Una aproximación empírica a los sistemas de justicia penal latinoamericanos

Miguel Quintana-Navarrete es candidato a Doctor en Sociología en Harvard y estudiante de posgrado afiliado a DRCLAS. Sus principales áreas de interés son la sociología del delito y el derecho, la sociología urbana y comunitaria, y la sociología política.

 

Por Miguel Quintana-Navarrete

Tuve mis primeras experiencias laborales en el sistema de justicia mexicano. Durante varios años participé en innumerables procesos y decisiones judiciales y fui testigo de las consecuencias que tienen para las víctimas, las personas imputadas y/o sentenciadas y los operadores del sistema. Esto me dejó dos enseñanzas íntimamente ligadas entre sí. Primero, me percaté de que mi verdadero interés en la ley pasaba por comprender cómo se aplicaba en los hechos, más que por entender su contenido e interpretación. Poco a poco comencé a entender la creación, aplicación y transgresión de las leyes como fenómenos sociales, políticos e institucionales, más allá de las definiciones e interpretaciones jurídicas que se enseñan en las escuelas de derecho. Segundo, empecé a comprender el abismo existente entre el sistema de justicia mexicano y los ciudadanos. Por lo menos en aquéllas épocas, y a pesar de la voluntad, honradez y buena preparación de muchos de sus operadores, el sistema era en general opaco, ineficiente, muchas veces injusto y otras corrupto. Los bajos niveles de satisfacción de usuarios y ciudadanos reflejaban esta realidad. Específicamente en material penal, el sistema castigaba una proporción mínima del total de los delitos cometidos en el país, pero era implacable con los individuos que se veían involucrados en él, fueran o no culpables. Y la gran mayoría de estos individuos provenían de sectores socioeconómicos desaventajados.

El aprendizaje y las preguntas que emergieron a partir de esta experiencia fueron las razones que me impulsaron a estudiar sociología. Desde esta perspectiva disciplinaria investigo –entre otras cosas– la influencia de factores legales y extra-legales en la toma de decisiones jurisdiccionales y las consecuencias del sistema de justicia penal para víctimas e imputados, así como para sus familias y comunidades, en México y otros países latinoamericanos. Estos temas son particularmente relevantes para Latinoamérica porque en los últimos años muchos de los sistemas de justicia penal de la región han sufrido cambios radicales. Estos sistemas han pasado de tener rasgos de corte inquisitivo a ser predominantemente adversariales. En general, en los procesos inquisitivos el juez juega un papel preponderante, pues es el principal encargado del proceso, desde llevar a cabo la investigación hasta dirimir la controversia. Por el contrario, en los procesos adversariales los principales actores son las partes (el ministerio público o fiscal y el imputado), mientras que el juez está limitado a la dirección del proceso y a garantizar los derechos de las partes. Se ha escrito mucho sobre las diferencias entre estos sistemas y sus distintas versiones y adaptaciones. Por ejemplo, el antiguo sistema mexicano ha sido caracterizado como mixto, pues tenía elementos tanto del inquisitivo como del adversarial. Incluso los nuevos sistemas adversariales de la región no lo son totalmente. Pero por lo general esta transición se ha justificado argumentando que los principios del sistemas adversarial son más conducentes a tener procesos más transparentes, eficientes, y garantistas, es decir, más justos.

Sin embargo, sabemos muy poco sobre la operación de estos nuevos sistemas. Esto es problemático porque su diseño e implementación han implicado enormes cambios jurídicos e institucionales que contradicen tradiciones y prácticas inveteradas y a su vez han introducido figuras foráneas, algunas de las cuáles han sido cuestionadas en Estados Unidos y otros países, como la de plea-bargaining (juicio o procedimiento abreviado). Hasta la fecha desconocemos cómo se están utilizando estas nuevas figuras o, en términos más generales, si los nuevos sistemas están cumpliendo con los objetivos planteados y están produciendo procesos más justos para todos los involucrados.

Una de mis líneas de investigación (con Gustavo Fondevila) está enfocada precisamente en describir y entender los factores que determinan la toma de decisiones en estos nuevos sistemas, con énfasis en su potencial efecto en la reproducción de inequidades sociales. Para este proyecto, se han recolectado datos de expedientes judiciales en México (Estado de México, específicamente) y Argentina, y en un futuro cercano pretendemos recabar información en otros países de la región.

En un primer artículo de este proyecto analizamos las figuras de la detención en flagrancia y la prisión preventiva en el Estado de México y su impacto en el resultado de los procesos. La detención en flagrancia ocurre cuando una autoridad o cualquier persona detiene a otra en plena comisión de un delito o inmediatamente después. La gran mayoría de los procesos penales en el antiguo sistema se iniciaban con una detención en flagrancia. Ministerios públicos y policías en muchas ocasiones aprovechaban esta oportunidad para obtener confesiones coaccionadas a través de maltratos físicos y psicológicos. También en la mayoría de procesos penales se decretaba la prisión preventiva, es decir, la prisión del inculpado durante el procedimiento penal, la cual podía durar meses o incluso años. Además de prestarse a maltratos, el uso extensivo de la prisión preventiva es violatorio de la presunción de inocencia y el derecho a una defensa apropiada.

Una de las finalidades del nuevo sistema de justicia penal en el país fue la de reducir el uso de estas figuras. Pero en nuestra investigación encontramos que tanto la detención en flagrancia como la prisión preventiva continúan siendo ampliamente utilizadas. Más aún, controlando por las características del inculpado y del caso, ambas tienen una incidencia directa en una mayor probabilidad de condena y una menor probabilidad de que el imputado no sea castigado. Esta influencia puede ser cuestionable por muchas razones, incluyendo su potencial asociación con violaciones a principios fundamentales como el de presunción de inocencia o el derecho a una defensa adecuada, la falta de incentivos para el mejoramiento de las capacidades investigativas de ministerios públicos y policías, y el agravamiento de inequidades sociales.

En un segundo artículo analizamos la eficacia de los defensores públicos en el Estado de México. Como se mencionó, las partes tienen un papel preponderante en el nuevo sistema y por lo tanto la profesionalización de la defensa pública es fundamental para el apropiado funcionamiento del mismo. Sin embargo, y pese a que existe mucha literatura sobre los factores extra-legales que perjudican a los imputados en un proceso penal, como la raza o etnicidad, el género y el estatus socioeconómico, la representación jurídica ha sido mucho menos explorada, incluso en Estados Unidos. Para nuestra investigación, comparamos la efectividad de defensores públicos con la de defensores privados. En resultados preliminares hemos encontrado una mayor probabilidad de que los casos con defensa pública sean resueltos a través de plea-bargaining (juicio o procedimiento abreviado), así como una mayor probabilidad de que los casos con defensa privada sean resueltos a través de otras medidas alternativas que por su naturaleza son menos punitivas. Esto es objetable porque si la defensa pública no tiene una efectividad similar a la de la defensa privada difícilmente podemos hablar de procesos justos en los que se garantice una defensa adecuada, sobre todo porque la mayoría de los casos penales en México tienen un defensor público. Esto también tiene implicaciones importantes para la inequidad social, debido a que normalmente los clientes de defensores públicos ya se encuentran dentro de los sectores más desaventajados de la sociedad.

La adopción de sistemas de justicia penal adversariales en Latinoamérica ha generado grandes expectativas, en buena medida por los principios de transparencia y justicia que estos sistemas enarbolan. Pero en realidad tenemos poca evidencia empírica sobre su funcionamiento. Nuestra investigación sugiere que, por lo menos en el Estado de México, algunos aspectos del sistema de justicia penal continúan operando como lo hacían bajo el antiguo sistema. Y esto a su vez sugiere que el sistema penal sigue siendo injusto y sigue reforzando la estructura desigual de la sociedad. Las transformaciones jurídicas no sirven de mucho si no se reflejan en los hechos. Depende de nosotros –como académicos, operadores, usuarios o público en general– que estos sistemas evolucionen hasta encarnar estos principios. Si fallamos, continuaremos teniendo procesos penales que en los hechos subvierten los mismos principios fundamentales que protegen en el papel.