, manifiesta en un déficit cercano al 7% del producto interno bruto, y una deuda acumulada equivalente a poco más del 57%, estaba en vías de ser contenida lentamente, gracias a una reforma aprobada en diciembre del pasado año. 

Solo el sistema financiero disfrutaba de gran solidez, con robusta liquidez, solvencia y reservas monetarias en el Banco Central, además de una inflación acumulada en el año inferior al 2%.

Con el golpe, las ventas de productos y servicios al exterior se han contraído aceleradamente; aunque algunos sectores exportadores, en particular los que producen dispositivos médicos o microprocesadores, han logrado mantener una saludable actividad, ellos son parte de la excepción, no la regla. El turismo, mayor fuente de divisas y gran generador de empleo, se ha desplomado. El comercio local vive su peor crisis en décadas, y varias empresas manufactureras de base nacional, lo mismo que los exportadores agrícolas, han sufrido golpes de gran magnitud. Como consecuencia, y aunque no existan todavía cifras oficiales, el desempleo ha crecido dramáticamente.

Hacer frente a un shock de tal magnitud desde una posición de debilidad económica, es particularmente difícil. Requiere un instrumental financiero, técnico y legislativo difícil de articular, y también escao. Además, la polémica sobre la mezcla adecuada de medidas compensatorias, o de estímulos al consumo, está marcada, al contrario de la salud, por diferencias políticas ideológicas.

A pesar de todo esto, el Poder Ejecutivo, débil políticamente, y la Asamblea Legislativa, la más fragmentada en la historia moderna de Costa Rica, han logrado articular una serie de acuerdos con inusitada fluidez y rapidez. 

Esencialmente, se han enfocado en reorientar recursos presupuestarios desde sus destinos previos hacia la emergencia, impulsar un “impuesto solidario” a los salarios más altos, permitir moratorias temporales de ciertos tributos, flexibilizar la legislación para autorizar el cese temporal o la reducción de contratos laborales, permitir el retiro proporcional de un modesto seguro de desempleo a quienes reciban porcentajes menores de sus salarios, y aprobar con celeridad créditos con organismos financieros internacionales, que también serán reorientados parcialmente a atender los efectos de la epidemia. 

Estas decisiones, además de brindar alivio al sector productivo, van orientadas a otorgar subsidios directos a los desempleados, reforzar la red que ya atiende a familias en estado de marginación, y estimular el consumo agregado.

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Los parques fueron de los últimos lugares en clausurarse para contener el coronavirus.

Las autoridades reguladoras del sistema financiero, por su parte, han flexibilizado el nivel de reservas exigido a los bancos para atender sus operaciones, y han creado condiciones para que posibles arreglos de pago con deudores no repercutan en sus balances. El Banco Central ha bajado la tasa de interés de referencia y obtuvo autorización legislativa para adquirir, de ser necesario, deuda emitida por el gobierno.

El horizonte establecido para este conjunto de medidas es de tres meses. A su alrededor existen, al menos, cuatro grandes incógnitas: si serán suficientes para evitar un posible desplome económico (la recesión está descontada); cuánto resitirán las arcas públicas, diezmadas por la crisis fiscal, el incremento en los gastos; cuál será el costo a futuro para el conjunto de la economía y los contribuyentes, y cuán profundo el impacto sobre la capacidad crediticia de Costa Rica en los mercados internacionales.

En medio de voces disidentes, hasta ahora existe el consenso de que, frente al desafío sanitario y económico, los balances de política pública han sido adecuados. Dado el relativo éxito en el pilar de la salud, una de las grandes tareas para las autoridades en los próximos días será mantener la disciplina social que evite acelerar el contagio, y no precipitarse en eliminar prematuramente las medidas restrictivas, mientras, a la vez, se avanza en una cuidadosa, paulatina y difícil vuelta a la normalidad.

La apuesta principal aún es al distanciamiento: la lánguida figura de “El solitario” como símbolo, al menos mío. De ella dependen muchas vidas. Pero debemos complementarla con una cercana solidaridad colectiva y la meta de que, tan pronto como sea posible, podamos dejar nuestros balcones –reales o virtuales-- y sumarnos, plenamente, a la sociedad de la que somos parte.

 

Eduardo Ulibarri, Nieman Fellow (clase de 1988), fue director del diario La Nación, de Costa Rica, y  embajador ante las Naciones Unidas. Es  académico, analista y consultor.