Protestas por el precio del combustible inician un amplio diálogo sobre los derechos en un Ecuador trilingüe y plurinacional  

Por Ampam Karakras y Ted Macdonald

A mediados de octubre de 2019, los pueblos indígenas de Ecuador abandonaron repentinamente sus hogares para conformar el grupo más numeroso y visible dentro de una protesta nacional masiva, aparentemente contra el aumento de los precios de la gasolina. De muchas maneras sus acciones simultáneamente reflejaban las amplias preocupaciones y demandas de las manifestaciones en Chile, Líbano y Hong Kong. Sin embargo, los funcionarios del estado plurinacional trilingüe ecuatoriano optaron inicialmente por una interpretación más limitada.    

dgs

Photo by CONAIE

Mientras intercambiábamos notas y ediciones entre Cambridge y Quito, nos preguntamos con humor: “¿Cómo entenderá el mundo por qué los pueblos indígenas de Ecuador son los más numerosos, declarados y exigentes en este momento? Si la mayoría de ellos trabajan cerca de casa y pocos tienen automóviles, no dependen del combustible barato”.  Sabíamos que, para los manifestantes indígenas, el precio de la gasolina era simplemente uno de muchos de muchos problemas. Sin embargo, a los pocos días se oían comentarios negativos chocantes. Un periodista de televisión peruano en Miami, Jaime Bayly, dijo: “Yo no sé de qué manera los perjudica. Si son indígenas de verdad, y viven en cuevas, bosques, yo no creo que manejen un Audi o que usen el transporte público”. Aun más inquietante y relevante al Ecuador fue lo que gritó con enojo el aspirante presidencial Jamie Nebot. Nebot comentó que los manifestantes indígenas deberían simplemente "volver al páramo", los pastizales altos de los Andes donde algunos indígenas pastorean ovejas. Al contrario, prestando atención a lo dicho y los contextos generales de la situación, era evidente que los manifestantes querían incitar diálogos más grandes acerca de derechos desatendidos como la educación bilingüe, el desarrollo de los recursos naturales y la autodeterminación detallada en la Constitución ecuatoriana de 2008. También buscaban acabar con la corrupción gubernamental que ocasionaba dicha negligencia.   

Preocupaciones por la gasolina

Las protestas comenzaron cuando los trabajadores del transporte se declararon en huelga luego de un decreto del gobierno, el Proyecto de ley 883, que eliminó los subsidios históricos a la gasolina y el diésel y que propuso otras medidas de austeridad económica para pagar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD $4.2 mil millones. Era un plan del presidente Lenin Moreno para hacer frente a las enormes pérdidas económicas de la administración anterior, notoriamente corrupta y fuertemente centralizada del expresidente Rafael Correa. Los trabajadores del transporte llegaron rápidamente a un acuerdo. Pero en los próximos días, miles de estudiantes ecuatorianos, ambientalistas, grupos de mujeres y trabajadores públicos continuaron las manifestaciones y el cierre de carreteras en todo el país. La presencia indígena aumentó notoriamente en aquel momento. Grandes cantidades de personas se unieron, viajando, y a menudo marchando, largas distancias hacia las capitales regionales y Quito. A medida que iban llegando a la capital durante el fin de semana del 12 de octubre, sus acciones aumentaron y se encontraron con violencia. Muchos resultaron heridos y varios jóvenes fueron asesinados por la policía y el ejército justo antes de que se estableciera el toque de queda el sábado por la noche. El panorama era lúgubre. Pero el día siguiente, el presidente Moreno le dio inicio a un diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), un grupo que incluye a todos los grupos étnicos indígenas de Ecuador. 

Buscando un diálogo más amplio

wrg

Los lideres de organizaciones indígenas nacionales y provinciales, particularmente de la CONAIE, explicaron las protestas. Apoyaron las demandas de subsidios al combustible, pero las colocaron en un marco de derechos civiles y humanos mucho más grande. Este marco existe constitucionalmente, pero a menudo ha sido descuidado por el gobierno actual y los anteriores. Por ende, la oferta del presidente Lenin Moreno de aceptar un diálogo público y de mediación neutral (Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de las Naciones Unidas) fue bienvenida y comenzó en la noche del 13 de octubre. Fue abierto y transmitido públicamente, como se solicitó, para demostrar la democracia en función, así todos los ecuatorianos podrían ser testigos. Inicialmente, CONAIE declaró inaceptables las acciones policiales y militares, entre ellas el uso excesivo de gases lacrimógenos, los disparos, las muertes y las lesiones de mujeres y niños. Debido a esto, la confederación exigió el reemplazo de los Ministros de Defensa y Gobierno que dirigieron las respuestas del estado. CBS News informó sobre el diálogo de apertura, que revelaba de igual importancia y con un enfoque más ancho lo siguiente:

El presidente de CONAIE, Jaime Vargas, dijo que la comunidad rechaza las nuevas reformas del gobierno y los recortes de subsidios, pero que su queja va más allá.

"Nuestra lucha es en defensa de nuestros territorios", dijo. Vargas dijo que las medidas para complacer al FMI han llevado a un aumento de actividades petroleras y la minería en tierras indígenas, acciones que "no respetan los derechos colectivos de los pueblos indígenas".

 

Una perspectiva nacional aún más amplia fue ilustrada pacíficamente durante una gran asamblea del 10 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los líderes de la CONAIE acorralaron a la policía, los colocaron en el escenario y les explicaron a todos que la policía debería trabajar con ellos porque las marchas representaban la democracia nacional comunal. Luego expresaron demandas específicas más allá de los precios del combustible: derechos territoriales, libertad de protesta, desarrollo seguro y equitativo de recursos naturales, aceptación de la educación bilingüe y sistemas legales duales dentro del estado plurinacional de Ecuador. Estas cuestiones aparentemente no relacionadas ilustran su mayor preocupación nacional... el cumplimiento de las leyes existentes.

En términos de legislación nacional, acuerdos internacionales de derechos humanos y su Constitución de 2008, el reconocimiento y aceptación de los derechos humanos por parte de Ecuador es sobresaliente. Pero el país se ha quedado atrás en la aplicación de las normas relacionadas. Incluso el apoyo histórico para la educación bilingüe del país se desmoronaba silenciosamente al realinear los distritos escolares y mezclar las escuelas.

Como enfatizó CONAIE, la gente local no mantenía diálogos fructíferos con funcionarios o ministerios del gobierno de Moreno. Este fenómeno era una continuación del régimen anterior altamente centralizado, con su vasta burocracia profundamente ligada al desarrollo corrupto de infraestructura (carreteras y represas) y desconectada de la participación local. Para CONAIE, la centralización cerrada fue más notable en el contexto de la Constitución de 2008. Aunque fue establecida y ratificada bajo la administración del expresidente Correa, los derechos expresados ​​no fueron negociados ni definidos, por lo que languidecieron. Con el paso del tiempo, la centralización del gobierno aumentó. La Constitución de 2008 fue frecuentemente violada o simplemente descuidada con respecto a los derechos sobre la tierra, el desarrollo de recursos naturales no renovables, la educación bilingüe y la autodeterminación. 

La idea usualmente malinterpretada del estado "plurinacional" de Ecuador fue debatida durante años y reconocida formalmente en la Constitución de 2008. Los gobiernos anteriores, especialmente el del expresidente Rodrigo Borja, declararon que Ecuador era un país "multicultural", pero muchas organizaciones indígenas argumentaron que ese término simplemente aludía al folklor. Así que se autodenominaron naciones. El plurinacionalismo reconoce y respeta los derechos de distintos grupos indígenas, particularmente los de grupos amazónicos localizados en territorios cercanos a recursos naturales. No desean separarse o aislarse de la gobernanza nacional o el desarrollo económico. Al contrario, buscan eliminar las antiguas barreras étnicas y participar como pueblos ecuatorianos distintos pero iguales. Sin embargo, la realización de tales derechos grupales en el día a día requiere el diálogo y la consulta democrática.

Como se menciono anteriormente, existe un derecho legal a la educación bilingüe, y la Constitución de 2008 reconoce el shuar y el kichwa como idiomas nacionales oficiales. Ecuador es, por lo tanto, una nación trilingüe. Sin embargo, sin el diálogo local, las políticas educativas recientes, la zonificación y las nuevas escuelas amenazan tales derechos a través de la separación de comunidades o la centralización de escuelas. Del mismo modo, para enfrentar crímenes y disputas locales, no crímenes mayores, la Constitución de 2008 reconoce "sistemas legales duales". Esto permite que las discusiones, por ejemplo, determinen qué transgresiones pueden y no pueden juzgarse localmente, y qué tipo de castigos pueden aplicarse. Pero los límites jurisprudenciales no se han definido.

También existe el derecho nacional a protestar públicamente por las políticas y acciones del gobierno, como el Proyecto de Ley 883, que provocó las protestas. Las recientes reacciones violentas de la policía y los militares fueron una indudable violación de ese derecho. La Defensoría del Pueblo de Ecuador declaró que, hasta el 13 de octubre, siete personas habían muerto en las protestas, 1.340 habían resultado heridas y 1.152 arrestadas. Si bien se dijo que algunos manifestantes violentos incluían actores políticos no indígenas que buscaban promover el regreso del expresidente Correa, la mayoría indígena, incluidos muchos jóvenes, mujeres y niños, se congregó en una simple presencia de protesta por incumplimiento constitucional y falta de diálogo sobre derechos.

dfss

Además, la constitución de 2008 amplió en gran medida los derechos colectivos a la tierra al agregar una nueva categoría, Territorios Indígenas Circunscritos (TIC), que proporciona autodeterminación local y control sobre el desarrollo económico. Pero aún no se ha reconocido ninguna solicitud local de TIC. Mientras tanto, las disputas sobre el desarrollo de recursos en la región amazónica se han vuelto aún más persistentes y polémicas. En 2018, la comunidad Shuar inició varios esfuerzos de prevención contra la minería internacional invasiva en sus territorios, pero, en lugar de consultas, diálogos y acuerdos apropiados, el gobierno militarizó, a veces de manera violenta, la Provincia de Morona-Santiago.

En la primavera de 2019, la prensa pintaba una imagen diferente. Esta mostraba a miembros de los Huaorani celebrando alegremente una decisión judicial que detuvo el desarrollo petrolero en sus tierras. Las noticias, sin embargo, no explicitaban que la decisión del tribunal no era definitiva. Los jueces sencillamente determinaron que aún no se había hecho la "consulta informada previa" con las comunidades, como lo exige la Constitución de 2008. En consecuencia, los Huaorani no sabían exactamente qué podría ocurrir, cómo esto afectaría el medio ambiente o si podrían beneficiarse económicamente. Al igual que con los casos anteriores de los Shuar, dado que no hubo diálogo participativo, ni reuniones con la ciudadanía, como lo exige la ley nacional e internacional, el desarrollo petrolero en tierras Huaorani sigue pendiente. No es única su situación. El diálogo obligatorio e igualitario (consulta previa informada) para tal desarrollo es uno de los temas de derechos indígenas más controvertidos e irresolutos en América Latina.

En resumen, no es sorprendente que las amplias aspiraciones democráticas, las demandas y las discusiones relacionadas con las comunidades indígenas y sus organizaciones en un Ecuador trilingüe fueran reflejadas, de hecho bienvenidas, en la aceptación del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, del diálogo con el presidente Lenin Moreno sobre los precios del gas. Al día siguiente llegaron con tranquilidad a un acuerdo para poner fin al Decreto 883 y avanzar abiertamente en los diálogos sobre alternativas económicas a la simple austeridad. CONAIE estaba complacida. A pesar de la violencia, las protestas abrieron las puertas previamente cerradas, o al menos entreabiertas, a la gobernanza democrática del estado plurinacional. A medida que las imágenes globales, las aspiraciones y el tratamiento de las minorías y los inmigrantes se vuelven más inciertos, la apertura de Ecuador a la gobernanza democrática podría ser un ejemplo internacional impresionante.

 

 

Ampam Karakras es un Shuar que ha trabajado directamente con CONAIE. También fue uno de los primeros representantes de la Federación Shuar de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Recientemente publicó la historia de la vida del estimado fundador de la Federación Shuar, Miguel Tankamash. 

Ted Macdonald es profesor de estudios sociales en la Universidad de Harvard. Se especializa en antropología y derechos humanos y actualmente prepara un recuento territorial Kichwa de la Amazonía ecuatoriana. Se ha reunido y trabajado con Ampam y las federaciones indígenas ecuatorianas desde principios de la década de 1980, cuando era Director de Proyectos en Supervivencia Cultural del Museo Peabody.

 

Ampam Karakas' short presentation on his work during the ReVista billingualism colloquium.