Claudia Torres: Trabajo sexual, derecho y policía en las calles de la Ciudad de México

Claudia Torres es licenciada en derecho por el CIDE, en la Ciudad de México, de donde es originaria. Es una Estudiante del SJD en Harvard que busca mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales y cambiar la forma en que se enseña el Derecho en México. Trabajo en la Suprema Corte de Justicia de México y en el CIDE.

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Trabajo sexual, derecho y policía en las calles de la Ciudad de México

Por Claudia Torres

En la Ciudad de México, el trabajo sexual fue descriminalizado el pasado 21 de mayo. Antes de esa fecha, el trabajo sexual en la vía pública era considerada una falta administrativa que ameritaba multa o arresto. Los grupos de vecinos podían presentar una queja y pedir a la policía que las condujera al juez, removiéndolas así de la calle. Hoy día, lo único que está sancionado por la ley es el lenocinio y la trata de personas con fines de explotación sexual. El primer delito sanciona a quienes se benefician de la prostitución ajena, no importa que el ejercicio de la actividad sea voluntario. El segundo delito es distinto porque, en teoría, está restringido a los casos de prostitución coactiva (cuando una persona es dedicada al comercio sexual a través del engaño, el uso de la fuerza, las amenazas, el abuso de una posición de poder sobre la víctima o el aprovechamiento de su vulnerabilidad).

Desde que estaba joven, el comercio sexual me ha parecido fascinante. Me aproximé a este debate desde la academia y el feminismo, lo cual me permitió sublimar—por usar el término psicoanalítico—mi propia experiencia de abuso sexual. En el estudio del comercio sexual, encontré un espacio para pensar en la dimensión productiva de la sexualidad, que, sin duda, está atravesada por estructuras de desigualdad –sexual, pero también de clase y racial.

En 2015, mi interés en el tema me llevó a Harvard Law School. Durante la maestría, realicé una serie de entrevistas a trabajadoras sexuales de dos importantes puntos de comercio sexual en la Ciudad de México: la calle Puente de Alvarado y el barrio de La Merced.

Durante las entrevistas, me percaté que las trabajadoras sexuales utilizan las normas jurídicas en formas que, muchas veces, se desvían de los objetivos originales de los legisladores. También, me di cuenta de que los policías desempeñan un papel fundamental en la vida de estas mujeres. Ellos son el primer punto de contacto entre las trabajadoras, los clientes y los vecinos, por un lado, y la maquinaria del Estado (incluido el sistema de justicia), por el otro.

Para el doctorado, decidí ahondar en el uso informal del derecho por parte de las trabajadoras sexuales de calle y la policía, así como en las relaciones afectivas que hay entre ellos. Este verano, después de dos años de hacer investigación documental en Cambridge, llegué a la Ciudad de México para realizar un año de trabajo etnográfico.

Estoy a punto de hacer entrevistas y observación participante en dos lugares de la ciudad: Puente de Alvarado y Calzada de Tlalpan, en donde la población trans (transgénero, transexual y travesti) compone el grueso de trabajo sexual callejero. A la par, voy a hacer entrevistas con la policía de investigación contra el delito de trata de personas y la policía preventiva: dos instituciones que tienen poderes formales en el ámbito del comercio sexual. Esta investigación me va a permitir ahondar en la exploración que inicié como estudiante de maestría. Mi investigación anterior me ha llevado a diversos hallazgos, dos de los cuales describo a continuación.

El primer hallazgo es que el uso informal del derecho va más allá del delito de trata de personas. Por uso informal del derecho me refiero al derecho en acción y, en particular, a los incentivos y estrategias que, en el mundo social, generan las normas jurídicas, independientmente de su objetivo original. Las feministas suelen discutir los temas legales relacionados con el comercio sexual desde una visión muy polarizada. Por un lado, están las feministas liberales que abogan por la regulación de la prostitución. Por otro lado, están las feministas radicales o neo-abolicionistas, quienes buscan la descriminalización del ejercicio de la prostitución, al tiempo que apoyan la criminalización de la trata de personas, el lenocinio y la demanda de servicios sexuales por parte de los clientes).

Pero lo que yo veo en los hechos es que las trabajadoras sexuales no quieren que el trabajo sexual sea regulado y el delito de trata de personas juega un rol relativamente menor en las calles. Respecto de la legalización, ellas dicen que la regulación conlleva (y tienen razón, al menos en el contexto mexicano) registro, inspección médica y pago de impuestos. En su experiencia, este tipo de medidas las exhibe, las expone innecesariamente a discriminación por parte del personal médico y refuerza su pobreza. Ellas quieren que el trabajo sexual sea legal, no que ellas se conviertan en objeto de regulación.

Respecto del delito de trata, es cierto que el delito es invocado por muchas trabajadoras sexuales para amenazar a sus compañeras o a sus líderes cuando creen que han cometido un abuso. Por ejemplo, hay chicas nuevas que quieren pararse en un espacio específico en la calle y que, cuando las trabajadoras más antiguas les impiden el acceso, amenazan con presentar una denuncia de trata. También, hay chicas quienes presentan una denuncia por trata de personas cuando sus parejas sentimentales o las personas que controlan informalmente ciertas calles de la ciudad las golpean para exigirles dinero. Es decir, que les exijan dinero no detona de inmediato la denuncia. Ésa es una conducta normalizada. Es la violencia física lo que estas mujeres resienten. Por ejemplo, Yesenia (los nombres en este artículo han sido cambiados para proteger la confidencialidad de los participantes en mi estudio) tenía una relación con un chico, Carlos, que le pidió que se prostituyera para ahorrar dinero y casarse. Ella decidió denunciar el día en que Carlos le dijo que la iba a mandar a Nueva York. Yesenia le dijo que estaba cansada de la infidelidad de él y que ella no iría a ningún lado, que ella quería seguir trabajando en la Ciudad de México. En medio de ese pleito, Carlos la golpeó. Fue entonces que Yesenia fue a denunciar.

Pero estas historias aparecen sólo cuando uno pregunta por ellas. En contraste, el delito de robo aparece una y otra vez en las anécdotas del día a día de las trabajadoras. Ellas hablan de que las estrategias de los clientes para acusarlas de robo son diversas. Algunos de ellos les pagan el servicio y el cuarto de hotel dándoles celulares o llaves de automóviles. Luego, los clientes llaman a la policía y arguyen que las trabajadoras les quitaron sus bienes, denunciando así un robo. Otros, les pagan el servicio con efectivo, pero llaman a la policía cuando no están satisfechos con el servicio para exigir una especie de “devolución”. Me sorprendí al saber que hay clientes que piensan que no tener una erección durante el servicio es un motivo legítimo para pedir el pago de vuelta. Las trabajadoras, por supuesto, no coinciden y este desacuerdo lleva a que los clientes denuncien el robo. Y aún más sorpresa me causó que, cuando les preguntaba si tenían miedo de que las acusaran por el delito de trata de personas, ellas respondían que no, pero que tenían miedo de que las acusaran “de un delito que no hubieran cometido”, como el robo.

Otro delito que fue mencionado por algunas trabajadoras fue el tráfico de estupefacientes. En particular, Estela me narró que ella fue detenida y sentenciada injustamente a tres años y medio de libertad condicional por supuestamente vender piedra. Me platicó que ella estaba con una amiga la mañana que se la llevaron detenida. Ambas estaban comiendo tacos en un puesto ambulante de su zona de trabajo. Ella era la única persona comiendo de pie, lo cual no es raro en las calles de la Ciudad de México. Ella vio que se acercaba una camioneta negra. Se percató de que varios sujetos salieron del vehículo. Lo demás pasó muy rápido. Sintió que alguien le jaló su bolsa de mano con fuerza. Sintió que la encaramaron y metieron a la fuerza en la camioneta. Ya en el búnker (la estación de policía), ella permaneció callada. “Como yo casi no he estado en ese tipo de lugares, no dije nada”. Estela fue sentenciada. La evidencia: su bolsa de mano, que apareció frente al Ministerio Público llena de droga. Otra chica, Anette, me dijo que había otras dos chicas más en la misma situación que Estela. En mi opinión, hay varios delitos que son la cruz de varias trabajadoras sexuales que las feministas no hemos atendido ni discutido todavía.

El segundo hallazgo es que, aunque la prostitución en la calle fue descriminalizada, aún existen otras ofensas relativamente menores que facultan a la policía para detener a las trabajadoras sexuales. El ejemplo son dos ofensas que contiene la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México [LCCDMX]: “proferir expresiones verbales de connotación sexual en la vía pública” o “realizar tocamientos en [la] propia persona con intención lasciva [en público]”. Antes de ser descriminalizada, “invitar a la prostitución o ejercerla” era considerada una ofensa en términos de esa ley. Igual que pasaba con la ofensa sobre prostitución, las provisiones que aún están vigentes facultan a la policía para remover a las trabajadoras sexuales.

Ahora bien, entiendo que el acoso en la vía pública resulta molesto para muchas personas y que, al menos en ese sentido, vale la pena conservar estas ofensas en la LCCCDMX. Empero, la lección que yo aprendí sobre la criminalización de la prostitución mientras estuvo vigente es que las ofensas generan un desbalance de poder muy grande a favor de la policía. En general, de acuerdo con la LCCCDMX, no es necesario que haya una denuncia para que la policía proceda a la detención. Tampoco es necesario que el oficial de policía presente una orden para poder detener a una persona. La gran discrecionalidad que la ley permite se traduce en que la policía puede amenazar a las trabajadoras sexuales con el arresto y obtener sexo a cambio de no llevarlo a cabo. También, dado que las trabajadoras sexuales están dispuestas a solicitar la protección de un tercero para evitar el abuso policial, la LCCCDM refuerza la dependencia que existe entre las trabajadoras y quienes controlan diversos puntos de prostitución en la Ciudad de México.

Durante el resto del año, pretendo ahondar en estas historias y encontrar otras. Aunque el acceso a las comunidades de estudio ha sido complicado, me mantengo entusiasta. Y estoy muy agradecida con el David Rockefeller Center for Latin American Studies, así como con el Committe on General Scholarships, por haberme dado la oportunidad de aproximarme a estso espacios. He conocido gente brillante y valiente en las calles. Espero que mi investigación, una vez terminada, dirija la mirada de las feministas y los abogados más allá de los principios abstractos de deber ser y hacia la complejidad y especificidad de las dinámicas sociales informadas por el derecho. Creo que sólo entonces van a poder articular reformas legales que respondan a las necesidades de grupos históricamente marginados.