Entre legitimidad y violencia

Los tres paises de Colombia

Por Marco Palacios

En el año 2000 fui a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en Bogotá, a pasar mi año sabático. Hacía diez años había salido de Colombia y, aparte de breves visitas, de la vida colombiana conservaba esa mezcla de remembranzas e ideas fijas. En 1994 publiqué un trabajo de historia colombiana que fue descrito en la reseña de un colega como “una visión sombría” del país. No era para menos. Había salido de Colombia en 1990 en medio de una de las más pavorosas oleadas de violencia y terrorismo urbano. Era una guerra de narcotraficantes contra quienes no les allanaran el camino: jueces, periodistas, líderes sindicales o cívicos y políticos incoconformes con el ascendiente de los negocios de la droga en la vida pública. Era una guerra sin cuartel entre los llamados “carteles de Medellín y Cali”. Por esas fechas, a punto de caer el Muro de Berlín, los guerrilleros izquierdistas ocupaban un distante seguno plano en la generación de violencia. Pero militares, policías y detectives; terratenientes (muchos recién llegados desde el narcotráfico) y políticos clientelistas se aliaban en muchos lugares para destruir el enemigo interno, conforme a los manuales de la tenebrosa dictadura de Videla, en Argentina. En esa guerra preventiva anticomunista, aparecieron los escuadrones derechistas de paramilitares perpetrando masacres de campesinos de la provincia de Córdoba y trabajadores agrícolas de las empresas bananeras de urbá, identificados como guerrilleros o auxiliares.

En esa campaña de exterminio fueron asesinados unos dos o tres mil militantes de la Unión Patriótica, organización surgida de los acuerdo de paz de 1984 y a la cual confluían cuadros del Partido Comunista y de las FARC. La UP era un frente electoral, un experimento de paz política que bien podía marcar el inicio del desarme de los guerrilleros.

Las organizaciones militares de los narcotraficantes no reparaban en los medios. Entre 1989 y 1990 asesinaron tres candidatos presidenciales, entre ellos el carismático jefe liberal Luis Carlos Galán y al dirigente máximo de la UP. Además, dinamitaron grandes diarios, residencias, edificaciones oficiales y privadas e, inclusive, hicieron estallar un avión comercial en pleno vuelo, repleto de pasajeros. Secuestraban a los familiares de las gentes ligadas al gobierno y al poder en nombre de una especie de nacionalismo atávico: la no-extradición. La palabra extraditables se volvió de uso común. Aparte de la retórica, las fórmulas gubernamentales no funcionaban y, con ese telón de fondo era cada vez más palpable la corrupción de los políticos Diez años después, cuando regresé a Bogotá, parecía que había mitigado la crueldad y el desorden de esa Colombia de 1990. La ciudad capital se trasformaba a todas luces. Y desde allí, los problemas del país parecían menos deprimentes. La ciudad no sólo tenía millones de habitantes. Ahora había ciudadanos, un alma colectiva. Los alcaldes, elegidos por voto directo desde una reforma constitucional de 1986, tenían que rendir cuentas a los electores y no sólo les importaba parecer honrados, sino que en realidad dirigían administraciones honestas. Quizás como una respuesta colectiva e inconsciente a las oleadas de violencia que seguían sacudiendo el país y también como respuesta a nuevas instituciones, los ciudadanos de la capital creyeron que colectivamente podían mejorar sustancialmente sus condiciones de vida. Apoyaron sin reservas proyectos de integración y solidaridad. La modernización del transporte masivo, con su fuerte carga de dignidad que trajo a pasajeros, antes tratados como ganado en feria, es uno de los más visibles. En los barrios más pobres se construyeron escuelas bien equipadas y los profesores de los colegios de la élite vinieron a impartir clases y hacerse cargo. Los padres estaban y están eufóricos y esperanzados. Como las catedrales medievales, se construyeron en esos mismos barrios tuguriales bellísimas bibliotecas públicas, muy bien organizadas y dotadas de libros, revistas, CDs y videos.

Es emocionante visitarlas y comprobar que están atestadas de niños, adolescentes y jóvenes pobres, sólos o con sus madres y a veces con sus padres. La avidez por aprender y la seriedad y concentración que demuestran en sus nuevas faenas, son menos impresionantes que la actitud de moverse en los espacios magníficos como por su casa. Se han apropiado de ellos y esperemos que puedan apropiarse del poder que nace del saber. Estos gérmenes de ciudadanía han sido uno de mis mayores estímulos intelectuales y un consuelo para mis preocupaciones de ciudadano colombiano.

Sin embargo debo advertir que no todo el país brinda esas dosis de esperanza. Ni todos los proyectos gubernamentales son tan esclarecidos. Lo sombrío del cuadro colombiano persiste y parece volver a agravarse.

En pocas palabras, creo que lo que subyace a un país con los primeros lugares en homicidos, secuestros, violación de los derechos humanos en el mundo es una profunda división social y una pérdida de orientaciones valorativas no sólo en algunos grupos populares, sino en muchos sectores de las clases dirigentes. Si bien la sociología clásica conocía muy bien la anomia del hombre común y corriente en la transición a la sociedad industrial, la nueva sociología no aborda todavía el fenómeno de la anomia de las clases dirigentes de un país como es Colombia que no llegó sino hasta los inicios de la sociedad industrial. Pero la clase dirigente, en conjunto, ha sufrido los embates de la inseguridad y la violencia. En los últimos 20 años ha sido la víctima principal de los secuestros, quizás la mayoría a cargo de lo que eufemísticamente se llaman “los actores armados”: las guerrillas de las FARC y el ELN y las formaciones paramilitares. Del otro lado, muchos dirigentes izquierdistas, periodistas, dirigentes sindicales, maestros de escuelas primarias, han sido desaparecidos y torturados por los agentes del Estado o han caído a manos de bandas paramilitares.

Para la gente de mi generación (nací en Bogotá en 1944) puede tratarse de la inercia combinada de dos fuerzas: “la Violencia” y la Revolución cubana. En mis años universitarios en Bogotá (1962-1967) era muy difícil sustraerse a la fuerza mesiánica de la revolución. Recuerdo que a comienzos de la década de 1980 un viejo compañero murió de un infarto. En el funeral una amiga común apuntó que “era el primero de nosotros que muere de muerte natural”. Es decir que casi todos habían muerto en la violencia política. Esto me hace suponer que debe haber muchas visiones de las violencias colombianas, muchas memorias y reinvenciones de un trauma nacional que persiste, pese a todo. Visiones urbanas, rurales, pueblerinas, de generaciones diferentes y naturalmente, las que se tienen en las clases altas, medias y bajas de una sociedad muy polarizada en términos de la distribución de la riqueza y del ingreso.

En mis trabajos de historiador del presente he tratado de poner un orden intelectual a ese caos. La pregunta es, cómo enfocar los acontecimientos de modo que puedan desprenderse lecciones válidas para llegar a soluciones duraderas?

Primero hay que cuestionar generalizaciones como la de “la guerra civil que lleva cuarenta años”. Provienen quizás de un dato espeluznante. En los diez años trascurridos entre 1990 y 1999, 260.690 colombianos fueron víctimas de homicidios. Sin embargo,la intensidad de la violencia ha fluctuado: de 1950 hasta 1965 Colombia mantuvo tasas homicidios bastante elevadas, por encima de la media latinoamericana. De 1965 a 1975 se abatieron, quedando dentro de rangos comparables a los de Brasil, México, Nicaragua o Panamá. Pero en la década de 1870 experimentaron un ascenso vertiginoso de suerte que diez años después Colombia era renombrada como uno de los países más homicidas del mundo.

Por otra parte, la tasa nacional de homicidios presenta variaciones muy pronunciadas entre municipios, comarcas y Departamentos. La tasa nacional por 100.000 habitantes evolucionó aproximadamente de la siguiente manera: 32, de 1960 a 1965; bajó a 23 entre 1970 y 1975 y empezó a subir hasta situarse en 33 en 1980, 32 en 1985, y registró un fuerte incremento hasta llegar a 63 en 1990 y alcanzar la cima en 1991-1993 con 78 para ir descendiendo hasta 56 en 1998, aunque volvió a aumentar a 63 en el bienio 1999-2000.

Aunque todavía no se han establecido con suficiente precisión las conexiones de diversos tipos de violencia, las hipótesis más aceptadas apuntan al narcotráfico organizado como el gatillo que disparó los índices de criminalidad. Bogotá, Medellín y Cali concentran cerca de un 70% de homicidios y asesinatos.

Quizás por el entramado de complicidades entre sectores de la clase política y los narcotraficantes, esta violencia urbana, tan ramificada y organizada, pasa a un segundo plano y se sobredimensiona la violencia guerrillera y paramilitar. Lo cierto es que los procesos de paz con las guerrillas (y ahora el nuevo gobierno ha iniciado el camino tortuoso de negociaciones con los paramilitares) han sido un ingrediente sustancial de la política colombiana de los últimos 20 años. Con efectos paradójicos. En las últimas dos décadas, las guerrillas subversivas, en particular las FARC de 'Tirofijo', se forjaron como actor político nacional, mientras que un bastión tradicional, el Partido Conservador, está a punto de desaparecer y el Liberal da señas de división y debilitamiento. Las FARC, empero, han tenido siempre los nombres apropiados a las grandes coyunturas internacionales. Pasaron de ser “comunistas” en la época de la guerra fría, a ser “interlocutores políticos” en los breves años dorados de la posguerra fría y, desde el 11 de septiembre son, cada vez más, “terroristas”.

Se dice, cada vez con más frecuencia, que Colombia está a punto de desbaratarse. La frase se podría desarrollar en varias direcciones. Veamos dos. Un reporte de la Revista Time sobre el territorio de 40 mil kilómetros cuadrados que el presidente Pastrana delimitó como una zona desmilitarizada en 1998 para proseguir negociaciones de paz con las FARC, alertaba: “Colombia corre el peligro de dividirse en tres países, siguiendo la geografía de sus montañas. Las guerrillas marxistas prevalecen en el sur; el gobierno contra la las áreas centrales y los principales centros urbanos; y las fuerzas paramilitares de derecha, respaldadas por el Ejército, están muy bien arraigas en la mayor parte norte. (Latin American Edition, September 28,1998) Desde la perspectiva del actual conflicto armado, las aseveraciones de Time serían más convincentes si antes que líneas fronterizas de proto-estados soberanos se dibujasen sobre un mapa de Colombia líneas de legitimidad política. Líneas ciertamente fluidas y algo imprecisas.

Si desarrollamos brevemente este ejercicio veríamos que las metrópolis y la mayoría de ciudades colombianas serían “islas de legitimidad”, mientras que “el sur guerrillero” y el “norte paramilitar” serían nicho de poderes fácticos. Quedaría un “tercer país”, acaso el fiel de la balanza.

En el país urbano, en general, y no sólo en Bogotá, es más clara la legitimidad política. Son más consistentes las reglas de la democracia representativa; cada vez son más trasparentes los negocios del Estado, más coherentes y eficaces las instituciones y los servicios públicos, más real el principio de ciudadanía. Dicho todo esto, hay que reconocer también la fragilidad de base, como los comprueban las estadísticas criminales de ciudades como Medellín y Cali, que ponen a Colombia entre los países más inseguros y homicidas del mundo, y aceptar que en el plano político aún se viven situaciones imprevisibles quizás debido a que la crisis de los partidos políticos se traduce en fragmentación, violencia y clientelismo. Situación muy diferente se vive en los territorios de poderes fácticos.

Comprenden éstos las nueve zonas colonización reciente, de una muy baja densidad de población. El fracaso de las políticas de reforma agraria en la década de 1930 y luego en la de 1960, llevó a los campesinos con hambre de tierra a ampliar y profundizar los procesos de colonización selva adentro. En la segunda mitad del siglo XX se ampliaron los frente de colonización en Urabá-Darién; Caribe-Since-San Jorge; Serranía del Perijá; Magdalena Medio; Zonas del Pacífico (Nariño y Chocó); Saravena-Arauca; Piedemonte andino de la Orinoquia; Ariari-Meta y Caquetá-Putumayo. En estos nuevos territorios “todo se negocia” Allí están emplazados los poderes fácticos construidos con base en la ley hobbesiana del más fuerte; las redes de política tradicional clientelista; la guerrilla y contra-guerrilla; los intereses del latifundismo, principalmente ganadero y del narcolatifundismo; los intereses alrededor de los cultivos ilícitos y el procesamiento, financiamiento y transporte de insumos y productos (cocaína y heroína); en muchos lugares de esta geografía están emplazadas las rutas del contrabando internacional, incluido el de armas. En algunas de estas zonas hay una economía boyante en torno al petróleo, el banano y el oro. Zonas de recursos económicos con demanda mundial, alta movilidad geográfica de gente joven, arraigo y desarraigo social, en las que el Estado no ofrece a las nuevas cohortes demográficas oportunidades mínimas de educación y por tanto de ascenso social. Localismo, alta movilidad geográfica y baja movilidad social unidos a la disponibilidad de cuantiosos recursos exportables (droga, oro y petróleo principalmente) alimentan la guerra que Colombia atraviesa en el último decenio.

En estas zonas se forjan alianzas transitorias y se forman ejércitos privados destinados a combatir guerrilleros de diversas denominaciones. Las formaciones paramilitares, altamente localizadas y localistas, están ganando autonomía (hay quienes hablan de guerrillas de derecha) y han intentado, infructuosamente hasta la fecha, crear una verdadera organización nacional al estilo de las FARC.

En el país de poderes fácticos la policía, el poder judicial, el sistema electoral, son fachadas. Sin embargo, la viabilidad de los poderes fácticos depende, por paradójico que parezca, de la existencia de una nación y un Estado: Colombia. En la nación se hallan los intermediarios que posibilitan las redes locales, así como los mercados; y el Estado brinda cobertura legal y referencia cultural. Además, después de la Constitución de 1991, una parte sustancial de los ingresos financieros de esas zonas provienen de regalías petroleras y/o de traslados presupuestales a los municipios. Este país es entonces un entramado permanente de “legitimidad y violencia” y aunque las instituciones sean fachadas, proveen recursos y reglas de juego a todos los participantes, incluidos los guerrilleros.

Aunque Colombia no parece afrontar un problema de balcanización, es evidente que el balance podría depender más y más del “tercer país” ubicado entre “las islas de legitimidad” y los territorios de “poderes fácticos”. País conformado por el conjunto de las provincias más densamente pobladas del litoral Caribe, la Cordillera Oriental, el Eje cafetero, el Tolima, Huila, Cauca y Nariño. País que literalmente alimenta a Colombia y en el cual funcionan las instituciones políticas y económicas aunque sobre la base de prácticas clientelistas tradicionales.

Pese a todo, también es evidente en el “tercer país” el surgimiento de clases medias urbanas más críticas y dispuestas a formar una opinión independiente y a integrarse a lo que se llama la sociedad civil. Éste país es ahora territorio privilegiado de las actividades predatorias de guerrillas, principalmente mediante la extorsión conocida como “boleteo”, secuestros extorsivos y ataques a la infraestructura vial y eléctrica, que producen la consecuente acción de “protección” por parte de bandas paramilitares. En este país los paramilitares han organizado otra fuente de ingresos: el robo sistemático de gasolina de los sistemas de transporte de este producto.

En suma, sin un diagnóstico que atienda la complejidad de los fenómenos de violencia en Colombia, será muy difícil encontrar soluciones adecuadas. Acaso tales fenómenos no sean otra cosa que la expresión de una nación y un Estado que aún no se han constituido plenamente. Y si es así, habría que preguntarse si el mundo de hoy ayudará a los colombianos a marchar en la dirección correcta.

 

Marco Palacios is a historian and the newly-appointed rector of the National University of Colombia.