Desafíos del envejecimiento en América Latina y el Caribe: caso El Salvador

Por Carolina Avalos

Recuerdo muy vívidamente aquellas viviendas de los pobladores de uno de los caseríos de Morazán, a inicios de este siglo, cuando acompañe a supervisar el levantamiento de la información base para identificar a los potenciales participantes del primer programa dirigido a las familias con menores de edad y mujeres embarazadas, que se ubicaban en los municipios con los mayores índices de pobreza (multidimensional) del país. Me impresionó sobremanera las condiciones extremadamente precarias de una pareja de adultos mayores que quedarían excluidos del programa de transferencias monetarias por no reunir los criterios de elegibilidad, pero que podrían beneficiarse de la introducción de algunos servicios básicos como el agua potable, cuya fuente actual era un riachuelo contaminado.

 

Lo anterior me motivó a investigar más sobre la existencia de programas dirigidos a este grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad; programas que eran muy escasos y hasta inexistentes en las áreas rurales. Es así como se gesta la idea, y posterior diseño, de la Pensión Básica Universal (transferencias monetarias no condicionadas) dirigidos a los adultos mayores de 70 años en condición de pobreza y vulnerabilidad. Para ello se utiliza como plataforma el Programa Comunidades Solidarias, que contribuiría a sentar las bases para avanzar hacia el sistema de protección social en El Salvador puesto en marcha en el año 2009.

 

El Salvador, como otros países de la Región de Latinoamérica y el Caribe, enfrentan desafíos importantes ante el rápido envejecimiento de su población. La población mayor a 60 años alcanzará el 17 por ciento en el 2030, y el 25 por ciento de la población total de la región en el 2050. (BID, 2018) Si bien los países se encuentran en diferentes fases de la transición demográfica, unas más avanzadas como son los casos de Chile y Uruguay y otras menos avanzadas como El Salvador, es preciso identificar esos desafíos para responder con políticas publicas acertadas, basadas en evidencia, para evitar que se perpetúe la exclusión social y profundice la severidad de la pobreza en este grupo poblacional en rápido crecimiento.

 

En un período de 100 años (1950-2050) se estima que la esperanza de vida en El Salvador se haya duplicado, alcanzando cerca de los 80 años en el 2050. El aumento progresivo en la esperanza de vida nos da una idea del reto que enfrentaremos como sociedad. Esto implica una mayor proporción de la población mayor a 60 años del total de la población (de 11.5% en 2015 a 24.1% en 2050), así como su prolongación con un mayor peso de los mayores dentro de este grupo de edad. Las proyecciones de población estiman que los índices de envejecimiento (de 42.4 en 2015 a 182.2 en 2050), sobre-envejecimiento (de 29.9 en 2015 a 38.3 en 2050) y de cuidados en la vejez (de 3.9 en 2015, 4 a 9.3 en 2050), llegan a duplicarse y hasta a triplicarse durante el período 2015-2050.1

 

La protección social para los grupos en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad contribuye, a través de políticas y medidas de protección socioeconómica focalizadas en estos sectores vulnerables, a proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos de estas poblaciones, a incrementar el capital humano y social, a mejorar el acceso y calidad de los servicios sociales (educación, salud, agua potable) y otros aspectos que inciden directamente en el desarrollo humano y el crecimiento económico de un país. En América Latina y el Caribe se pusieron en práctica durante las últimas dos décadas los Programas de Transferencias Monetarias, que contribuyeron a sentar las bases para avanzar hacia los Sistemas de Protección Social que ahora están presentes en varios países, incluyendo El Salvador. La relevancia de este esfuerzo reside en el giro que se dio en la implementación de las políticas de protección social en aspectos como el diseño de mecanismos de coordinación interinstitucional para la articulación de las políticas, el desarrollo de herramientas para la operatividad (mecanismos de focalización, registros únicos de participantes, y sistemas de monitoreo y evaluación y de quejas y reclamos) y la rendición de cuentas.

 

Sin embargo, el gasto en protección social no ha sido suficiente para lograr un impacto significativo de los programas en la reducción de la pobreza y la desigualdad y en la protección de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, el gasto en las redes de seguridad social (social safety nets) como parte de la protección social no alcanza el 1 por ciento del PIB en El Salvador, comparado a países como Colombia y Chile que superan al 3 y 3.5 por ciento (World Bank, 2018). Tras casi una década de implementación de la pensión básica universal (no contributiva) en El Salvador, se ha logrado una cobertura que apenas roza el 4 por ciento de la población mayor a 60 años (BID, 2018) y que representa el 0.01 por ciento del PIB (World Bank, 2018).2

 

Ante el desafío del envejecimiento de la población el país no solo arrastra brechas sociales sin cerrar desde el fin de la guerra (1992), sino que a éstas se les suma el acelerado crecimiento de esta población y el fenómeno de la migración que va moldeando un nuevo perfil de familias y ciudades y lo que ello implica en términos de seguridad social y pensión, salud y cuidado a largo plazo (LTC sus siglas en inglés). Hay que subrayar la importancia de una reforma integral del sistema de seguridad social y de pensiones, que hoy se puede calificar de fragmentada (co-existencia de múltiples sistemas) e insostenible, con una carga fiscal importante y de baja cobertura (28% de la población económicamente activa) en un país en donde la informalidad roza el 70% de la PEA. (Ávalos, 2017).

 

Otra de las reformas pendientes es el del sistema de salud, en el coexisten diferentes esquemas de servicios de atención de salud que no ha contribuido a superar los niveles de ineficacia e inequidad. La importancia de una visión integrada del Sistema de Salud, su modernización (ej. tecnología y sistemas/plataformas de información) y su sostenibilidad, requiere de un enfoque y una asociación publica-privada estratégica (sector privado, sector público, sociedad civil organizada, comunidades) Esto es crítico para impulsar innovaciones en la salud, principalmente a nivel de las comunidades, y particularmente ante el reto del envejecimiento en donde las enfermedades crónicas e infecciosas son una carga importante, así como el cuidado de largo plazo.

 

El tema del cuido es crítico en este contexto. En la región de América Latina y el Caribe cerca de 8 millones de personas (11 por ciento de la población mayor a 60 años) son dependientes según la definición de la OMS (cuando una persona no es capaz de llevar a cabo al menos una actividad básica de la vida diaria –ABVD) y en El Salvador este porcentaje asciende a 28 mil personas (1.7 por ciento de las personas mayores a 60 años). Las tasas de dependencia, de acuerdo a estimaciones más conservadoras, llegarán a triplicarse hacia el 2050 considerando las dinámicas de la transición demográficas de la región LAC. El tema del cuido de largo plazo se convierte en un tema a considerar en el diseño de políticas públicas integrales y articuladas sustentadas en información más precisa de las características de esta población, así como una evaluación de las redes informales de cuido actuales, tanto en lo que se refiere a sus capacidades a nivel de familia como de comunidad. (BID, 2018)

 

Los adultos mayores años en El Salvador, actualmente viven en un entorno muy difícil, además de que la mayoría no se benefician de una pensión formal (cobertura del 9%) o de la pensión básica universal (cobertura del 4%) (como parte de Nuestros Mayores Derechos, programa que busca mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de las personas mayores de 60 años), o del acceso de salud (cobertura del 24%), alrededor de 3 de cada 10 personas de este grupo de edad viven en condiciones de pobreza, ya sea extrema (menos de 3 USD diarios) o moderada (entre 3-5 USD diarios), y 12% viven solos (BID, 2018). Los esfuerzos orientados a mejorar el diseño de las políticas de protección social y de cuidados para enfrentar los retos del envejecimiento, aún son muy tímidos en el país, sin embargo, hay que resaltar la importancia que las iniciativas como la creación del Observatorio de Envejecimiento y Cuidados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que brindará información pertinente para el diseño de políticas basadas en evidencia empírica.

 

Este panorama poco alentador no se debe a que el país no haya impulsado reformas, diseñado políticas y aprobado leyes para responder a estos problemas fundamentales que enfrentamos como sociedad salvadoreña, sino que se han llevado a cabo en un escenario económico, social y político muy complejo. Sin dejar de lado el proceso aún incipiente de fortalecimiento de la democracia, la sociedad se ha enfrentado con problemas serios de corrupción, polarización política, falta de gobernabilidad, debilidad institucionalidad y una violencia social sin precedentes. Todo ello ha contribuido a ralentizar y revertir algunos de los pocos avances sociales que se habían conseguido en estos últimos 25 años.

 

Dar respuestas acertadas al tema del envejecimiento y a la calidad de vida de estas personas en el siglo XXI, de las que puede beneficiarse una población cada vez más urbana (según Naciones Unidas más del 80 por ciento de la población en LAC vivirá en áreas urbanas) requiere estudiar las experiencias de algunas “ciudades inteligentes” con la introducción de la innovación y el uso de la tecnología (y el big data) que pueden brindar algunas luces al respecto. Este es un tema emergente en LAC, pero que se ha retomado en las principales ciudades de la región. El informe reciente de McKinsey Global Institute sobre Smart Cities: Digital Solutions for a more Liveable future (June 2018), revela que la región de LAC esta rezagado comparado a otras regiones del mundo en la puesta en práctica de soluciones digitales, sin embargo aquellas ciudades que implementan la mayor cantidad de aplicaciones han avanzando en diferentes dimensiones –movilidad, seguridad, salud, servicios públicos, desarrollo económico, vivienda y comunidad, etc.-, entre estas ciudades se destacan Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá, entre otras. Una ciudad inteligente puede abordar los problemas del envejecimiento de la población como el acceso adecuado y oportuno a la movilidad y la vivienda, la salud, el ocio, y la participación comunitaria. Un ejemplo, de ello es Barcelona (Mayors Challenge 2014 grand prize, Bloomberg Philanthropies) con el proyecto (Vincles) vínculos sociales, que a través del empleo de tabletas y teléfonos inteligentes, implementa un sistema de atención colaborativo, y que combina tanto el cuidado informal (de la familia y la comunidad) con la de cuidadores formales en servicios sociales y de salud.

 

En este sentido, las reformas dirigidas al sistema de pensiones y la integración del sistema de salud, así como a la introducción de la innovación y tecnología como una respuesta necesaria para dar un salto de calidad en la prevención y atención adecuada en la salud y el cuido a largo plazo de los adultos mayores, es una vía necesaria para asegurar el ejercicio de los derechos humanos y una vida digna, dando a la vez una respuesta integral a los desafíos del futuro próximo.

 

Incluir un enfoque integral y de derechos con base a los principales instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, y los principios integrados en la Agenda del 2030, como el deno dejar a nadie atrás, contribuiría a dar una respuesta eficaz y coherente a lun tema tan complejo y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. En definitiva una nueva arquitectura de políticas públicas en el marco de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible retomando el compromiso político de inclusión de todas las personas, nos brinda una nueva oportunidad para lograr marcar un punto de inflexión en el progreso humano sostenible de la sociedad salvadoreña.

 

Sin embargo, la no resolución de las debilidades estructurales de larga data nos impedirá responder adecuadamente a los problemas actuales y futuros originados por la globalización y la transición demográfica. Los retos del siglo XXI podrían más bien magnificarse y generar mayores brechas de desigualdad social y económica. Necesitamos dar respuestas del siglo XXI a los desafíos del siglo XXI, sin olvidar los problemas no resueltos que heredamos del siglo XX.

 

Bibliografía.

 

  • Ávalos, Carolina. (2017). El Salvador en construcción(Colección Perfiles). San Salvador: Istmo.
  • BID (2018) Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe. Aranco, N., Stampini, M., Ibarrarán, P., y Medellín, N. (Resumen de políticas del BID ; 273)