Elecciones y Poder Politico (Spanish version)

Retos para la Oposición

By Teodoro Petkoff  

La situación política venezolana está dominada en esta coyuntura precisa (agosto de 2008), por dos factores. Uno, el proceso electoral, que culminará el próximo 23 de Noviembre, cuando serán elegidos 22 gobernadores de estados y 335 alcaldes de un número similar de municipios, más el titular de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Dos, por el efecto de la promulgación abrupta de 26 leyes, en el último día de vigencia de la Ley Habilitante, que desde febrero del año pasado dotó de poderes al presidente para emitir decretos con fuerza de ley. (1)

El proceso electoral ha estado marcado, hasta ahora, más que por las campañas candidaturales, por el debate sobre las llamadas “inhabilitaciones”, que pesan sobre casi trescientos ciudadanos, dictadas por el Contralor de la República y que impiden la postulación de tales inhabilitados a los cargos en disputa. La medida de inhabilitación es  tomada con base en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que faculta a su titular para tales efectos. El debate ha culminado,  “coincidencialmente”, el día previo al inicio de las inscripciones de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalida las medidas tomadas por el contralor, con lo cual los candidatos que se encuentran en condición de inhabilitación quedan fuera de la contienda electoral. El resultado práctico de esta decisión es que cuatro candidatos con grandes posibilidades de vencer en sus respectivos estados y en la Alcaldía Metropolitana de Caracas han sido eliminados “administrativamente” del proceso, con base en la decisión del Contralor. (2)

La facultad del Contralor para dictar ese tipo de medidas no está en discusión, pero si es jurídicamente imposible que ese funcionario pueda despojar de derechos políticos a los ciudadanos a los cuales señala como incursos en supuestas “irregularidades administrativas”, sin el debido proceso y sin el derecho a la defensa de las personas a las cuales imputa. Se entiende que las inhabilitaciones administrativas constituyen una suerte de medidas cautelares, que suspenden al funcionario  de su cargo mientras el juicio correspondiente establece su inocencia o culpabilidad mediante sentencia judicial firme, esto es, ratificada en la apelación. Si el funcionario fuere culpable del delito del cual se le acusa y fuere penalmente condenado, pierde sus derechos políticos por el término de la sentencia. La mera inhabilitación, sin juicio posterior, anula el principio constitucional y legal de presunción de inocencia. En este sentido, el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución reza así: “Toda persona se presume inocente mientras no se  pruebe lo contrario”. El mismo artículo deja claro que: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas...”. De modo que la mera decisión administrativa aplicada por el Contralor tiene que ser seguida, inexorablemente, por el juicio que determine si aquella tiene o no fundamento. Es una aberración jurídica que el Contralor pueda suspender los derechos políticos de un ciudadano mediante una decisión meramente administrativa, sin que medie juicio alguno.

Los artículos 42 y 65 de la Constitución son taxativos. El 42 dice: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de algunos de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. En correspondencia con este, al artículo 65 determina “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley,  a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.

Ambos artículos son muy claros y no admiten interpretaciones retorcidas. El derecho político a presentarse como candidato a un cargo de elección sólo se pierde si sobre ese candidato pesa una condena judicial firme. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, convalidando las inhabilitaciones y declarando la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley de Contraloría, constituye un fraude a la Constitución y es dictada, obviamente, para complacer la voluntad del presidente, quien mediante este artificio “jurídico” elimina de la contienda a cuatro candidatos opositores de especial significación.

El sesgo político tanto de la decisión del Contralor como de la sentencia del TSJ lo revela el hecho de que el 80% de las inhabilitaciones corresponden a personas vinculadas a la oposición y 20% al gobierno. Si se toma en cuenta que en la administración pública la oposición apenas controla 2 de 23 gobernaciones y unas treinta de 335 alcaldías, en tanto que todo el resto del aparato del estado y del gobierno está en manos del chavismo, la desproporción entre inhabilitados de uno y otro sector es reveladora del criterio que privó para la aplicación de las medidas punitivas. También conviene asentar que las inhabilitaciones corresponden a supuestas “irregularidades admnistrativas” y no a casos de peculado o robo de dineros públicos—algunas de ellas supuestamente cometidas en años tan distantes como 1997 y 1998.

Pero el tema, aunque obviamente tiene un sustrato jurídico, es esencialmente político. La característica autoritaria y autocrática del gobierno de Hugo Chávez se pone claramente de manifiesto en este episodio. Chávez controla todos los poderes públicos. Más del 90% del parlamento le obedece; el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo número de integrantes fue elevado por el parlamento de 20 a 32, para asegurarse una aplastante mayoría oficialista, ha hecho de esa instancia judicial una extensión de la oficina jurídica de la presidencia de la República. La Fiscalía General de la República, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo son ejercidas por yes persons, absolutamente obedientes a las ordenes del autócrata. En el Consejo Nacional Electoral, de sus 5 miembros,  4 están identificados con el gobierno. La Fuerza Armada Nacional está estrechamente controlada por Hugo Chávez. Desde el punto de vista conceptual, pues, el régimen político venezolano es autocrático. Todos los poderes están concentrados en manos del presidente. No existe real separación de poderes. Que ese enorme poder no sea ejercido, “por ahora”, de modo brutalmente dictatorial, a la Fidel Castro o a la Pérez Jiménez, que no exista Terror de Estado, que no sea éste un estado policiaco a la cubana o a la soviética, lo único que significa es que el régimen es mucho más opresivo que represivo. Cuenta con mecanismos que oprimen y asfixian a la sociedad, sin que hasta ahora se haya visto obligado a llenar las cárceles de prisioneros políticos ni a mantener cámaras de tortura o desaparecer y asesinar adversarios políticos.

Pero, la intolerancia oficial ante toda postura crítica, el sistemático desconocimiento del “Otro”, el deliberado rechazo a la creación de una dialéctica gobierno-oposición, ha profundizado la división de la sociedad y la polarización política, hasta extremos tales que entre las partes no existe la más mínima comunicación, esa sin la cual una sociedad democrática no puede funcionar adecuadamente. Dada la debilidad orgánica de las fuerzas opositoras, unida a la ausencia de separación de poderes y de todo mecanismo de check and balances, la mitad del país  está literalmente ahogada, sin  ningún tipo de apoyatura institucional para el ejercicio de sus derechos.

Para colmo, el gobierno acaba de lanzar un paquete de 26 leyes, amparado en la Ley Habilitante, que le permite al presidente legislar. Contrariando absolutamente el resultado del referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007, que rechazó la proposición de reforma de la Constitución, el presidente en varias de las leyes promulgadas presenta, casi en los mismos términos, aspectos de la reforma rechazada. La proposición de cambiar el nombre de la Fuerza Armada Nacional y de crear la Milicia Nacional Bolivariana estaba contenida en el proyecto de reforma; la facultad que se da al presidente de designar funcionarios del gobierno central por encima de gobernadores y alcaldes, para, obviamente, mediatizar sus atribuciones y liquidar así los últimos vestigios de contrapesos al Poder Ejecutivo en general y a la presidencia en particular, estaba contenida en la reforma rechazada; las redefiniciones de la propiedad estaban contenidas en la reforma; la re-centralización en el Ejecutivo nacional de facultades que hoy pertenecen a los estados y a  institutos autónomos descentralizados, estaba contenida en la reforma; la ampliación de las facultades del gobierno para intervenir más pesadamente en el ámbito económico, estaba contenida en la reforma. Ignorar la decisión popular de el 2D, actuar conforme a la voluntad y designios del autócrata, sin atender a normas constitucionales y/o legales, configura, stricto sensu, un acto tiránico. Un acto tiránico que muestra, nuevamente, tal como con el proyecto de reforma constitucional, una inocultable intención neo-totalitaria, es decir, de control no sólo de los poderes públicos sino también de la sociedad misma. Procesos de este jaez, tales como la expansión del estatismo en la economía—lo cual, dentro de un marco democráticamente deficitario, se transforma en un instrumento de control social—así como la estatización del deporte; la creación de una suerte de cultura oficial, supuestamente “socialista”; la afirmación de la hegemonía comunicacional; amén de los intentos, hasta ahora fallidos, en materia de ideologización “socialista” de la educación y de promulgación de una Ley de Inteligencia que parece copiada de la Patriot Act, contarán con el nuevo marco legal que se pretende aplicar.

No obstante, estos aparentes actos de fuerza, ¿indican fuerza? Hay razones para dudarlo. Parecen más bien provocaciones dirigidas a crispar la escena política, a repotenciar el clima de polarización extrema (que se ha venido atenuando lenta pero visiblemente), y, sobre todo, a tratar de producir respuestas desesperadas, situaciones todas de las cuales el presidente ha obtenido excelentes réditos en el pasado. Chávez no pierde de vista el objetivo electoral. Necesita recomponer un electorado que siente progresivamente más remiso a seguirlo incondicionalmente, que lo mira ahora más críticamente. Siente que en su propio partido se están produciendo rebeliones impensables hace muy pocos años. En tres estados, dirigentes de su partido se han lanzado como candidatos al margen de aquel y contra los candidatos de Chávez—incluyendo su estado natal, donde una disidencia del chavismo se enfrenta al clan Chávez, que tiene tomado ese estado a la manera feudal. Lo interesante es que hasta ahora las encuestas favorecen esta opción. En otros dos estados,  Chávez se vio obligado a reconocer como candidatos oficiales de su partido a dirigentes que no contaban con su buena pro. Esto significa una cosa gravísima para Chávez: su liderazgo carismático se está debilitando; lenta pero progresivamente. Cuando eso ocurre, en condiciones en que el poder se ejerce sin el recurso del Terror, el líder carismático, cuyo poder descansa sobre todo en el vínculo afectivo y emocional con el pueblo, está entrando en problemas. Chávez lo ha percibido, quizás más claramente que nadie en su entorno. Sabe perfectamente que cuando la llamada por Weber “comunidad carismática” comienza a perder la ilusión en las facultades “mágicas” que le atribuía al líder, este va camino a la declinación.    

Por otra parte, la movilización popular, casi toda animada por sectores que todavía se presentan como afectos al presidente,  es muy intensa en el reclamo ante un gobierno tan ineficaz en la administración cotidiana de la vida social. La inflación anualizada (julio 2007-julio2008) llega a 33% en el tradicional Índice de Precios de Caracas. En el Índice Nacional, que por lo reciente no permite todavía comparaciones con el año anterior, la acumulada hasta julio 2008 llega a 17%. Se comprende que esto no es un motivo de especial alegría para los venezolanos.

Este panorama nacional, más el internacional, que para Chávez se ha tornado menos amigable que antes, puede explicar las recientes jugadas.

¿Caerá la oposición en la trampa? Hay sectores que mantienen una visión golpista. Son minoritarios. La oposición partidista democrática, que constituye hoy el eje de la oposición en general, parece decidida a eludir el reto de la violencia y se aferra a su estrategia democrática y electoral. A partir de mediados de agosto se entra de lleno en la campaña electoral. Si la oposición democrática logra presentar candidaturas unitarias para gobernaciones y alcaldías tiene la posibilidad de obtener entre 6 y 9 de las primeras y un centenar de las segundas, con la particularidad de que algunas de aquellas y de estas se cuentan entre las más importantes del país. Si eso ocurriera, marcaría el retorno de partidos opositores a instancias del estado, de las cuales están hoy casi completamente ausentes, lo cual robustecería su capacidad de acción y de iniciativa política.  El cuadro político del país se reequilibraría significativamente y la oposición daría un paso de siete leguas en el camino de superar sus actuales insuficiencias y carencias. La condición, desde luego, es la unidad.

No se puede ignorar, sin embargo, que la campaña electoral se desarrollará dentro del contexto de un gobierno que controla absolutamente el Consejo Nacional Electoral; que utilizará, como lo ha hecho en cada elección anterior, los recursos financieros y logísticos del Estado de modo obsceno y descarado y que, sin duda, aplicará todos los mecanismos de intimidación que están a su alcance sobre los empleados públicos (que hoy son más de dos millones, en un Estado que se ha hipertrofiado en los últimos años) y sobre los beneficiarios de los programas sociales (“misiones”), sin descartar la utilización selectiva de la violencia por parte de sus bandas armadas contra los opositores. El clima no será tal vez el de Zimbabwe, pero, en la esencia, no se diferenciará.

Sin embargo, la única estrategia viable frente a un régimen autoritario, autocrático y militarista, con una vocación neo-totalitaria, es la democrática. Si bien la “fisiología” del régimen es dudosamente democrática, su “anatomía” lo es formalmente y eso deja un margen no desdeñable para la acción política y, en este caso, electoral, dentro del cual aquella estrategia puede ser desarrollada.                  

(1) La Ley Habilitante, promulgada por la Asamblea Nacional en febrero de 2007, faculta al presidente de la República, por un periodo de 18 meses, para dictar decretos con fuerza de ley, sobre cualquier ámbito de la vida nacional. En único ejemplo de una ley semejante, tan extensa en el tiempo y tan amplia en cuanto a las materias que pueden ser objeto de legislación presidencial, es la ley de poderes especiales que solicitó—y obtuvo—Hitler del Reichstag el 23 de marzo de 1933, con al cual el parlamwento alemán se “suicidó”. Venció esa ley el 31 de julio de 2008. 

(2) Coincidencialmente, en los mismos días que el TSJ venezolano producía sus sentencias convalidando las inhabilitaciones, el Supremo Tribunal Federal de Brasil recibió una solicitud del Colegio de Abogados de Brasil, apoyada por la Procuraduría de skuurskila República, en el sentido de que declarase inhabilitados para postularse a cargos de elección a aquellos ciudadanos sometidos a procesos penales por corrupción. El STF falló, en votación de 9 contra 2, que no estando sentenciados tales ciudadanos, la  fundador inhabilitación  violaría la presunción de inocencia, y que sólo la condena firme podría conllevar supresión de derechos políticos, añadiendo que, en ausencia de condena firme, tendrían que ser los electores quienes decidieran si esa gente merecía o no ser elegida.


Teodoro Petkoff
 is editor and founder of the Tal Cual newspaper in Caracas. He is political writer and author of eleven books on problems of democracy and socialism. An economist, he was a Venezuelan congressional representative from 1974 to 1994 (four periods) and from March 1996 to February 1999, he served as Planning Minister in the government of Rafael Caldera. A former Communist militant (1949-1970), he founded Moviemiento al Socialismo (MAS) in 1971; he is now an independent on the democratic left.