Colombia: Beyond Armed Actors, A Look at Civil Society (Spring 2003)

Fundaciones en el espejo

Por Ramiro Santa

El entendimiento de la realidad de Colombia ha hecho que varias empresas con visión de largo plazo y en la comprensión de su responsabilidad frente a la situación del país hayan desarrollado, apoyado y/o financiado organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en agregar valor a los procesos que se construyen desde la sociedad civil (Fundaciones).

Como ejemplo de este interés, Fundaciones como Actuar Bolívar en la costa Caribe de Colombia (Cartagena) y Alto Magdalena en los Andes al Sur de Colombia vienen creando metodologías y trabajo con población de desplazados por la violencia. El foco de este esfuerzo está en el manejo del duelo por pérdida de seres queridos, el sentimiento por el desarraigo de su tierra y la reinserción digna en una nueva sociedad.

Las Fundaciones HOCOL y ODC han centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de las Organizaciones de Base (Líderes, Madres, Profesores, Artesanos, etc) y las escuelas para la Democracia con el fin de fortalecer la capacidad de movilización, la participación, la construcción colectiva y búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. Este esfuerzo se complementa con los programas de Fortalecimiento Institucional donde el trabajo se centra en la capacitación a Alcaldes y Gobiernos locales y regionales con el fin de mejorar la toma de decisiones y abrir espacios de participación para que en diálogos de saberes se haga una construcción colectiva que éticamente incluya y beneficie a todos.

Es importante resaltar que estas Fundaciones vienen trabajando, desde hace varios años y de manera aislada, en el desarrollo de conocimiento, metodologías y experiencias.

Los esfuerzos que desde la sociedad civil se vienen realizando tuvieron una afortunada oportunidad en un acto académico organizado por el Instituto Rockefeller, PONSACS y la Universidad de Harvard en noviembre de 2002. Este ejercicio cambió paradigmas, retó el pensamiento, generó alianzas y sorprendió gratamente a los asistentes.

Este espacio propició un encuentro único entre el alto gobierno, la academia, los centros de pensamientos para la paz, sindicalistas, estudiosos del país y fundaciones que viene generando conocimientos, metodologías, programas de desarrollo, democracia, calidad de vida y paz.

El reconocernos desde la academia, el vernos y entendernos a través de las sabias experiencias y conferencias de los profesores de Harvard, el reflejarnos en el espejo de las experiencias de otros iguales y el compartir éxitos y frustraciones fue un espacio que siempre será nuestro mejor referente de aprendizaje.

Los resultados hoy ya son una realidad, La fundación HOCOL y la Universidad de los Andes han comenzando un proceso de documentación de experiencias y metodologías con el fin de construir casos de estudio.

Por otro lado La fundación País Libre está interesada en compartir su “Know How” para el manejo de los miles de casos de secuestro.

La oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Convivencia de la Presidencia de la República está realizando evaluaciones sobre las experiencias de la Escuela para la Democracia y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base con el fin de replicar en otras regiones.

Así mismo el equipo de colombianos que tuvimos la fortuna de participar en la experiencia de Boston continúa generando ideas para que este sea el inicio de grandes oportunidades para el conocimiento y la experiencia de todos los que participamos con el impulso y la seriedad de la Universidad de Harvard, el instituto Rockefeller y la PONSACS.

 

Ramiro Santa is president of the HOCOL Foundation and a member of the board of directors of the Alto Magdalena, Fundación ODC, País Libre and Corporación Actuar Bolívar Foundations.

Escuelas de perdon y reconciliación

Construyendo paz

Por Leonel Narváez Gómez

El tema del perdón y la reconciliación es de cierta forma nuevo. Hoy en el mundo, diversos especialistas estudian el tema en diferentes universidades. La sicología ignoró ese tema durante mucho tiempo y hace poco se ha dado importancia a los procesos personales de perdón y reconciliación. Durante años el perdón fue tenido como monopolio del clero y de las iglesias. En Bogotá, Colombia se viene popularizando una experiencia de perdón y reconciliación interpersonal denominada ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación, como un aporte importante a la construcción de paz en Colombia.

Con él me encontré pocas veces, pero fueron encuentros bastante significativos. Recuerdo que en una ocasión tratando de insinuarle que los odios y rencores afectan primeramente a la persona que los tiene me respondió: “Aterrice cura...el que la hace que la pague!”...Era Manuel Marulanda, alias Tirofijo, jefe máximo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) mientras con rabia hacía memoria de miembros de su familia cruelmente asesinados durante la violencia de los años cincuentas.

Se le apodó Tirofijo porque sabía vengarse disparando sin fallar. Todas las veces que lo encontré me dejaron perplejo las expresiones contrarias en su rostro. Por un lado, expresiones llenas de odio y de rencor hacia el gobierno oficial. Pero por otro lado, unos ojos en los que se veía la nostalgia por la paz y la tranquilidad en su vida. En Génova (Quindío) donde nació, todavía comentan los más viejos: se lo comió la rabia y las ganas de vengarse!

Esas palabras de “aterrice cura” siguenresonando todavía en mi mente. Será que de verdad, la venganza es una necesidad humana o más bien, una ceguera colectiva? Será que el perdón es posible? Será que la reconciliación tiene algún sentido? Cómo lograr el perdón y la reconciliación sin que se sacrifique la verdad y la justicia? Castigar no es otra forma de cometer injusticias?

Me inquietaba que las ciencias sociales poco o nada se hubiesen preocupado por un tema tan cotidiano y complejo. Entendía muy bien que para el caso de la violencia en Colombia no bastaba la paz política sino que era necesario también construir la paz social. Cómo hacer entonces para popularizar el perdón y la reconciliación y hacer que no quedara como privilegio de adeptos a iglesias o de personas que podían pagar los altos costos de sicólogos y siquiatras?

Los estudios de violencia normalmente le dan más peso a las causas objetivas (carencias socio-económicas y políticas) que a las causas sujetivas (ajuste de cuentas, manejo de emociones y entre ellas, las rabias, los odios, rencores y deseos de venganza). Se ignora que con frecuencia la rabia de ser pobre empobrece más a la persona. No se trata para nada de anestesiar la conciencia social, sino de encontrar formas constructivas para lograr la justicia y la paz.

Menos aún, se trata de olvidar pues el olvido del dolor es imposible. Se trataba de recordar pero con otros ojos. De hecho, las rabias y rencores individuales terminan acumulándose con el tiempo, no se olvidan, y peor aún para el desarrollo comunitario, las rabias y los odios son también colectivos, étnicos e intergrupales.

En la encrucijada de estas reflexiones, entendí que el perdón y la reconciliación no podían continuar como monopolio de las iglesias y de los sacerdotes, por el contrario, era necesario convertirlos en elemento indispensables de la vida cotidiana. Por muchos años nos habían enseñado a practicar el perdón y la reconciliación vertical (con Dios) y olvidamos el perdón y la reconciliación horizontal (con nuestros vecinos).

En la Universidad de Harvard, con el apoyo de expertos de varias disciplinas, en al año 2000, logramos concretar la propuesta de las Escuelas de Perdón y Reconciliación—ESPERE, pensando que mientras gobierno e instituciones—con razón—se preocupan en nuestro país por alcanzar la paz política, en el drama de conflicto y violencia que vive Colombia, se hacen necesarias otras iniciativas para construir la paz social en la base de la sociedad colombiana.

Miles de colombianos que han sufrido la crueldad de la violencia, guardan, rabias , odios, rencores y deseos de venganza. Las víctimas, al no elaborar positivamente sus rabias y odios, como lo demuestran estadísticas recientes en el caso de Bogotá, corren alto riesgo de convertirse en victimarios.

Desde el año 2002, en 59 Barrios de las zonas más violentas y conflictivas de Bogotá, Colombia, se vienen implementando las Escuelas de perdón y reconciliación—ESPERE. La columna vertebral de este proyecto es la capacitación de animadores. Ellos son el alma y nervio de esta iniciativa. El animador proviene de organizaciones de base sociales, políticas, religiosas, culturales o es una persona con interés de contribuir a superar las dificultades que la convivencia en sociedad promueve entre grupos e individuos.

En el año 2002 se capacitaron y entrenaron en metodologías de perdón y reconciliación 180 animadores barriales, quienes a partir del momento de culminación del entrenamiento, inauguraron escuelas barriales de Perdón y Reconciliación. Estas escuelas están conformadas por 10-15 personas que después de una motivación personal por parte del animador, deciden empezar el camino del perdón y la reconciliación.

Para tal fin, se diseñó una metodología de 10 módulos que ocupan aproximadamente 80 horas de trabajo (8 horas por cada módulo). El animador con la gente escogida, se reúne en casas privadas, en salones de colegios, en las instalaciones de las iglesias, en los salones comunales o en los lugares acordados y replica la experiencia que El mismo ha vivido anteriormente durante la capacitación. Se trata entonces de un ejercicio de grupo, donde la sabiduría acumulada de los participantes se convierte en un apoyo valioso para aquellos individuos que han sido víctimas de violencias de diverso tipo.

Hasta ahora, las ciencias sociales ha trabajado laudablemente en la línea de resolución de conflictos, mediación, arbitración y similares. De hecho existe un material teórico de gran valor y personas entrenadas en tal sentido. Sin embargo, falta todavía llegar al corazón de las personas para tocar aquellos espacios en donde efectivamente se resuelve y se motiva la convivencia duradera. La capacitación de las ESPERE busca pues llegar a esos espacios del corazón de las personas. Es allí donde nace la violencia y por lo mismo es allí donde puede volver a nacer la concordia y la paz. Los participantes a las ESPERE, básicamente aprenden a elaborar sus rabias, a transformar los odios y rencores, y en fin a promover acciones concretas que lo lleven, no ya al escalamientos de la violencia,, sino al perdón y reconciliación.

Los diez módulos mencionados están cuidadosamente pensados para facilitar el camino difícil y complejo del perdón y de la reconciliación. Esos 10 pasos son:

  1. Motivación y y acuerdos de total privacidad
  2. De la oscuridad ala luz
  3. Decido perdonar
  4. Miro con ojos nuevos
  5. Comparto el dolor
  6. Acepto el otro en mi
  7. Construyo la verdad
  8. Garantizo justicia
  9. Acuerdo un pacto
  10. Organizo la celebración

Estos diez módulos de trabajo, están estructurados dentro de una común partitura o ruta: Ambiente seguro, Motivación básica, Presentación de caso, Inspiración teórica, Compromiso y Ritual. Estos módulos y partitura están cargados de una fuerte concentración simbólica, en donde los colores, los aromas, la música, los rituales, el juego, las representaciones y los pactos juegan un papel importante.

Sin pretender que las ESPERE sean una cura milagrosa, se comienzan a notar cambios significativos en la transformación de los conflictos familiares y barriales. Se percibe ya reducción de la violencia intra-familiar y se nota un marcado fortalecimiento de las relaciones personales y comunitarias.

Las personas que hacen la Escuela de perdón y reconciliación se percatan de cambios importantes en su propia realidad: recuperan el significado de vida, el sentido de seguridad y la pertenencia a la comunidad. Para concluir el curso de las 80 horas de la Escuela de perdón y reconciliación normalmente se prepara la celebración de la memoria y de la restitución en donde las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia o injusticia tienen oportunidad de hacer memoria pública de su tragedia, de recibir reconocimiento de su dolor junto con una restitución, la mayoría de las veces simbólica, por parte de la comunidad barrial.

Los Animadores de las ESPERE, comienzan a recibir ahora el apoyo de practicantes universitarios, especialmente de ciencias sociales, para proveer apoyo más profesional a aquellas personas que han sufrido traumas más complejos. A este servicio se le ha dado el nombre de consultorios de paz.

Es importante anotar que el animador originariamente es escogido por la Junta de Acción Comunal del Barrio y por lo mismo es la misma Junta del Barrio la que provee todos los apoyos necesarios para que el mencionado animador pueda ejercer su trabajo en la mejor forma posible.

Para garantizar la sostenibilidad de las ESPERE existe un equipo de profesionales que facilita lazos de comunicación e integración entre las diversas ESPERE, hace seguimiento continuo, edita un boletín informativo mensual, provee material didáctico y en fin, proporciona refuerzo teórico y metodológico. Creemos que la sostenibillidad de los proyectos que se vienen desarrollando es un aspecto fundamental de la estrategia de las ESPERE. De hecho, una de las fortalezas de las ESPERE la constituye hoy el desarrollo de metodologías para el seguimiento, acompañamiento y consolidación de los procesos en que están involucradas, generando una cultura de la responsabilidad en el tiempo y en el espacio de las dinámicas sociales e individuales que se promueven.

Las ESPERE con el tiempo comienzan a especializar sus servicios. Hoy en día existen ya las ESPERE para jóvenes, para niños, para grupos parroquiales, para sacerdotes y religiosas.

A nivel de ciudad, las ESPERE están hoy en día agrupadas en 14 localidades. En cada una de ellas existe un coordinadorque cumple funciones de animación, apoyo y gestión.

La práctica cotidiana ha permitido la apropiación y desarrollo de herramientas conceptuales y metodológicas cada vez más mejoradas, que empiezan a ser usadas por otras instituciones que desde otras perspectivas trabajan por la paz. Próximamente en asocio con REDEPAZ—la red colombiana más grande de iniciativas para la Paz—por un lado, y con la Conferencia Episcopal Colombiana, por otro, se comenzará a ofrecer este servicio también en otras ciudades del país privilegiando aquellas que poseen los más altos índices de criminalidad y violencia.

Las estrategias de convivencia y la seguridad ciudadana han tenido por siglos, un marcado énfasis racional y policivo. Las ESPERE quieren ofrecer un paradigma diferente diseñado tecnologías de trabajo comunitario sustentadas en el fortalecimiento de la inteligencia emocional.

Sin querer desconocer la discusión de enfoques y teorías que existen sobre crecimiento de la violencia homicida en Colombia (ineficiencia de la justicia producto de una des-institucionalización generalizada, pobreza dramática de la gran mayoría de los colombianos, influencia perniciosa del narcotráfico, incremento de la criminalidad organizada, y aspectos actitudinales, entre otras) en las ESPERE, se ha optado por abordar tres ejes o dinámicas tanto individuales como colectivas en el trabajo del perdón y la reconciliación: el problema del control de las emociones, la carencia de mediadores institucionales en la comunidad y el desconocimiento de técnicas para la transformación de conflictos.

Con frecuencia el crimen y la violencia aumentan porque no existen o no funcionan instituciones mediadoras. Se fortalecen entonces, instituciones mediadores de corte negativo (grupos subversivos, pandillas juveniles, bandas organizadas de delincuencia común). El capital social de la paz se convierte entonces, en capital social de la violencia. En este sentido las ESPERE constituyen gradualmente un capital social positivo que sirve de institución mediadora tanto para laprevención de los comportamientos violentos como para negociación asertiva de conflictos.

Ciertos paradigmas comienzan a hacer parte del lenguaje cotidiano de las ESPERE. Se ha entendido que contra la irracionalidad de la violencia es necesario proponer la irracionalidad del perdón, que las ciudades se construyen de adentro hacia fuera, que perdonar no es olvidar sino recordar con otros ojos, que sin reconciliación no hay futuro, que los odios y rencores tienen graves efectos somáticos y sicológicos, que la verdad y la justicia son elementos indispensables de la reconciliación, y finalmente que la compasión y la ternura deben recuperarse como elementos básicos de una cultura de paz.

Algún día posiblemente me encontraré de nuevo con Tirofijo y esta vez seré yo quien con respeto le diga: Aterrice, Don Manuel: sin perdón y sin reconciliación no habrá futuro. Ni para Usted, ni para nadie!!!

 

Leonel Narváez Gómez is a Colombian Catholic priest. He received his M.Phil degree in rural sociology from the University of Cambridge in England and his Masters in Theology from the Harvard Divinity School. He has participated very closely in the peace negotiations with the leftist guerrillas in Colombia. He can be reached at leonel_narvaez@post.harvard.edu.

La movilización de la sociedad civil Colombiana

Los programas de desarollo y paz

Por Juliet Rincón

Cuando me pregunto que movió a aquellos que estábamos en empresas privadas, universidades, iglesias, cámaras de comercio, etc., es decir a la todavía no muy claramente definida Sociedad Civil Colombiana; a actuar a favor de las comunidades que en nuestras regiones están siendo azotadas por la violencia o por la marginación, necesariamente me remito a hechos como los que, en una publicación periódica denominada “Pertinentes”, Francisco de Roux (Director del Consorcio de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio), nos envía:

“Mónica Paola Pulido Jerez—Este es el nombre de la pequeña de ocho años, víctima de una mina quiebra patas en la vereda de Taraje, en los límites entre San Pablo y Yondó. Territorio del Laboratorio de Paz. Mónica ha perdido un brazo, puede quedar ciega, y se debate entre la vida y la muerte en un hospital en el día de hoy, 24 de febrero. Es la horrible realidad de la tierra de los campesinos colombianos utilizada como campo de batalla por grupos que hacen una guerra que el 99 por ciento de los colombianos no queremos”.

Esto sumado al hecho de un estado incapaz de evitar estas dolorosas circunstancias del día a día de los Colombianos y de dar respuesta a las necesidades más sentidas de las comunidades en muchas regiones del país, es la respuesta al hecho de que el conjunto de estas entidades promovieron la conformación de lo que denominamos Programas de Desarrollo Integral y Paz en estas regiones.

Hoy por hoy y entendiendo que las circunstancias rebasan nuestra capacidad, hemos ido más allá, conformando una Red entre 15 de estos Programas, la REDPRODPAZ, los cuales compartiendo enfoques, principios y criterios de actuación, trabajamos conjuntamente en torno a fortalecernos para construir condiciones, que hagan de Colombia un país en el cual se posibilite el desarrollo humano, integral, sostenible, equitativo y solidario de sus habitantes.

Estos Programas, con variadas trayectorias y mecanismos de acción, operan en zonas altamente afectadas por el conflicto armado, lo que conlleva a que su funcionamiento demande significativos esfuerzos en inversión de recursos de diferente índole. Algunos de estos programas han logrado consolidar importantes grupos humanos y soporte logístico que les permite el cumplimiento efectivo de los propósitos que nos guían. No obstante otros, que se encuentran iniciando su accionar, tienen serías dificultades para operar y la importante tarea que desarrollan se ve amenazada por la imposibilidad de contar con los recursos suficientes, para garantizar su supervivencia. La necesidad de fortalecerlos y hacer sostenible su acción es lo que fundamentalmente guía nuestra tarea en REDPRODEPAZ.

Nos une además, el propósito de construir en Colombia, un modelo diferente de desarrollo desde lo local y lo regional, interpretando de manera adecuada las diferentes lógicas que allí se conjugan. En esta medida le apostamos a trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional y a buscar el apoyo de la cooperación internacional, en una invitación a cambiar la forma de tradicional de intervención, en la cual normalmente se imponen modelos que no van acordes con la dinámica propia de desarrollo de las comunidades en estas regiones.

Ese reto involucra la posibilidad de formalizar una alianza con la Universidad de Harvard, a través del Centro David Rockefeller, para fortalecernos a partir de experiencias que se han desarrollado en otras partes del mundo y que han sido analizadas por esta institución.

Pero antes de Coordinar la REDPRODEPAZ, estuve en el proceso de conformar, operar y dirigir uno de estos Programas. Tal vez uno de los más particulares en su forma de acción. El programa de Paz y Competitividad del Eje Cafetero. El cual no diría nada distinto si no fuera por el hecho de que es ejecutado por una Universidad Regional, la Universidad Autónoma de Manizales. Su propósito no solo se ubica en el hecho de adelantar proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades vulnerables de los municipios del Eje Cafetero, los cuales tienen una dificultad adicional de nos ser priorizados por la acción de Gobiernos o de organismos de cooperación por que se consideran ubicados en zonas “no tan vulnerables”; sino en el de formar otro tipo de Profesionales en Colombia. Profesionales sensibles a nuestra realidad, comprometidos con ella y con altas capacidades para transformarla positiva y creativamente.

Este Programa vincula grupos interdisciplinarios de estudiantes de últimos semestres (combinando profesiones como la Ingeniería Mecánica, con el Diseño Industrial y la Fisioterapia, en proyectos como el de Mejoramiento de la Productividad de las Artesanas de Iraca de Aguadas-Caldas, por ejemplo), trabajando en equipo, dirigidos de manera permanente por un docente investigador y apoyados en forma permanente por asesores temáticos especializados. Las acciones que desarrolla el Programa, no se quedan en un semestre académico. Estas se articulan semestre a semestre generando procesos de largo plazo que den continuidad y hagan viables los Proyectos apoyados.

Desde mi punto de vista esta es una labor prioritaria y es donde se podría generar una importante transformación. Colombia se desangra y destruye por la incapacidad de sus líderes de orientarla y gobernarla de manera adecuada. La corrupción y en algunos casos también la incapacidad de los gobernantes y funcionarios, son males tan profundos como la existencia de grupos armados al margen de la ley.

Pero más allá de la retórica y la labor altruista que pueda significar la voluntad de formar profesionales de los que he venido hablando, está la realidad contundente de haber sido producto de una experiencia similar, mucho menos estructurada y apoyada por la Universidad.

En 1989, siendo estudiante de 8º. Semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes, cuando allí se conformaba para la Facultad de Ingeniería las prácticas empresariales, el alcalde de un municipio pequeño del departamento de Cundinamarca, reto a la Universidad a que ningún profesional de los que estaba formando, con las mejores técnicas en el país y que se guiaba por los modelos Norteamericanos, tenia las capacidades para enfrentar la problemática, que día a día él enfrentaba en la pequeña municipalidad de Tabio.

Fue así como llegue a trabajar en este municipio y llegue a conformar la Empresa de Servicios Públicos Municipales, que le represento a Tabio la posibilidad de mejorar la calidad del servicio y de generar recursos para inversión tanto en este, como en otras necesidades prioritaria, fortaleciendo las deterioradas rentas que la Nación le transfería.

No obstante ser este un resultado importante, lo realmente significativo para mi fue el cambio surtido en la concepción de mi vida. El pasar de ser un Profesional preocupado por ocupar cargos importantes en empresas del país o de mi familia, a iniciar un trabajo serio desde mis posibilidades para cambiar las condiciones de las regiones de Colombia. Mi tiempo restante en la Universidad lo ocupe además de terminar mi carrera, en formarme sobre aspectos que me permitieran conocer mejor a Colombia, trabaje desde la Universidad en las mesas de la Constituyente (adelantada en 1990 y 1991, como base para la reforma constitucional de 1991).

Como producto de esta experiencia se consolido una iniciativa importante para el país, denominada “Opción Colombia”, en la cual estudiantes de varias Universidades del País se vinculan en el apoyo de proyectos de desarrollo en los municipios más apartados y vulnerables de las diferentes regiones Colombianas. Todo mi desempeño profesional ha estado enfocado a ese propósito de transformación de las condiciones del país, desde diferentes ámbitos: Trabajando en entidades del Gobierno Nacional, con entidades de Cooperación Internacional y en los últimos años desde la conformación y apoyo de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz.

 

Juliet Rincón is an industrial engineer from the Universidad de Los Andes with post-graduate studies in Economics, 12 years of professional experience in the areas of planning institutional development and strengthening, and in national entities. Coordinator for the National Network of Development and Peace Programs, REDPRODEZPAZ.

Bogotá

Las tres Atenas

Por Carlos Rincón

“Nuestra capital fue apellidada por sus hermanas hispanoamericanas, Atenas de la América del Sur”, declaraba en 1895 en Bogotá Monseñor Rafael María Carrasquilla, Rector del Colegio de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, en su discurso de apertura de cursos. Lo del bautizo no era cierto, pero lo que importa en el pathos de Monseñor es el propósito de apropiarse para su provinciana ciudad de ese prestigioso sobrenombre. What’s in a name? Con ‘la Atenas de Suramérica’ estamos ante un caso inusualmente complejo de automonumentalización que debía proveer el aura legitimadora para ejercer el poder desde el estado autoritario en Colombia, e imponer una forma de sociedad que excluyó la expresión democrática de puntos de vista en conflictivo y la búsqueda de metas políticas y sociales contradictorias. No se trató simplemente de una falsa comprensión de los atributos que Pericles, el Número 1 político de la ciudad-estado de Atenas, resumió en el siglo v.a.C. en un discurso fúnebre, con la célebre comparación de las formas sociales de Atenas y Esparta. La cultura política, militar y educativa unida a Bogotá como Atenas de Suramérica no conllevó nunca la promesa de potencial autonomía, dignidad e igualdad del estado liberal y su ideal de comunidad política asociados a la polis de la Atenas “clásica”, idealizada como la fuente de toda la cultura Europa, según el “modelo ario” de la historia griega. Con los telos inmanente de la Constitución colombiana de 1886, la charta magna en donde se fijó el buen orden político cristiano deseado para la ciudad existente, grupos enteros de población fueron excluidos del acceso a la libertad y la ciudadanía, de acuerdo con criterios excluyentes de color político, religión, etnia, raza y género. El sobrenombre automunumentaliza un ideal hispano-cristiano civilizatorio de represión, coreografiado por gramáticos como presidentes.

Bogotá como Atenas de Suramérica es el emblema de una sociedad jerárquica barricada contra la experiencia del cambio político y social de la modernidad. Su ideal es un sistema orgánico como complejo unificado de religión, metafísica y política que destruyó efectivamente los remanentes de vida política. Así como el Concordato firmado en 1887 fue a contracorriente del ocaso del poder temporal del Papado, precipitado con la unificación italiana. Ese deseo fantaseado de comunidad religioso-política pretendía ser una respuesta a la “inmoralidad” de Europa, a los sacrilegios de la Comuna de Paris. La iglesia católica tiene un claro papel central en los desarrollos de Colombia en las últimas décadas del siglo XIX, cuando la Iglesia recibe una misión reglamentadora de la vida social, educativa y de la conducta de los individuos, que la lleva a reemplazar a las instituciones del estado en grandes extensiones del territorio.

La metáfora que mejor expresa la lógica paradójica que habita la Atenas de Suramérica, entre hacienda y eclesiología, la iglesia perfecta consagrada al culto del Sacre Coeur de Jesus, sería más bien la de la maniquea Nueva Jerusalén. La activa proyección de poder y proyección anhelante que es exhibida en la celebración durante medio siglo de la Atenas de Suramérica, no debe engañar sobre las dinámicas de la promesa de comunidad cristiana y salvación ultraterrena. La imposición de la maniquea Nueva Jerusalén condujo a la devastación de una Guerra civil de Mil días, iniciada en 1898, la más larga y sangrienta desde la Independencia. Al final de ella, la secesión de Panamá y el colapso de la soberanía nacional, significaron el desencantamiento del Destino nacional que se había soñado durante un siglo: el confuso espejismo de llegar a ser el centro del mundo e integrar finalmente el territorio nacional, al realizar el trabajo hercúleo de unir con el Canal los separados océanos. Pero no sólo eso. La cultura de Atenas de Suramérica, según intento sostenerlo, por ser constitutiva de la matriz en que la moderna Colombia se ha formada, ofrece un camino diferente pero necesario para responder a la pregunta por la crisis que permea la realidad social de la Ciudad actual, de propiedad privada y moderno estatus legal, desde finales del siglo XX. Para contar en dos palabras corto una larga historia, mi análisis tiene que ver con la relación entre la crisis colombiana actual y el mundo de la fantasmagoría en donde aparece Bogotá como Atenas de Suramérica.

REHACIENDO EL MAPA DE LA CRISIS

No tiene tal vez porqué sorprender que exista hoy un alto grado de consenso sobre los rasgos que dan fisonomía propia a la crisis colombiana actual. Pues lo cierto es que no sólo se coincide en hacer comprobaciones empíricas concernientes al obvio desfase que hay en Colombia entre política, economía, cultura y ética. Los dos puntos más salientes en que las investigaciones de ciencias sociales y de humanidades coinciden, consisten, primero, en señalar, en los campos de lo social y lo político, tendencias y dinámicas de disolución o desintegración, y segundo, en la discusión de cuestiones de “modernidad” con referencia a las relaciones entre el siglo XX y el siglo XXI. Se puede comprobarlo tanto en investigaciones disímiles como en conspicuos trabajos teórico-prácticos sobre el tema de la globalización del tipo actual y sus implicaciones, al estar Colombia cada vez más concernida con una performance poco exitosa en la economía global, o en estudios altamente sofisticados de antropología política sobre los reclamos de ciudadanía efectiva de parte de los pequeños productores de hoja de coca del Amazonas. También se observa esa coincidencia en una serie de nuevas publicaciones políticamente significativas. Estas están situadas en la intersección, por un lado, del análisis de los síntomas del aumento de la fragmentación social o la proliferación de exclusión social, y por otro, de la investigación—particularmente dentro de la sociología y la economía—de los efectos del marcado en una sociedad como la colombiana, desprovista de integración territorial y crecientemente envuelta en la proliferación de una variedad de micro-mercados.

Las dos líneas de elaboración de análisis de las tendencias de desintegración se hallan, es obvio, íntimamente relacionadas. En cuanto al campo político, se coincide en subrayar que el Estado en Colombia hasta hoy fue incapaz de “imponerse” a la sociedad civil. Ese Estado se encontraría, visto comparativamente, todavía en proceso de formación y, a lo largo de su historia, tuvo limitadísimas capacidades para integrar el territorio nacional y hacerse presente en él, redistribuir los recursos sociales, regular las relaciones sociales y conseguir una institucionalización de los conflictos. Por eso el examen de la perpetuación y recreación de relaciones particularmente jerarquizadas, selladas por formas de dominación que fuerzan la subalternidad como identidad relacional de amplios grupos sociales, se ha convertido en un prominente aspecto del examen de la actual crisis. Por qué, dadas esas condiciones, los partidos políticos colombianos—a semejanza sólo de los de Honduras y del peronismo—no podían realmente reformarse, y por qué los comportamientos en Colombia no resultan sometidos a normas generales sino a lealtades e inclinaciones, son algunas de las provocatoria preguntas que han recibido nuevas respuestas.

Las más significativas contribuciones al análisis de las tendencias de disolución en el campo social destacan, por su parte, que el muy tardío proceso de secularización no tuvo un papel reivindicativo ni alcanzó en los años recientes una valoración positiva. Una de las tesis de más alcance del politólogo Daniel Pécaut es que “la secularización se efectúa en un horizonte de catástrofe más que de modernidad”. De allí el bloqueo en la transición a una nueva ética ciudadana. La ineluctable carencia de esa ética es continuamente palpable a nivel social. Los actores sociales no disponen de actitudes de respuesta flexible y creativamente reflexiva a las presiones que emana de la diversidad, el desacuerdo y el conflicto, inclusive cuando éste no carece de solución. Las formas notoriamente intolerantes en que son asumidas esas presiones, acrecientan la fragilidad del tejido social. Y esta es tal vez la ironía final de la situación social y política: como ritual de cambio, la Constitución de 1991 proporcionó, de acuerdo con la teoría política liberal, una estructura de instituciones para representar y mediar entre voluntades particulares y voluntad general, pero al mismo tiempo las clases dirigentes no consiguieron imaginar, y mucho menos negociar, un acuerdo mínimo para la refundación de un proyecto de sociedad incluyente e integrador.

Es difícil sobrestimar la importancia del alto grado de acuerdo que hay acerca de las tendencias desintegradoras que han conducido a la actual crisis colombiana. Pero lo que no aparece en las investigaciones recientes es la genealogía y la historia “efectiva” del entramado de relaciones sociales, instituciones políticas, económicas y culturales, y formas de subjetividad en el periodo que cruza los límites entre los siglos XIX y XX, que es crucial para todo el desarrollo de Colombia, incluido su evanescente presente.

En la década de 1880-90 coinciden en América Latina, en forma de crisis, discontinuas y paradójicas articulaciones de una modernidad en la periferia. Es entonces cuando en el Brasil se forman los primeros grupos asociados con el positivismo, y se multiplican los choques entre militares y autoridades imperiales que llevan a la cautelosa abolición de la esclavitud, al fin del II Imperio, y a la proclamación de la Constitución republicana de 1891. El período se inicia en la Argentina con la conquista militar de las Pampas que triplica el territorio del país, pasa por la transformación de la gran aldea que es Buenos Aires en capital del país, y concluye con la conmoción política de 1891. Con la guerra del salitre Chile había aumentado en 1883 su territorio pero un marco específico de cambios económicos internacionales conduce a la guerra civil de 1891. En todo ese caso, como en el México de Porfirio Díaz, la reconfiguración de hegemonía por exigencias de avances tecnológicos, emigración masiva, urbanización creciente y otras transformaciones económicas y sociales, precipitó un cambio decisivo en el discurso de la identidad de la nación. Hasta entonces había consistido en ejercicios voluntaristas de proyección e idealización del devoir-être del estado-nación. Hacia 1880 los hombres de letras voceros de las élites establecidas, y los que provenían de los nuevos grupos medios urbanos, procedieron a esencializar la nacionalidad, y a tratar de la nación como el cuerpo espiritual del Estado en proceso ascendente de consolidarse e imponer su soberanía. En referencia con prácticas discursivas históricamente específicas, la cuestión de la Cultura se convirtió en campo de batalla simbólico para negociar, reordenar y articular el establecimiento de una nueva hegemonía. Precisamente la comprensión de secularización y modernidad gradualmente elaboradas como componente de la historia de la nación moderna y el discurso del nacionalismo en un país como Argentina, se diferencia del caso de Colombia. Allí la nación no ejemplifica la cohesión social moderna y fracasó en constituirse como tal, de modo que la Atenas de Suramérica es el emblema de una particularmente cuestionable construcción nacional.

LA MULTIPLICACION DE LAS ATENAS

En Prusia y en Massachussets, a comienzos del siglo XIX, mucho antes de que surgiera como la fórmula la Atenas de Suramérica, se había intentado crear casi simultáneamente imaginarias réplicas de Atenas. En esas dos sociedades preindustriales, en la tensión entre imaginación cívico-urbana y diversas formas de imaginario de orden simbólico, mítico y utópico, Berlín fue das Spree-Athen, la Atenas a orillas del río Spree, y Boston se llamó the Athens of America. Bajo el impacto de la Revolución francesa y las fundadas expectativas de una posible República de Suevia, Friedrich Hölderlin imaginó hacia 1798 un citoyen greco-suevo y Friedrich Schiller un “Estado estético de la bella apariencia” (ästhetischer Staat des schönen Scheins). En esa línea Wilhelm von Humboldt teorizó el helenismo en trabajos históricos, pedagógicos y sobre el lenguaje, con lo que se rompió definitivamente en el espacio de lengua alemana con la tradición del humanismo latino. Después del fiasco de esos proyectos y de la derrota aplastante y catastrófica de Prusia en Jena en 1808 por los ejércitos de Napoleón, se impusieron reformas militares, administrativas y educativas destinadas a represar cualquier fervor revolucionario. El núcleo de la reforma educativa, basada en la idea de Bildung como formación cultural y moral, lo constituyeron los estudios helenísticos. El perfil arquitectónico neoclásico del Berlín reformado lo definió Karl Schinkel a partir de 1815, siguiendo el modelo de lo que llamaba “las formas y los modos de construcción griega”. Schinkel constituyó la Spree-Athen, dotándole a lo largo de más de tres décadas con edificaciones como la destinada al teatro como lugar de educación y al Museo, institución epistemológica clave de la Ilustración.

The Athens of America, así llama William Tudor a Boston en 1819. Boston era a comienzos del siglo XIX la ciudad económica y culturalmente más significativa de Norteamérica. Su perfil neoclásico es obra de Charles Bulfisch, el arquitecto norteamericano de más notable imaginación republicana cívico-urbana, con notable capacidad proyectiva, de después de la Revolución. Boston será descrita más tarde como mitad teocracia calvinista en disolución, lo que permite por fin el cultivo de las artes y las letras, y mitad república ultrademocrática igualitaria en el radio del gran Boston. Como realidad arquitectónica construida, el neoclasicismo aprendido de Atenas correspondió en Boston y en Berlín a las formas como esas sociedades intentaron representarse a si mismas en la ciudad que edificaron, construir sus formas de comunicación, y establecer códigos y reglas para organizar y comprender su nueva vida urbana. Al mismo tiempo, en situaciones de crisis de legitimidad, la estética neoclásica las dotó en forma tangible de un árbol genealógico, para postular una continuidad cultural que, de hecho, se encontraba interrumpida.

Ahora bien, ya hacia 1840, después de la independencia de Grecia, la Antigüedad clásica musealizada, hecha de ruinas y fragmentos, chocantemente obscena como se la veía en los frescos, los amuletos fálicos y las mosaicos excavados desde 1806 en Pompeya, se había convertido en una época cultural que debía competir con otras épocas y otras culturas, hechas accesibles por la expansión colonial europea. La alteridad de esas culturas fue luego dominada con ayuda de esquemas del desarrollo histórico que hacían culminar la historia de la humanidad en la Europa de entonces, en plena revolución industrial. La antigüedad clásica y la estética neoclásica, desprovistas de valor normativo, pasaron así a servir para documentar la superioridad del Occidente sobre las periferias colonizadas.

Paralelamente tiene lugar otro proceso de gran alcance, con el que la Antigüedad clásica acaba de perder su papel de modelo inalcanzable. Dentro del discourse en que Paris llega a ser la Capital del siglo XIX, Victor Hugo comenzó a hacer de Paris la nueva Menfis, la nueva Babylonia, la nueva Atenas y la nueva Roma. Y mientras Maxime Ducamp, el amigo íntimo de Gustav Flaubert, hizo de Paris la ciudad que había venido a reemplazar a Tebas, Ninive, Babilonia, Atenas, Roma y Constantinopla, en los poemas de Charles Baudelaire la destrucción de la autoridad de Virgilio y Ovidio se junta a la proclamación de la auctoritas de la Modernidad. Es contra la Modernidad que se proclamara Bogotá, hacia finales del siglo, Atenas de Sudamérica. Paris es para ella la capital de la inmoralidad, el vicio y la irreligión.

LAS DOS ETAPAS DEL BAUTISMO

El bautizo de Bogotá como Atenas de Suramérica se realizó en dos etapas. La primera, de traducción y apropiación, es simultánea al proceso de ascenso incontenible de Paris a capital del siglo XIX y de perdida de la función normativa de la Antigüedad clásica. En ella tiene papel de protagonista Elisée Reclus, apasionado lector de Alexander von Humboldt, quien se transladó de Paris a la Spree-Athen en 1850 para estudiar con Ritter, el único geógrafo que enseñaba entonces en Europa. Después del golpe de estado de Louis-Napoleón en 1851 el joven Reclus emigró, como muchos otros jóvenes demócratas. Primero fue a Londres, en donde formó parte de círculos socialistas y anarquistas. Luego trabajó en New Orleans como preceptor de los niños de una familia esclavista dueña de plantaciones. A partir de agosto de 1855, durante dos años, se metió en lo que llamó un «proyecto de colonización y exploración geográfica” en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. De regreso a Francia enfermo, sin dinero, sin profesión, sin diplomas, su crisis personal se prolongó hasta 1860, cuando ingresó a la editorial Hachette como uno de los redactores de Guías turísticas.

Reclus comenzó entonces también a publicar artículos de divulgación. Uno largo, aparecido en febrero de 1864 en la prestigiosa y conservadora Revue de deux mondes, está dedicado a los poetas y la actividad literaria en el “continente colombino”, el nombre “America latina” no se había generalizado todavía. Parte de la organización narrativa del relato que construye se apoya en un tópico. Según Reclus, cada país quiere tener su Atenas: “La América anglosajona muestra la suya en Boston. El continente colombino se enorgullece de tener muchas, entre ellas dos principales, la una en la mitad, la otra hacia el norte, Buenos Aires y Bogotá”. Reclus nunca residió en esas ciudades. Que el nombre de la segunda aparece en su pluma por causa del contagio por homofonía en francés entre las vocales de Boston y Bogota, es algo que casi se puede suponer. La imagen de juventud, libertad y la primacía estética de Grecia lo había hecho depender Johann-Joachim Winckelmann en su primero y tan influyente tratado sobre las artes de la Antigüedad, de la posición geográfica privilegiada. Según escribe Reclus sobre “l’Athènes neo-granadine”, “la naturaleza circundante ofrece un resumen de la tierra entera en su conjunto de una incomparable armonía (…) la ciudad ocupa una posición de las más bellas sobre una terraza tan elevada como las cimas de nuestros Alpes”. Al llegar a este punto el geógrafo se entrega a una típica ensoñación despierta, con el tema de la mirada que produce un sentido de embelesamiento y se abre sobre un mundo ideal: “Desde las alturas se puede abarcar con una mirada los volcanes nevados y humeantes, las cadenas de montañas con zonas de vegetación superpuestas, las grande selvas vírgenes y las largas trenzas de nubes que se extienden sobre las planicies”. La ensoñación inducida por la imaginación de ese paisaje se desdobla en una tesis, hay un destello de conciencia retórica en el soñador: “Un reflejo de esta naturaleza grandiosa se encuentra en las producciones de los autores neogranadinos Arboleda, Caro, Madiedo, Vargas Tejada. Filósofos y poetas hacen planear su pensamiento por encima de las continuas discordias que agitan su patria.”

En 1867, tres años después de publicado el artículo de Reclus, José María Vergara publicó el segundo tomo de la primera obra de historiografía literaria escrita en el país, su Historia de la literatura en la Nueva Granada. El nombre de Reclus no se menciona. Se habla de “un ilustre viajero”. En un contexto de abierta controversia contra la política educativa del gobierno liberal de entonces, Vergara invoca la «sed de instrucción del pueblo bogotano” para hipostasiar ese atributo dándole el estatus ontológico de una identidad: el pueblo—los habitantes—de Bogotá son “el pueblo ateniense de Suramérica”. La idea de que existirían muchas Atenas en el “continente colombino”, o por lo menos otra principal, no se menciona. Por otra parte, a nadie se le ocurrió en Buenos Aires, a partir de lo que escribió Reclus, reclamar para la ciudad el nombre de “Atenas de Suramérica».

La segunda fase de apropiación del nombre se sitúa en el decenio decisivo de 1880, cuando el miedo a la subversión (de tipo europeo) sella la atmósfera política. La racionalidad católica ultramontana condujo entonces tanto al bloqueo del proceso de secularización de la sociedad como a la imposibilidad de recepción en la teoría de la evolución y del positivismo en cuanto método que utiliza observación, experimentación y cálculo. No hubo ningún cambio básico en la experiencia colectiva del tiempo ni la ciencia moderna se diferenció como subsistema cultural. Según las premisas de filosofía social que inspiraron el proyecto de que Colombia fuera una comunidad orgánica católica y no una sociedad moderna, existía por principio una imposibilidad de equivalencia moral entre sus miembros. De ahí se desprendía el reforzamiento de la jerarquía social y la restricción de los intercambios e interacciones entre ellos. La primacía de la Iglesia católica, como representante del orden moral, por sobre el estado, y la prioridad en el fuero interno de las personas de la salvación del alma y la vida eterna sobre el progreso, conllevaron la exclusión de una política de ciudadanía. La nación no es comprendida políticamente, en relación con el estado. La asimilación de las diferencias sociales a diferencias en una escala imaginaria de perfección moral en la comunidad jerarquizada, conjugó la definición del bien público como honestidad de costumbres con el empleo de la disciplina religiosa y de la fe cristiana como instrumento de integración social. El proyecto ambivalente de integración moral de los buenos cristianos—no de los ciudadanos—en la comunidad social jerarquizada supuso además, automáticamente, el rechazo de la escolarización generalizada y de la producción de discursos científicos. Los saberes culturalmente valorados eran patrimonio espiritual particular de un grupo exclusivo.

LA ESTRUCTURA ESPECULAR DE LA AUTOMONUMENTALIZACION

En la primera parte del siglo XIX, el interés de Andrés Bello por la lengua se orientó de acuerdo con una estrategia comunicativa nacional. Esta debía favorecer la circulación cultural fluida, capitalizable por el Estado nacional. Los Ateneos y Academias, como espacios territorializados de lo nacional, lo mismo que las corporaciones científicas y los demás actores de la comunidad lingüística—en primer lugar, los escritores—eran, según Bello, quienes articulaban socialmente el territorio nacional.

Desde su concepción misma y en su modo de funcionar, la Academia colombiana de la lengua fue precisamente lo contrario como proyecto político-cultural. En la década de 1880 la invención de tradición buscó establecer un nexo identificador indisoluble entre el país y la España de Felipe IV y la Restauración. Con ello los grupos políticos que impulsan el proyecto se posicionaron definitivamente en su voluntad de oponerse a la difusión de la subversión europea. Esa es, ante todo, la forma como resuelven las cuestiones coloniales claves del desplazamiento, de lo que se movió hacia las Indias, de lenguaje implantado, de las dislocaciones y disonancias entre lenguaje y lugar, de la inversión de cultura en la construcción del lugar, de la localización de la cultura, y de precisos mapas de identificación y pertenencia. Dos estrategias sirven para legitimar, en ese marco, la autoridad, recibida de Dios, para gobernar desde la Atenas de Suramérica en Colombia: 1. La construcción de míticas genealogías que incluyen comprobables antepasados que fueron funcionarios coloniales de la corona española, y que se hace ascender hasta la Roma imperial. 2. No el programa investigativo del helenismo ni la ciencia moderna sino los estudios de gramática castellana, entendida en sentido normativo, y el dominio del latín. Los estudios gramaticales tenían la función tanto de asegurar el lazo de unión con la España católica conservadora como de reconfirmar la escala de la perfección moral y de jerarquización social jerarquizada. De manera que la proclamación celebratoria de que Bogotá era la Atenas de Suramérica implicó ex post facto la fantasía de identificación con una España ultramontana, acorde con el propio proyecto de dominación político-social.

Parámetros concretos de emplazamiento de la ciudad, aislamiento, voluntad de protección contra las influencias de fuera, y descapitalización de cultura moderna, toman así relevancia como base para el autorreconocimiento inducido en espejo, que culmina con el juego de modalidades de poder hacia 1888. Después de la publicación de las crónicas del diplomático argentino Miguel Cané sobre Colombia, su instrumento principal son las cartas cruzadas entre el literato colombiano José Rivas Groot y el novelista español Juan Valera. En sus Cartas americanas Valera, sin haber visitado nunca Bogotá, hace a los bogotanos más hispánicos puros que los españoles de entonces. En la carta fechada el 8. 20. 1888 hacía la interpelación que el grupo al que pertenecía Rivas Groot deseaba: “la literatura de su país es parte de la literatura española y seguirá siéndolo, mientras Colombia sea lo que es y no otra cosa”.

¿Qué era entonces, propiamente, Bogotá? Una aldea grande con estandardes urbanos premodernos, manufacturas incipientes, con 80% de analfabetos. Tiene apenas 350 edificaciones de un piso o más, como el Panóptico comenzado en 1878, y ni una sola es neoclásica. Los periódicos tienen un tiraje de 800 a mil ejemplares. Dentro su élite andogámica de hacendados y funcionarios hay 250 hombres de letras. Es la capital de un país en donde la expectativa de vida es de 30 años, con un 90 % de habitantes en el campo (y un 90 % de analfabetismo), desprovisto de capital, en el último y penúltimo lugar en América Latina en exportaciones per capita e inversiones extranjeras. Todos los esfuerzos por atraer emigración fracasan. Los únicos emigrantes que se establecen son algunos centenares de sacerdotes y monjas europeos.

Es sobre ese horizonte que en la década de 1890 se procede a renegociar la significación del sobrenombre. En esa tarea fue protagonista principal una de las figuras más conspicuas del régimen, Monseñor Rafael María Carrasquilla, Ministro de Educación de Miguel Antonio Caro, Rector durante 30 años del Colegio del Rosario, encarna las contradicciones que epitomizan la personalidad de los héroes de la Atenas de Suramérica: la cortesía del cachaco, remedo del Paris del II Imperio francés, o la rusticidad y las costumbres de frugalidad mezcladas con manías y excentricidades, entrecruzadas con la obediencia a la lógica del conflicto por el poder. De allí, por ejemplo que muchos de ellos se enorgullecieran de no haber salido de Bogotá y sus alrededores, y de no haber visto nunca el mar.

A fines de 1895 el Aula máxima del Colegio del Rosario vuelve a convertirse para Monseñor Carrasquilla en un escenario de autolegitimación cultural en donde, ante testigos seculares y sus herederos—las autoridades actuales—exhorta retóricamente a los jóvenes de la elite a reconocerse a si mismos en las formas ilusorias de conciencia de la Atenas de Suramérica. En el proceso de llegar a ser la figura viril de sujetos-agentes de la Atenas, el mecanismo de interpelación de la fuerza intelectual dominante reactiva las imágenes del pasado, incorporándolos de manera uniforme a él: “Semejante costumbre (cerrar el semestre con seríon solemne del claustro), digna de venerarse por antigua y de conservarse por buena, es la que nos tiene congregados en esta aula ante la imagen de maestro venerado fundador, ante los retratos de nuestros predecesores, los colegiales ilustres de este claustro, y en presencia de altos dignatarios eclesiásticos y civiles, y de muchos sobresalientes ingenios, justificadores del nombre de Atenas sudamericana, que han discernido a esta capital las demás naciones de nuestro continente.”

¿Por qué en 1895 el sobrenombre de Atenas de Suramérica ya no es debido, como decía Vergara, a un «ilustre viajero»? Porque Reclus, quien entretanto se había convertido en un geógrafo de renombre internacional y se había mezclado con el movimiento obrero, resultó encarcelado después de la Comune de Paris. El nombre tampoco corresponde al “pueblo bogotano”. El muy conservador erudito español Marcelino Menéndez Pelayo va a formular en 1905 en su Historia de la Poesía hispanoamericana, el núcleo de la narrativa de la esencia hispana inmutable de la cultura y la identidad de Bogotá: “La cultura literaria de Santa Fé de Bogotá, destinada a ser con el tiempo la Atenas de la América del Sur, es tan antigua como la Conquista misma. “ Lo cierto es que la topografía de Bogotá estuvo dominada durante siglos por dos montañas. Para la población chibcha aborigen que se asentó en Bacatá, debieron tener gran significación. Más tarde se la bautizó con los nombres católicos de Monserrate y Guadalupe. La negación con ellos de las huellas indígenas es obvia como también lo es el retorno de lo reprimido, en los rostros morenos de la virgen de Guadalupe y el Cristo de Monserrate. Con ellos que se renegocia la subalternidad.

¿COMO ASUMIR ESA HERENCIA?

En el discurso ya citado de 14.8.1895 Monseñor Carrasquilla explicaba por qué “sus hermanas hispanoamericanas “ habrían sentenciado que Bogotá era “Atenas de la América del Sur”: “Con razón se daba tan honroso dictado a la ciudad que contaba en su seno filólogos como Cuervo, humanistas como Caro, poetas como Rafael Pombo, pensadores como Marroquín y un novelista como Jorge Isaacs.” Precisamente José Manuel Marroquín como presidente de Colombia y Miguel Antonio Caro como principal figura política son protagonistas de la secesión de Panamá, en donde se hizo palpable la incapacidad política de hacer proyecciones imaginativas, históricas, geográficas, económicas, culturales para la construcción de la nación moderna de la Atenas de Suramérica. Los recursos simbólicos y las estructuras de actitud y referencia de que disponía la Atenas de Suramérica en ese momento de urgencia política, ante el desorientante rediseño del mapa del mundo, demostración que hacia tiempo habría acabado su alianza con el Espíritu de la Historia universal, eran muy reducidos. El punto paradójico, ciertamente, es que Marroquín y Caro, los responsables gubernamentales, nunca dieron explicación sobre las incongruencias de sus estrategias de negociación con USA. Cuando se trata de imaginar un ritual con dinámica participativa, para fomentar identidad y exorcizar el descontento popular por la pérdida del todavía no construido Canal en Panamá, se organiza el recorrido triunfal en carroza y una pomposa y provinciana coronación del muy conservador poeta Rafael Pombo, a quien menciona Monseñor Carrasquilla, en medio del despliegue de erotismo femenino de ninfas que danzan sobre el escenario del Teatro Colón. La acción simbólica de la coronación quería perpetuar las normas y valores que se pretendía eran los únicos legítimos garantes de la salud de la patria. Ese ritual no fue parte de un trabajo de duelo, de modo que el trauma se hizo hereditario.

La Atenas de Suramérica tiende entonces a hacerse después un bastión defensivo. Con su vínculo con la modernidad, el modernismo como movimiento estético heterogéneo fue, en un sentido, decididamente innovador e incluyó una actitud poscolonial frente a España. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, el escritor bogotano Clímaco Soto Borda imploraba al “hado sublime de las letras que imponga un cordón sanitario en redondo de nuestra Atenas para que librase a nuestros poetas del terrible contagio del modernismo”. El siglo XIX llega en Colombia casi hasta 1930. Hay que esperar hasta entonces para que Jorge Zalamea, en un informe al parlamento como miembro del gobierno de Alfonso López, haga una comparación entre las realizaciones de este en el campo de la educación, y la situación, que había encontrado después de 40 años de gobiernos conservadores. Puede así destacar lo incongruente de las voces que lamentan el fin de la Atenas de Sudamérica.

De todas maneras, el parentesco estructural entre la topografía freudiana y la topografía urbana permite, en el caso de Bogotá, abordar el manejo estético de los problemas que representa la Atenas de Suramérica como herencia, es decir, no como legado que daría una orientación normativa sino para arreglar cuentas con su Memoria. Ese es el caso de los significados y referencias con que se ha trabajado en la segunda mitad del siglo XX la Plaza Mayor de Santafé, convertida en Plaza de Bolívar, dentro de su historia como monumento. El diseño de la plaza había sido modificado muchas veces y su marco definido por una serie de construcciones y demoliciones, que la convirtieron en el locus por excelencia para la expresión política, la memoria colectiva, la identidad y la historia de la ciudad y el país. ¿Qué se ha hecho en ella? En 1959 el arquitecto Fernando Martínez intentó poner en escena simbólicamente estos significados: la Plaza como lugar de la convocatoria y la participación de los ciudadanos, de la transparencia democrática, y Espacio de esperanza como evocación de la polis. Para ello Martínez combinó en una forma monumental el imaginario intenso de un país alternativo democrático, con el propósito de un moderno rediseño para convertirla precisamente en un monumento político, dominado en su centro por la estatua de Bolívar, y hacer así de la Plaza el símbolo primario de una nueva Colombia. Los problemas envueltos en la creación de esta despojada clásica Plaza de Bolívar son los del lado oscuro de lo moderno. Lo notable es que la historia de los últimos cuarenta años de la historia colombiana, movió luego al gran pintor Gustavo Zalamea primero, a fines de los 1980, a llevar el mar a la Plaza, a inundarla, para poner en ella un símbolo inesperado: la ballena blanca. Luego, en una soberbia serie de grandes óleos de 1999 titulada “El Mar en la Plaza” y “Naufragios”, el inmenso símbolo de poder de Moby Dick convocó en sus cuadros monumentales un universo de poderosísimos íconos. Van desde “San Jorge y el Dragón” de Carpacchio hasta “la balsa de la Medusa” de Géricault y “la Guerra” de Henri Rousseau, con el capitolio nacional como Titanic entre las olas embrevecidas. La Plaza de la Polis de Martínez es la del Naufragio. La belleza de los cuerpos de Matisse, que les sirve de marco y salida a sus pinturas, constituye un punto límite entre sentimiento y conciencia.

 

Carlos Rincón was a 1999-2000 Santo Domingo Visiting Scholar at the David Rockefeller Center for Latin American Studies. He is currently working on a book about the three Athens: Berlin, Bogotá, and Boston.

Colombia

¿Un estado fracasando?

Por Eduardo Pizarro y Ana Maria Bejarano

¿Corre Colombia el riesgo de un colapso estatal? ¿Se trata realmente de un Estado en proceso de fracaso? Las alarmas internacionales están encendidas y Colombia constituye una fuente de preocupación de la comunidad internacional desde hace ya varios años. Se trata de una de las peores catástrofes humanitarias a escala mundial. Más de 25 mil homicidios en promedio por año, dos millones de desplazados de sus lugares de origen, miles de hectáreas de bosque destruidas para sembrar coca, marihuana o amapola, masacres permanentes perpetradas ya sean por delirantes grupos de extrema izquierda o por criminales grupos de extrema derecha.

Los llamados “failing states” se han convertido en una de las preocupaciones centrales de la nueva agenda internacional de la posguerra fría. Particularmente, los crecientes y alarmantes casos de Estados colapsados que se han sucedido en distintas regiones del mundo: Líbano, Afganistán, Yugoslavia, Sierra Leona, Angola, Sudán o Somalia. Colombia no ha estado ajena a este debate. Algunos autores sostienen que Colombia es un ejemplo palpable de un “estado en vía de fracaso”. Otros, desde una mirada apocalíptica, han llegado a afirmar incluso que el país se encuentra ad portas de un colapso inminente, ante la amenaza de una secesión territorial entre el sur del país—supuestamente controlado por las guerrillas, el norte—que estaría dominado por los grupos paramilitares de extrema derecha—y el centro bajo el control del Estado actual.

El creciente interés de la comunidad internacional por el fenómeno de la inestabilidad estatal se origina en diversas fuentes. En primer lugar, existe una clara conexión con razones de tipo humanitario: los casos de grave precariedad estatal generalmente vienen acompañados de múltiples desastres humanitarios (masacres, desplazamientos masivos de población, violaciones masivas de los derechos humanos, etc.). En segundo lugar, el interés en el tema del colapso estatal tiene que ver con una preocupación por la seguridad global: en un mundo altamente interconectado e interdependiente, la incapacidad de un Estado para garantizar un mínimo de orden y seguridad en el interior de sus fronteras tiene un impacto regional, en incluso mundial, inmediato. En palabras del Director of the Program on Intrastate Conflict at Harvard University, Robert Rotberg, “State failure threatens global stability because national governments have become the primary building blocks of order. International security relies on states to protect against chaos at home and limit the cancerous spread of anarchy beyond their borders and throughout the world” (Foreign Affairs, 2002, No. 4, p. 130). En tercer término, luego del 11 de septiembre del 2001, se ha hecho evidente la facilidad con que las redes terroristas internacionales pueden anidar en países que sufren un hondo desarreglo interno como ha ocurrido en Afganistán o en Sudan. En Colombia, tres expertos en explosivos del IRA están siendo juzgados por sus vínculos con las FARC.

COLOMBIA: EL “COLAPSO PARCIAL DEL ESTADO”

¿Cómo distinguir un “Estado en proceso de bancarrota” de un “Estado colapsado”? Robert Rotberg sostiene que, “un Estado colapsado, es una versión rara y extrema de los Estados fracasados y se tipifica por una ausencia total de autoridad. En este sentido, un Estado colapsado es una cáscara vacía de comunidad política” (ídem., p. 133). El modelo emblemático de un “Estado colapsado” es Somalia, donde ha desaparecido hasta el menor rastro de un gobierno central. Por el contrario, en los Estados en proceso de fracaso todavía se conserva un cierto nivel de “estatalidad”, pero, en medio de un deterioro creciente de su capacidad de garantizar un mínimo de orden y seguridad que, en ocasiones, no va más allá de los principales centros urbanos. Pero, ¿son adecuadas esas nociones para el caso colombiano?

Sin duda, muchos de los rasgos que presenta actualmente Colombia, son semejantes a los que han soportado muchos Estados que han colapsado (ver Recuadro): por ejemplo, un brutal desplazamiento de población de las zonas rurales hacia los centros urbanos o la existencia de poderosos grupos paramilitares. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, en Colombia difícilmente se puede a producir un colapso estatal similar al que se ha producido en otros países del mundo, debido fundamentalmente a dos factores: por una parte, y a diferencia de la mayoría de los países africanos y muchas naciones de Asia conformados como “unidades arbitrarias” tras la descolonización europea, Colombia como el resto de América Latina tiene una prolongada historia de construcción de un Estado-nacional. Sin duda, en Colombia como en casi toda el área andina, estamos ante un estado débil (“Weak State”), pero de ninguna manera un estado fantasmal (“Shadow State”). En segundo término, el fenómeno de los colapsos estatales está íntimamente relacionado con conflictos que enfrentan diversas identidades colectivas como ocurre, por ejemplo, en Sri Lanka o Kosovo. Colombia es, étnicamente hablando, uno de los países más homogéneos de la región: se trata de un país mestizo, mayoritariamente católico, con un predominio indiscutible del español y sin tendencias regionalistas centrífugas. Por otra parte, lejos de ser una comunidad nacional polarizada por razones ideológicas, la inmensa mayoría de los colombianos repudia a los actores violentos. Los grupos guerrilleros y las organizaciones paramilitares cuentan con respaldo mínimo en la población: menos del 2%, según las encuestas de opinión.

Desde una perspectiva histórica y comparativa el Estado colombiano ha sido siempre pequeño, pobre y débil. Las raíces históricas de esta debilidad se podrían sintetizar en pocas líneas. Se trata, en primer término, de un vasto territorio cruzado por una muy compleja geografía, una de las más endemoniadas del mundo, la cual ha dado origen a una multiplicidad de mercados y poblaciones dispersas. Basta indicar que, según el “índice de fragmentación geográfica” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia ocupa el tercer lugar entre 155 países. En segundo término, sólo hasta las primeras décadas del siglo XX se logró estabilizar un producto con demanda en el mercado mundial (el café), lo cual dio origen a una industrialización tardía y a una base muy precaria de recursos para el Estado. Finalmente, es importante subrayar que en Colombia el recurso estratégico para la construcción nacional, el café, era un producto privado que generaba débiles rentas para el Estado central. En el prólogo de Alfonso López Michelsen a la obra del historiador inglés, Malcolm Deas (Del poder y la gramática, y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993, p. 14), el expresidente sostiene lo siguiente: “Partiendo de estas cifras es como se entiende mejor el destino de los colombianos. Luchadores incansables, trabajadores de tiempo completo en las más adversas circunstancias, han conseguido sobrevivir sin haberse ganado hasta el presente ninguna lotería, ni la frontera con los Estados Unidos como México, ni el petróleo como Venezuela, ni el turismo, en su tiempo, como Cuba, ni los cereales ni el ganado como Argentina y Uruguay, ni la extensión territorial como el Brasil. Todo conspiraba contra la supervivencia del Estado colombiano que solamente a partir de 1975 comenzó a tener ingresos patrimoniales, distintos de la tributación, con el carbón de propiedad del Estado, los superávit de petróleo oficial para exportación y el níquel de Cerromatoso. Con razón anota Malcolm Deas que por décadas el único patrimonio del Estado colombiano eran las minas de sal. Ha sido la gran transformación de los últimos 20 años del siglo XX: haber tenido al lado de los ingresos tributarios los ingresos fiscales o patrimoniales de que carecía Colombia”.

Las débiles instituciones colombianas fueron puestas a prueba en dos ocasiones en el siglo XX y, en ambas ocasiones, el país sufrió un “colapso parcial del Estado” (Paul Oquist), es decir, que mientras algunas instituciones estatales mantenían su solidez, otras instituciones se resquebrajaron. El primer colapso parcial ocurrió a mediados de siglo cuando Colombia soportó la última de las guerras civiles bipartidistas, durante el trágico período denominado crudamente como la época deLa Violencia. A fines de los años ochenta, se produjo una situación similar como consecuencia de la llamada “doble guerra”, es decir, la combinación de la guerra contra el narcoterrorismo de los carteles de la droga y la guerra contrainsurgente. El precario y débil Estado colombiano, ante desafíos y demandas que desbordan su capacidad de control y manejo, deja al descubierto sus profundas “grietas geológicas”, en particular en instituciones claves tales como la justicia y la seguridad.

Las expresiones de este “derrumbe parcial” del Estado se hicieron evidentes desde finales de los años 80. Su rostro más visible ha sido, sin duda, el crecimiento de las tasas de criminalidad. Colombia alcanzó a principios de la década de los 90 la tasa de homicidios más alta del mundo: 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy lejos del ya preocupante índice de América Latina (20), así como también del altísimo índice de los Estados Unidos (8), para no hablar de la distancia sideral que la separa de los índices promedios de Europa Occidental (1.5). Pero, esta criminalidad desbordada era solamente una expresión dramática de la erosión del Estado en el cumplimiento de algunas de sus funciones esenciales. Por una parte, eran notorias las hondas insuficiencias de la Policía Nacional: había constantes revelaciones sobre una corrupción a todos los niveles, experiencias ciudadanas negativas con una policía autoritaria y represiva, indicios sobre el involucramiento de policías en robos, acciones de “limpieza social” o masacres. La profesión de Policía se encontraba en el fondo de la escala de prestigio social. Por otra parte, frente a la escalada de violencia y la incapacidad policial, las élites decidieron optar por la seguridad privada dando origen a un auge inusitado de empresas privadas de seguridad y vigilancia cuyos miembros llegaron a duplicar el pie de fuerza de la Policía Nacional. Esta “privatización de la seguridad” se acompañó del financiamiento de grupos de “limpieza social” en los centros urbanos, con objeto de disminuir las tasas de criminalidad.

A esta primera privatización de la seguridad seguirán otras. La respuesta a la incapacidad de las Fuerzas Militares de contrarrestar la estrategia de la “expansión difusa” de la guerrilla a lo largo y ancho del territorio nacional, fue la privatización de la guerra de contrainsurgencia. Primero se dio la constitución legal de grupos de autodefensa amparados por la Ley 48 de 1968. Más tarde, tras la derogación de esta ley de Seguridad Nacional por parte del presidente Virgilio Barco, continuó el apoyo a la conformación de grupos paramilitares ilegales.

Otro de los sectores del estado que ha sido hondamente afectado por esta progresiva erosión estatal, ha sido el de la justicia. Los niveles de impunidad han alcanzado cifras escandalosas en Colombia. Si en los años setenta, el 11% de los condenados por homicidio eran sentenciados, veinte años más tarde esa cifra había bajado a sólo el 4%. Un homicida tiene más de un 90% de posibilidades de jamás ser castigado.

Finalmente, esta erosión estatal se expresa en la expansión del número de armas en manos de la población civil, el fortalecimiento de algunos grupos armados que desafían la autoridad del Estado (en particular, las FARC, el ELN y las AUC) y los vacíos de la presencia estatal en ciertas regiones del país, en particular en las áreas de colonización reciente. En muchas de estas regiones se han configurado “sistemas pretorianos”, definidos por Samuel Huntington como situaciones donde los distintos segmentos sociales se enfrentan directamente por la distribución del poder y los recursos, en ausencia de instituciones legítimamente aceptadas para intermediar y resolver los conflictos.

LA RECONSTRUCCIÓN ESTATAL

A comienzos de los años noventa, mientras dominaba en el mercado de las ideas la propuesta del “Estado mínimo”, en Colombia se dio inicio a un proceso serio de reforzamiento de las instituciones estatales, en particular de las áreas responsables de la seguridad y la justicia. Colombia cuenta hoy en día con más y mejor Estado que hace 10 o 15 años atrás gracias a un duro esfuerzo fiscal interno e, igualmente, a los recursos provenientes de la cooperación internacional y de la ayuda extranjera, entre ellos los del Plan Colombia.

Por una parte, ha habido un serio proceso de reconstrucción de la Policía Nacional. En 1993, el Ministerio de Defensa convocó dos comisiones (una interna y otra externa) para estudiar una reforma de la Policía: sus recomendaciones se vieron plasmadas en la Ley 62 de 1993, la cual ha significado una profunda renovación de la Policía hasta el punto de convertirla hoy en día en una de las más confiables y profesionales en América Latina. Por otra parte, ha habido una mejoría sustancial de las instituciones judiciales las cuales, aún cuando deben soportar todavía el peso de la hiper-violencia y sus secuelas (congestión judicial, impunidad) han permitido éxitos importantes en la lucha contra los actores colectivos de la violencia (por ejemplo, contra los miembros de los grandes carteles de la droga). Finalmente, ha habido en los últimos años un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas (en presupuesto, número de hombres y tecnología), la cual ha permitido que ésta institución haya recuperado la iniciativa militar en detrimento de los grupos guerrilleros y paramilitares. Sin duda, se trata de un proceso de reconstrucción institucional muy tardío dado que el país se encontraba ya en una situación de hiper-violencia, subyugado por el tráfico de drogas ilícitas y con fuertes actores armados que le disputan al Estado parcelas enteras del territorio nacional. Sin embargo, esta recomposición estatal ha impedido el ahondamiento de la crisis. De mantenerse este esfuerzo de manera sostenida es posible pensar que Colombia pueda, en el mediano plazo, superar el colapso parcial de su Estado.

 

Eduardo Pizarro is Associate Professor at the Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia and currently Visiting Fellow at the Program in Latin American Studies at Princeton University.

Ana María Bejarano is assistant professor at the Universidad de los Andes (Bogotá) and currently Visiting Fellow at the Program in Latin America Studies and lecturer in the Politics Department at Princeton University.

Cuando el discípulo está listo

El testimonio de un estudiante sobre trabajo con los vendedores ambulantes

Por Andrés Barragán

“No hace mucho un vendedor ambulante me contó que estaba reuniéndose con otros colegas y con algunos profesores de los Andes, para ver cómo podían superar algunas dificultades. Asistí a un par de reuniones en las que primaba un escepticismo general. Mi relación con los vendedores ambulantes se reinició meses después cuando decidí hacer un 'proyecto dirigido': estudiar algunos procesos de convivencia en el interior del grupo Amigos de los Andes. En el grupo estaban discutiendo la legitimación del trabajo de la venta ambulante. No obstante las divisiones internas, ya no encontraba el escepticismo de antes y pude ver vínculos más estrechos. Siempre tuve claro que mi papel allí no podría ser protagónico sino de facilitador y testigo de lo que ellos vivían. Asumir este papel seguía un principio ético pero también una lógica práctica: no es eficaz que un agente externo decida el camino por tomar. La lógica interna de una organización difiere profundamente de cómo uno creería que debería funcionar. En este sentido, mi relación con los Amigos de los Andes fue un pequeño choque con la realidad, pues algunos de sus logros se llevaron a cabo a través de una lógica que para mí no era la ideal. Esta es la gran lección que me ha dejado trabajar con los Amigos de los Andes. En las universidades se subraya siempre la idea de que nosotros somos el futuro de la nación; se presupone que somos los que “sabemos” y podemos entender el mundo, y por eso debemos ser quienes corrigen los errores a nuestro alrededor... se nos enseña, en otras palabras, a ser interventores. He aprendido que las cosas no son así: hay otro tipo de aprendizajes—más allá de los puramente intelectuales—que son igualmente válidos e incluso más apropiados a la hora de resolver ciertos problemas. Si asumimos esta responsabilidad de facilitadores, que no de interventores, podemos ser más útiles en este tipo de actividades; el interventor rara vez puede contradecirse ni puede quedar descalificado ante quienes interviene... ¿y su aprendizaje?

Después de hacer mi proyecto tuve que distanciarme del grupo y supe de problemas que prácticamente disolvieron la organización. Por estos días pude acompañar de nuevo a los vendedores que están reuniéndose otra vez. En la última sesión todavía percibí algunos de los desacuerdos de siempre. Sin embargo, en cuestión de segundos todos decidieron hacer una recolecta para ayudar a una de las vendedoras que estaba muy mal de salud. Se fijó una nueva reunión y no se dijo más, pero en el fondo todos salimos con la espalda un poco más erguida, sabiendo que poco a poco los vendedores ya están aprendiendo a pescar por sí mismos. No porque alguien de los Andes les haya mostrado cómo y por qué hacerlo, sino porque ellos mismos lo han decidido así. ”

 

Andrés Barragán is a senior at the Universidad de los Andes in Industrial Engineering.

El barco Turco

Una vista juvenil

Por Alfredo Molando

Toñito fue el último niño bautizado por la cruzada evangelizadora del padre Eustaquio, la prueba es que todos sus amigos menores llevan nombres que no son de cristiano: Bryan, Wilmer, Hayler. Los curas franciscanos pasaban cada año bautizando a los que habían nacido, y casando a sus padres. No volvieron desde que aquellas tierras del río Atrato se vieron inundadas de paisas que llegaron a montar aserríos para llevarse la madera y después dedicarse al narcotráfico.

La vida no volvió a ser la misma de aquellos días en que las mujeres le cantaban a San Lorenzo para que el viento soplara y se llevara la cascarilla del arroz que iban pilando. Toño se crió en la orilla del río Chajeadó.

Aprendió a nadar antes que a caminar y se fue haciendo niño mirando a las mujeres lavar ropa sobre tablas de madera porque en esa tierra no hay piedras; una piedra es allá un tesoro. No fue a la escuela porque no había y porque a nadie le interesaba aprender a leer habiendo radio. Los viejos sabían sólo sumar y restar para saber cuánto les debían los aserríos de Riosucio, tres días aguas abajo, donde les compraban la madera. Toñito ni nadie sabe cómo ni por qué un día llegaron incendiando las casas. Todavía tiembla de miedo cuando cuenta lo que ha vivido desde aquella madrugada.

"Yo estaba haciendo un trompo porque me había aburrido de los barcos y de las cometas. La cosecha de arroz no había llegado y por eso teníamos tiempo para jugar. Porque cuando llegaba el arroz, se venía como una creciente del río y no había lugar dónde guarecerse para descansar. Los hombres grandes lo cortaban con machete, y las mujeres lo arrimaban al pueblo. Los niños hacíamos mandados y no nos dejaban quietos; a los hombres había que llevarles biche para que no se aburrieran y a las mujeres agua con limón para que aguantaran el sol. Lo malo de ser niño es que todos los trabajos que a nadie le gusta hacer los tenemos que hacer nosotros, y cuando todos se echan a descansar, uno tiene que seguir haciendo mandados.

Hacer trompos es difícil porque no hay con que redondearlos para que se queden dormidos sin derrotarse. Los mejores son de chachajo, una madera dura para trabajar, que por eso mismo dura. A mí me ha gustaba más hacer barcos y soltarlos río abajo a que encontraran su destino. Me gustaba acompañarlos desde la orilla hasta que se perdieran. Los motores que suben y las trozas de madera que bajan me ahogaron muchos barcos, pero yo seguía haciéndolos porque quería que alguno llegara al mar. Todas las aguas van al mar, decía mi papá; y mi abuelo creía que se iba a morir allá. Es verdad, el río todo se lo lleva al mar, ya sea los chopos que tumban los rayos, las cosechas de arroz que se desbarrancan, la ropa que se deja secando a la orilla, los animales que se confían. Hasta la basura que uno bota, al mar llega.

Hice en palo de balso todos los barcos grandes que pasaban por el Atrato y que miraba cuando acompañé a mi tío Anselmo a bajar unas trozas de cativo a Riosucio, donde las negociaba. Allá los barcos son grandes como casas, tienen techo, estufa y televisión y adentro hasta se crían gallinas. Uno puede vivir allí toda la vida sin bajarse porque a qué se baja si todo anda con uno; van hasta Cartagena jalando madera y vuelven trayendo remesa, duran hasta los días en llegar y los días en volver. Mi tío me decía que había barcos más grandes que esos, en el mar, pero yo no le creía. Yo no le creía, aunque él era mi amigo y me había enseñado a caminar el monte, que tiene su maña. Una culebra mapaná mata un novillo mientras uno mira donde lo mordió; un tigre mariposo puede de un puño, romper una panga; una espina de chonta atraviesa una bota de lado a lado. Mi tío había andado mucho por el mundo. Conocía Quibdó, conocía Itsmina, donde corren las aguas al revés y van a otro mar, y había trabajado en el aserradero de la boca del Río León, que recoge la madera de todos los ríos. Un día entró en disgusto con los patrones porque no querían reconocerle una plata que le debían. Se fueron a las malas y mi tío, que conocía el daño que puede hacer una rula, le zampó dos planazos al encargado, que dejaron al hombre boqueando como un pescado embarbascado. La policía dio en perseguir a mi tío y por aquí llegó y no volvió a salir. Pero vino sabiendo cómo era el cuento de las maderas. Hacía cuentas: aquí nos pagan a tanto, en Riosucio vale tanto, en el Río León vale tanto y ¿cuánto no valdrá en Cartagena? Se puso mi tío de valiente a sacar cuentas y a contárselas a los aserradores del río Curvaradó. Por eso lo mandaron matar y lo mataron: lo ahogaron a palazos. Salió a los tres días por allá abajo de las bocas del Murrí, hinchado como un manatí y blanco como un paisa. Mi abuelo dijo que esa muerte se debía dejar quieta porque la venganza trae más muertes. Pero no le hicieron caso. Hubo muertos de aquí y de allá, aparecían por aquí y por allá, hasta que el negocio de la madera se acabó.

Un día pasaron los guerreros, gente que maneja el monte y maneja los fierros, nadie los conocía, venían de travesía, traían dos heridos, flacos y acabados como el santo Cristo de Buchadó. Pidieron ayuda. Al que llega al pueblo se le curiosea, pero siempre se le ayuda. Descansaron, comieron, lavaron ropa y durmieron. Se veían nerviosos por los heridos, que cada noche se miraban más blancos. No valieron remedios, ni aguas, ni rezos. Se murieron porque tenían ya poca sangre. Los enterramos a la salida del pueblo. El comandante nos dijo que no podíamos decirle a nadie que habían dejado enterrados los muerticos. “Si lo hacen—dijo—volvemos, y no a preguntarles qué pasó”.

Pero el tiempo pasó y vinieron otros tiempos, esos sí malos. La gente del río Curvaradó aguantó tres años comiendo arroz y mazamorra de plátano porque no quería vender su madera regalada, hasta que llegaron otros paisas con su mochila llena de negocios y lo pintaron todo facilito y pulpo; mucha gente se matriculó en esa suerte y aceptó entrarle al negocio de la coca: sembrarla, trabajarla, y meter los billetes entre la mochila. No había ni riesgos ni pierdes. Se trabajó bonito al comienzo, los afueranos cumplían y pagaban. Yo me fui dando cuenta de todo porque ya estaba volantón y mi ilusión era salir del río, conocer Cartagena, mirar el mar. Era lo que soñaba. La coca es un negocio que tiene la fuerza del agua cuando la atajan. La gente que se mete con ese mal, mal le va. A mi mamá no le gustaba el vicio de vivir detrás de los billetes, pero hubo gente que vio por ahí un hueco para salir adelante y se comprometió hasta el mango del hacha, como dicen. Yo no sé cómo sería, lo cierto es que un día los compradores llegaron armados y dijeron: "pagamos a tanto"—que era mucho menos de lo que venían pagando—"y si no les gusta nos importa poco porque de todos modos ustedes tienen tratos con la guerrilla y eso no lo permitimos más". "El trato no era ese—les dijo mi abuelo—si Uds. no pagan lo prometido, aquí no se tienen más negocios con ustedes", y todos los hombres grandes estuvieron con él. Pero los diablos volvieron a decir: "Ustedes son guerrilleros, por eso no quieren colaborar con nosotros". Era gente muy cismática que nada permitió. Pagaron la mercancía al precio que les dio la gana y se fueron sin despedirse. Todos creímos que las cosas habían quedado así, sin más peleas. "Puras amenazas", dijeron muchos. Mi abuelo dijo: "No, esos diablos vuelven; es mejor guarecernos en la montaña.”

Y volvieron. En la noche de aquel día mi abuelo se levantó muchas veces; yo pensé que los orines no lo dejaban dormir porque él siempre se levantaba tambaleando, salía al jardín, y volvía descansado. Pero aquella vez fue distinto. Tampoco los animales estuvieron quietos, pero yo dije, si los perros no ladran, no llega nadie. Entre oscuro y claro se oyeron los primeros gritos: "Guerrilleros de mierda, los vamos a quemar en los ranchos, salgan para verles la cara". Mi abuelo alcanzó a decirme: “Métase entre los costales del arroz y no se rebulla, que ahí no le pasa nada” y salió. En la puerta lo mataron; cayó casi al lado mío; yo sentí su muerte y no pude ni darle la mano para quedarme con su último calor.

Después fueron sacando a los mayores y amarrándolos uno con otro como si fueran trozas para echar al río. Las mujeres gritaban y rezaban y los niños corrían sin saber para dónde. El jefe de los diablos disparaba como si fuéramos guatines. Yo no me podía mover, el aire no me pasaba, y el poco que me pasaba hacía un ruido que me hacía bullir de miedo. Todo eran carreras de unos y de otros, el pueblo era un solo dolor. Yo, como mandado por mi abuelo, corrí a buscar la salida al monte. Los disparos nos seguían, nadie corría para el mismo lado, los diablos disparaban a la loca. Los muertos quedaron en los patios, en el puerto, entre las casas. A quien cogían con la mano, lo mataban a machete. Yo no sé de dónde me salió tanta carrera. Me caía, y era como si me hubiera botado en un colchón; me espinaba y era como si me hubieran hecho cosquillas. Corrí hasta donde dejé de oír gritos, muy lejos del río. Yo creo que por allá nunca habían pasado cristianos porque la maraña era oscura de lo puro espesa. Tanto corrí que la noche llego rápido. Entonces fueron los mosquitos los que me arrinconaron. No había manera de salirse de la nube que hacían alrededor de uno. Parecía que se podían coger a manotadas, pero ninguno quedaba en mis manos. Cuando dejaron de atormentarme, comenzó el frío. Yo casi nunca había sentido frío, creo que lo sentí porque llegó acompañado del miedo. Miedo a que alguien llegara y miedo a que no llegara nadie. Miedo a la noche y miedo al tigre. Miedo a los muertos que habían matado, miedo a que hubieran matado a mis papás y a mis hermanos. Miedo a que no los hubieran matado sino que anduvieran perdidos por esos andurriales. El miedo siempre escoge con qué cara lo quiere a uno mirar. Lo peor es cuando lo mira con varias caras y uno no se le puede esconder a ninguna.

Me desperté cuando el sol ya estaba calentando. El miedo se había quedado entre la noche, pero entonces fue el hambre la que llegó a acorralarme con su ruido entre mis tripas. Yo dije: mejor morirme a que me maten, no salgo. Y aguanté así, buscando pepas todo el día para matarla, pepas que mi abuelo me había mostrado. Pero con la noche llegó otra vez el miedo y no llegó solo, llegó de la mano del dolor de tripa. Esa noche los ruidos de animales grandes se vinieron cuando los mosquitos se fueron. Estaba el runruneo de búhos, ese no me daba miedo. Estaba el gruñido del mariposo, que hacen los micos para que el tigre no se acerque. Los gruñidos son tan iguales que ni la tigra se da cuenta. Un rato los sentía por allá, y al otro rato por acá, más tarde habían cambiado de sitio, y después volvían a aparecer por donde habían llegado. Me encomendé al Cristo de los Milagros y así, acompañado, me quedé dormido. Cuando amaneció me levanté y dije: no, mejor salir a buscar la muerte que dejar que venga por mí. Pero ¿para dónde coger si había dado tanta vuelta ya que no supe por dónde había llegado? Las aguas lo llevan—recordé que mi abuelo me había dicho-. Y siguiéndolas fui llegando a aguas más gordas y así, poco a poco, al río, y por su orilla, al pueblo. Allá todo estaba quieto, todo estaba vacío no se oía pasar ni el viento. Nadie había para darme razón de quién había quedado vivo. No había muertos del pueblo; pero a los guerrilleros muertos los habían desenterrado y los perros los habían desparramado por todo lado. Me eché a llorar en el sitio donde habían matado a mi abuelo; ni él ni ninguno de los cuerpos de nosotros estaba por ahí, pero los rastros de las sangres llevaban al río. Lloré mucho, mucho, y entonces arrimé al río a esperar que alguien me llevara hacia abajo. Pero ninguna panga pequeña o grande, arrimaba a la orilla, así yo le hiciera señas y les gritara y les gritara.

Nadie quería saber nada de lo que había pasado en el pueblo para no tener que dar cuenta a la Ley de lo que había visto. Todo el mundo sabía y nadie quería saber. Eché a caminar río abajo por su orilla hasta que se me quitara el pueblo de encima. Por la tardecita se apiadaron y una panga me recogió. Los pasajeros venían hablando del fracaso del pueblo, de lo que nos habían hecho y alguien dijo que los muertos los habían tirado al río para que nadie los reconociera; que a unos los habían rajado para que nunca boyaran, y a otros los habían botado enteros, y que estos al tercer día salían a flor de agua en la Moya de los Chulos, que por eso así se llamaba. Decían que los chulos se van navegando sobre los muertos inflados como vejigas, hasta que a picotazo limpio las reventaban, y el difunto se profundizaba entre las aguas. Comencé a rogar porque a mis papás los diablos no los hubieran rajado ni que los chulos los hubieran reventado, para poder hacerles siquiera un alabado. Al poco rato llegamos a la Moya y yo le dije al marinero que me dejara ahí. No estaba solo. Había gente del pueblo esperando el tercer día para ver quien llegaba. Las mujeres rezaban en un altar que le habían hecho al Señor Milagroso; los hombres bebían biche y hablaban sin hacer ruido. Todo mundo con la esperanza de recoger su muerto y enterrarlo en tierra. Una vecina mía, Doña Edelmira, decía que los muertos que se entierran entre el agua se vuelven pescados. A la tarde llegó el primer finado, don Anastasio, el dueño de una tienda llamada Mi Orgullo. Lo sacaron. Parecía que lo hubieran cebado, por lo gordo, y no tenía ojos. Lo sacaron a pedazos, le rezaron, y al hoyo. La familia no se hallaba. Al rato llegó un primo mío, y grité: "ese es mío". Me lo sacaron y me ayudaron a enterrarlo. Yo me sentí importante porque todos me dieron el pésame, y triste porque era mi propia sangre. A la madrugada comenzó la cosecha. Llegaba uno tras otro, tantos, que los huecos que se habían hecho no alcanzaron. Sólo se oían los "ese es mío", "ese es mío". Hacia frío de ver tanto muerto. Pero mi gente, la que yo esperaba, no llegó. Cada muerto era la una ilusión de que fuera ya mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pero no. Ninguno, por más que mirara y mirara los que iban arrimando y tratara de que alguno fuera el que esperaba, no llegaron los míos. Uno necesita el cuerpito del muerto para poder llorarlo, y para que descanse ese arrebato que le deja a uno el finado por dentro. Sin muerto, el muerto sigue vivo. Un muerto da vueltas alrededor de los vivos como los tábanos alrededor de las bestias.

Esa tarde llegaron los diablos y dijeron que estaba prohibido pescar los muertos, que había que dejarlos seguir río abajo y que si alguien lo hacía, lo echaban a hacerle compañía al difunto que sacara. Con la última familia que quedó, los Mosquera, nos fuimos en la línea. No hubo nunca más. A poco llegamos a Vigía del Fuerte. La panga se acercó y alcanzamos a ver que el cuartel de la policía, la alcaldía, la Caja Agraria, todo estaba derrumbado y todavía echaba humo. Alguien dijo: “fue la guerrilla retaliando por lo del río Chajeadó, y nadie volvió a hablar. Mi abuelo—dije—tenía razón.

Por el río bajaban las tarullas despacio, y el motor runruniaba y runruniaba. Entre dormido y despierto, me despertó un golpe sobre una de las bandas de la panga: era una ola que casi nos hace dar el bote. Me restregué los ojos porque no entendía dónde estaba. El río se había vuelto una ciénaga grandísima. El marinero dijo: "El golfo está picado", y dice eso, y aparece de porrazo el golfo, es decir, el mar. Me puse arrozudo de verlo y sobre todo de olerle ese olor que viene de sus propias profundidades. Me dio por abrir los brazos como los pájaros, y por llorar como un recién nacido; sentí como si esa inmensidad me bañara la pena. Al rato desembarcamos en Turbo. Arreglé con el patrón para que me llevara a Cartagena a cambio de lavarle la panga y ayudarle a atracar donde fuera arrimando”.

EL DOCTOR

Toñito llegó al Hospital entre la vida y la muerte, yo cumplía mi turno de urgencias y lo recibí en coma. Había estado en el agua tanto tiempo que estaba al borde de una hipotermia fatal. Lo reanimamos y poco a poco lo fuimos sacando del hueco y devolviéndolo a la vida. La historia es corta: Toñito se había escondido en un barco de bandera turca que zarpó rumbo a Nueva York, pero a poco los marineros lo descubrieron y el capitán ordenó botarlo al mar. Toñito no hizo resistencia sino que le dio la cara al agua y no se dejó empujar sino que se echó solo. No le tenía miedo al agua porque había nacido en ella y desde niño la manejaba. Pero un barco es un barco y puede tener 25 metros de alto; el agua lo azotó, pero no lo reventó. La turbulencia de las hélices le hizo tragar mucha agua, pero él sabía que a las corrientes no hay que contrariarlas, y se dejó llevar por ellas hasta que el barco se fue alejando y la calma retornó. Flotó mucho tiempo; entendió que nadando no podía llegar a la playa. Eso lo salvó de la desesperación. Seguramente duró sobreaguando más de tres horas, hasta que unos pescadores que regresaban de las Islas de Barú, lo rescataron, según ellos, muerto. Lo frotaron con aceite de tortuga para sacarle el frío y le dieron agua de coco hasta que volvió a respirar. Pero respirar no era lo mismo que revivir y por eso me lo llevaron al hospital. Superada la urgencia, Toñito se fue recuperando poco a poco. Al principio no hablaba porque creyó que lo iban a meter a la cárcel, pero me fue tomando confianza. Yo lo acompañaba a comer, y él me miraba con su miradita agradecida. Me contó que había resuelto irse de Cartagena para donde "el viento fuera" porque en Cartagena lo habían tratado de "incendiar".

"Yo vivía con una gallada en la calle. Nos rebuscábamos por donde podíamos. Éramos cuatro, tres nacidos en el Chocó y uno nacido en un pueblo llamado Chengue, en los Montes de María. Comíamos lo que el día nos diera, lo que el día nos trajera. Por la noche dormíamos en la puerta de los almacenes finos, en los cajeros de plata y hasta debajo de los carros. Nos vivían sacando a palo de todas partes porque decían que ensuciábamos, que olíamos feo, que robábamos. La Ley nos mantenía derrotados y siempre de huida; los guachimanes nos daban patadas si nos dejábamos apañar. Nos pareció muy buen negocio vender aceite de coco en la playa, pero nunca se pudo. Ahí los enemigos eran los vendedores que habían arreglado el negocio con la policía y le pagaban para poder vender ellos solos. A los hoteles no podíamos arrimar porque ahí contratan sapos con guayacán de día y machete de noche; los turistas a veces querían darnos plata y la Ley no los dejaba, decían que metíamos basuco y que más encima, vendíamos coca. ¿Coca? ¡Si no teníamos para comer! A veces chupábamos sacol contra el frío y contra el hambre porque el sacol es una cobija que quita el frío y seca la tripa. Los que venden coca y marihuana son la policía y los guachimanes. El parche había salido del barrio Mandela porque allá llega todo el que no tiene casa. Cuando la panga me dejó en el puerto de Cartagena lo primerito que hice fue ir a buscar ese barrio, el marinero me dijo: "Vaya que allá algo consigue y hasta puede encontrar a su papá y a su mamá". Se me alegró la vida de solo pensar en volverlos a ver aunque fuera por un ratico. Es lo que uno quiere de la gente que se va: volver a verla para decirle que uno está vivo. A mí me atormentaba pensar que a mi gente la hubieran matado pensando en que a mí me habían matado. Eso los hubiera puesto más tristes. A veces me conformo pensando que esos diablos no les dieron tiempo de pensar en nada.

En el Mandela hay miles de familias. Todos han llegado de huida, dejando el camino de muertos. Pero quieren seguir viviendo y les toca aceptar la vida como viene. Uno no puede ponerse a regatear con el destino cuando le ha visto la cara a la muerte. Había mucho pueblo del Atrato y unos pocos del río Chajeadó. Cartagena siempre ha sido como la mamá de esos ríos y todo mundo tira para acá cuando le va mal por allá y también cuando les va bien. Cuando llegué al Mandela lo primero que pensé era que los diablos que acabaron con mi pueblo debían andar por ahí. Pero también me dije que era imposible que aquí, en medio de tanta gente, nos fueran a rematar.

El día que entré al barrio ya era tarde y lo primero con que me topé fue con un familiar, con don Tato, primo de mi papá. Era un viejo acomodado y buena persona. Yo me puse contento porque creí que me iba a dar hospedaje, como es siempre la costumbre en los ríos. El que llega, así sea de noche y así esté lloviendo, tiene asegurada la comida y la dormida. Pero don Tato dijo sólo al verme y sin que yo hubiera abierto la boca: "Aquí no es como allá, aquí cada uno es cada uno. Nada de que me ayude, que fue que... No, nada. Aquí lo que se usa para poder vivir no son las manos sino los codos que sirven para dar codazos. Entienda que no es que yo no quiera, es que aquí no se puede. O sobrevive usted o sobrevivo yo. Así que vaya cogiendo camino". Dije: pues bueno, el viejo tiene su genio, pero no será así todo el mundo. Pero nadie me quería alojar en su pedazo de rancho, porque no eran ni ranchos siquiera, sino meros tapados hechos con plástico y cartón. El agua había que traerla de un tubo que la botaba de tanto en tanto, y para hacer del cuerpo había un zanjón donde todos hacíamos y nadie tapaba. Di vueltas hasta que encontré a una señora sola, que no era ni siquiera de la tierra. Me quedé mirando un crío que gritaba y lloraba. Le dije que si ella quería yo le arrullaba la criatura; me contestó que no, que “la niña lo que tiene es hambre y eso no se resuelve meneándola”. Le dije: “Pues déjeme quedar en un rinconcito y yo le ayudo en la casa o salgo a buscar para los dos”. Me respondió: “Mire a ver si encuentra sitio”. Y me quedé a vivir con ellas. Yo casi no podía dormir porque la niña gritaba y lloraba día y noche, y la vieja le daba agua de arroz. Yo salía por la mañana y volvía con algo para las dos por la tarde, y en esas andanzas conocí al parche. Salíamos juntos y mientras unos campaneaban, otros buscábamos. Conseguíamos para nosotros y para llevar a la casa. Pero eso no fue suficiente y la niña amaneció muerta un día. Era que traía un hambre muy brava y no pudimos dominarla. Muerta la niña, la señora vendió el encapullado que tenía y el nuevo dueño me hizo volar. Para mejor fue porque pocos días después de salirme a vivir a la calle, llegaron los diablos esos y mataron a siete muchachos, todos salidos de los ríos por puro miedo. Por eso nunca más quise volver al Mandela. Con los parceros hicimos un trato: todo lo que consiguiéramos era para todos, nadie puede rebuscarse solo. Si uno busca entre las canecas, si uno le hace el rápido a un turista, si uno se jala un vidrio, pues todo tiene que ser ayudado, y para no pelear, que a quién le toca cuánto, pues lo mejor es que a todos nos toque todo. Nos iba bien, vivíamos. Uno sin los diablos detrás puede respirar. Pero hay muchos diablos, unos que son de verdad y otros que les ayudan. Un día encontramos una puerta para dormir y allá hicimos el parche. Salíamos por la mañana y volvíamos por la noche, hasta que el dueño del almacén se disgustó y nos echó la ley, entonces nosotros en venganza, le pinchábamos las llantas al carro y nos abrimos. Hicimos el parche en una alcantarilla que tenía sólo una entrada. Era como un hueco largo y allá nos metíamos. Hasta que una noche, como a las dos de la mañana, oí un ruido como de alguien hablando; los otros estaban volando porque habían sacoliado, pero como yo tenía esa vez mucho dolor de cabeza, no quise meter. Cuando me di cuenta, estábamos ardiendo. Yo salté gritando y como fui el primero en despertarme, las llamas no habían cogido fuerza. Pero de todas maneras una pata se me alcanzó a incendiar; los otros no pudieron salir. Se murieron como pollos en un asadero. Yo me di cuenta de que eran órdenes del cucho del almacén porque al otro día, sin que nadie avisara, y muy de madrugada, fue la policía a sacar los cadáveres en bolsas negras de plástico. Nadie sabía que allá había muertos; sólo yo y los que habían hecho el mandado. Yo me dije ahí mismo: me voy, me voy, me voy para donde vayan los barcos".

Y se fue Toñito en el barco Turco.

Yo he pedido en adopción al pelado y he hecho todo el papeleo; pero el Instituto de Bienestar Familiar me ha salido con el cuento de que él no es huérfano porque sus padres no han sido declarados legalmente muertos, ni tampoco desaparecidos porque nadie ha puesto el denuncio de su desaparición, y que, por lo tanto, hay que esperar un buen tiempo a ver si alguien lo reclama, o si los padres aparecen y van a buscarlo al Instituto. Eso significa varios años de espera y de trámite. A juzgar por la agilidad con que se hacen los trámites, Toñito cumplirá la mayoría de edad antes de que el juez tome una decisión que me permitiera adoptarlo.

 

Alfredo Molando is a Colombian writer and a journalist, now living in California. This testimony is based on interviews in Cartagena with a doctor and a child, whose names have been omitted for obvious reasons.

Entre legitimidad y violencia

Los tres paises de Colombia

Por Marco Palacios

En el año 2000 fui a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en Bogotá, a pasar mi año sabático. Hacía diez años había salido de Colombia y, aparte de breves visitas, de la vida colombiana conservaba esa mezcla de remembranzas e ideas fijas. En 1994 publiqué un trabajo de historia colombiana que fue descrito en la reseña de un colega como “una visión sombría” del país. No era para menos. Había salido de Colombia en 1990 en medio de una de las más pavorosas oleadas de violencia y terrorismo urbano. Era una guerra de narcotraficantes contra quienes no les allanaran el camino: jueces, periodistas, líderes sindicales o cívicos y políticos incoconformes con el ascendiente de los negocios de la droga en la vida pública. Era una guerra sin cuartel entre los llamados “carteles de Medellín y Cali”. Por esas fechas, a punto de caer el Muro de Berlín, los guerrilleros izquierdistas ocupaban un distante seguno plano en la generación de violencia. Pero militares, policías y detectives; terratenientes (muchos recién llegados desde el narcotráfico) y políticos clientelistas se aliaban en muchos lugares para destruir el enemigo interno, conforme a los manuales de la tenebrosa dictadura de Videla, en Argentina. En esa guerra preventiva anticomunista, aparecieron los escuadrones derechistas de paramilitares perpetrando masacres de campesinos de la provincia de Córdoba y trabajadores agrícolas de las empresas bananeras de urbá, identificados como guerrilleros o auxiliares.

En esa campaña de exterminio fueron asesinados unos dos o tres mil militantes de la Unión Patriótica, organización surgida de los acuerdo de paz de 1984 y a la cual confluían cuadros del Partido Comunista y de las FARC. La UP era un frente electoral, un experimento de paz política que bien podía marcar el inicio del desarme de los guerrilleros.

Las organizaciones militares de los narcotraficantes no reparaban en los medios. Entre 1989 y 1990 asesinaron tres candidatos presidenciales, entre ellos el carismático jefe liberal Luis Carlos Galán y al dirigente máximo de la UP. Además, dinamitaron grandes diarios, residencias, edificaciones oficiales y privadas e, inclusive, hicieron estallar un avión comercial en pleno vuelo, repleto de pasajeros. Secuestraban a los familiares de las gentes ligadas al gobierno y al poder en nombre de una especie de nacionalismo atávico: la no-extradición. La palabra extraditables se volvió de uso común. Aparte de la retórica, las fórmulas gubernamentales no funcionaban y, con ese telón de fondo era cada vez más palpable la corrupción de los políticos Diez años después, cuando regresé a Bogotá, parecía que había mitigado la crueldad y el desorden de esa Colombia de 1990. La ciudad capital se trasformaba a todas luces. Y desde allí, los problemas del país parecían menos deprimentes. La ciudad no sólo tenía millones de habitantes. Ahora había ciudadanos, un alma colectiva. Los alcaldes, elegidos por voto directo desde una reforma constitucional de 1986, tenían que rendir cuentas a los electores y no sólo les importaba parecer honrados, sino que en realidad dirigían administraciones honestas. Quizás como una respuesta colectiva e inconsciente a las oleadas de violencia que seguían sacudiendo el país y también como respuesta a nuevas instituciones, los ciudadanos de la capital creyeron que colectivamente podían mejorar sustancialmente sus condiciones de vida. Apoyaron sin reservas proyectos de integración y solidaridad. La modernización del transporte masivo, con su fuerte carga de dignidad que trajo a pasajeros, antes tratados como ganado en feria, es uno de los más visibles. En los barrios más pobres se construyeron escuelas bien equipadas y los profesores de los colegios de la élite vinieron a impartir clases y hacerse cargo. Los padres estaban y están eufóricos y esperanzados. Como las catedrales medievales, se construyeron en esos mismos barrios tuguriales bellísimas bibliotecas públicas, muy bien organizadas y dotadas de libros, revistas, CDs y videos.

Es emocionante visitarlas y comprobar que están atestadas de niños, adolescentes y jóvenes pobres, sólos o con sus madres y a veces con sus padres. La avidez por aprender y la seriedad y concentración que demuestran en sus nuevas faenas, son menos impresionantes que la actitud de moverse en los espacios magníficos como por su casa. Se han apropiado de ellos y esperemos que puedan apropiarse del poder que nace del saber. Estos gérmenes de ciudadanía han sido uno de mis mayores estímulos intelectuales y un consuelo para mis preocupaciones de ciudadano colombiano.

Sin embargo debo advertir que no todo el país brinda esas dosis de esperanza. Ni todos los proyectos gubernamentales son tan esclarecidos. Lo sombrío del cuadro colombiano persiste y parece volver a agravarse.

En pocas palabras, creo que lo que subyace a un país con los primeros lugares en homicidos, secuestros, violación de los derechos humanos en el mundo es una profunda división social y una pérdida de orientaciones valorativas no sólo en algunos grupos populares, sino en muchos sectores de las clases dirigentes. Si bien la sociología clásica conocía muy bien la anomia del hombre común y corriente en la transición a la sociedad industrial, la nueva sociología no aborda todavía el fenómeno de la anomia de las clases dirigentes de un país como es Colombia que no llegó sino hasta los inicios de la sociedad industrial. Pero la clase dirigente, en conjunto, ha sufrido los embates de la inseguridad y la violencia. En los últimos 20 años ha sido la víctima principal de los secuestros, quizás la mayoría a cargo de lo que eufemísticamente se llaman “los actores armados”: las guerrillas de las FARC y el ELN y las formaciones paramilitares. Del otro lado, muchos dirigentes izquierdistas, periodistas, dirigentes sindicales, maestros de escuelas primarias, han sido desaparecidos y torturados por los agentes del Estado o han caído a manos de bandas paramilitares.

Para la gente de mi generación (nací en Bogotá en 1944) puede tratarse de la inercia combinada de dos fuerzas: “la Violencia” y la Revolución cubana. En mis años universitarios en Bogotá (1962-1967) era muy difícil sustraerse a la fuerza mesiánica de la revolución. Recuerdo que a comienzos de la década de 1980 un viejo compañero murió de un infarto. En el funeral una amiga común apuntó que “era el primero de nosotros que muere de muerte natural”. Es decir que casi todos habían muerto en la violencia política. Esto me hace suponer que debe haber muchas visiones de las violencias colombianas, muchas memorias y reinvenciones de un trauma nacional que persiste, pese a todo. Visiones urbanas, rurales, pueblerinas, de generaciones diferentes y naturalmente, las que se tienen en las clases altas, medias y bajas de una sociedad muy polarizada en términos de la distribución de la riqueza y del ingreso.

En mis trabajos de historiador del presente he tratado de poner un orden intelectual a ese caos. La pregunta es, cómo enfocar los acontecimientos de modo que puedan desprenderse lecciones válidas para llegar a soluciones duraderas?

Primero hay que cuestionar generalizaciones como la de “la guerra civil que lleva cuarenta años”. Provienen quizás de un dato espeluznante. En los diez años trascurridos entre 1990 y 1999, 260.690 colombianos fueron víctimas de homicidios. Sin embargo,la intensidad de la violencia ha fluctuado: de 1950 hasta 1965 Colombia mantuvo tasas homicidios bastante elevadas, por encima de la media latinoamericana. De 1965 a 1975 se abatieron, quedando dentro de rangos comparables a los de Brasil, México, Nicaragua o Panamá. Pero en la década de 1870 experimentaron un ascenso vertiginoso de suerte que diez años después Colombia era renombrada como uno de los países más homicidas del mundo.

Por otra parte, la tasa nacional de homicidios presenta variaciones muy pronunciadas entre municipios, comarcas y Departamentos. La tasa nacional por 100.000 habitantes evolucionó aproximadamente de la siguiente manera: 32, de 1960 a 1965; bajó a 23 entre 1970 y 1975 y empezó a subir hasta situarse en 33 en 1980, 32 en 1985, y registró un fuerte incremento hasta llegar a 63 en 1990 y alcanzar la cima en 1991-1993 con 78 para ir descendiendo hasta 56 en 1998, aunque volvió a aumentar a 63 en el bienio 1999-2000.

Aunque todavía no se han establecido con suficiente precisión las conexiones de diversos tipos de violencia, las hipótesis más aceptadas apuntan al narcotráfico organizado como el gatillo que disparó los índices de criminalidad. Bogotá, Medellín y Cali concentran cerca de un 70% de homicidios y asesinatos.

Quizás por el entramado de complicidades entre sectores de la clase política y los narcotraficantes, esta violencia urbana, tan ramificada y organizada, pasa a un segundo plano y se sobredimensiona la violencia guerrillera y paramilitar. Lo cierto es que los procesos de paz con las guerrillas (y ahora el nuevo gobierno ha iniciado el camino tortuoso de negociaciones con los paramilitares) han sido un ingrediente sustancial de la política colombiana de los últimos 20 años. Con efectos paradójicos. En las últimas dos décadas, las guerrillas subversivas, en particular las FARC de 'Tirofijo', se forjaron como actor político nacional, mientras que un bastión tradicional, el Partido Conservador, está a punto de desaparecer y el Liberal da señas de división y debilitamiento. Las FARC, empero, han tenido siempre los nombres apropiados a las grandes coyunturas internacionales. Pasaron de ser “comunistas” en la época de la guerra fría, a ser “interlocutores políticos” en los breves años dorados de la posguerra fría y, desde el 11 de septiembre son, cada vez más, “terroristas”.

Se dice, cada vez con más frecuencia, que Colombia está a punto de desbaratarse. La frase se podría desarrollar en varias direcciones. Veamos dos. Un reporte de la Revista Time sobre el territorio de 40 mil kilómetros cuadrados que el presidente Pastrana delimitó como una zona desmilitarizada en 1998 para proseguir negociaciones de paz con las FARC, alertaba: “Colombia corre el peligro de dividirse en tres países, siguiendo la geografía de sus montañas. Las guerrillas marxistas prevalecen en el sur; el gobierno contra la las áreas centrales y los principales centros urbanos; y las fuerzas paramilitares de derecha, respaldadas por el Ejército, están muy bien arraigas en la mayor parte norte. (Latin American Edition, September 28,1998) Desde la perspectiva del actual conflicto armado, las aseveraciones de Time serían más convincentes si antes que líneas fronterizas de proto-estados soberanos se dibujasen sobre un mapa de Colombia líneas de legitimidad política. Líneas ciertamente fluidas y algo imprecisas.

Si desarrollamos brevemente este ejercicio veríamos que las metrópolis y la mayoría de ciudades colombianas serían “islas de legitimidad”, mientras que “el sur guerrillero” y el “norte paramilitar” serían nicho de poderes fácticos. Quedaría un “tercer país”, acaso el fiel de la balanza.

En el país urbano, en general, y no sólo en Bogotá, es más clara la legitimidad política. Son más consistentes las reglas de la democracia representativa; cada vez son más trasparentes los negocios del Estado, más coherentes y eficaces las instituciones y los servicios públicos, más real el principio de ciudadanía. Dicho todo esto, hay que reconocer también la fragilidad de base, como los comprueban las estadísticas criminales de ciudades como Medellín y Cali, que ponen a Colombia entre los países más inseguros y homicidas del mundo, y aceptar que en el plano político aún se viven situaciones imprevisibles quizás debido a que la crisis de los partidos políticos se traduce en fragmentación, violencia y clientelismo. Situación muy diferente se vive en los territorios de poderes fácticos.

Comprenden éstos las nueve zonas colonización reciente, de una muy baja densidad de población. El fracaso de las políticas de reforma agraria en la década de 1930 y luego en la de 1960, llevó a los campesinos con hambre de tierra a ampliar y profundizar los procesos de colonización selva adentro. En la segunda mitad del siglo XX se ampliaron los frente de colonización en Urabá-Darién; Caribe-Since-San Jorge; Serranía del Perijá; Magdalena Medio; Zonas del Pacífico (Nariño y Chocó); Saravena-Arauca; Piedemonte andino de la Orinoquia; Ariari-Meta y Caquetá-Putumayo. En estos nuevos territorios “todo se negocia” Allí están emplazados los poderes fácticos construidos con base en la ley hobbesiana del más fuerte; las redes de política tradicional clientelista; la guerrilla y contra-guerrilla; los intereses del latifundismo, principalmente ganadero y del narcolatifundismo; los intereses alrededor de los cultivos ilícitos y el procesamiento, financiamiento y transporte de insumos y productos (cocaína y heroína); en muchos lugares de esta geografía están emplazadas las rutas del contrabando internacional, incluido el de armas. En algunas de estas zonas hay una economía boyante en torno al petróleo, el banano y el oro. Zonas de recursos económicos con demanda mundial, alta movilidad geográfica de gente joven, arraigo y desarraigo social, en las que el Estado no ofrece a las nuevas cohortes demográficas oportunidades mínimas de educación y por tanto de ascenso social. Localismo, alta movilidad geográfica y baja movilidad social unidos a la disponibilidad de cuantiosos recursos exportables (droga, oro y petróleo principalmente) alimentan la guerra que Colombia atraviesa en el último decenio.

En estas zonas se forjan alianzas transitorias y se forman ejércitos privados destinados a combatir guerrilleros de diversas denominaciones. Las formaciones paramilitares, altamente localizadas y localistas, están ganando autonomía (hay quienes hablan de guerrillas de derecha) y han intentado, infructuosamente hasta la fecha, crear una verdadera organización nacional al estilo de las FARC.

En el país de poderes fácticos la policía, el poder judicial, el sistema electoral, son fachadas. Sin embargo, la viabilidad de los poderes fácticos depende, por paradójico que parezca, de la existencia de una nación y un Estado: Colombia. En la nación se hallan los intermediarios que posibilitan las redes locales, así como los mercados; y el Estado brinda cobertura legal y referencia cultural. Además, después de la Constitución de 1991, una parte sustancial de los ingresos financieros de esas zonas provienen de regalías petroleras y/o de traslados presupuestales a los municipios. Este país es entonces un entramado permanente de “legitimidad y violencia” y aunque las instituciones sean fachadas, proveen recursos y reglas de juego a todos los participantes, incluidos los guerrilleros.

Aunque Colombia no parece afrontar un problema de balcanización, es evidente que el balance podría depender más y más del “tercer país” ubicado entre “las islas de legitimidad” y los territorios de “poderes fácticos”. País conformado por el conjunto de las provincias más densamente pobladas del litoral Caribe, la Cordillera Oriental, el Eje cafetero, el Tolima, Huila, Cauca y Nariño. País que literalmente alimenta a Colombia y en el cual funcionan las instituciones políticas y económicas aunque sobre la base de prácticas clientelistas tradicionales.

Pese a todo, también es evidente en el “tercer país” el surgimiento de clases medias urbanas más críticas y dispuestas a formar una opinión independiente y a integrarse a lo que se llama la sociedad civil. Éste país es ahora territorio privilegiado de las actividades predatorias de guerrillas, principalmente mediante la extorsión conocida como “boleteo”, secuestros extorsivos y ataques a la infraestructura vial y eléctrica, que producen la consecuente acción de “protección” por parte de bandas paramilitares. En este país los paramilitares han organizado otra fuente de ingresos: el robo sistemático de gasolina de los sistemas de transporte de este producto.

En suma, sin un diagnóstico que atienda la complejidad de los fenómenos de violencia en Colombia, será muy difícil encontrar soluciones adecuadas. Acaso tales fenómenos no sean otra cosa que la expresión de una nación y un Estado que aún no se han constituido plenamente. Y si es así, habría que preguntarse si el mundo de hoy ayudará a los colombianos a marchar en la dirección correcta.

 

Marco Palacios is a historian and the newly-appointed rector of the National University of Colombia.

Flora Necrológica

Imágenes para una geografía política de las plantas

Por José Roca

...las plantas interfieren en la historia moral y política del hombre; si ciertamente la historia de los objetos naturales sólo se puede considerar como una descripción de la naturaleza, no es menos cierto—según la definición de un pensador profundo—los mismos cambios de la naturaleza adquieren un carácter legítimamente histórico si ejercen influencia sobre los acontecimientos humanos.

  — Humboldt y Bonpland
Ideas para una geografía de las plantas, 1803

Cuando en Colombia hablamos de “La Violencia” no nos referimos a la situación actual del país; estamos hablando de la violencia política entre Conservadores y Liberales que se desarrolló en los años cincuenta y que dejó como resultado un país mayoritariamente urbano ante el vertiginoso desplazamiento de los campesinos hacia las ciudades. Esta urbanización acelerada generó los efectos conocidos: cinturones de miseria, desempleo, delincuencia común, culturas híbridas (campo-ciudad) de periferia. El hecho de que nos refiramos a los cincuentas como “la Época de la Violencia” no deja de ser irónico, pues presupondría que este fenómeno hubiera terminado desde entonces, o por lo menos reducido su intensidad. Todo lo contrario; como resultado de muchos factores políticos y económicos (y particularmente debido al fenómeno del narcotráfico), la situación ha llegado a extremos absurdos, con más de treinta mil muertes violentas al año, millones de desplazados internos, millones de emigrantes legales e ilegales y una pauperización progresiva y acelerada de la “democracia más antigua de América”, una de las figuras retóricas con las que consolamos nuestra desdicha.

El conflicto original entre Conservadores y Liberales, que se trasladó a las áreas rurales, tuvo un viraje significativo con la aparición de las guerrillas de izquierda en los años setenta. Estas encarnaron las reivindicaciones y encauzaron las fuerzas de las guerrillas campesinas existentes. Una década después, y como consecuencia de la acción guerrillera, aparecerían los grupos de autodefensas, que rápidamente lograron autonomía ante una actitud pasiva del Estado. En los ochentas aparecería también lo que a la postre significaría el fortalecimiento de las facciones en conflicto y el recrudecimiento de la guerra interna: las inmensas sumas de dinero producto de los cultivos ilícitos (coca, y más recientemente, amapola) y de la producción y comercializacion de cocaína. Desde hace mas de una década, el dinero del narcotráfico financia tanto a la guerrilla como a su temible enemigo, los grupos paramilitares, y ha permeado todos los estamentos sociales, políticos y económicos del país.

Como ya se dijo, el escalamiento del conflicto ha generado millones de desplazados de las zonas rurales y un significativo éxodo de las clases media y alta a otros paises. Ha creado también una cultura visual de la violencia como resultado de la exposición diaria a las imágenes de muerte. Dado que las imágenes crudas en la televisión y en la prensa son algo cotidiano, la sensibilidad visual de los colombianos ha sido en cierta forma “anestesiada”. Es por eso que la imagen artística, con su capacidad evocativa y alegórica, puede ser más efectiva que la imagen periodística desde su capacidad de re-potenciar las asociaciones entre imagen y sentido.

Muy probablemente el verdadero descubrimiento de América tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo 18, cuando las expediciones científicas europeas viajaron al Nuevo Mundo con la intención de cartografiar el territorio y clasificar su fauna y su flora. A pesar de que el interés de los viajeros (esa rara combinación entre artista y científico) estaba enfocado principalmente hacia la geografía, la zoología y la botánica, ninguno pudo evitar ejercer un juicio crítico sobre las estructuras políticas y sociales que encontraron en sus viajes, como lo evidenciaron invariablemente en sus diarios y en la correspondencia que sostenían con Europa. La fascinación con el paisaje y la flora exuberantes contrastaba con la condescendencia y el desdén frente a las sociedades que encontraron; el el siglo 19 muchas de ellas estaban justamente en el proceso de establecer su identidad como nación, en medio de luchas internas por el poder. Parte de la tragedia derivada de esta "nueva conquista" fue que por la vía de la mirada científica se consolidó un orden social basado en la exclusión, estableciendo una hegemonía en donde desigualdades e injusticias evidentes desde una perspectiva actual fueron posicionadas como el orden natural de las cosas, un orden natural e incuestionable. De allí sin duda parten muchas de las disfuncionalidades sociales que han caracterizado nuestra difícil historia post-colonial.

La Botanica, disciplina asociada con la empresa cientifica del siglo 19, ha sido retomado desde una perspectiva critica por varios artistas colombianos, quienes establecen conexiones entre la clasificacion de los recursos naturales de las colonias—que pavimento la via para la explotacion capitalista del territorio—y el establecimiento “cientifico” de las desigualdades sociales como el germen historico de la situacion actual del pais.

José Alejandro Restrepo ha recurrido al lenguaje del video para establecer la genealogía histórica de la violencia en nuestra condición de continente colonizado por la fuerza. En Musa Paradisiaca (1993-1996), instalación realizada con racimos de banano e imágenes de video tomadas de los noticieros de televisión, Restrepo evidencia los estrechos lazos entre la violencia y la imagen del trópico como un paraíso terrenal, una América exuberante y exótica tanto en lo natural como en lo sexual. Musa Paradisíaca es de hecho el nombre científico para una de las variedades del banano común, cuyo cultivo ha estado estrechamente relacionado con la historia de la violencia en nuestro país. La violencia asociada al cultivo del banano se remonta a la época en que la United Fruit Company administraba las plantaciones (la Matanza de las Bananeras a la que hace referencia García Marquez en Cien años de soledad) y continua ininterrumpidamente hasta la situación actual de la región bananera de Urabá, que involucra terratenientes, compañías productoras, sindicatos, trabajadores, guerrilla y paramilitares—a una escala local—y las igualmente temibles negociaciones sobre preferencias arancelarias y cuotas de mercado en la llamada "Ronda del GATT", confrontación feroz a la escala mundial impuesta por la globalización.

En un contexto en donde las imágenes crudas han perdido a fuerza de ser vistas su capacidad de conmover, la estetización de las imágenes violentas logra, por contraste, devolverle a la imagen su visibilidad. Y si la muerte se ha estetizado, ¿qué mejor símbolo que la flor, cuya imagen se asocia en todas las culturas a lo bello, y en muchas de ellas a los ritos funerarios? No deja de ser sintomático que la imagen de la flor y el interés por la botánica en general reaparezcan en el arte colombiano en el momento en que la guerra se hace mas cruenta. Y así como la mirada sobre el paisaje natural revela a la vez el escenario de la confrontación, la flor se sutituye metonímicamente a la muerte, su directa consecuencia.

La serie de obras con flores pásticas realizada por María Fernanda Cardoso desde principios de los noventa guarda una relación lógica con sus obras anteriores con animales disecados, aunque su aspecto formal haga pensar lo contrario. En ambas series se recurre al ready made—en las flores se trata de productos industriales—y en ambas subyace una reflexión en torno a la muerte. En la tradición cristiana, las flores forman parte de los rituales de duelo, usualmente en forma de coronas que son enviadas como ofrenda póstuma a los familiares de alguien que ha fallecido. Las coronas de Cardoso "recrean un estado contemplativo de la muerte. Lo mórbido no es el contenido de la obra, es el dolor y su manifestación en agrupaciones coloridas de flores, símbolo de la belleza, la fertilidad y la vida, para celebrar la muerte y el sentimiento de pérdida que ella conlleva”, como ha annotado la critica Ana Sokoloff.

Una de las herencias visuales de La Violencia la constituye una serie de fotografías que documentan las prácticas atroces de las guerrillas rurales en la región del Tolima: los famosos “cortes”, en los cuales los victimarios procedían a desecrar los cadáveres siguiendo una serie de códigos visuales: corte de franela (un corte en la base del cuello, como una camiseta); corte de corbata (se hacía aparecer la lengua a través de un corte en el cuello) y el macabro corte de florero, en el cual los brazos y piernas eran colocados en el lugar de la cabeza, en una suerte de perverso “arreglo floral”. La serie Corte de Florero del fotógrafo Juan Manuel Echavarría hace referencia a estas prácticas siniestras. Echavarría realiza arreglos de huesos de personas anónimas en forma de flores, los fotografía, nombra y organiza en series de una gran belleza. La composición formal hace referencia explícita a las láminas de la Expedición Botánica, empresa científica del siglo 18 que tuvo por objetivo clasificar las especies Americanas para beneficio de la ciencia y de la Corona Española. Estas prácticas macabras están firmemente arraigadas en nuestra memoria colectiva, aunque pocas personas en los centros urbanos en realidad vieron o experimentaron tales atrocidades. El trabajo de Juan Manuel Echavarría le da forma a esos recuerdos borrosos e imprecisos de una manera poética.

En 1997 Juan Fernando Herrán inicia la serie Papaver Somniferum, nombre cientifico de la Amapola. A traves de sus viajes, el artista tuvo la posibilidad de contrastar las diferentes percepciones que se tienen de ella en contextos culturales tan diversos como Europa, el medio oriente y América. Herrán recurre a la planta de la amapola para hablar de un problema crucial en la historia reciente de Colombia: el fenómeno de las drogas y la violencia que se desprende de la represión a su tráfico y producción. Este problema tiene graves implicaciones en la sociedad—incluso en la distribución y organización del territorio. La serie Papaver Somniferum de Juan Fernando Herrán recurre a la imagen de la amapola, asociada usualmente a conceptos como belleza, romance o solidaridad, como un sucedáneo visual para la situación política y social en Colombia. El artista apropia imágenes de prensa y a partir de ellas establece relaciones visuales que problematizan las percepciones unívocas, las versiones oficiales y privilegiadas mediante estrategias de yuxtaposición y contraste. En "Sin Título", 1999, Herrán retoma la fotografía de un soldado que sostiene cándidamente un ramo de amapolas que acaba de arrancar (como un símbolo de la efectividad de la acción de la actividad del ejército en la erradicación de cultivos ilícitos), la amplía y duplica generando dos imagenes simétricas. Entre ellas hay una gran superficie de color, un terciopelo con líneas horizontales de diversos colores que recuerdan motivos sicodélicos. Esta imagen central es en realidad una tela adquirida en Turquía (en donde el gobierno controla el cultivo de la amapola), con un repujado floral en bajorrelieve que solamente puede ser percibido cuando se mira desde un costado. La obra requiere que el espectador renuncie al punto de vista privilegiado y lo obliga a desplazarse, colocandolo en una posicion de vision marginal. En el contexto del llamado problema de las drogas, que involucra produccion y consumo, oferta y demanda, Primer y Tercer mundos, este desplazamiento de la mirada es una puesta en cuestion del relato oficial y su punto de vista “correcto”.

En la obra de Antonio Caro lo botanico aparece como tema y material. Desde los años setenta Caro tomo la mata de maíz—un símbolo de carácter continental—para aludir a las comunidades indígenas cuya presencia ha sido sistematicamente desplazada de toda representacion política. Esta obra, como es caracteristico en Caro, ha sido retrabajada en varias versiones y en una variedad de medios, desde la planta real hasta el dibujo a modo de graffitti sobre muros en el espacio público, llegando incluso a aparecer en una estampilla de circulación masiva. Maiz guarda relacion con otra obra de Caro que toca el problema indígena en Colombia: Homenaje a Manuel Quintin Lame, realizada a partir de 1972. Caro aprendió de memoria la firma de Lame, un lider indígena de los años 30 que estudió leyes con el fin de defender su pueblo de los desmanes de los colonos bajo la mirada cómplice de los gobiernos de turno. La firma de Quintin Lame es altamente simbólica: un sincretismo entre una caligrafía típica del siglo diecinueve y un pictograma indígena, tiene una calidad formal que va más allá de un individuo, llegando a significar la presencia de dos comunidades en incómoda coexistencia. Cada vez que escribe la firma en un nuevo contexto (las últimas versiones las ha realizado con achiote, un pigmento natural que se encuentra en toda América Latina), Caro reinscribe una presencia que las historias oficiales han sistemáticamente obliterado.

A principios de los años ochenta, Miguel Angel Rojas realizó una serie de obras con fotografías porno de tamanos minúsculos, logradas con una perforadora de papel. Con estas imágenes mínimas Rojas componía “dibujos en las paredes basándose en dibujos infantiles. Estos dibujos murales guardaban relación con trabajos fotograficos anteriores realizados subrepticiamente en cines porno en el centro de Bogota, muchos de los cuales se han convertido en sitios de encuentros gay. En una sociedad conservadora e intolerante, la obra de Rojas lograba develar la violencia social que supone la exclusión de los grupos marginales y de las minorías (Rojas hablaba desde su homosexualidad y sus raíces indígenas), poniendo al espectador en la incómoda posicion de ser mirado mirando, cómplice en tanto voyeur de actos que la sociedad usualmente reprime violentamente. La estrategia formal reaparece en los dibujos de finales de los noventa, pero el material cambia y con él la carga política de la obra. En Go On, Rojas ha realizado un dibujo que visto desde la distancia recuerda una ilustración tomada de un libro sobre el Lejano Oeste; una mirada cercana hace evidente que ha sido construído pacientemente con “puntos” de color verde, que en realidad han sido realizados con la ayuda de una perforadora a partir de hojas de coca. La instalación de Rojas pone de presente ese vicio de la historia de perpetuar sus métodos: la conquista de un territorio mediante la acción violenta encuentra otro escenario y otros actores, pero los roles son los mismos. Aludiendo a la conquista de territorios a sangre y fuego—convertida por Hollywood en una saga mítica—Rojas inscribe su obra en el actual escenario político.

En una version posterior de esta obra, el título de uno de los íconos del Pop (la conocida obra de Richard Hamilton Que es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos?) es realizado con puntos de hoja de coca en una tipografía futurista. El comentario irónico alude a la doble moral de la comunidad internacional respecto al problema de la droga. Al tiempo que se estigmatiza a Colombia como el principal productor, el consumo de la droga en los países industrializados no solamente no esta acompañado de este estigma, sino que en ocasiones esta asociado con un cierto estilo de vida lleno de glamour, el medio de los ejecutivos, los corredores de bolsa, los artistas. En terminos morales el consumo de drogas es un asunto estrictamente personal, y en una sociedad democrática la decision de consumir o no se desprende del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero la criminalización genera el escenario actual en el cual el negocio prospera, los grandes dividendos se quedan en los países consumidores y en el que Colombia es la que pone los muertos. La cadena de la droga presupone una serie de intermediarios en los cuales Colombia es apenas uno de muchos: están los productores de precursores químicos (por lo general grandes companias farmacéuticas europeas o norteamericanas); el tráfico; el consumo; el lavado de dinero a través de bancos internacionales en países en los que el secreto bancario ampara la circulación de los verdaderos dividendos del negocio de la droga y garantiza el bienestar de sus ciudadanos. El consumo y la producción estan intimamente ligados: ¿que es lo que hace a ciertas prácticas sociales tan diferentes, tan atractivas en algunos contextos y tan condenables en otros?

El interés por la botánica, ciencia identificada en el imaginario colectivo con el afan clasificatorio del siglo 19, ha resurgido como tema y como estrategia artística en Colombia. Pero allí donde los viajeros vieron el signo de una naturaleza salvaje, pre-cultural, los artistas contemporáneos identifican los efectos a largo plazo de un modelo económico trasplantado y de las asimetrías en la distribución de la riqueza que conllevó su aplicación. El territorio que cartografían es tambien distinto, transformado por casi dos siglos de guerras internas de diversa intensidad. Como reportero gráfico El Colombiano, uno de los periódicos más importantes de Medellín (en cuya area de influencia han tenido lugar las confrontaciones mas violentas de la última década) Jesús Abad Colorado ha tenido que documentar visualmente los hechos mas atroces perpetrados por todas las facciones en conflicto. Una de sus series, sin embargo, guarda estrecha relacion con la tradición visual de la mirada científica sobre el territorio. Abad Colorado ha realizado un seguimiento de los desplazamientos humanos causados por las guerras internas de Colombia, mostrando la transformación del paisaje rural debido a la violencia política. Estas fotografías en blanco y negro son ambiguas: allí donde uno cree ver una laguna inconmensurable, Colorado ha documentado la voladura de un oleoducto; un paisaje desértico, que recuerda vagamente las fotografías de la superficie lunar, resulta ser un área bombardeada por el ejército en su guerra contra los grupos guerrilleros y sus simpatizantes; una franja oscura en un prado virgen, que recuerda en su disposicion geométrica las intervenciones del land art en el paisaje, es una trinchera cavada en el medio de la selva.

Todas las manifestaciones posibles de la violencia han tenido lugar en el territorio colombiano, desde las luchas fratricidas por instaurar el modelo político de la nación hasta la violencia multiforme y anárquica de hoy, pasando por las luchas bipartidistas, la violencia de la dictadura militar, el terrorismo de estado, el terrorismo de izquierda, la violencia del narcotráfico. No debe resultar pues absurdo que nuestra flor nacional sea el Anturio Negro: una variedad particularmente fúnebre de esta flor comunmente utilizada en los rituales mortuorios. Flora necrológica, taxonomía social, botánica política. Ante la magnitud de los actos de barbarie, solo la imagen mas estetizante parece ser capaz de recobrar, por oposición, un sentido crítico.

 

José Roca is a Whitney-Lauder Curatorial Fellow at the Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania. A longer version of this article was published in the December 2001 LAPIZ magazine. Parts of the text appeared in an article on Colombian art in the 1990s in the exhibition catalog for the Politics of Difference, curated by Kevin Power.

Colapso estatal y reacción rápido

Agenda para la Paz

Por Pauline Baker y John Ausink

En 1992, Boutros Boutros Gali lanzó su conocida Agenda para la Paz. Esta coincidió con el comienzo de un viraje de las Naciones Unidas tendiente a ampliar sus funciones para afrontar los conflictos internos que se multiplicaban en el mundo tras el fin del “orden bipolar”. En su Agenda, el Secretario General de Naciones Unidas señalaba que “la cohesión de los Estados está siendo brutalmente amenazada por disputas étnicas, religiosas, sociales, culturales o lingüísticas”. Como respuesta, planteaba la necesidad de una diplomacia preventiva tendiente a “impedir que las disputas existentes escalen hacia conflictos y, en el caso de que éstos tengan lugar, limitar su expansión”. Y, añadía, que una diplomacia preventiva solamente se puede construir si existe un “reconocida red de sistemas de alarma temprana”.

Como respuesta a esta solicitud de Naciones Unidas, surgieron distintos grupos de trabajo orientados a construir una serie de indicadores fiables para detectar cuándo un Estado se encuentra en riesgo inminente de colapsar. Se buscaba, ante todo, construir instrumentos de “alarma temprana” para movilizar recursos de la comunidad internacional con objeto de impedir que se siguieran extendiendo estos desgarradores episodios de derrumbe estatal. Los grupos más importantes que trabajaron en este sentido fueron: el Conflict Early Warning Systems (CEWS), un proyecto investigativo del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC); dos organizaciones no gubernamentales con sede en Londres: International Alert y el Forum on Early Warning and Early Response (FEWER); adicionalmente, en 1994, siendo vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, constituyó un equipo de trabajo con la misma perspectiva denominado el State Failure Project.

Baker y Ausink (1996), por ejemplo, detectaron nueve rasgos en común en tres naciones (Somalia, Sierra Leona y Sudán) en las cuales el Estado estuvo al borde del colapso o sufrió un derrumbe total: una fuerte presión demográfica, un movimiento masivo de refugiados, un crecimiento económico ligado a segmentaciones étnicas, una larga tradición de venganzas y represalias, una honda deslegitimación del Estado, una severa crisis económica, un progresivo deterioro o eliminación de los servicios públicos, una incapacidad manifiesta para implementar las normas legales y, por último, unos aparatos de seguridad operando como una suerte de “estados dentro del estado”.

 

This is an excerpt from Pauline Baker and John Ausink's “State Collapse and Ethnic Violence: Toward a predictive model”, Parameters US Army War College Quarterly, V. XXVI.

Derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras

Por Piedad Córdoba Ruíz 

Atendiendo la invitación formulada por la Universidad de Harvard para evaluar la situación actual de los grupos étnicos frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, me permito presentar el documento sobre los derechos étnicos y territoriales de las comunidades afrocolombianas para señalar la manera como están siendo afectados estos derechos, como consecuencia del desplazamiento forzado.

Como tesis central voy a sustentar que hoy, a pesar de los importantes avances legislativos y jurídicos que han logrado los afrocolombianos en el reconocimiento de sus derechos territoriales y étnicos, los territorios afrocolombianos reconocidos por el Estado Colombiano mediante el instrumento de la titulación colectiva, se enfrentan a un nuevo riesgo por ser escenarios de confrontación entre los grupos armados -guerrillas y paramilitares- por el control territorial. Hoy están amenazados los derechos plasmados en la Constitución de 1991 y en la Ley 70 de 1993, la cual reglamenta el derecho a la propiedad colectiva y establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y el desarrollo socioeconómico de los afrocolombianos, entre otros derechos. 

Se mostrará que la ocupación de los territorios afrocolombianos por las guerrillas y los paramilitares y la grave crisis humanitaria derivada del desplazamiento forzado constituyen hoy los mayores retos que enfrentan las comunidades negras de Colombia y se erigen en una violación de los derechos étnicos, territoriales y colectivos de estas comunidades. 

Así mismo se mostrará que frente a la intensificación del conflicto armado y la falta de una respuesta efectiva de protección a las comunidades negras por parte del Estado, el actual gobierno de Colombia viene desarrollando una política de desmonte progresivo de los derechos étnicos, territoriales y de participación alcanzados en el terreno jurídico y legislativo por estas comunidades, lo que significa un grave retroceso en los avances por superar dos de las causas más profundas de la guerra y que afectan de manera directa a los afrocolombianos: la exclusión social y la concentración de la tierra. 

Se convocará la urgente vinculación de la comunidad internacional, para articular esfuerzos con las organizaciones de comunidades negras, el Estado Colombiano y las ONGs nacionales e internacionales, para asegurar la protección de los derechos de los afrocolombianos y permitir que los derechos étnicos, territoriales y culturales alcanzados, se conviertan en proyectos de vida realizables. 
 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA
Las comunidades negras de Colombia representan cerca del 25% del total de la población del País, pues pese a que el censo de 1993 arrojó un resultado de 502.343 personas, el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afrocolombiana elaborado por el Departamento Nacional de Planeación DNP 1998 - 2002 , estimó que esta población es de 10.5 millones de personas, que Se encuentra ubicada principalmente en la región del Pacifico, en la Costa Caribe, el Archipiélago de San Andrés y Providencia, en los Valles Interandinos, en la Amazonía y Orinoquía y en las principales ciudades del pais como Bogota, Cali, Medellin, Cartagena y Barranquilla. 

El principal asentamiento de la comunidad afrocolombiana es la Costa Pacifica que abarca un área aproximada de 86.000 Kilómetros cuadrados, esto es cerca del 8% del territorio nacional y con una población aproximada de un millón quinientos mil habitantes, el resto de la población se encuentra en las áreas ya descritas.

Históricamente, las comunidades negras de Colombia han sido víctimas de la marginalización y la discriminación racial, social, política, económica y cultural. Las condiciones que enfrentan actualmente siguen siendo desfavorables en relación con el resto de la población colombiana. 

La gran mayoría de la población afrocolombiana se encuentra marginada, de los beneficios del desarrollo, con un bajo nivel de vida, expresado en términos de pobreza, inequidad, violencia, discriminación, debilidad de su capital humano y fragmentación del tejido social, siendo su estado, uno de los más críticos en la totalidad de la población colombiana. 

En comparación con el resto de la población colombiana las comunidades negras registran los mayores índices de pobreza, analfabetismo y mortalidad, Las estadísticas existentes señalan que en ellas, el índice de pobreza humana (IPH) está diez puntos porcentuales por encima del promedio nacional y el porcentaje de población que carece de servicio sanitario es de 74% frente a un promedio nacional de 24%. 

Asi mismo Las estadísticas señalan elevados porcentajes de analfabetismo, deserción e inequidad en el acceso al servicio educativo. En materia de salud, el patrón epidemiológico de la población afrocolombiana se caracteriza por una morbilidad y mortalidad de alta incidencia y prevalencia de enfermedades como la enfermedad diarreica aguda –EDA-, la infección respiratoria aguda –IRA- y la tuberculosis. Se calcula que la tasa de mortalidad infantil está entre el 10% y el 50% superior al promedio nacional . 
Los territorios y comunidades localizados en la Cuenca del Pacífico Biogeográfico, por su posición geoestratégica se han convertido en escenarios de confrontación entre fuerzas en conflicto, sufriendo de manera directa los rigores de la violencia, forzando fenómenos migratorios, desplazamiento , emplazamiento y desarraigo que amenazan su existencia como grupo étnico . Similar situación se padece en otros asentamientos afrocolombianos del país.

En lo institucional, las entidades territoriales con presencia significativa o mayoritaria de población afrocolombiana adolecen de sistemas de planificación y presentan bajos resultados en la gestión, administración y ejecución de los planes. Los bajos resultados se deben en parte a la falta de capacidad técnica, causada por el bajo nivel de profesionalización, falta de estabilidad y cualificación de los funcionarios de la administración.

En materia de territorialidad Antes de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 70 de 1993, las Comunidades Negras del Pacífico Colombiano como grupo étnico, no podían acceder a la propiedad colectiva de sus territorios tradicionales, por existir prohibición legal contenida en la Ley 2ª de 1959. Pese a la persistente movilización de estas comunidades a través de sus organizaciones para defender sus territorios ancestrales y mantener viva la ocupación tradicional como escenario de supervivencia etno-cultural.

En efecto, la Cuenca del Pacifico debido a sus características ambientales y de biodiversidad, fue declarada por la Ley 2ª de 1959, como “Zona de Reserva Forestal Protectora” y los terrenos baldíos de la misma, destinados a la conservación y protección de los recursos naturales, limitando a las Comunidades Negras el acceso al dominio individual y colectivo de sus tierras tradicionales, ya que la Ley expresamente dispuso que no se podrían adjudicar los terrenos baldíos de las áreas de reserva forestal. 
La principal desventaja de esta situación para las Comunidades Negras, fue la de que perdieron mas del 40% de su territorio tradicional en la Cuenca del Pacífico, pues en esta zona del país, la legislación existente, al mismo tiempo que limitaba la adjudicación de baldíos para este grupo étnico, estimulaba un proceso de definición territorial en favor de diversos actores institucionales, privados y comunitarios, ignorando los derechos territoriales de las Comunidades Negras.

En este sentido, pese a que la Ley 2ª de 1959 siguió vigente, el Congreso de la República expidió la Ley 135 de 1961 (Ley de Reforma Agraria), la cual mediante el mecanismo de la sustracción de áreas de la reserva forestal, estimuló la colonización de campesinos nativos e inmigrantes, en casi la totalidad de las tierras del Uraba Chocoano y de la Zona Costera del Departamento del Chocó, al igual que en amplias superficies vecinas a Buenaventura en el Valle del Cauca, Guapi en el Departamento del Cauca y Tumaco en el Departamento de Nariño.

En estas zonas de colonización se alcanzaron a sustraer de la reserva forestal y a legalizar mediante la expedición de títulos individuales en las tres primeras décadas de aplicación de la Ley de Reforma Agraria cerca de un millón quinientas mil hectáreas, es decir alrededor del 18% de la superficie total de la cuenca. 
Del mismo modo, mediante la aplicación de los instrumentos legales de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, el INCORA avanzó en la Cuenca del Pacifico en la legalización de la propiedad de 137 resguardos indígenas, con un área de 1.681.963 hectáreas para beneficiar 9.673 familias; igualmente, tramitaba 44 solicitudes por 324.288 hectáreas para un total de 181 resguardos y se proyectaban solicitudes de ampliación y constitución con un área aproximada de 500.000 hectáreas, para un área total de 2.506.251 hectáreas a favor de 12.246 familias indígenas de la región. 

En materia de Parques Nacionales Naturales, para 1991, cuando entra en vigencia la nueva Constitución Política, en la Cuenca del Pacífico se habían constituido 8 parques (Isla Gorgona y Muchinque en el Cauca, Sanquianga en Nariño, Farallones de Cali en el Valle, Ensenada de Utria en el Chocó, Los Katios en el Chocó y Antioquia, Tatamá en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca y Las Orquídeas en Antioquia), con un área de 580.500 hectáreas.
Adicionalmente se había constituido 11 reservas naturales especiales, con fines diversos, que incluían desde la seguridad y defensa nacional y la construcción de planes viales hasta la investigación científica, con una extensión superior a las 346.200 hectáreas. Igualmente los perímetros urbanos de los 43 municipios creados involucraba áreas cercanas a los 140.205 hectáreas
Como puede verse, al empezar la década de los años noventas en la Cuenca del Pacífico avanzaba un proceso de definición territorial en favor de diversos actores institucionales, comunitarios y propietarios privados, ignorando los derechos territoriales de las Comunidades Negras como grupo étnico, pese a que estas comunidades, a través de sus organizaciones campesinas y de río, venían reclamando la legalización de sus territorios tradicionales.
La población negra raizal ubicada en el archipiélago de San Andres providencia y Santa Catalina, enfrenta una situación similar a los afrocolombianos continentales, pues han sido afectados por los procesos migratorios de continentales y extranjeros hacia el Archipiélago, hasta el punto de que San Andrés es hoy en día la isla de mayor densidad poblacional del Caribe (aproximadamente 1.969 habitantes por Km2). Según los datos del DANE, la población del departamento Archipiélago de San Andrés asciende a 57.324 personas, de las cuales el 42,6% son definidos como afrocolombianos raizales (24.444 personas).

Los asuntos poblaciones se han convertido en uno de los problemas más complejos del Archipiélago no sólo por el impacto sobre este grupo étnico, sino por el deterioro de las condiciones de vida, expresado en términos del incremento de la pobreza e indigencia, déficit de vivienda, insuficiencia en la cobertura de los servicios de agua y energía, incremento del desempleo y de la delincuencia y deterioro ambiental generalizado.
 

AVANCES NORMATICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y DESMONTE PROGRESIVO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS ENN EL ACTUAL GOBIERNO
Para resolver esta situación de inequidad, la Constitución Política de 1991, estableció que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y además adoptó el artículo 55 transitorio, ordenando mediante la expedición de una Ley especial el reconocimiento definitivo de los derechos étnicos, territoriales, culturales, económicos y políticos de estas comunidades.

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, se han realizado importantes avances legislativos, entre ellos la Ley 21 de 1991 que aprueba el Convenio Internacional 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales respaldado por la OIT. Tanto la Ley como el Convenio reconocen las aspiraciones de estos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y a mantener y fortalecer sus identidades culturales. 

Por otro lado el Congreso de la República expidió la Ley 70 del 27 de agosto de 1993, por medio de la cual reconoció a las comunidades negras del país el derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios que han venido ocupando ancestral e históricamente en el Pacífico Colombiano y en otras regiones del país con condiciones similares.

Del mismo modo, reconoció a estas comunidades como grupo étnico con identidad cultural propia dentro de la diversidad étnica que caracteriza al país y señaló la obligación del Estado Colombiano de diseñar mecanismos especiales e idóneos, para promover su desarrollo económico y social, garantizar su autonomía en la administración y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus territorios, fortalecer sus procesos organizativos y estimular su participación en las decisiones que les afectan y en las que conciernen al país. 

Como resultado de estas disposiciones constitucionales y legales el Gobierno Nacional asumió los siguientes compromisos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianas:
 

1. En materia de territorialidad:
La principal y mas importante aspiración de las comunidades afrocolombianas, era el reconocimiento y la consolidación legal de sus territorios étnicos tradicionales, principalmente en la región del Pacifico Colombiano, estos territorios en donde han vivido por siglos, constituyen su hábitat y conservan la mas abundante y rica variedad de recursos naturales y de biodiversidad con que hoy cuenta el país, como resultado de las practicas productivas tradicionales sostenibles de estas comunidades.

El Estado Colombiano en cumplimiento del mandato constitucional se comprometió a titular colectivamente cinco millones seiscientas mil hectáreas (5.600.000 Has) de tierra para estas comunidades.
En desarrollo de esta política, el Gobierno Nacional por intermedio del INCORA, ha expedido hasta la fecha 113 títulos colectivos que suman cuatro millones trescientas treinta y seis mil setecientas cincuenta y una hectáreas (4.336.751 Has), que benefician 49.648 familias y 256.848 personas de las comunidades negras del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquía y Risaralda. 

Este esfuerzo sin embargo ha sido insuficiente frente a las expectativas y demandas de la población afrocolombiana sin tierra, que ha solicitado profundizar, para que en los próximos dos años se titule, UN MILLON TRESCIENTAS MIL HECTÁREAS (1.300.000 Has) de tierras para completar la meta proyectada. con el objeto de constituir una entidad territorial étnica y autónoma, en la Región del Pacifico Colombiano, en el marco del nuevo ordenamiento territorial que habrá de surgir de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que actualmente tramita el Congreso de la República.

La política de titulación colectiva deberá complementarse con la adopción por parte del Gobierno Nacional de un “PROGRAMA ESPECIAL DE ADQUICISION DE TIERRAS”, que permita comprar tierras, tanto en las áreas rurales como en las urbanas donde no es posible la titulación colectiva, para dotar a las comunidades negras que no la poseen o la poseen en forma insuficiente.

Estos territorios sin embargo, se han visto afectados en los últimos años por los procesos de violencia que afectan al país pues los actores armados de todas las tendencias les han convertido en teatro de guerra, generando en ellos altos niveles de desplazamiento de su población. 

Solo en la región del bajo Atrato Chocoano existen hoy mas de cuarenta mil (40.000) familias desplazadas por la violencia y existe en las comunidades negras gran preocupación por las personas desplazadas de la región del bajo Atrato, sobre la base de que fue en esa área donde se expidieron los primeros títulos colectivos a comunidades negras, hoy todos los territorios titulados y en proceso de titulación enfrentan el fenómeno del desplazamiento forzado de sus pobladores, la presencia de actores armados y la existencia de cultivos ilícitos. 

Todas las tendencias apuntan a que la irrupción de formas de terror agenciadas por diversos actores armados, disuada a las comunidades Afrocolombianas en sus propósitos de legitimar sus territorios ancestrales y se imponga el destierro definitivo de los mismos, con la estrategia del desplazamiento forzado.
 

2. En materia de Étnodesarrollo
Una segunda aspiración de las Comunidades Negras de Colombia en relación con los avances legislativos, tiene que ver con la adopción e implementación de un modelo de desarrollo en sus territorios tradicionales que responda a sus particularidades étnicas, históricas y culturales, que tome en consideración sus practicas tradicionales de producción, que atienda a las relaciones establecidas por estas comunidades con la naturaleza y promueva su desarrollo con sostenibilidad.

Pese a que la ley 70 de 1993 ordena la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo étnico con sostenibilidad para el Pacifico Colombiano y para las Comunidades Negras del país, después de casi diez (10) años de vigencia de dicha ley no se ha desarrollado acción alguna en esta materia.

Como ya lo señalé la ley 70 de 1993, ordeno la puesta en marcha de un “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA COMUNIDADES NEGRAS”, el cual luego de su elaboración por una comisión de expertos y su aprobación por el Consejo Nacional de Planeación se incorporaría como un componente en el Plan de Desarrollo que deben aprobar todos los gobiernos al inicio de su mandato.

Se trata de un plan que de manera sencilla pero estratégica integre un conjunto de programas , acciones y estrategias tendientes a garantizar a corto, mediano y largo plazo que los recursos reales y potenciales con que cuentan las comunidades negras sean aprovechados en beneficio de un proyecto de etno-desarrollo de esta población.

En los dos gobiernos anteriores los lineamientos del Plan de Desarrollo se quedaron escritos pero no se incorporaron al Plan de Inversiones de la Nación, por lo que no fue posible poner en marcha inversión alguna focalizada hacia este grupo étnico.
En el Proyecto de Ley General de Plan de Desarrollo del Actual Gobierno, presentado a consideración del Congreso nacional, nuevamente se deja por fuera del Plan de Inversiones el Plan de desarrollo de Comunidades Negras privando a este grupo étnico de esta importante herramienta de gestión, pues en la practica no se dispondrá durante el cuatrienio de ningún recurso para financiar su ejecución.
 

3. En materia de reconocimiento étnico
El tercer compromiso del Gobierno Nacional surgido de las disposiciones constitucionales y legales antes citada tienen que ver con una estrategia real de reconocimiento de la comunidad negra como grupo étnico.

La nueva Colombia que se construya hacia el futuro, tiene que ser una Colombia que se reconozca en su diversidad étnica y cultural, que valore, respete y promueva los aportes culturales de los diversos grupos étnicos que la conforman, que reconozca el profundo aporte de los Afrocolombianos a la construcción del país y a la consolidación de una nación multiétnica, pluricultural y biodiversa, que elimine de una vez por todas, toda forma de discriminación y racismo, toda forma de exclusión social.

Sin embargo en este aspecto como en los demás las normas se han quedado escritas, sin que se observen avances significativos y Colombia sigue siendo una sociedad racista, excluyente y discriminatoria frente a los afrocolombianos.
 

4. En materia de participación
Finalmente la en la Constitución Política de 1991se planteó la necesidad de impulsar una estrategia de participación para los afrocolombianos en la vida social, económica y política del país. Esta estrategia se orienta a fortalecer los procesos organizativos de las comunidades negras, a garantizar su participación en las decisiones que les afectan y a promover mayores niveles de acceso de las mismas a la conducción del país en pie de igualdad con el resto de los colombianos.

La participación de la población afrocolombiana también ha de verse reflejada en la orientación del país. Atrás deben quedar los odiosos prejuicios que han servido para justificar las exclusiones de las que han sido víctimas lo afrocolombianos por quienes han manejado a Colombia y pese a que la han manejado mal, se consideran hoy con autoridad para calificar la idoneidad de los afrocolombianos que bajo la secular discriminación se han preparado lo suficiente para merecer cualquier posición en la conducción del país, incluyendo las carteras ministeriales.

En esta perspectiva debemos garantizarle a las Comunidades Negras el derecho de asumir la responsabilidad en la orientación de todos los espacios de gestión institucional que han sido creados por la legislación afrocolombiana para potenciar su desarrollo.
Debe hacerse efectiva además su presencia en todas las instancias u los foros nacionales e internacionales en los que se debatan y discutan asuntos que debido a su tradición cultural y ambiental, se prevea que pueden verse afectados de manera directa y además a representar a Colombia en las delegaciones diplomáticas de acuerdo con sus capacidades y potencialidades.

Para promover la participación efectiva de los afrocolombianos en la vida del país desde 1993 se pusieron en marcha diversos espacios institucionales, encargados de la atención de sus asuntos, como fueron los siguientes:

- Participación con un delegado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES.
- Creación de la Dirección General de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
- Comisión Consultiva de Alto Nivel y Comisiones Consultivas Departamentales.
- 2 delegados en el Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
- Creación de las Unidades Especiales de Gestión de Proyectos para comunidades negras en todos los fondos sociales de inversión del Estado. 
- 1 delegado en el Consejo Nacional Ambiental
- Representación de las comunidades negras en los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales Ambientales CARS.
- Creación del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico.
- Creación de la Comisión Pedagógica Nacional para Comunidades negras del Ministerio de Educación.
- Creación de la subdireccion de investigaciones afrocolombianas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAH.
- Creación de la Universidad del Pacifico 
- Creación del Fondo de Créditos Condonables para estudiantes afrocolombianos del Instituto Colombiano de estudios Técnicos en el Exterior ICETEX.
- Creación de la Defensoría delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo.
- Creación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación.
- 1 Delegado en el Consejo Nacional de Paz.
- 1 Delegado en el Consejo Nacional de Cultura

Diez años después de haberse expedido la Ley, las evaluaciones que se han realizado muestran que estos espacios han tenido muy poco desarrollo, además de que no han contado con los recursos financieros para su operación, muchos de ellos no están reglamentados y otros pese a operar no cuenta con la infraestructura necesaria para intervenir de manera significativa en la vida de las comunidades negras del país.

No obstante, el actual Gobierno apelando a las facultades otorgadas recientemente por el Congreso de la República para la renovación del Estado Colombiano ha iniciado un proceso progresivo de desmonte de los espacios de participación institucional para Comunidades Negras previstos en la Ley, pues ya eliminó la Dirección General de Comunidades Negras del Ministerio del Interior y la participación en el CONPES.
En las próximas semanas o meses se espera el desmonte de los otros espacios.

Otro espacio de participación importante para las comunidades negras es el de la circunscripción electoral especial ganada en el artículo 66 de la ley 70 de 1993, mediante la cual se eligen por derecho propio dos curules para estas comunidades en la Cámara de Representantes.

Estas dos curules se suprimieron en 1998 por un fallo judicial y a partir del 2002 retomaron su vigencia luego de que yo presente un nuevo proyecto de Ley. Este proyecto de ley tuvo como propósito corregir y superar las errores de forma que condujeron a su inconstitucionalidad, y avanzar en la reglamentación completa del artículo 176 de la constitución que prevé cinco cupos elegidos en circunscripción especial en la Cámara de Representantes, para las comunidades negras e indígenas, las minorías políticas y los Colombianos residentes en el exterior.

Hoy sin embargo esta en entredicho por la reducción del congreso que el Gobierno nacional ha planteado en su propuesta de referéndum.
 

LINEAS DE ACCIÓN
Frente al panorama plateado, se convoca la urgente vinculación de la comunidad internacional, para articular esfuerzos con las organizaciones de comunidades negras y las ONGs nacionales e internacionales, para asegurar la protección de los derechos de los afrocolombianos y solicitar al actual gobierno colombiano, el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y permitir que los derechos étnicos, territoriales y culturales alcanzados por las comunidades negras, se conviertan en proyectos de vida realizables. 

Para ello se proponen las siguientes líneas de acción:

LINEA DE ACCIÓN 1. Continuidad de la política de titulación colectiva de tierras para Comunidades Negras. 

Es necesario que en los próximos dos años, 2003 y 2004 se continúe y concluya la ejecución de la política de adjudicación colectiva de tierras para las comunidades negras del Pacífico Colombiano y de otras zonas del País, hasta alcanzar la meta proyectada para el Pacifico de CINCO MILLONES SEISCIENTAS MIL HECTAREAS (5.600.000 Has).
En esta misma línea de acción es necesario realizar, un diagnóstico sobre las necesidades de tierra de las comunidades negras asentadas en otras zonas del país distintas al Pacifico, donde se pueda aplicar la Ley 70 de 1993, que permita desarrollar acciones para su atención.

LINEA DE ACCIÓN 2. Apoyo a proyectos productivos sostenibles en los territorios colectivos de Comunidades Negras.

Hay que orientar los esfuerzos del Gobierno Colombiano a la identificación, formulación y ejecución de proyectos productivos sostenibles en los territorios colectivos de comunidades negras, en el marco de la política de alianzas estratégicas y cadenas productivas que impulsa el Gobierno Nacional.

En esta línea de acción, se propone el diseño y ejecución de un Plan de Desarrollo Agropecuario Integral para los Territorios Colectivos de Comunidades Negras, que involucre los componentes de crédito, mercadeo, asistencia técnica y capacitación empresarial y en cuya formulación y ejecución concurran todas las entidades del sector agropecuario lideradas por el Ministerio de Agricultura de Colombia.

En lo relacionado con el desarrollo productivo, se propone la adopción de un enfoque integral que contemple la producción, la transformación y la comercialización nacional e internacional de bienes y servicios en los siguientes puntos:

- Elaborar mapas productivos de los territorios colectivos, para identificar y valorar las realidades y potencialidades de los recursos naturales existentes en ellos.
- Apoyar proyectos productivos que den prelación a las prácticas tradicionales de producción de estas comunidades, para garantizar su seguridad alimentaria.
- Ejecución de proyectos productivos sostenibles, en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, artesanales, ecoturísticas y de transformación, orientados a la comercialización y producción de excedentes.
- Apoyar la comercialización de servicios ambientales sobre la base de la abundante oferta de oxigeno, agua, biodiversidad y demás recursos naturales existentes en sus territorios.
- Promover la creación y fortalecimiento de las organizaciones de productores, microempresarios y empresarios agropecuarios afrocolombianos, al interior de los territorios objeto de titulación.

Del mismo modo, en esta línea de acción se propone la adopción de una política financiera y crediticia de carácter especial para los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras que por ser de propiedad de grupos étnicos, en armonía con lo dispuesto en el articulo 63 de la Constitución Nacional tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
La naturaleza jurídica de estos territorios, plantea la necesidad de establecer unos mecanismos encaminados a permitir el cumplimiento de lo establecido en los artículo 21, 52 y 54 de la Ley 70 de 1993, que imponen al Gobierno Nacional el mandato de diseñar instrumentos especiales de carácter financiero y crediticio, haciendo énfasis en el otorgamiento de créditos asociativos, que permitan a las comunidades negras la creación de formas asociativas y solidarias de producción para el aprovechamiento sostenible de sus recursos, y para que participen en condiciones de equidad en las asociaciones empresariales que con particulares llegaren a conformar.

En materia de instrumentos para garantizar los créditos, debe tenerse en cuenta que la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, permiten utilizar el derecho de usufructo sobre las parcelas asignadas por el Consejo Comunitario como un instrumento para garantizar los créditos particulares o familiares otorgados.

Finalmente, en esta línea de acción es prioritario apoyar la reglamentación de los artículos 21, 24, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 61 y 64 de la Ley 70 de 1993, relacionados con los componentes de crédito, mercadeo, asistencia técnica, capacitación empresarial, investigación y financiación especial de actividades productivas en los territorios colectivos de comunidades negras.

LINEA DE ACCIÓN 3. Formulación y ejecución de los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de los territorios colectivos de Comunidades Negras: 

Con el objeto de armonizar los derechos de propiedad colectiva reconocidos a las comunidades negras con los deberes constitucionales de protección al medio ambiente, conservación de las áreas de especial importancia ecológica y prevención y control de los factores de deterioro ambiental, deberá apoyarse la formulación y ejecución de los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de los territorios titulados, con el fin de ordenar el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que existen en esos territorios, involucrando para ello los conocimientos ancestrales de estas comunidades.

LINEA DE ACCIÓN 4. Apoyo al fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y de las organizaciones de Comunidades Negras de Colombia 

Hay necesidad de continuar apoyando la conformación y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios en todo el país, como autoridades territoriales y ambientales encargados de la administración interna de los territorios titulados o en procesos de titulación.

En esta línea de acción es de vital importancia fortalecer la capacidad jurídica y de gestión de los Consejos Comunitarios, dotándolos de los instrumentos legales, institucionales, financieros y logísticos necesarios, para que puedan cumplir con las funciones establecidas en la Ley 70 de 1993, como autoridades de administración interna de los territorios colectivos.

Igualmente, esta línea de acción deberá apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de base de las comunidades negras en los niveles local, regional y nacional, para promover la defensa y seguridad de los territorios colectivos adjudicados, frente a los diversos actores alzados en armas, que han convertido estos territorios en escenario de sus operaciones militares, promoviendo los procesos de retorno y consolidación socioeconómica de las comunidades que han sido víctimas del desplazamiento forzado.

 

Piedad Córdoba Ruíz es senadora colombiana. 

La Red de Aprendizaje sobre Empresas Sociales

Aportes desde la Universidad

Por Roberto Gutiérrez and James E. Austin

Las percepciones de crisis en la sociedad colombiana incluyen consideraciones negativas sobre los distintos sectores: la indiferencia del sector privado, el oportunismo del sector social y la corrupción en el sector público. Estas imágenes no tienen en cuenta los esfuerzos de muchas organizaciones cuyas realizaciones intentan transformar las condiciones de exclusión y marginalidad de la mayor parte de la población. Una tarea urgente es apoyar a quienes están en la lucha para aliviar estas condiciones o abrir nuevos espacios de transformación.

Nuestros problemas sociales han despertado los ánimos y las universidades pueden colaborar desde varios frentes. Por un lado, la universidad presenta a los estudiantes oportunidades de trabajo en cuyo desarrollo ellos alcancen su propia formación. Por otro lado, sirve a la transformación de la sociedad al potenciar la contribución de líderes y organizaciones a su entorno inmediato. Formación y servicio, dos caras de una sola moneda; una moneda acuñada con investigación en las distintas áreas del saber.

En las sociedades contemporáneas, donde las organizaciones ocupan un lugar predominante, el aporte de las Facultades de Administración es cada vez más importante. ¿Cómo crear o revitalizar programas que encuentren el adecuado balance entre lo social y lo económico, que las iniciativas sociales tengan viabilidad económica y que los proyectos económicos consigan impactos sociales positivos? En la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes abordamos esta pregunta y creamos la Iniciativa en Emprendimientos Sociales (IESO). Esta es la historia de su institucionalización en nuestra universidad.

LA REORIENTACIÓN Y LA CREACIÓN DE NUEVAS CAPACIDADES

El catalizador de la creación de la IESO fue la invitación a participar en la Red de Aprendizaje sobre Empresas Sociales (SEKN por sus siglas en inglés). Esta red es una coalición entre la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y otras escuelas de negocio líderes en América Latina. Su misión es “avanzar las fronteras del conocimiento y de la práctica en iniciativas sociales a través de la colaboración en investigación, el aprendizaje compartido, la enseñanza centrada en el estudiante, y el fortalecimiento de las instituciones de educación en administración para servir a sus comunidades.” Otro socio en la red SEKN es la Fundación Avina que provee tanto fondos de contrapartida como experiencia en el campo de las empresas sociales a las escuelas de negocio. Todos los miembros de la red buscan el fortalecimiento del compromiso de sus instituciones con el sector social.

Ubicar una nueva iniciativa dentro de una agenda ya existente exigió reorientar la atención de algunos profesores. Arrancamos con el apoyo del Rector de la Universidad y con la participación del Decano de la Facultad en el Consejo Asesor de la Iniciativa. Para el trabajo con los profesores partimos de un principio: lo social es un tema transversal que necesita ser abordado desde diferentes perspectivas. Más importante que crear un nuevo grupo de especialistas, hemos considerado necesario estudiar—entre otras—los impactos sociales de ciertas decisiones financieras, observar las transformaciones inducidas por el mercadeo social, o investigar el alcance de las estrategias de innovación cuyo campo de experimentación para productos o servicios es la población con mayores dificultades económicas.

¿Cómo despertar el interés y conseguir el compromiso de los profesores? Es fácil continuar con la rutina y dejar a un lado los cambios innecesarios. Por ello hemos buscado su conexión emotiva e interés intelectual. Por ejemplo, invitamos a la universidad a líderes empresariales y sociales destacados e intentamos, atendiendo las necesidades de los líderes y el interés de los profesores, definir cuáles investigaciones y proyectos de servicio queríamos realizar. Durante los dos primeros años de la iniciativa emprendimos el estudio de cuatro casos de colaboración entre empresas del sector privado y organizaciones del sector social. Además, definimos nueve proyectos de servicio en los cuales podríamos trabajar con líderes empresariales y sociales.

Una vez elaborado el plan de trabajo para los primeros dos años de la Iniciativa en Emprendimientos Sociales, comenzó el trabajo con cada uno de nuestros grupos de interés (stakeholders). Con algunos profesores hicimos una labor de difusión e invitaciones directas a trabajar en las investigaciones o en los proyectos de servicio de la Iniciativa. A distintos profesores les entregamos—del material que Harvard Business School nos había legado—los casos pedagógicos, los artículos académicos o los programas de ciertos cursos que considerábamos podían ser de su interés. Aunque en un par de ocasiones hemos sido invitados a discutir casos como el de Hábitat para la Humanidad o La Transformación de Cleveland (“The Cleveland Turnaround”) con alguno de los cursos coordinados por estos profesores, el material norteamericano ha despertado poco entusiasmo. Más receptividad han tenido los 17 líderes sociales de muchos rincones de Colombia convocados a la universidad en el 2002, quienes cautivaron a la audiencia de más de 50 cursos visitados. Al final, son aquellos profesores que han participado en una investigación quienes tienen mayor relación con la Iniciativa.

La interacción con líderes empresariales y líderes sociales ha sido central en la iniciativa porque creemos en el balance entre lo económico y lo social: proyectos económicos con un positivo impacto social y proyectos sociales con viabilidad económica. Varios de estos líderes nos han enseñado practicas de responsabilidad social corporativa e iniciativas sociales tan valiosas que hemos comenzado a documentarlas. También hemos creado espacios, unos informales como tertulias al final de la tarde y otros formales como programas de educación continuada para ejecutivos, con el fin de dialogar sobre esas experiencias importantes a nuestro alrededor.

En educación continuada para ejecutivos hemos participado en el Programa de Presidentes de Empresa y en el Programa para el Desarrollo de la Capacidad Exportadora de la Pequeña y Mediana Empresa. En ambos programas, con más de 40 altos directivos, el trabajo se ha concentrado en observar algunas practicas de responsabilidad social corporativa. Con los líderes empresariales, además, ha existido la oportunidad de realizar presentaciones conjuntas.

El primer semestre de 2002 ofrecimos dos espacios de participación a los estudiantes de pregrado, uno el curso electivo titulado “Gerencia Responsable e Innovadora” y otro a través de las “Asesorías a Emprendedores Sociales”. En este último proyecto conformamos grupos de trabajo en los que participan un emprendedor, uno o dos estudiantes, y un consultor profesional. Ya son 25 grupos formados durante los tres semestres en los cuales ha existido la oportunidad de brindar la asesoría. A estos espacios agregamos, durante el segundo semestre de 2002, un curso electivo para los estudiantes de la Maestría en Administración (MBA) titulado “Aportes Empresariales en la Sociedad”. Mientras tanto, nueve estudiantes de pregrado y posgrado decidieron hacer sus proyectos de grado sobre un emprendimiento social, y tres exalumnos de los posgrados participan como voluntarios en el proyecto de asesorías. Hemos podio generar cierto interés en los estudiantes al crear cursos nuevos y construir en éstos a partir del aprendizaje centrado en los participantes.

En el proceso de construcción de la IESO con profesores, estudiantes, líderes, organizaciones y gremios, dos factores que han hecho parte de nuestro capital semilla son el prestigio de la Universidad de los Andes en el medio colombiano y el aval académico y financiero provenientes del extranjero. Con este capital hemos podido acercarnos a experiencias iluminadoras y aceptar interesantes propuestas de trabajo. Tanto o más importantes que las ideas es la disponibilidad, en una universidad, del talento y la energía de sus estudiantes. Cuando hay una necesidad y los líderes se acercan a la universidad, buscamos a los estudiantes que colaboren desde cursos o espacios como los proyectos de grado. El relativo éxito en la invitación al compromiso de los estudiantes presiona, entonces, la participación de los profesores.

Con el tiempo hemos venido creado una identidad hacia dentro y hacia fuera de la universidad. Las labores de difusión de nuestra iniciativa cumplen, al menos, dos funciones: una, comunicar lo realizado para atraer organizaciones que necesitan ayuda y, dos, motivar con los hechos la participación de quienes pueden proveer parte de esa ayuda. Hasta ahora un boletín virtual bimestral y una página electrónica han abierto el camino que ha de complementarse con publicaciones y videos, sin descontar alianzas con medios masivos que amplíen el alcance de las comunicaciones.

¿A través de cuáles mecanismos involucrar a los grupos de interés externos? Desde la participación en el Consejo Asesor de la IESO, conformado por empresarios y gestores sociales, hasta la consideración del tipo de productos y servicios que ofrecemos contempla la inclusión de distintos grupos. El apoyo a los líderes sociales, más allá de la asesoría y documentación ya mencionadas, ha incluido la elaboración de planes de negocio para ideas prometedoras y talleres para el fortalecimiento de juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro. Entre tres y seis directivos de 21 organizaciones en dos ciudades del país han asistido a estos talleres dirigidos a los miembros de las Juntas Directivas. Fuera de los líderes y sus organizaciones, en la iniciativa hemos trabajado con el sector público y con un par de gremios. Los excepcionales ejemplos de sostenibilidad de algunas organizaciones sociales contrastan con las grandes necesidades administrativas de la mayoría. Y las peticiones de apoyo que llegan a la universidad crecen en la medida en que el costo del servicio es sufragado por fundaciones colombianas y foráneas.

La participación en la investigación comparativa de la red SEKN no solo sirvió para aumentar la comprensión del fenómeno de la colaboración entre las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas privadas en Colombia, sino también en los demás países miembros de la red—Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y México. A su vez, aumentó nuestra habilidad para compartir estas ideas con otras instituciones y redes en Colombia.

¿Cómo ir más allá de los recursos limitados con los cuales contamos? Existen unas redes que hasta ahora nos han servido de apoyo y validación al trabajo realizado. Además de participar desde su origen en el red SEKN, hemos colaborado en la creación de tres redes colombianas: Una de universidades comprometidas con la ética y la responsabilidad social, otra de diferentes organizaciones interesadas en la gerencia del desarrollo social, y una última aglutinando iniciativas de desarrollo y paz. Solo la red de universidades tiene un proyecto articulador de los nodos y conseguir esto es también el propósito de las otras dos.

LA ESTRUCTURA QUE PERMITE LA INSTITUCIONALIZACIÓN

En la sociedad colombiana existen innumerables oportunidades para contribuir. En los párrafos anteriores hay una descripción del camino recorrido por la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes para enfrentar los desafíos en la construcción de una estrategia que aumente el impacto de esfuerzos para enfrentar ciertos problemas sociales.

A la reorientación de las energías de algunos profesores, lo cual generó una estructura organizacional distinta, siguió el desarrollo de nuevas capacidades en varios de nuestros grupos de interés. La red SEKN ha facilitado la actividad emprendedora de la Iniciativa en Emprendimientos Sociales colombiana. La creación de la IESO y de sus diversos grupos de trabajo garantizan, en el mediano plazo, la colaboración de investigadores y estudiantes con líderes empresariales y sociales comprometidos. Los productos y servicios generados ya tienen impacto en el trabajo de varias decenas de gestores sociales y en la vida de sus comunidades. Además, son fuente de aprendizaje para unos y otros. ¿No es esa la labor de una universidad?

 

Roberto Gutiérrez, Ph.D., is the director of the Program on Social Initiatives in the School of Administration at the Universidad de los Andes in Bogotá, Colombia. Along with his interests in educational settings, his present research and publications focus on the ways in which collaboration between private and social sectors helps to solve social problems.

James E. Austin is the Snider Professor of Business Administration at the Harvard Business School. A member of the DRCLAS Executive Committee, he now serves as the Chair of the HBS Initiative on Social Enterprise. An author of 16 books, dozens of articles, and more than a hundred case studies on business and nonprofit organizations, Austin’s most recent book is The Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic Alliances (Jossey-Bass Publishers). For more information on IESO, see http://administracion.uniandes.edu.co/ieso.

La economía política en Colombia

Una sociedad con profunda exclusión social

Por Luis Carlos Garay

Colombia es una sociedad caracterizada por una profunda exclusión social. Se podría afirmar que se encuentra en un nivel equiparable a la Colombia de hace 20 años en muchos aspectos del ámbito económico y social, en tanto que en otras dimensiones como la civil y política se encuentra enfrentada a una problemática crítica. Es decir, no obstante los logros que ha habido, el ordenamiento social colombiano dista hoy seriamente de los propósitos planteados por la Constitución de 1991.

Para ilustrar la problemática de la exclusión en su dimensión económica y social, conviene resaltar que la sociedad colombiana está marcada por graves disfuncionalidades críticas como las siguientes:

  • Más del 60 por ciento de la población es pobre, con más de 11 millones de colombianos bajo la línea de indigencia—es decir, esta población no dispone de un ingreso de un dólar diario para garantizar unas condiciones vitales mínimas de alimentación y nutrición. Además, el 80 por ciento de la población rural es pobre y cerca del 60 por ciento indigente.
  • Aparte de la indigencia, pobreza y marginación que implica una condición tan desaventajada, hoy el 60 por ciento de la población económicamente activa del país no ha ingresado a la economía formal; es decir, esta población busca desarrollar algunas de sus capacidades y habilidades en condiciones de extrema precariedad, que le impide aprovechar sus potencialidades y obviamente garantizar unos ingresos que le permitan alcanzar mejores condiciones de vida en el futuro. En estas circunstancias, la sociedad colombiana está desperdiciando una altísima proporción de su capital humano, físico y medioambiental para generar riqueza colectiva como una de las condiciones necesarias para avanzar en la inclusión social. Una sociedad que no construye un proyecto colectivo y una riqueza social, evidentemente no logra garantizar unos estándares razonables de bienestar para la gran mayoría de su población.
  • Una de las características más perversas del proceso de exclusión es que se ha venido agudizando su carácter intergeneracional. Dentro de la población pobre, la proporción de jóvenes menores de 15 años—el doble de la correspondiente a los estratos altos de la sociedad—con precarias condiciones de vida y marginamiento en el acceso a servicios públicos básicos; es así como, por ejemplo, más de 3 millones de niños y jóvenes en edad escolar no tienen acceso a la educación. Vale recordar, además, la falta de reproducción del capital social en el seno de la familia como el ámbito inicial de la formación humana, y su progresiva depredación. Hoy más del 30 por ciento de las familias colombianas tiene una mujer cabeza de familia, que tiene que desempeñar múltiples funciones en condiciones de ingresos precarios. Así se están germinando y reproduciendo gravemente múltiples raíces de exclusión social hacia el futuro.
  • El carácter intergeneracional de la exclusión viene manifestándose en múltiples dimensiones y expresiones de las relaciones sociales. Es de recordar que los 2000 mayores deudores participan con más del 75 por ciento del crédito comercial otorgado por el sistema financiero comercial. Esto quiere decir que no obstante que hay más de un millón de empresas informales, más de 12.000 establecimientos manufactureros formales e innumerables establecimientos comerciales, solamente 2000 personas naturales y jurídicas tienen acceso a la gran mayoría del crédito comercial—que participa con más del 60 por ciento de todo el crédito irrigado en la economía. Hoy la concentración accionaria y de capitales en el país es incluso más elevada que hace década y media, en medio de un proceso de apertura y de competencia. Lo grave de una situación como ésta es que en el capitalismo moderno, sin la democratización en el acceso a activos productivos—llámense financieros, de capital humano, de capital productivo—resulta inviable avanzar en la inclusión social.
  • La concentración de la riqueza y la propiedad de activos productivos no sólo no se ha reducido, sino que ha venido a ser permeada por capitales de naturaleza ilegal. Colombia es quizás la segunda sociedad con mayor desigualdad en el ingreso en Latinoamérica—después de Brasil—el continente con mayor desigualdad en el mundo. El 20 por ciento de los hogares más ricos concentran el 52 por ciento de los ingresos y el quintil con mayores ingresos devenga más de 26,3 veces que el quintil más pobre. Hoy el 1,1 por ciento de los propietarios de la tierra en el país tiene más del 55 por ciento del territorio cultivable y explotable. Con el agravante que en las zonas ampliamente ricas del agro cerca de un 30 a 35 por ciento de ese territorio sería de propiedad de capitales de dudosa procedencia, ligados al narcotráfico o a la corrupción abierta.
  • La exclusión social también se manifiesta en el ejercicio de la función pública de manera muy acendrada y perversa. En el sistema tributario colombiano el conjunto de dádivas, privilegios, exenciones y deducciones, que en buena parte no tienen mayor retribución social, favorece primordialmente a un número reducido de personas naturales y jurídicas por un valor equivalente hasta un 5 por ciento del PIB. El ahorro tributario por concepto de exenciones al impuesto de la renta alcanza a superar el 40 por ciento para ingresos mayores a 20 salarios mínimos, en comparación con uno del 15 por ciento para 6 salarios mínimos.

Además la corrupción, las fallas administrativas del Estado y el malgasto de recursos alcanzan un monto del orden del 3,0-3,5 por ciento del PIB. Dentro de las nuevas formas de interacción público y privado alrededor de la gestión publica, se han reproducido formas de desviación de recursos públicos a favor de intereses privados, que sin que constituyan conductas abiertamente al margen de la ley, son no sólo un claro favorecimiento de intereses particulares, en detrimento del erario público, sino además un quebrantamiento de la ética ciudadana y la responsabilidad de recursos de interés colectivo. Es así como alrededor de las nuevas formas de contratación pública y de administración de servicios públicos con inadecuados marcos regulatorios y de fiscalización en medio de la privatización—se han venido reproduciendo diferentes tipos de irregularidades de ese carácter.

No obstante lo anterior, conviene mencionar que algunas fallas del Estado pueden conducir a formas de inclusión perversa de algunos grupos marginados a través de la desviación o utilización de recursos públicos para favorecer ciertos intereses particulares como ocurre, por ejemplo, con el aprovechamiento del poder político por parte de los denominados barones electorales para retribuir a sus clientelas a través de cuotas burocráticas en el aparato del Estado—fenómeno del clientelismo.

Todo lo anterior lleva a un proceso perverso de exclusión social y de excesiva concentración del poder. La exclusión social, por lo tanto, constituye una piedra angular en el proceso de transformación de la sociedad hacia la construcción de la democracia en el marco de un Estado Social de Derecho. Es fundamental avanzar hacia la democratización económica y política de la sociedad y obviamente la democratización del poder. La sociedad colombiana tiene que tomar decisiones serias, en un proceso de elección social y política, sobre cómo destinar los esfuerzos, recursos y potencialidades para el cumplimiento y la satisfacción de dilemas sociales profundos e inevitables.

La crisis económica en medio de la globalización impone la necesidad de avanzar en un proceso de ajuste a las finanzas publicas, pero este proceso no debe circunscribirse a una única modalidad inevitable, sino que debiera responder a una decisión democrática sobre cuáles son los intereses y propósitos que han de prevalecer en el ajuste. Uno de los retos de economía política es mostrar si resulta posible realizar un ajuste razonable que no tenga que ser recesivo sino que incluso pueda llegar a ser relativamente progresivo en términos sociales, e identificar el tipo de intereses y poderes tradicionales que tendrían que afectarse para poder avanzar en el propósito de la lucha contra la pobreza, el crecimiento económico y la inclusión social.

DILEMAS, COMPROMISOS Y ESCOGENCIAS SOCIALES

Para responder a algunos de los principales dilemas, desafíos, escogencias y compromisos sociales y políticos que deberá enfrentar la sociedad colombiana para transitar a un arreglo social que garantice la paz, entendida como la convivencia ciudadana bajo un ordenamiento democrático e incluyente, se habrá de adelantar un debate publico alrededor de tres ejes fundamentales.

En el campo económico y social se requiere instituir un verdadero sistema integral de protección y seguridad social en el marco de una estrategia comprensiva de lucha contra la pobreza y la promoción del crecimiento y la inclusión social, que dedique y focalice un monto importante de recursos públicos a la satisfacción de propósitos básicos en campos como los de educación, salud, seguridad pensional, alimentación para enfrentar la indigencia, y protección frente al desempleo.

En el campo de los derechos civiles y políticos se ha de progresar en la institucionalidad de dos pilares básicos de un Estado de Derecho como son la justicia y la defensa y seguridad para la convivencia ciudadana y la paz social. Es decir, se deberá instaurar una verdadera seguridad democrática como una seguridad integral para la sociedad, como eje central y por encima de cualquier consideración, y subsidiariamente la seguridad y la defensa del Estado. Esta seguridad democrática requiere concebir integralmente al conjunto de la seguridad ciudadana, la seguridad de libertad de pensamiento y de organización, la seguridad alimentaria, la seguridad en la movilidad territorial, la seguridad ambiental, la seguridad jurídica—aplicación de la ley—y la seguridad nacional. Se trata de que no se restrinja la concepción de seguridad democrática a la de seguridad nacional en su acepción tradicional.

En el campo de la democracia como ordenamiento social se requerirá avanzar necesariamente en la democratización económica y política, sin contraponerse necesariamente al avance de un régimen de mercado; con una estricta regulación por parte del Estado—para la corrección de fallas sustantivas y el abuso de poder mono u oligopólico—y con responsabilidades estatales indelegables en propósitos de inclusión social y política. La democratización económica es una condición para la democratización política y social. La democratización económica en una sociedad de profunda exclusión arranca necesariamente por la búsqueda del desmonte de todos los privilegios indebidos y a espaldas del mercado, que están enquistados en la estructura del poder económico y político.

Los anteriores son tres propósitos esenciales. Es posible avanzar en ese proyecto colectivo en la medida en que se vayan transformando ciertas relaciones de poder que reproducen el statu quo y se erigen como obstáculo para cualquier proceso renovador incluyente en la sociedad. Es posible ilustrar con algunos ejemplos cómo incluso para el sistema en su conjunto podría ser más conveniente y razonable en una perspectiva de mediano y largo plazo, comprometerse con la democratización, que claudicar aceptando la extrema vulnerabilidad de amplios grupos de la población ante la ausencia o debilidad del Estado para ejercer responsabilidades esenciales de carácter público y su suplantación por otros poderes en el desempeño de ciertas funciones, en la que algunos países del Tercer Mundo parecieran estar sumiéndose por la fuerza de los hechos.

En el caso colombiano vale la pena ilustrar los grandes retos y dilemas sociales.

EN EL ÁMBITO SOCIAL

  • Si se quisiera que los más de 11 millones de habitantes en condiciones de indigencia fueran pobres pero no indigentes—obsérvese la paradoja, que solamente tuvieran alimentación para satisfacer los mínimos vitales—ello le costaría a la sociedad cerca de 2,3 por ciento del PIB. Hoy el Estado colombiano le dedica recursos al problema de la alimentación por un monto inferior al 0,7 por ciento del PIB, a pesar de la gravedad del problema; recuérdese que de esos 11 millones, 4 son niños menores de 15 años.
  • Si se buscara dar cumplimiento a la Carta Constitucional e implantar un pacto social de inclusión a través de la educación, el Estado debería dedicar recursos del orden del 1,4 por ciento de PIB para educar debidamente a los 3 millones de niños y jóvenes en edad escolar que permanecen sin atender a las aulas.
  • Si se pretendiera brindar salud básica a la población que no tiene acceso a ella—cercano al 40 por ciento y no obstante algunos logros en la última década—habrían de destinarse recursos por un 1,3 por ciento del PIB.
  • Si se propusiera avanzar hacia un sistema pensional incluyente y viable financieramente, tendría que aceptarse la necesidad de implantar los principios de progresividad—en las cotizaciones de acuerdo con los ingresos/salarios del afiliado—equidad—idénticos beneficios entre afiliados con las mismas condiciones de tiempo laboral, ingresos/salarios, etc.—y solidaridad—fondo para los más desprotegidos como los ancianos pobres de más de sesenta y cinco años. En marcado contraste, el régimen pensional existente, como hasta cierto punto también en el de salud, es regresivo, insolidario e inequitativo. Parecería que algunos grupos poblaciones enquistados en la estructura del poder, han optado por tener garantías y derechos como si fueran ciudadanos de un país del Primer Mundo, en medio de la pobreza y exclusión de Colombia, haciendo que el sistema pensional sea inviable financieramente y claramente regresivo en favor de unos pocos con ingresos relativamente altos—para no mencionar solamente el caso de los regímenes especiales de algunos privilegiados pertenecientes a algunas entidades públicas—y en detrimento de los más desprotegidos. Por ejemplo, sólo el 19,8 por ciento de la población económicamente activa está cubierto por el sistema de pensiones, y hoy la deuda pensional equivale a más del 200 por ciento de PIB, dejando a la casi totalidad de la población pobre fuera del sistema.

Con los ejemplos anteriores se puede deducir que si se pretendiera avanzar hacia un sistema de protección integral social, progresivo, solidario, equitativo y eficaz, con la decisiva contribución de los ciudadanos con mayores ingresos y con el incremento de recursos públicos con la eliminación de los privilegios socialmente injustificados y en favor de unos pocos, el país podría aumentar sustancialmente la cobertura de servicios. En este contexto sería previsible poder alcanzar una cobertura en educación y salud básica para la casi totalidad de la población en el próximo quinquenio con recursos públicos anuales crecientes que irían desde el 1,5 hasta el 3,5 por ciento de PIB entre el primero y el quinto años.

Ese propósito de la provisión de salud y educación básicas y subsidio pensional básico para la población más pobre del país, implica un monto de recursos relativamente equiparable con el de las exenciones, deducciones y privilegios tributarios que no son justificados socialmente equivalente a un 2,0-2,5 por ciento del PIB y concentrado en un número muy reducido de personas naturales y jurídicas—aparte de que tanto la evasión y elusión tributarias como la corrupción y fallas administrativas del Estado (p. ej., malgasto, ineficiencia) llevan a un sacrificio adicional de ingresos para el erario público hasta cerca de un 5,5-6,5 por ciento del PIB.

EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD

En la actualidad se debate en el país en torno a cuántos recursos adicionales se deben dedicar a la fuerza pública, y su incidencia en los montos que se podrían destinar para inclusión social, dada la crisis fiscal del país y la necesidad de un ajuste de las finanzas públicas. En algunos círculos se argumenta que en el país no se dedican suficientes recursos para la defensa y seguridad, y que por lo tanto ha de incrementarse sustancialmente el gasto público en este sector. En realidad el gasto que realiza la sociedad en defensa y seguridad alcanza el 5,4 por ciento del PIB: el 2,1 por ciento en las fuerzas militares para su objetivo central y un 0,3 por ciento adicional para otras entidades de las fuerzas, el 1,2 por ciento para la policía, el 1,1 por ciento la seguridad privada legal y un 0,7 por ciento con base en la ayuda estadounidense. Como puede deducirse, los grupos pudientes de la sociedad han decidido aumentar el gasto en seguridad privada legal, y de manera complementaria e incluso a mayor ritmo que el reforzamiento del gasto público en defensa, al punto de que, según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hoy el número de vigilantes privados legales (que alcanza a más de 130 mil hombres) supera el pie de fuerza policial (de unos 100 mil). No debe olvidarse, además, que empresas de vigilancia no registradas en la Superintendencia emplearían un personal adicional de hasta otros 30-40 mil hombres. Pero, más grave aún, resalta la formación y cuantiosa financiación de grupos armados ilegales por sectores privados en amplias zonas del país, en el contexto del conflicto armado y de la delincuencia organizada. Así, entonces, parecería una decisión explícita de importantes grupos de la sociedad la institucionalización de la vigilancia privada—para propósitos de interés particular antes que colectivos-públicos-, en lugar de dedicar todos los esfuerzos económicos e institucionales para la fortalecimiento y legitimación de la fuerza pública y la instauración de una verdadera seguridad democrática.

En la mayoría de los países latinoamericanos el gasto público en el subsector defensa no excede del 1,9 por ciento del PIB, y el total en defensa y seguridad no supera al 3 por ciento del PIB—en comparación con el 3,6 por ciento en el caso de Colombia en el año 2001. Ahora bien, de acuerdo con diversos escenarios sobre el fortalecimiento del gasto público en defensa y seguridad que se ha venido decidiendo adelantar en los próximos años, es de prever que se podría incrementar sustancialmente en el lapso 2002-2006: del 4,2 al 6,4 por ciento del PIB. Ahora bien, si se le adicionaran los gastos en vigilancia privada, se tendría que Colombia llegaría a dedicarle más de un 7,6 por ciento del PIB en el 2006 a la defensa y seguridad pública y la vigilancia privada, un nivel sustancialmente superior al de países en desarrollo. Todavía más si se lograra mantener una colaboración de Estados Unidos por lo menos como la actual—equivalente al 0,6-0,8% del PIB al año.

En estas circunstancias, se alcanzaría un pie de fuerza mucho mayor al punto que el número de soldados por cien mil habitantes rebasaría con creces el de otros países de la región, excepto Chile, al llegar a más de 530 en el año 2005-2006.

La conclusión cierta es que los colombianos sí le dedican importantes recursos a la defensa y seguridad, pero lo hacen de manera inadecuada, mal orientada y con poca eficiencia e insuficiente fiscalización; no se invierte debidamente en la institucionalización y profesionalización de la fuerza pública y en la democratización de la defensa y seguridad al servicio de la sociedad, sino que se gasta, en cierta medida, para reforzar la seguridad particular (de determinados grupos de la población) al margen de la institucionalidad pública. Ante la grave situación de conflictividad, delincuencia organizada (narcotráfico) y conflicto armado, es necesario racionalizar y reorientar el gasto de la sociedad en seguridad y defensa. Se requiere debatir de manera amplia asuntos de especial importancia en medio de la fragilidad de las finanzas públicas y la necesidad del ajuste fiscal, como: cuánto se va a gastar adicionalmente, en qué se va a gastar y cómo se va a reorientar el gasto en defensa y seguridad pública según prioridades de carácter colectivo; a cargo de cuáles otros gastos públicos se van a dedicar mayores recursos en defensa y seguridad pública y cuál la retribución social de un mayor gasto militar con respecto a la del gasto social; cómo racionalizar y limitar el gasto en seguridad privada y redirigir los recursos privados liberados para el fortalecimiento de la institucionalidad de la fuerza pública.

La sociedad tiene que sopesar debidamente qué tanto le dedica a los propósitos prioritarios básicos. Colombia pareciera estar inmersa en el dilema clásico de libro de texto más elemental de economía de la mitad del siglo pasado, que es ilustrado por el Profesor Samuelson entre cuánto más se gasta en cañones a costa de cuánto menos en mantequilla. Este dilema esencial tiene que ser resuelto política y socialmente, no a espaldas del debate público sino con la ilustración y la información debidas para que la sociedad en su conjunto cuente con los mejores elementos de juicio para tomar estas decisiones y compromisos sociales.

EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA

La justicia es otro de los pilares de un Estado de Derecho. Hoy la justicia se caracteriza por ser un sistema excluyente socialmente: el acceso es costoso y discriminatorio en contra de los pobres: la proliferación y la inestabilidad de la normatividad judicial excluye de entrada a aquellos que no sólo no cuentan con los medios para financiar un abogado que litigue su causa ante las autoridades, sino que no dispongan de la información necesaria para poder decidir si su caso es objeto de la normatividad y sobre cómo proceder; la excesiva normatividad ha llevado a una alta congestión y como consecuencia a unos niveles de impunidad social inaceptablemente elevados. La impunidad social supera el 70 por ciento de los casos, con ello se quiere decir que más del 70 por ciento de las conductas que se pueden considerar delitos jurídicamente, o bien no son puestos a consideración de las autoridades, o bien no son resueltos en su debida oportunidad bajo los términos y condiciones previstos por la ley, o bien, en el peor de los casos, son resueltos en contra de la víctima y a favor del victimario. Por lo tanto, es necesario avanzar en un sistema judicial que garantice la observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero ello no es suficiente. Ante la conflictividad existente en la sociedad colombiana ha de progresarse simultáneamente en la instauración de una cultura de resolución pacífica de conflictos en el marco de una civilidad democrática moderna.

En este contexto es claro que conductas frecuentes de naturaleza estrictamente social y consideradas en la actualidad como delitos civiles o penales, deben ser objeto no sólo de un tratamiento jurídico radicalmente diferente, sino también en su terapia social. En efecto, la segunda y cuarta conductas, consideradas delictivas, más frecuentes en el país son la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar, que son conductas que se refieren estrictamente a un desarreglo social en el interior del núcleo básico de la familia, por lo que, al ser criminalizados judicialmente como delitos, no sólo no corrigen sus raíces ni previenen su ocurrencia, sino que en muchos casos incluso pueden exacerbar sus causas económico-sociales.

La sociedad colombiana tiene que decidir claramente que el sistema de administración de justicia debe contar con espacios y ámbitos indelegables para ser administrados bajo la responsabilidad directa del Estado, y ha de abrir espacios que permitan la incorporación de mecanismos y regulaciones legales que faculten a la misma comunidad para participar directamente en la resolución pacífica de cierto tipo de diferencias y de conflictos ciudadanos, como el caso de jueces comunitarios, jueces de paz, etc. Ello con miras a ir configurando una cultura de la justicia administrada lo más cercanamente posible al ciudadano.

Para ilustrar, hoy en el área civil el 75 por ciento de la actividad de los juzgados se dedica a la resolución de procesos ejecutivos, lo que le cuesta al Estado cerca de 170 mil millones de pesos al año, con la peculiaridad de que en el 90 por ciento de los procesos, el demandante es una entidad del sector financiero y en un 95 por ciento de los mismos se falla a favor del acreedor. En este caso, los recursos del Estado se orientan única y exclusivamente para resolver los conflictos contractuales entre el sistema financiero y sus deudores, cuando en las sociedades de mercado modernas estos conflictos son resueltos a través de mecanismos alternativos debidamente regulados dentro del orden jurídico establecido y en observancia del debido proceso, con cargo, por ejemplo, a seguros y garantías suscritos con la aprobación de los créditos. Algo similar ocurre en el caso de restitución de inmueble arrendado.

En consecuencia, es posible avanzar hacia la construcción de un sistema de justicia eficaz, legítimo y más democrático—en términos de la universalidad de acceso en condiciones de equidad—en el entendido que el Estado ha de ser, en última instancia, el garante inalienable e indelegable de los derechos de todos los ciudadanos. Con base en análisis realizados, es de afirmar que con los mismos recursos públicos que hoy se destinan al sector justicia en el país, se podría garantizar un acceso más amplio, oportuno, eficaz y equitativo a la justicia, tanto judicial formal como alternativa debidamente regulada, bajo una nueva concepción que implica el compromiso con una cultura de la resolución pacífica de conflictos y en estricta observancia de la Ley como se estipula en un Estado Social de Derecho.

EN EL ÁMBITO DE LA DEMOCRATIZACIÓN ECONÓMICA

Ante la profunda exclusión social, el proceso de empobrecimiento del país y la excesiva concentración del ingreso, de la riqueza y de oportunidades, es fundamental avanzar en la democratización del acceso a activos. El acceso no hace referencia únicamente a ciertas formas tradicionales de riqueza como la tierra sino crecientemente, en las condiciones actuales del sistema de mercado, a crédito en condiciones de equidad y a activos financieros, tecnológicos, informáticos y comercialización, por ejemplo. No se trata de una política neo-populista, sino de la construcción de una arquitectura institucional y financiera para que, en el marco de un sistema de mercado y en condiciones de equidad, sectores al margen del desarrollo de la economía y de la modernidad puedan tener cierto acceso a condiciones propicias para la reproducción de su capital humano y físico, y a la potenciación de sus capacidades. Se trata de una política de potenciación de recursos disponibles que la sociedad hoy no está aprovechando. En este punto es de recordar que la verdadera democracia consiste en el ejercicio de libertades y el desarrollo de capacidades en condiciones de igualdad, lo que implica que los miembros de la colectividad estén en condiciones de asumir y ejercer el estatus de ciudadanía social. Pero ésta no puede ser sustentada en medio de un proceso progresivo de empobrecimiento y exclusión social; resulta necesario, aunque claramente insuficiente, instaurar condiciones propicias para el crecimiento económico.

EN EL ÁMBITO DEL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Ante el grave desequilibrio estructural de las finanzas públicas, Colombia tendría que hacer un ajuste fiscal no sólo para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, sino también para avanzar en ciertas reformas sociales inaplazables, de un orden de 3,5-4,0 por ciento del PIB en los próximos años. Lo cual implica un esfuerzo de conseguir mayores ingresos tributarios, reducir gastos no prioritarios, mejorar la eficiencia y orientación del gasto público y combatir la corrupción y malgasto de recursos públicos, buscando evitar en lo posible la reproducción de impactos recesivos y el recorte de erogaciones indispensables que harían aún más grave la situación social del país.

Un ajuste de tal magnitud exige una rigurosa escogencia colectiva ojalá mediante un proceso de debate los más amplio y democrático posible—sobre las prioridades sociales para la orientación de recursos públicos. Entre los temas que tendrán que abordarse se destacan algunos: ¿Cómo se ha de realizar el ajuste fiscal? ¿Cuál ha de ser la combinación entre racionalización de la estructura de tributación y recorte y reorientación del gasto público? ¿Qué tipos de reforma tributaria y del Estado, y cuáles su progresividad y equidad entre grupos de la población? ¿Cómo se garantizaría la sostenibilidad de la deuda y la consecución del financiamiento de la economía colombiana?

Buscándose la progresividad, equidad y eficiencia del ajuste, habría que realizar esfuerzos, de manera integral y coherente, en algunos campos de las finanzas públicas, como los siguientes:

Por el lado de ingresos, se tendría que avanzar seriamente en la lucha contra la evasión—que alcanza a cerca de un 3 por ciento del PIB—la recuperación de cartera de la DIAN—que hoy llega a cerca de un 1 por ciento del PIB—y la eliminación de exenciones injustificadas—por un 1,5-2,0 por ciento del PIB—ya que además de generar importantes ingresos adicionales, mejoraría la estructura de la tributación y evitaría la elevación de tarifas nominales. Ello implicaría una decidida voluntad política para el desmonte de prebendas y privilegios de unos pocos y a costa del erario público, no imposible de conseguir si se lograra configurar una verdadera coalición de fuerzas democráticas.

Por el lado de los gastos, la racionalización, priorización y mejoramiento de la eficiencia del gasto público, y el combate contra la corrupción y fallas administrativas del Estado—que superan un 2,5-3,0 por ciento del PIB al año—resultan inevitables en el contexto de una clara estrategia de dedicación de los recursos públicos hacia sectores prioritarios en términos sociales y de crecimiento económico y de institucionalización y modernización del Estado.

En este tema es de mencionar que, de acuerdo con estudios recientes, la corrupción tiende a ser profundamente inequitativa, con importantes impactos en términos de exclusión social, al crear, por ejemplo, obstáculos directos para el acceso a los servicios públicos, afectando más que proporcionalmente a los pobres—en términos de costo y oportunidad. No obstante, como ya se mencionó, hay casos en los que puede favorecer la inclusión—perversa—de algunos grupos a través de prácticas como el clientelismo. Pero aparte de la corrupción abierta, en el contexto de mercados abiertos aunque incompletos y bajo marcos regulatorios imperfectos, se está reproduciendo en países como Colombia una práctica perversa y de gran trascendencia en la conducción de recursos públicos denominada como falla de administración en el Estado. Es así como una importante parte de la pérdida de recursos públicos no es por corrupción abierta, sino por un conjunto de modificaciones en contrataciones debidamente realizadas en términos jurídicos, pero con unas falencias en su especificación contractual a nivel técnico, que pueden favorecer la realización de ganancias extraordinarias de ciertos conglomerados privados nacionales e internacionales, sin justificación técnica pero sí con una estricta validez legal. Práctica que en últimas es imposible demostrar como fruto de corrupción de funcionarios públicos o incluso de las empresas favorecidas por fallas en la especificación técnica de los términos y condiciones contractuales.

Por eso, al igual que con la reestructuración de la tributación, la lucha contra la corrupción y las fallas administrativas requiere de un verdadera voluntad política para afectar intereses poderosos particulares que lucran indebidamente a costa del erario público.

Otro de los elementos centrales del ajuste es el relacionado con el financiamiento de la economía. Es de recordar que el ritmo de crecimiento de la deuda pública ha sido tal que en el caso de la del Gobierno Central se llegó a triplicar como proporción del PIB en apenas cinco años al pasar del 14,4 por ciento en 1996 al 45,2 por ciento en 2001—con el agravante que tendrá que cancelar amortizaciones e intereses por valores anuales promedio cercanos, respectivamente, al 4,8 y 3,8 por ciento del PIB en los próximos tres años. Y, todavía más delicado, cuando en el pasado reciente hasta más de un 80 por ciento del crédito ha tenido que orientarse a la cancelación del servicio de la misma deuda—es la conocida operación del roll over: contratar nueva deuda para cancelar deuda antigua. Para evitar la insostenibilidad de la deuda y la inestabilidad de la economía, obviamente, se requiere implantar un severo ajuste fiscal a fin de ir disminuyendo hacia el futuro las necesidades de endeudamiento adicional, tanto interno como externo. Pero hoy día uno de los problemas que se enfrenta Colombia, en medio de la crisis de financiamiento de países latinoamericanos, es cómo administrar la deuda pública y gestionar el financiamiento de la economía.

Ante el relativo cierre del mercado internacional de capitales para la región, el país debe implantar una estrategia comprensiva para buscar una adecuada retribución, por parte del sistema financiero internacional, de su condición excepcional de buen deudor. Así, por ejemplo, además de lograr un significativo aumento de la exposición (nivel de deuda) del Banco Mundial en los próximos años y de la rotación o reciclaje de la deuda con el BID dado que ya se encuentra en el nivel límite según indicadores previstos por los estatutos de la entidad—se ha de contar con su decisivo apoyo y el del FMI—y deseablemente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la consecución de los recursos restantes en condiciones razonables—como costos y plazos. El pago de la deuda pública no puede erigirse per se como un obstáculo al avance hacia la inclusión social.

EN EL ÁMBITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Una sociedad con la exclusión social como la colombiana se ve en una situación todavía más crítica cuando adolece, al menos temporalmente, del aprovechamiento de motores de crecimiento, y peor aún si ha de realizar un severo ajuste fiscal durante varios años. Infortunadamente, este es el caso del país que ha venido sufriendo desde inicios de los ochenta de un proceso perverso de desactivación productiva, consistente en una desagriculturización, desindustrialización y terciarización pasiva, que, en las condiciones actuales, no permite prever ritmos de crecimiento anual superiores al 3,0-3,5 por ciento de manera sostenida. Es decir, si no hay cambios sustanciales, el empobrecimiento sufrido en los últimos años continuará, ya que, por ejemplo, según el Banco Mundial se requeriría crecer a más del 4,0-4,5 por ciento al año en el resto de la década para retornar a los niveles de pobreza de mediados de los noventa. Debe tenerse presente que en el crecimiento económico, la creación de riqueza colectiva y la generación de empleo reside una condición esencial, aunque no suficiente, para atenuar, en alguna medida, el grado de restricción tanto de las condicionalidades y márgenes de maniobra de la política pública como de los trade off entre los objetivos de la política social para responder a la crítica situación actual y los de la política económica en consideración de los requerimientos del saneamiento y la estabilidad macro—elementos constitutivos de un ambiente propicio para la competitividad y el crecimiento en medio de la globalización. Otra de las condiciones necesarias consiste en el avance hacia un entorno inicial favorable al crecimiento en lo referente, por ejemplo, a la redistribución y acceso a activos; la reproducción del capital humano, físico y social; el ahorro, la inversión y la innovación; el ejercicio de libertades y la observancia de derechos, y, en fin, al desmonte de bases estructurales de la exclusión social de amplias capas de la población.

En la medida en que se lograran superar obstáculos exigentes para transitar de una situación de relativo estancamiento empobrecedor a una dinámica de crecimiento socialmente incluyente, se podría entrar en una especie de círculo virtuoso de un desarrollo sustentable potenciador de capacidades sociales, recursos humanos y naturales, y ventajas productivas.

Por ello resulta indispensable interponer esfuerzos y compromisos, desarrollar acciones colectivas y privadas, realizar transformaciones estructurales e implantar políticas conducentes a la consolidación de un Estado Social de Derecho sustentado en la inclusión social, la creación de riqueza, el progreso y la democracia.

Así mismo, y no menos importante, es claro que este reto es aún más apremiante debido a que en el corto plazo debería contarse con una red de protección social integral y comprensiva en el marco de una estrategia de lucha contra la pobreza y bajo un sistema integral, contando con un estricta coordinación gubernamental en campos de política pública decisivos como el crecimiento sustentable y el empleo, la educación y salud básicas, la atención alimentaria para la pobreza extrema, servicios públicos y vivienda de interés social, capacitación laboral y obras públicas.

Para estos propósitos habría de desarrollarse un verdadero contrato social alrededor de la inclusión social, de la lucha contra la pobreza y el crecimiento con el concurso activo de las políticas públicas y en estricta consulta con los requerimientos de la estabilidad y ajuste macroeconómico. Consistiría en el establecimiento de normas y reglas claras para la coordinación de la política macroeconómica, los programas sociales y otros planes públicos en la búsqueda de configurar un entorno propicio para un patrón de crecimiento generador de empleo y reactivador de demanda interna—por ejemplo, de cadenas productivas con importantes impactos sociales en términos de aprovechamiento de recursos naturales y humanos como algunas agroindustriales, la construcción, etc.—que, a la vez, posibilite atenuar el nivel de exigencia del ajuste requerido para la estabilidad de la economía.

En la medida en que se amplíen, de manera efectiva, márgenes de maniobra en términos de la oportunidad, intensidad y gradualidad del ajuste fiscal—ante mayores ritmos de crecimiento, menores tipos reales de interés y/o mayor competitividad de la tasa efectiva de cambio consecuentes con unos ingresos públicos por encima de lo esperado—el espacio generado para un gasto público superior al previsto en la programación macro se aprovecharía exclusivamente para orientarlo a las prioridades de la estrategia de la inclusión social y lucha contra la pobreza.

Para avanzar en este propósito habrá de contarse con la voluntad política de transformación social—en particular, por parte de los grupos más favorecidos—dado que si bien muchas de las acciones requeridas implican una redistribución de ingresos bajo principios rectores como la progresividad y solidaridad en el marco de un Estado Social de Derecho, existen diversas acciones de gran impacto social como las relacionadas con el acceso a crédito y activos productivos sin mayor exigencia de recursos adicionales, que dependen fundamentalmente de la decisión y del desarrollo de la institucionalidad apropiada para llevarlas a cabo.

SOBRE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La sociedad colombiana se enfrenta a serios dilemas y escogencias con innegables repercusiones sobre el ordenamiento económico, político y social en una perspectiva perdurable. Se requiere promover un amplio debate público con la mayor información disponible sobre las implicaciones sociales de diversos cursos de acción colectiva para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la satisfacción de objetivos de innegable prioridad colectiva-pública. Una de las tareas necesarias, entre otras muchas, para adelantar una escogencia pública, mediante la participación democrática de amplios grupos de la población, consiste en la elaboración y divulgación de un análisis de la economía política de la transformación social. Esta es una tarea que nos corresponde aportar al debate público a los intelectuales, especialistas y técnicos en diversas ciencias sociales.

De lo expuesto resulta claro que el país podría avanzar gradual pero decididamente en la inclusión social mediante la construcción de un sistema integral de protección y seguridad social (con la exigencia de recursos públicos adicionales de hasta un 4,0 por ciento del PIB al año), aún ante la necesidad inaplazable de realizar un severo ajuste fiscal (equivalente a un 3,5-4,0 por ciento del PIB en el próximo trienio) y de instaurar condiciones propicias para el crecimiento económico, e inclusive con un reforzamiento del gasto público en el sector defensa y seguridad (con gastos incrementales adicionales de un 0,4 por ciento del PIB al año durante el próximo trienio).

Pero ello requerirá necesariamente el desmonte de prebendas y privilegios tributarios injustificados socialmente (con un monto potencial de recursos liberados para el erario público de hasta un 1,5-2,5 por ciento del PIB al año), el combate contra la evasión y elusión tributaria (con un potencial de recursos anuales para el fisco de hasta un 1,5-2,0 por ciento del PIB), la lucha contra la corrupción y el malgasto de recursos públicos (con una reducción potencial de gasto público de hasta un 2,0-2,5 por ciento del PIB al año), la reestructuración de cotizaciones y parámetros básicos de los regímenes pensional y de salud bajo los principios de progresividad, equidad y solidaridad (con un aporte potencial de recursos adicionales para la financiación de los sistemas pensional y de salud de hasta un 0,6-0,9 por ciento del PIB al año), para no mencionar sino algunas áreas sobresalientes por su contribución a la racionalización de las finanzas públicas del país.

En este punto no se puede dejar de lado el problema de la deuda pública. El pago de la deuda pública no puede erigirse como un obstáculo al avance hacia la inclusión social. El esfuerzo del ajuste fiscal puede retribuir y justificarse socialmente con la reducción de la deuda social. Colombia estaría en condiciones de seguir cumpliendo honradamente con el pago de la deuda y de seguir siendo el único país buen deudor en América Latina y casi en el Tercer Mundo, siempre y cuando el sistema financiero internacional como conjunto le brinde el debido reconocimiento, en términos de corresponsabilidad y reciprocidad, con la oportuna y adecuada (en términos de costos y condiciones) financiación de la economía y el apoyo al país para ajustarse a las nuevas condiciones domésticas e internacionales. Ante todo hay que hacer valer este estatus frente a la comunidad financiera dado que la conservación de Colombia como buen deudor es incluso del propio interés del sistema en su conjunto.

Una somera comparación entre la demanda de recursos públicos para la instauración de un sistema integral de protección social y la realización del ajuste fiscal, por un lado, y la liberación de recursos para el erario público del desmonte de privilegios y de la modificación de parámetros en los sistemas tributarios, pensional y de salud, de la lucha contra la corrupción y las fallas administrativas del Estado, por otro lado, muestra que sí sería posible conciliar un avance progresivo hacia la inclusión social con el ajuste fiscal y el crecimiento económico. Un requisito indispensable para ello es la configuración y consolidación de una economía política del poder favorable a la transformación social hacia una democracia incluyente y moderna en el marco de un Estado Social de Derecho.

Es claro que la aritmética social permite deducir que sí es posible ir abordando progresivamente la inclusión y el desarrollo, siempre y cuando se altere fundamentalmente la aritmética del poder a favor de la equidad, la solidaridad y la eficiencia en un régimen de mercado. Solo con una verdadera transformación social será dable pensar en la construcción de una democracia política, económica y social, en el sentido estricto del término.

Dilemas y escogencias sociales como los mencionados deben ser ámbito de la arena política, de lo público, no única y exclusivamente de unos pocos intelectuales, técnicos o especialistas escogidos, pero no elegidos por la decisión popular a través del voto. Es tarea de todos, desde el propio campo de acción ciudadana, ir construyendo visiones, esbozando alternativas, abriendo espacios y erigiendo compromisos para avanzando en ese propósito de la construcción de una verdadera democracia en el país.

 

Luis Carlos Garay, the author of Rethinking Colombia: Towards a New Social Contract, holds a Ph.D. in Economics from MIT. This essay, presented at the conference "Beyond Armed Actors" held at Harvard last year, is partially based onColombia: Between Exclusion and Development. Proposals for the Transition to a State with Guarantees for Social Rights, Controller's Office, Bogota, August 2002 (under the academic direction of Luis Jorge Garay).

Mujeres haciendo paz

Una initiativa de sociedad civil

Por Martha Quintero, Rocío Pinedo, Rosa E. Salamanca, Martha E. Segura, Nancy Tapias, y Pilar Hernández

Colombia es un país con una historia de violencia política y social que se remonta aproximadamente 50 años atrás. En especial la insurgencia empieza un fuerte proceso de expansión a partir de 1979 en las diversas regiones del país. Estos hechos coinciden con la incapacidad creciente del Estado para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, en todo el territorio nacional. El escenario del conflicto se ha vuelto cada vez más complejo por la participación de diferentes actores armados como la guerrilla y los paramilitares, y por el uso que estos actores del conflicto hacen del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, como soportes básicos de sus actividades bélicas.

Todo esto ha implicado, además de inmensos costos humanos y éticos, el debilitamiento de las instituciones, y por ende un estado incapaz de controlar la violencia y subversión como lo indican los altos índices de impunidad y la frecuencia en la ocurrencia de delitos no conexos con el mismo.

En el conflicto armado interno ha muerto aproximadamente el 4% de los Colombianos, y donde los costos económicos asumidos por la sociedad son incalculables.

Cada día existe una mayor necesidad de encontrar salidas políticas a nuestro conflicto. Colombia ha intentado desde 1982 la negociación política para terminar el conflicto armado interno sin llegar a mayores resultados.

La solución a un problema de más de 50 años, tan intenso y degradado es difícil, lenta y compleja. La definición de un nuevo modelo de Estado aceptable y respetable para todos, además de tiempo implica sacrificios y concesiones entre las partes. Es por consiguiente indispensable que las partes vayan ganando confianza con gestos de paz que generen credibilidad y expectativas futuras de una solución negociada del conflicto armado.

Habrá que superar la desconfianza, la impaciencia y la falta de solidaridad y compromiso de la sociedad civil hacia la búsqueda de un consenso político y social, que superando los diferentes intereses individuales y corporativos, se establezcan reglas basadas en algo así como La Justicia como Equidad, para resaltar la expresión de John Rawls; que sea lo suficientemente amplio para incluir los diferentes intereses sociales de los grupos de interés, y a la vez sea lo suficientemente preciso en el sentido de superar los efectos devastadores de la violencia, el narcotráfico y la subversión, mediante la construcción de un Estado de bienestar basado en la responsabilidad pública.

Como una de las principales preocupaciones de los movimientos de Paz y entre ellos el movimiento de mujeres, está la sensación de indefensión, frente a la degradación y de incertidumbre ante el recrudecimiento y nuevas manifestaciones en la actual etapa del conflicto en Colombia. El avance de posturas con opciones fundamentalmente bélicistas han ganado terreno entre todos los actores armados, incrementándo las violaciones a todos los civiles en hechos catalogados como crímenes de lesa humanidad.

Esta situación tiene repercusiones de distinto orden. El gravísimo problema del desplazamiento forzado es ya de tal dimensión que debe dársele un tratamiento de emergencia nacional y el traslado de la violencia política a las ciudades es estratégicamente un paso que lentamente se viene consolidando. Esta situación de conflicto armado en unas condiciones socioeconómicas muy difíciles, y con niveles de desempleo crecientes, repercute en toda la situación de agudización de la conflictividad multipolar que aqueja nuestro país.

Entre otras muchas iniciativas de la sociedad civil, las diferentes mujeres colombianas que son parte de Women Waging Peace vienen trabajando en la construcción de capital social, espacios de concertación y apoyo a los desfavorecidos especialmente a las mujeres víctimas del conflicto, tanto a nivel regional, nacional como internacional, desde distintos escenarios como son la Academia, Fundaciones, ONGs y entidades del Estado.

Que decimos entonces las mujeres colombianas que nos resistimos a ver y vivir pasivamente esta situación?

Decimos y hacemos muchas acciones con el objetivo de impedir la continuidad de esta guerra y en la búsqueda de salidas justas que sean integrales a esta conflictividad multipolar que vivimos. Las mujeres venimos desde distintas vertientes, pues el movimiento no es homogéneo ni pretende serlo, hemos realizado manifestaciones pidiendo el cese a las hostilidades y un diálogo constructivo hacia la Paz.

  • El respeto al DIH por parte de los actores en conflicto.
  • No al reclutamiento forzado de nuestros hijos e hijas.
  • Sí al respeto a la mujeres indígenas, a sus tradiciones y autonomía.
  • Sí al respeto por las mujeres afrodescendientes donde en sus territorios se libran batallas por el control territorial.
  • No a la violencia intra familiar y menos aún, al incremento que se ve en estos hechos a causa del conflicto y del uso de las mujeres como botín de guerra.

En el caso específico de las mujeres indígenas la situación no ha logrado ser suficientemente documentada. Las razones principales para este desconocimiento son:

  • Generalmente Los Pueblos Indígenas se encuentran en lugares apartados, de difícil acceso y no son las mujeres quienes tienen más acceso a salir a los centros de información.
  • Existen igualmente problemas de orden cultural para su aproximación, lengua, costumbres entre otras.
  • Los ordenamientos internos de los pueblos indígenas no siempre permiten que las mujeres puedan encontrar los espacios para las denuncias correspondientes. Sin embargo el tipo de violaciones que se han encontrado hasta el momento según las investigaciones y los testimonios muestran que las más frecuentes son, La persecución de madres por tener hijos en las filas de uno de los actores armados o de la Fuerza Pública. El Reclutamiento forzado y utilización de niñas humildes como mensajeras y vigilantes. Desplazamiento Forzado, Violencia sexual. Viudez, Violencia Intrafamiliar y aumento del alcoholismo. Daños en los trabajos de las mujeres y exacerbación de las necesidades económicas.

Nos sentimos limitadas, y no hay libertad. No podemos hacer nuestros trabajos tradicionales en las noches porque si ven a un grupo reunido piensan que se está planeando algo contra ellos. Llega cualquier grupo a pedir comida o agua, y el grupo contrario las acusa de ser “colaboradores”. Toda esta situación nos causa mucho dolor y mucha pérdida. Nosotras y nuestros pueblos queremos vivir en armonía con la naturaleza y hacer nuestros trabajos tradicionales a nuestros padres y a nuestras madres. Queremos que se nos respete. No queremos esta guerra. Muchas mujeres ni siquiera entendemos bien que es lo que pasa y porque viene personas extrañas a nuestra tierra a mandarnos. Qué les estamos debiendo. Es como una nueva conquista. Cuántas personas más nos va a costar hacernos respetar? Ya somos poquitos/as, es que no quieren ver ni a una persona india en este país?

Aprovechamos este espacio para pedir a la opinión pública internacional que se den cuenta que la tragedia colombiana no es un simple problema de narcotráfico, o de violencia, es una guerra de profundas raíces de discriminación e inequidad, que es vital para todos y todas parar desde la perspectiva de la negociación. Eso pensamos nosotras las mujeres que no queremos ni un hijo, ni una hija mas para la guerra!!! A la vez que clamamos por la libertad de todos los secuestrados.

 

Martha Quintero, Rocío Pinedo, Rosa E. Salamanca, Martha E. Segura, Nancy Tapias, and Pilar Hernández are members of Women Waging Peace in Colombia.