No hay duda en que las crisis generan grandes momentos de inflexión en las sociedades. Sin embargo, también existen sutiles momentos de cambio, que aunque no parezcan significativos cuando suceden, determinan nuestro porvenir y nos develan un camino a seguir.

Desde pequeña sentí una especie de llamado a la defensa  la justicia, aun cuando no conocía ni el significado ni la dimensión del concepto. Eso me llevo a experimentar momentos de inflexión en mi vida; unos sencillos y aparentemente irrelevantes—como ser la primera alumna suspendida en la escuela primaria por confrontar a compañeros que molestaban a una amiga—como otros de profunda afectación, como fue el enfrentar amenazas como abogada defensora de derechos humanos. Todos esos momentos, los evidentes y los aparentemente nimios, consolidaron mi vocación por abogar por aquellos que creen no tener voz para reclamar injusticias.

Aun teniendo claro ese llamado, nunca imaginé que el enfrentar una crisis como el Covid-19 terminaría por reafirmarlo con mayor vigor. Durante el curso de Mitigación y Manejo de Crisis de Juliette Kayyem de la Harvard Kennedy School, aprendimos que “las crisis siempre serán un reflejo magnificador de errores sistémicos ya existentes”. Esas palabras tuvieron especial resonancia cuando comencé a recordar mis vivencias al monitorear la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, y me despertaron una genuina preocupación al imaginar cómo las falencias del sistema podrían potenciarse en este contexto de emergencia.

Mi conocimiento sobre la vida en prisión llegó pronto en mi vida profesional. En 2013, el Congreso del Estado de Michoacán, México, emitió una convocatoria para integrar un nuevo Consejo Ciudadano que asesorara a la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Aunque tenía 26 años, contendí para el cargo. Era la candidata más joven, lo que generó extrañeza entre algunos, y generó dudas a casi todos los involucrados en el proceso -incluida yo misma-, temiendo no contar con la experiencia para afrontar un reto de ese nivel de responsabilidad.

No obstante ello, fui designada para integrar el Consejo. El cargo era honorífico y gratuito, pero implicaba la elaboración de una estrategia totalmente nueva entre todos los miembros recién electos. Yo quise participar en tal estrategia evaluando el sistema local de prisiones. Era un reto enorme en el que era difícil saber por dónde empezar, pero para mí significaba una oportunidad para conocer de primera mano la situación precaria e indigna que intuía se vivía en las cárceles, y así poder pensar en mecanismos efectivos para mejorar la calidad de vida de los internos en general, pero particularmente, para denunciar las prácticas crueles inhumanas y degradantes que -se decía- se cometían habitualmente, al grado de encontrarse ya normalizadas.

Los diagnósticos penitenciarios que efectúan las Comisiones de Derechos Humanos (Ombudsman) tienen como objetivo evaluar y exponer el nivel de cumplimiento de estándares de derechos humanos, así como las falencias detectadas. En ellos, se evalúa el cumplimiento de tales estándares a través de cuestionarios a las autoridades, entrevistas a los internos y documentación gráfica. Los rubros generalmente utilizados son: en qué situación jurídica se encuentran las personas privadas de libertad, qué medidas existen para garantizar la estancia digna y segura, qué provisiones garantizan su integridad física y mental, y cuáles son las estructuras de gobernanza para el mantenimiento del orden. Adicionalmente, debe evaluarse si en tal prisión son implementadas medidas diferenciadas para personas en situación especial de vulnerabilidad, como los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas con diferente orientación sexual y personas con necesidades de salud especiales.

Durante mis inspecciones -las cuales establecimos con base en un sistema aleatorio y sorpresivo-, me encontré frente a una realidad colmada de deficiencias y olvido. Las inspecciones previas eran periódicas, lo que daba oportunidad a las autoridades penitenciaras para ocultar ciertas circunstancias, ya fuesen deficiencias de infraestructura o la integridad física de alguno de los internos. Lo que no podía ocultarse en forma alguna, ya sea en una inspección programada o en una sorpresiva, eran varios fenómenos: las prisiones no suelen contar con un registro de detenidos actualizado, una estancia médica con personal y medicamentos suficientes, separación entre los procesados y sentenciados, lugares dignos para visitas conyugales y la capacidad necesaria para albergar a todos los internos sin hacinamiento. Asimismo, los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que existen contra actos de autoridades penitenciarias se encuentran fuera del acceso de la población penitenciaria, ya sea por miedo a sufrir represalias, la falta de confianza en las instituciones o la falta de recursos económicos.

Recuerdo bien la resistencia del Director de una prisión para que pudiéramos realizar la inspección del área de máxima seguridad. Cuando después de confrontaciones logramos el acceso, encontramos a un adulto mayor que apenas podía moverse y decir su nombre. Con los brazos cruzados sobre el vientre y dolor evidente, nos relató que llevaba solicitando atención médica urgente por más de un mes a las autoridades y había sido ignorado. Tenía una parte del intestino expuesto y aparentemente infectado.

No obstante existen casos tan indignantes y evidentes como el anterior, existen muchas otras prácticas que difícilmente pueden ser medidas o reportadas. Las tratos crueles, inhumanos o degradantes son extremadamente difíciles de documentar. Proveer comida podrida, baños con agua helada, quitar cobertores en tiempos de frío, sacar a la población por solo diez minutos al sol, aislamientos prolongados y prácticas que tienden a anular la personalidad, son algunas de las prácticas más frecuentes. Desafortunadamente, dichas falencias sistémicas aún sin atender son magnificadas de manera considerable ante una crisis como el Covid-19.

En México aún no se ha decretado un “Estado de Excepción” como mandata nuestro artículo 29 constitucional, para otorgar certeza al restringir ciertos derechos fundamentales y poder atender adecuadamente la emergencia.  Empero, el estallamiento del Covid-19 sí aceleró en el Congreso General la promulgación de una “Ley de Amnistía” que ya se discutía meses antes de la pandemia. Dicha Ley, publicada el 22 de abril de 2020 y de aplicación exclusivamente federal, otorga “amnistía” en favor de las personas procesadas o sentenciadas en 6 supuestos: aborto, tráfico de drogas cometido por personas en situación de vulnerabilidad, personas integrantes de las comunidades indígenas que no hayan tenido acceso a una debida defensa, robo simple sin violencia y sedición.

Al respecto, el ejecutivo federal cuenta con 60 días hábiles para la creación de una Comisión facultada para la revisión de dichas solicitudes de excarcelación, mismas que serán revisadas por un juez. Cabe destacar que tal ley fue una de las esperadas promesas que realizó el actual presidente de México, cuando se encontraba en campaña, para combatir la violencia en el país y promover un “proceso de pacificación”.

Desafortunadamente, dicha legislación se encuentra lejos de abatir las necesidades del sistema penitenciario y hacer frente a la emergencia sanitaria que presenta el Covid-19. Además de cuestionar si dicho instrumento en realidad constituye un mecanismo jurídico que impide el enjuiciamiento penal de ciertas conductas criminales bajo la finalidad de transitar a la paz, o si se trata de una medida desesperada de liberación anticipada ante la contingencia del Covid-19, es imperioso mencionar que falla en entender las precariedades que se acentúan ante la pandemia que enfrentamos.

El hacinamiento existente en las cárceles mexicanas no cesará de existir. La Comisión se creará en al menos 3 meses y no existe reglamentación alguna que especifique los procesos administrativos o sanitarios a seguir. Tampoco se han expedido las facultades de competencia necesarias para que determinados jueces federales puedan evaluar las solicitudes de amnistía. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 85% de la población penitenciaria obedece a delitos del fuero local y no federal. Por ejemplo, el delito de aborto al igual que el de robo sin violencia son generalmente perseguidos a nivel local, por lo que la mayoría de las mujeres que han sido sancionadas penalmente por ejercer su derecho a decidir, así como los infractores por delitos no graves, no podrán gozar de los beneficios de esta Ley de Amnistía.

Al igual, para poder demostrar que una persona perteneciente a los pueblos originarios no contó con la debida asesoría y defensa en su lengua natal, o bien, que una persona se encontró en situación de vulnerabilidad al traficar estupefacientes, se requiere de peritajes antropológicos, lingüísticos, sociales y psicológicos, mismos que difícilmente se encuentran al alcance de dicha población bajo circunstancias normales. De esta forma, no podemos hablar siquiera de una cifra aproximada de población que pudiese ser beneficiada para despresurizar los saturados centros de reclusión de todo el país.

Adicionalmente, las condiciones insalubres de los centros no han sido mitigadas por el gobierno y las mismas potencian considerablemente la tasa de contagios. Lo anterior ya fue reiterado por Human Rights Watch el pasado 2 de abril y por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que en toda América Latina se ha documentado la falta de jabón, agua, cloro y demás insumos necesarios para prevenir contagios en esta pandemia. Cabe destacar que dichas falencias no ponen en riesgo únicamente a las personas privadas de su libertad, sino a sus familiares, personal médico, abogados defensores, agentes de seguridad y cualquier otro tipo de visitante. Tampoco contamos con protocolos homologados de ingreso, detección de casos, aislamiento, remisión y mitigación ante las implicaciones del Covid-19. A ello se suman las consecuencias de la afectación a la salud mental de la población interna, pero también de sus custodios. La percepción del riesgo de contagio y la restricción en visitas, cataliza el estallamiento de riñas al interior de los centros y aumenta el riesgo a sufrir motines. No es coincidencia que hayamos visto dicho fenómeno en Venezuela, Colombia y Perú, así como la icónica foto de la fuga masiva en las cárceles de Brasil.

A dichos retos materiales y logísticos se adiciona la deficiencia de la autoridad para hacer efectivo el derecho a la información y la rendición de cuentas. Si tanto las cifras de personas contagiadas como muertas a causa del Covid-19 en México se encuentran en disputa, mucho menos se cuenta con mecanismos efectivos para conocer el número de personas infectadas y muertes, así como la evaluación del riesgo existente en cada centro penitenciario. Historias de mujeres buscando en dónde y en qué estado se encuentran sus esposos sin obtener respuesta, comienzan a ser comunes. No existe un listado público de los hospitales a los que pueden ser transferidos los reclusos ni de aquellos centros que sí cuenten con espacios de asilamiento médico -no disciplinario- y qué medidas concretas de seguridad serán impuestas en éstos, con la finalidad de dotar de certeza a los familiares.

A pesar de contar con directrices internacionales como las Reglas de Tokio y Reglas Mandela, la brecha para que en nuestras cárceles las personas vivan bajo condiciones dignas y bajo medidas de seguridad adecuadas sigue siendo abismal. La crisis que enfrentamos no es únicamente una “emergencia sanitaria”, sino constituye una serie de eventos que develan retos sistémicos que han sido históricamente desatendidos y olvidados, entre ellos, la importancia que le damos a la efectividad de los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano.

Es difícil visualizar los grandes cambios sociales que generará esta pandemia, pero no dudo que despertará reflexiones individuales de trascendencia futura y que uno identificará como determinantes muchos años después. Tal vez, momentos aparentemente irrelevantes como aquel que viví cuando era niña y fui suspendida pueden trazar nuestros caminos de vida. Cuando le expliqué a mis padres qué había pasado, me dijeron: “cuando alguien trata de silenciar a otra persona, con mayor razón uno debe interceder y hablar”. Pocas personas suelen tener tan pocas oportunidades de alzar la voz -y oídos que quieran escucharlos- como la población penitenciara. Bien lo mencionó Nelson Mandela: “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como trata a los que tienen poco o nada”.