Políticas de la Dignidad en Tiempos de Revolución Bolivariana (Spanish version)

Issues de la gestión y asistencia de los damnificados de La Tragedia

By Paula Vásquez

La portada de El Nacional del 6 de diciembre de 2000 mostraba a una mujer de espaldas, parada frente a un refrigerador abierto y vacío. La leyenda explicaba que la nevera pertenece a una familia damnificada por la catástrofe natural que se conoce como “La Tragedia” que afectó a la costa y al área metropolitana de Caracas en diciembre de 1999 y que dejó mas de 1000 muertos y ocasionó el desplazamiento de 150 000 personas. El reportaje, publicado un año después del desastre, examinaba la gran precariedad socioeconómica que afectaba a las familias víctimas de La Tragedia, muchas de las cuales fueron reubicadas en el interior del país durante los años 2000 y 2001. La mujer de la foto, madre de familia, denunciaba que la asistencia brindada por las instituciones gubernamentales resultaba insuficiente para comenzar una nueva vida en la urbanización donde se ubicaba su nueva casa, en las fueras de Maracaibo, estado Zulia, porque no habían fuentes de trabajo, transporte ni servicios básicos. Posteriormente, el diario El Nacional publicó una réplica a ese reportaje por el director del Fondo Unico Social (FUS), institución que tenía a su cargo la ejecución de las políticas de asistencia dirigidas a los damnificados, para ese momento, William Fariñas, teniente coronel del ejército. El teniente coronel Fariñas respondió que el problema era que la familia era demasiado numerosa, que el marido de la mujer había beneficiado de los “planes de empleo rápido” y que “lo que pasa es que ellos tienen un problema de autoestima”.

Situaciones como ésta se presentaron con frecuencia hasta finales del año 2003, cuando se dio por terminado el “Plan de dignificación de la familia venezolana”, uno de los primeros programas de la política social del gobierno de Chávez, destinado a asistir a las familias víctimas de la catástrofe de 1999. Dicho plan tuvo varias etapas y las instituciones encargadas de ejecutarlo fueron el FUS, el Plan Bolívar 2000 (PB 2000) y el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR). Hasta fines de 2000, la asistencia consistió en albergar a los damnificados en todos los fuertes militares del país, y a ofrecerles empleo en el marco de los “planes de empleo rápido” gestionado por los oficiales del ejército del PB 2000 y los funcionarios del FUS. Dichos empleos consistían en hacer labores de limpieza y de mantenimiento en las instalaciones militares así como en las calles y avenidas de las ciudades, recibiendo como pago el salario mínimo. Luego, las familias recibieron nuevas viviendas a través de un préstamo de interés social y con la condición de dejar el área metropolitana y vivir alejadas de su lugar de origen. Así, durante los años 2000, 2001 y 2002, se “reubicaron” a más de cien mil familias en diferentes ciudades del país en las afueras de Maracaibo, Guanare, El Tigre, Barquisimeto y San Carlos, en uno de los más importantes movimientos de población de la historia venezolana. Pero al poco tiempo miles de familias regresaron a Caracas y a Vargas. Los que no volvieron a las zonas desvastadas se instalaron en los “refugios”, establecimientos precarios en donde se alojan las familias pobres que pierden sus viviendas a causa de los deslizamientos continuos de terreno que afectan al área metropolitana. Las familias que entrevisté durante un trabajo de campo prolongado en los fuertes militares de Tiuna (Caracas) y Guaicaipuro (estado Miranda), y en cinco refugios ubicados en las zonas populares de Caracas entre los años 2000 y 2005, hacían énfasis en las dificultades para conseguir empleo y reorganizar su vida en lugares en los que no había ni transporte ni fuentes de trabajo. La mayoría de las familias que vivían en los refugios de Caracas y Vargas que visité estaban conformadas por mujeres y niños pequeños.

Pero La Tragedia del 15 de diciembre es también un símbolo político a causa de su perfecta coincidencia con un acontecimiento perfectamente previsible: las elecciones nacionales que debían permitirle al pueblo estatuir el nuevo proyecto de Constitución, base de la nueva “república bolivariana”, como la bautizó según sus deseos el presidente Chávez. Así, el “Plan de dignificación de la familia venezolana” nació en un contexto de refundación nacional y gracias a la creatividad léxica del Presidente Chávez. En español, la etimología de la palabra “damnificado” tiene connotaciones fuertes por su raíz latina misma damnun, la misma que “condenar”. La “dignificación” cobra además sentido en el contexto venezolano porque el gobierno bolivariano se desmarca de los gobiernos anteriores que nunca elaboraron una política social especialmente dirigida a las familias de Caracas que pierden sus viviendas en los deslizamientos continuos de terreno.

Dicho de otra manera, para el gobierno bolivariano el sufrimiento no rebaja sino que engrandece. La recalificación casi religiosa de las víctimas tuvo sin embargo muy pocos efectos sobre las condiciones concretas del confinamiento de las familias en los fuertes y militares y los refugios. Hace falta bastante más para modificar los reflejos de la sociedad y del Estado venezolano a la hora de hacer políticas sociales eficaces. Sin embargo, el giro lingüístico de la dignificación reveló la fuerza de la simbología cristiana en la gestión política de la crisis. Se vinculan el poder y la redención, se asocian la gracia del infortunio con la justificación de lo que será una excepción en la historia contemporánea venezolana: la militarización de la gestión de los damnificados y de la administración de las políticas sociales.

Los deslizamientos de terreno son un problema crónico dadas las características de la urbanización del área metropolitana de Caracas. Los más vulnerables frente a este riesgo son en efecto los habitantes de los barrios populares. Las víctimas de la estación de lluvias y de las inclemencias del tiempo, como la tormenta Brett en 1993, ocuparon durante años, galpones y locales vetustos, a la espera de una mejor “solución habitacional”. Sin embargo, La Tragedia de 1999 se diferencia en dos aspectos de los frecuentes deslizamientos de terrenos por lluvia. El primero es cuantitativo: la brutalidad espectacular del cataclismo y el número de muertos, heridos y damnificados; el segundo es cualitativo: el carácter aparentemente no discriminante de la violencia natural que afectó indistintamente a pobres y ricos. Digo aparentemente porque la diferenciación social apareció a largo plazo, una vez que la estadía de los pobres en los refugios se hizo crónica, a diferencia de las clases medias y altas quienes pudieron disponer con el tiempo de recursos sociales – formación, contactos en el mundo laboral, etc. – y el apoyo familiar para recomenzar una nueva vida.

¿Qué ocurrió para que los beneficiarios de la dignificación, en principio nuevos sujetos de las políticas del recién instalado gobierno revolucionario, pasaran a ser indignos a los ojos de las instituciones? Para ello es preciso comprender el itinerario moral, social y político tanto de las familias como de las instituciones involucradas en la asistencia. Dos instituciones resultan emblemáticas de las políticas sociales que existieron hasta el 2003: el PB 2000 y el ya mencionado FUS. Al comienzo de su gobierno, el presidente Chávez anunció la puesta en práctica del PB 2000, un programa social donde el ejército tenía un rol preponderante. Los jefes de las guarniciones más importantes del país coordinaban y ejecutaban con sus propios medios, efectivos y criterios una serie de acciones de servicio comunitario. Pueblos y caseríos vieron así llegar a los soldados para prestarles servicios médicos y de abastecimiento, ayuda que sólo llegaba antes en tiempos electorales, lo cual no era algo necesariamente extraordinario dada la histórica debilidad institucional del Estado venezolano en las zonas rurales. La novedad es en efecto política. El Presidente Chávez presentó a comienzos de 1999, casi un año antes de la catástrofe, al PB 2000 como “la acción humanitaria más importante llevada a cabo en Venezuela hasta hoy”. Al invocar la acción humanitaria, se establece un funcionamiento de emergencia. Ya no se trata de una política pública sino de una acción de salvamento. La función del PB 2000 está establecida en el Plan de gobierno 2000-2007, en donde se le define como un plan cívico-militar para “proporcionar asistencia urgente a la población mas necesitada y en máxima exclusión social”. Por ser un programa de emergencia se otorgaban contratos sin licitaciones y sin ninguna forma de control administrativo. Pero La Tragedia hizo que la urgencia pasara de ser “social” a ser real. Según los datos de la comisión especial para Vargas de la Asamblea nacional, entre diciembre de 1999 y 2003, se gastaron 1 372 107 891 de dólares en el “plan de dignificación”, ejecutados por el PB 2000, FONDUR y FUS. Solo en el año 2000, el monto del presupuesto del FUS y el PB 2000 fue de 243 millardos de bolívares. Después de 2005, el PB 2000 fue declarado “inauditable”, es decir, los propios funcionarios dicen no poder establecer los montos del presupuesto. Al PB 2000 se le dio carta blanca lo que favoreció el desvío de fondos ya que era imposible pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas de la ejecución de los recursos. En abril de 2007 el diario El Universalseñalaba que seis cuentas bancarias del general Víctor Cruz Weffer, director del PB 2000, fueron bloqueadas por denuncias de corrupción.

Volvamos a la escena del comienzo. El desfase entre las expectativas de los dignificados, surgidas por el discurso de la dignificación prometida, y la realidad de la reubicación se materializa en reclamos específicos, determinados y puntuales de las familias. Las propias instituciones generaban nuevas formas de exclusión que suscitaban conflictos cuando los beneficiarios no se adaptaban a las normativas impuestas, situación que degeneraba frecuentemente en violencia. En una oportunidad pude presenciar un secuestro de funcionarios del FUS en un refugio por el incumplimiento de las promesas de realojamiento en las zonas en donde los damnificados querían vivir.

En el 2003, el FUS cerró la “oficina de refugios” y transfirió los casos a los organismos de las políticas de vivienda, y los damnificados pasaron a ser “demanda natural” de viviendas de interés social. También transfirieron la dirección de los refugios a “asociaciones” que administraban el dinero para comprar alimentos y asegurar una asistencia mínima. El malestar de los que no han recibido viviendas era cada vez mayor. En diciembre de 2006, una pareja de damnificados que hacía cola durante más de una semana en las puertas del ministerio de la vivienda se crucificó – con martillos y clavos en las manos – en un árbol de la acera. Fue la cúspide de una movilización extrema del cuerpo físico, del dolor y del sufrimiento para llamar la atención de los que un día les prometieron la dignidad.

La adquisición y pérdida del estatuto de víctima de una catástrofe natural es un proceso paradójico. Con el paso del tiempo, toda víctima exige más que la compasión y le demanda a la sociedad y a las instituciones ser tratada como un ciudadano que tiene derecho a pedir cuentas. En el caso venezolano, las representaciones sociales sobre la ayuda prestada a las familias afectadas por los deslaves, afianzaban viejos clichés. Los artículos de opinión hablaban de una “cultura del damnificado” reproduciendo una vez más estereotipos y etiquetas para descalificar a los pobres, como la “flojera del venezolano” y de la mentalidad del “negrito del batey” (José Maria Felix, El Universal 12/02/2000). Lo que extraña es que el director del FUS aluda a los “problemas de autoestima del venezolano” para “explicar” la situación de los damnificados. No digo que el “damnificado aprovechador” no exista. La cuestión es interrogarse por las bases del ordenamiento moral que reguló la distribución de una ayuda que disminuía día a día.

¿Una muestra de tal moralización? La penalización legal a aquellos que vendían las casas que del interior Cuando la gente no se quiso quedar en el interior, se les infantilizó declarando que un don del Estado no se vende. No hubo libertad para decidir sobre su propio destino. No podían administrar libremente la indemnización que les correspondió. Las mujeres jefes de familia hacían peripecias para demostrar que eran honestas ante las instituciones. Aprendieron a verter sus lágrimas en el momento preciso y a mostrar la capacidad de negociar en otros.

En el 2006 se instituyó el “4 de febrero, día de la dignidad nacional”. La dignidad se invoca constantemente en la retórica oficial bolivariana y, como es frecuente en los discursos institucionales, pocas veces se define. Podemos sin embargo constatar la polisemia de la dignidad en el régimen bolivariano. En el título de un artículo de opinión, Javier Biardeau (El Nacional, 11/03/2007) hace mención de la dignidad y explica que el socialismo del siglo XXI rechaza “los valores dominantes del capitalismo” y propone una transformación profunda de las estructuras sociales, económicas y jurídicas. Teniendo en cuenta que la dignidad es un concepto inherente al estado de derecho, cabe preguntarse ¿Qué instituciones funcionaran durante la transformación definitiva que llevara a cabo la revolución?¿Tribunales? ¿Escuelas? ¿Ambulatorios y hospitales? ¿Fiscalía? ¿Serán ellas las que tienen por objetivo preservar la dignidad humana, como lo establece la declaración universal de los derechos humanos? En teoría, son esas las instituciones las que deberían garantizar el derecho a la vida y la integridad de la persona humana, sin diferenciaciones sociales, étnicas ni políticas. Pero la exaltación apasionada revolucionaria de la “subordinación absoluta del poder del pueblo” parece más una apología a la violencia que a la reivindicación de una “democracia participativa”.

Los “dignificados” de La Tragedia han sido uno de los grupos sociales más estigmatizados por las propias instituciones públicas. Las familias eran acusadas de “desertores del programa de dignificación” cuando dejaban, por distintas razones, la vivienda que les habían otorgado. En estos momentos, a casi diez años de La Tragedia, la “dignidad popular” se restringe al orden simbólico y está encarnada en la institución militar, tal como lo muestra el emblema oficial del “4F día de la dignidad” en su iconografía más militarista, patriótica y guerrera que humanista.


Paula Vásquez 
holds doctorates (2007) in social anthopology and ethnology from the Institut de recherce interdisciplinaire sue les enjeux sociaux (I.R.I.S), Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, and in sociology from the Universidad Central de Venezuela. Her doctoral thesis was on the “Politics of catastrophe in times of the Bolivarian revolution; management of the disaster victims of the Tragedy of 1999 in Venezuela.” She is particularly interested in the political anthropology of humanitarian action and the governmentality of extreme crisis in Venezuela and Latin America. The management of the emergency was analyzed in detail in Fassin, Didier et Paula Vasquez (2005). "Humanitarian exception as the rule: The Political Theology of the 1999 Tragedia in Venezuela." American Ethnologist32(3): 389-405. Another article on the symbolism and ritualization of the dignity will appear shortly in a Venezuelan magazine. E-mail: paula.vasquez@wanadoo.fr .

See also: Venezuela