La pretensión del poder total en los tiempos de Covid-19

Por Sergio Ramírez

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El año próximo deberían celebrarse elecciones presidenciales en Nicaragua, y para integrar una nueva Asamblea Nacional. La buena fe del régimen de Daniel Ortega, si la tuviera, debería estarse demostrando desde ahora, ya a contrarreloj en esta época de Covid-19, en busca de crear garantías democráticas suficientes que permitan a los ciudadanos elegir de verdad. Hasta ahora el derecho al voto se encuentra confiscado. Hay que integrar una autoridad electoral independiente e introducir reformas profundas a las leyes electorales que aseguren que los votos serán contados sin trampas, y que todo el proceso estará sometido a la observación internacional. 

President Ortega speaking
"01.11 尼國總統奧德嘉(José Daniel Ortega Saavedra)就職典禮現場,電視牆播出奧德嘉致詞畫面" by Taiwan Presidential Office is licensed under CC BY 2.0

Sería la única manera de superar pacíficamente la crisis política, social y económica que agobia al país, y que junto con las consecuencias de la pandemia está haciendo retroceder la economía a los niveles de los años sesenta del siglo pasado, y hará que Nicaragua siga siendo el país más pobre de América Latina, al lado de Haití. 

Hasta ahora, las imposiciones dictatoriales del régimen se han articulado a través de los abusos de autoridad, la violación constante de las leyes, la compra de voluntades políticas, y la represión policial, que busca desarticular las protestas cívicas. Estas protestas empezaron en abril de 2018, y han sido reprimidas con un saldo de más de 400 muertos— sobre todo jóvenes, centenares de presos políticos y miles de exiliados que han huido sobre todo a Costa Rica.

Y ha habido otra manera de dar la espalda a los intereses y a las necesidades de la población, que es la omisión, o el abandono de las responsabilidades públicas, como ha ocurrido este año frente a la pandemia provocada por el Covid-19. Y no sólo la omisión y el abandono, con la ausencia de cualquier medida preventiva, hasta el grado de su prohibición; sino la incitación a la gente a asistir a actividades políticas masivas, y a celebraciones populares y religiosas, con lo que los riesgos del contagio se multiplicaron, y la pandemia se salió de todo control.

Ahora, la dictadura pretende imponerse a través de leyes de corte totalitario, votadas por la Asamblea Nacional, que se halla sometida a Ortega. Su objetivo es someter de manera orgánica a la población al control político y social, e imponer el miedo y el silencio. Es el viejo espíritu ideológico de intolerancia, exclusión y represión, ajustado a un férreo molde legal, congruente con la idea de poder permanente, para que todo quede sujeto a la hegemonía de un solo partido, a la cabeza del cual se encuentra una familia. La familia Ortega.

 Son tres leyes las que se hayan en proceso de aprobación, cuya naturaleza aleja cualquier voluntad de garantizar elecciones libres, pues esas leyes son incompatibles con un sistema basado en la participación política, en la alternabilidad democrática, y en las libertades públicas: libre expresión, libre organización política, y libre movilización ciudadana.

La primera de estas iniciativas legales restablece la cadena perpetua para los delitos de odio, con la intención de castigar a los adversarios políticos; otra estigmatiza a esos mismos adversarios como agentes extranjeros; y la tercera busca silenciar las voces que se expresan a través de las redes sociales y de los medios de comunicación electrónica.

La Constitución de Nicaragua deberá ser reformada para que la cadena perpetua para los delitos de odio pueda ser restablecida, pues sólo contempla como pena máxima la prisión por treinta años. Pero no se trata de castigar el odio racial, o el odio contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. Esto quedó claro en un discurso de Daniel Ortega el pasado 15 de septiembre, día de la independencia, al referirse a su propuesta de cárcel de por vida: 

“Ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018, agregado a esto, el daño que ha provocado la pandemia, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Están llenos de odio. Son criminales…”. Estos serán, pues, quienes irán a prisión perpetua, condenados por delitos de odio. Los hijos del demonio que protestan en las calles, y alzan su voz en las redes sociales.

La siguiente medida propuesta es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, presentada a la Asamblea Nacional por el propio partido oficial, la cual obligará a registrarse como tal a todo aquel que “se desempeñe o trabaje como agente, representante, empleado o servidor, o bajo orden, supervisión o control de un organismo extranjero”.

Todos estos ciudadanos pasan a formar una clase aparte de parias antipatrióticos, declarados culpables de antemano de atentar contra la seguridad del estado, porque se presume que al recibir fondos provenientes del extranjero, cometen acciones desestabilizadoras; ya sea que estos fondos sean para financiar seminarios de formación democrática, promover los derechos humanos, mejorar la calidad de las semillas de cultivo, proveer útiles escolares, equipar de laboratorios una universidad, reforestar los bosques, o proveer mascarillas preventivas contra la pandemia. Por el hecho de recibir fondos provenientes del extranjero, deben ser puestos bajo vigilancia y control profiláctico de los órganos de seguridad pública, y obligados a registrarse en lo que será una verdadera lista negra.

Si alguien se niega a registrarse, el estado quedará autorizado a intervenir su dinero y sus bienes muebles e inmuebles, lo cual significa resucitar la pena de confiscación. 

Deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en política interna, y les queda prohibido “financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones”.  Los “agentes extranjeros” tampoco podrán ser, en adelante, “funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”. O sea, se las castiga con la muerte civil.

Llamar a todas estas personas “agentes extranjeros” es un eufemismo. El régimen, bajo los términos de esa ley, los considera agentes al servicio del enemigo. Gobiernos que busquen establecer directamente programas de cooperación con entidades privadas en Nicaragua; organismos financieros internacionales que procuren hacer desembolsos a organismos no gubernamentales dentro del país; agencias de cooperación internacional, todos se hallan en el campo enemigo, y deben registrar a sus agentes.

La fuente de inspiración de esta ley viene de Rusia, y se llama igual, “Ley de agentes extranjeros”, votada por el parlamento fiel a Putin en julio de 2012, y por la que se obliga a todas las ONG a registrarse en el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, bajo apercibimientos muy similares a los que contiene la ley propuesta en Nicaragua. 

En 2019, la categoría de agentes extranjeros fue ampliada por Putin para incluir a los medios de comunicación, periodistas independientes y blogueros que se considere están al servicio de gobiernos o instituciones de otros países. El Parlamento Europeo emitió una resolución de condena contra esa ley rusa en diciembre de 2019, por violatoria de Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En Nicaragua, todo medio de comunicación, o periodista, que recibe apoyo externo, pasará a ser ilegal.

Una tercera ley propuesta, la Ley Especial de Ciberdelitos, establece penas de cárcel hasta de cinco años contra todas aquellas personas que utilicen las redes sociales y los espacios de Internet para difundir información proveniente de fuentes no autorizadas, o cuando se hagan revelaciones de documentos, imágenes o grabaciones de voz cuyos contenidos no convengan a los intereses del régimen; y cuando, de acuerdo a la calificación policial, una publicación digital “incite al odio y a la violencia, o ponga en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”. 

Los medios de comunicación tradicionales han ido cediendo paso en Nicaragua a los medios electrónicos, y el ochenta por ciento de la población, de cualquier estrato social que sea, utiliza las redes sociales, principalmente a través de los teléfonos móviles. Es hoy en día el medio que la gente tiene para informarse, para expresar sus opiniones políticas, y para criticar al régimen, incluyendo el uso de los memes, que molesta a un régimen que no tiene ningún sentido del humor. Durante las protestas masivas de 2018, las redes sociales fueron la forma más importante de llamar a las movilizaciones populares.  

Ya la familia Ortega tiene el control de la gran mayoría de las estaciones de televisión y radio. El régimen ha intervenido algunas de las estaciones que tienen carácter independiente, y otras las ha confiscado; e impone suspensiones arbitrarias de la importación del papel al único medio escrito que aún queda, el diario La Prensa. Con la Ley Especial de Ciberdelitos, busca ahora el control total sobre la difusión de las ideas, tanto en el ámbito tradicional como en el digital. 

Estas leyes no sólo violan las convenciones internacionales de derechos humanos, sino también la propia Constitución Política, pues pasa por encima de las garantías y derechos ciudadanos de manera flagrante. Representan una obsolescencia, que trata de afianzar un modelo totalitario. Son leyes sacadas de un museo ideológico en pleno siglo veintiuno.

O peor que eso. Piezas para armar la fantasía de un poder familiar a perpetuidad, que más imposible se vuelve mientras más se cierra sobre sí mismo, y que enlista como enemigos a muerte a quienes se le oponen, condenados a cadena perpetua, y señalados por el estigma excluyente de agentes del enemigo, por lo que también deben callar para siempre.

 

Sergio Ramírez fue 2009-10 Profesor Invitado Robert F. Kennedy por el Centro de Estudios Latinoamericanos (DRCLAS) de la Universidad de Harvard. En 2017, fue el primer centroamericano honrado con el Premio Cervantes. Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas y ha recibido muchos premios, incluyendo el Premio Dashiell Hammett en España, y el Independent Press Award, Nueva York.