First Take: Terror y crimen abaten a la prensa (Spanish version)

By Gonzalo Marroquín

El estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez se tiñó de sangre la tarde del 16 de septiembre de 2010. Allí estaban almorzando los reporteros gráficos Luis Carlos Santiago Orozco, de 21 años y Carlos Manuel Sánchez Colunga, de 18, cuando fueron atacados a balazos. Habían participado esa mañana en un curso de fotografía en las instalaciones del periódico El Diario, donde ambos realizaban su práctica. Orozco murió en el acto y Sánchez Colunga quedó herido de gravedad.

Aún se desconocen los móviles de ese ataque en Juárez, ciudad que reportó en 2010 la muerte de 187 menores de 18 años en asuntos presumiblemente relacionados a riñas entre pandillas y ajuste de cuentas de narcotraficantes, de acuerdo a La Jornada que citó al sacerdote Ignacio Villanueva, quien arengó a su feligresía a asumir su responsabilidad, dar buen ejemplo e imponer los castigos necesarios.

Poco antes y en sólo 13 días, del 28 de junio al 10 de julio, murieron en circunstancias violentas cuatro periodistas en los estados mexicanos de Nuevo León, Michoacán y Guerrero. La tragedia mexicana sirvió incluso de trama de una reciente novela, Tijuana: crimen y olvido (Tusquets, 2010), que tiene como personajes centrales a una joven reportera de esa intimidante ciudad y a un comunicador de San Diego, quienes desaparecen.

América Latina se convirtió en 2010 en la región más peligrosa para el ejercicio periodístico, donde México concluyó el año lamentando la muerte de 11 periodistas, otros nueve fueron ultimados en Honduras, dos en Brasil y uno en Colombia. Ante este panorama a través de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hemos resaltado cómo el incremento desmedido de la violencia sigue y se transforma en el plano periodístico en autocensura, cuya consecuencia conlleva la violación de otro principio fundamental: el derecho de los ciudadanos a estar informados. Por ello es imperativo atajar el problema de la violencia y la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Para la SIP, la violencia contra los periodistas y la impunidad que esta acarrea sigue siendo uno de sus principales retos. La institución tiene entre sus prioridades exigir a gobiernos y a organismos intergubernamentales que establezcan y propongan mayores acciones y métodos eficaces con el fin de contrarrestar las citadas violencia e impunidad. De igual forma se ha solicitado públicamente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras instancias multilaterales, que incluyan en sus agendas de trabajo acciones para terminar con el flagelo de la violencia y con otros métodos sutiles que afectan la libertad de prensa y el desempeño pleno de la democracia.

Las agresiones y los atentados contra periodistas y medios sucedieron en todas las épocas en América Latina – hay casos de bombas que destruyeron edificios enteros de diarios por sus denuncias contra el poder político, los militares y el narcotráfico de Pablo Escobar – sin embargo ahora parece haberse agravado por un clima de confrontación y polarización generado por gobiernos populistas como los de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y Cristina de Kirchner.

En Cuba, donde el gobierno mantiene desde hace 52 años un férreo control sobre la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión de las ideas y el acceso de los ciudadanos a la información sin censura estatal, no podemos dejar de sentir júbilo por la excarcelación el año pasado de 18 periodistas que cumplían severas e injustas sentencias por ejercer su derecho a la libertad de prensa. Sin embargo, el precio de la libertad de los comunicadores está atado a su destierro del país, acto que constituye una grave afrenta a sus derechos humanos. Otros ocho periodistas independientes aún guardan prisión.

BUENAS SEÑALES

Nos alienta que varios gobiernos del área están comprometiéndose y dando pasos para poner freno a la violencia y la impunidad, tales como la creación en noviembre de una jurisdicción especial en Perú para procesar delitos graves (homicidio, asesinato, lesiones graves, secuestro y extorsión) contra periodistas en ejercicio de su labor profesional, medida que la organización hemisférica en conjunto con el Consejo de la Prensa Peruana venía solicitando desde hace algunos años.

También nos anima que en 2010 fueron condenados cinco criminales por asesinatos cometidos en Brasil y Venezuela; y otros 11 fueron encarcelados o están detenidos a la espera de ser procesados en Colombia, El Salvador, Honduras y México.

Desde que en 1995 la SIP se propuso buscar justicia para los periodistas asesinados y castigo para los criminales, siempre acompañada del respaldo económico de la Fundación John S. y James L. Knight, hasta agosto de 2010 han sido sentenciados 126 asesinos de periodistas, cifra que contrasta con sólo cinco condenados antes de esa fecha. Este fue el aspecto más destacado en un estudio periodístico independiente solicitado por la Fundación Knight, titulado “La muerte de la noticia: Muchas crónicas quedan sin publicar debido a los asesinatos de periodistas latinoamericanos”, www.kflinks.com/sip (Killing the News: Stories Go Untold as Latin American Journalists Die, www.kflinks.com/iapa).

Nuestro registro de asesinatos alcanza en 15 años la cifra de 230 comunicadores ultimados y 19 desparecidos, algunos de los cuales se presumen muertos. Para la SIP el simple seguimiento de las estadísticas fatales, cada una de las cuales representa a un miembro de una familia que anhela justicia, es un compromiso impostergable que humaniza nuestra labor de vigilancia de la libertad de prensa y libertad de expresión, temas que venimos reclamando desde hace más de una década, del que se hicieron eco los editores de México en varios foros celebrados en Hermosillo y Ciudad de México en años recientes.

Por otro lado, en misión conjunta en septiembre pasado con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), visitamos al presidente Felipe Calderón, quien se comprometió a poner en marcha un sistema centralizado de protección para los periodistas de ese país e impulsar la federalización de los delitos contra la libertad de expresión. En julio de 2010 fue instaurada en México una nueva Fiscalía Especial para atender los delitos contra la libertad de expresión que, a diferencia de otra existente desde 2006, goza de autonomía investigativa y para procesar los casos.

En Colombia concluimos el año también con buenas noticias. Una de ellas se refiere a la reforma legal que incrementó a 30 años del plazo de prescripción para procesar los crímenes contra periodistas. La iniciativa recogió recomendaciones que hicimos a partir de un estudio jurídico-legal “Injusticia Premiada: Un análisis de la impunidad de los crímenes contra periodistas en Colombia”, que patrocinamos entre la SIP y la Asociación de Diarios Colombianos (ANDIARIOS), las cuales expusimos en un foro celebrado en Bogotá en 2008 ante miembros de los poderes Legislativo y Judicial que se comprometieron a impulsarlas.

Otra decisión sorprendente en Colombia correspondió a la Fiscalía de la Nación que dictaminó como delito de lesa humanidad el asesinato de Guillermo Cano, ocurrido en 1986, caso que fue una de las primeras investigaciones emblemáticas de la SIP. Esta medida permite que el crimen no prescriba al estimar que se trató de un plan sistemático de parte del Cartel de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar. La Fiscalía colombiana también se comprometió a reactivar otros 27 casos de asesinatos distribuidos en diversas fiscalías del país, muchos de los cuales se encontraban archivados o suspendidos.

A pesar de estas buenas señales gubernamentales, no sería prudente dejarse encandilar por ellas, ya que en esta lucha la experiencia indica que muchas promesas, solo quedan en eso, en promesas.

NIVEL SUPRANACIONAL

A sabiendas de que a los gobiernos nacionales les ha costado entender el tema de la falta de justicia, desde el principio de nuestro proyecto hemos tenido la visión de apoyarnos en el sistema interamericano de justicia y de derechos humanos como una forma de intentar negociaciones con los gobiernos para que se resuelvan judicialmente los casos individuales, y para que también se recomienden y apoyen reformas legales y judiciales para combatir la impunidad que afecta y afectará a otros.

Parte de nuestro trabajo ha implicado también tocar las puertas de organismos continentales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la cual, desde 1997, hemos puesto a su consideración 27 investigaciones periodísticas. Tres de ellos han concluido con soluciones amistosas, la más reciente en Brasil, que implicó que el gobierno del Estado de Bahía reconociera su responsabilidad internacional en el crimen y pagara una indemnización a la familia del periodista Manoel Leal de Oliveira, por su asesinato ocurrido en 1998. En 2001 se alcanzó también un acuerdo con Guatemala por el caso de Irma Flaquer, desaparecida desde 1980 y junto a la cual fue asesinado su hijo, que desembocó en varias medidas importantes de reparación, entre ellas, la indemnización económica a ocho familiares de la víctima, el nombre de una calle en su honor en Ciudad de Guatemala, becas de estudio en su nombre y la divulgación de materiales relativos a su obra periodística que formaron parte de un libro de columnas y un video documental.

Orlando Sierra Hernández, subdirector de La Patria de Manizales, en el departamento de Caldas, en Colombia, fue asesinado el 30 de enero de 2002. El asesinato, a plena luz del día, fue perpetrado en presencia de su hija y frente a las instalaciones del periódico. Una cámara de seguridad filmó el momento en que un sicario le disparó tres veces a la cabeza.

La SIP viene desde entonces acompañando con investigaciones y seguimiento el proceso de ese crimen. Varios gatilleros fueron denunciados, juzgados y condenados. Finalmente, y tras ocho años del homicidio, fueron vinculados al proceso como presuntos instigadores dos políticos y ex congresistas de la región, padre e hijo, y a quienes Sierra criticaba con inteligencia y elegancia en el diario.

En su momento la SIP saludó públicamente la gestión de la Fiscalía colombiana “por no ceder en el empeño de impartir justicia ante estos tipos de crímenes contra el periodismo y toda la sociedad”, y porque esa muestra de tesón y firmeza de la autoridad competente sirvió de ejemplo y a la vez de advertencia contra aquellos criminales acostumbrados a actuar en la impunidad. Este es el motor que impulsa a la SIP a continuar su trabajo.

LA IMPUNIDAD, UN "PROBLEMA DE TODOS"

Por este motivo hemos debido ajustar los objetivos de nuestro proyecto, que además de las investigaciones, el entrenamiento de los periodistas para proveer instrumentos que les permita garantizar su seguridad, también abarca la celebración de foros judiciales y legislativos; constantes misiones para sostener reuniones con periodistas afectados y autoridades de gobierno, y la difusión de campañas educativas sobre el problema de los asesinatos y la impunidad de los crímenes contra periodistas a través de anuncios y banners que se publican en diarios y sitios electrónicos.

En este criterio de expandir el enfoque de la impunidad, hemos trabajado en foros con las Cortes Supremas de América Latina, como en República Dominicana en 2007 y con otras organizaciones homólogas con las que redactamos un plan de acción conjunto, como en Guatemala en 1997. Para finales del próximo verano estaremos celebrando una conferencia hemisférica en Puebla, México, sobre reformas legales y judiciales necesarias para combatir la impunidad.

Ahora también estamos enfrascados hasta abril de este año en un concurso de canto y composición al que hemos titulado “Dona tu voz para los que no tienen voz” para escoger el himno contra la impunidad y para dar a conocer este problema entre audiencias más jóvenes y a través de las redes sociales.

Estamos conscientes de que se han dado algunos avances, pero aún falta mucho camino que recorrer. Como bien lo ha señalado el estudio independiente de la Fundación Knight, es necesario que reforcemos nuestro objetivo original para que transformemos a la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas en un “problema de todos”.

Gonzalo Marroquín es presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y director del diario Prensa Libre de Guatemala. Como periodista trabajó en diferentes medios guatemaltecos, desde reportero y fotógrafo hasta dirigir a varios de ellos, además de trabajar como corresponsal para agencias internacionales de noticias desde 1972. Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (1984-85).