Bogotá y el desplazamiento

Por Azriel Bibliowicz

Colombia ha sido el país de las guerras civiles. Desde el grito de independencia de 1810, hasta comienzos del siglo XX se padecieron nueve confrontaciones armadas entre los partidos tradicionales.

El siglo XIX terminó con La Guerra de los Mil Días, que marcó a su vez el comienzo del XX. Hoy sumidos en las primeras décadas del siglo XXI todavía no hemos podido acabar con las guerras del XX. Vivimos como en el medioevo, donde las ciudades se han transformado en los refugios de la guerra.

En el segundo semestre del 2003 el Museo Nacional de Colombia realizó una exposición titulada “Tiempos de Paz”, título que resulta algo irónico por cuanto la exhibición se centró en los diferentes conflictos armados que ha padecido el país. Tal vez su nombre se deba a que entre los objetos expuestos se destacaban los múltiples acuerdos de paz firmados entre 1902 y 1994. 

Se presentaron objetos y fotografías de la Guerra de los Mil Días, la masacre de las bananeras de 1928, descrita de manera inolvidable y dolorosa por Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad. La muestra también incluyó fotografías sobre asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948 y las manifestaciones, incendios y saqueos en Bogotá, que se produjeron después de este nefasto hecho. Continuó con ejemplos de la violencia de la década de los cincuenta que surgió en los campos y pueblos del país entre las guerrillas liberales y los conservadores y luego como nacen las guerrillas comunistas en la década de los sesenta, alimentada a su vez por la guerra fría.  La creación de las autodefensas campesinas como respuesta a las guerrillas comunistas, los paramilitares producto de la guerra sucia del ejercito, la guerra contra las drogas, en la cual los E.U. también participa. El secuestro como forma de financiación de los diferentes actores armados y por último, el sicariato y la delincuencia común.

Todas y cada una de estas formas de violencia, generaron y fueron responsables del desplazamiento que se produjo del campo a la ciudad en diferentes momentos. El país en un período de cincuenta años, entre 1936 y 1986, pasó de ser predominantemente rural a urbano. Más del 70% de la población acabó por vivir en las ciudades. En la actualidad se calcula que el 75 % del país habita en zonas urbanas.

En el prólogo de mi libro de relatos, Sobre la Faz del Abismo, relacioné la violencia del país con las leyendas bíblicas del Antiguo Testamento. Analicé como por vivir  en Colombia, se está expuesto a una realidad que tiende a ser primigenia y similar a muchos de los problemas que encontramos en la Biblia Hebraica. Vivimos enfrentados a circunstancias crudas y contradictorias, agrestes, inconcebibles e insólitas. La violencia en sus diferentes expresiones se impone con una fuerza inusitada que resulta difícil desconocer y a ratos comprender. No es casual que gran parte de la literatura colombiana de las últimas décadas gire alrededor del tema de la violencia y los conflictos armados. Constituye una circunstancia innegable que nos aprisiona. Pero, la gran pregunta que nos formulamos los escritores es: ¿cómo trabajar la violencia de una manera literaria?

En el año 2001, se publicaron varias antologías que recogieron un buen número de textos de autores que han trabajado la violencia y el desplazamiento. Lugares Ajenos: relatos del desplazamiento y  la antología preparada por Peter Schultze Kraft titulada La Horrible Noche: relatos de violencia y la guerra en Colombia, son ejemplos de estas producciones. Esta última colección recopiló los cuentos de veintiseis destacados autores de las letras nacionales.  Y como bien lo manifiesta el trabajo de artistas y escritores, es evidente que uno de los terrenos del conflicto ha sido el cuerpo del campesino.  Sin duda, la violencia busca imprimir su desprecio de la vida sobre el cuerpo del Otro. Ese Otro que no se quiere mirar, que la sociedad relega y desea transformarlo en invisible.

Cuando empecé a investigar la historia de Bogotá para escribir una novela sobre la ciudad, una coincidencia llamó mi atención: durante la década de los treinta y más específicamente a partir de 1936 se produjeron dos olas migratorias que transformaron la capital: una migración externa y otra interna.

Por un lado estaba la inmigración judía, que si bien fue siempre pequeña en número, nunca fueron más de cinco mil, no obstante, tuvo un impacto significativo sobre el comercio y el desarrollo de la ciudad. Tanto mi familia, así como la mayoría de los que llegaron provenían de Europa oriental. Comenzaron su inmigración alrededor de 1936 huyendo de los pogromos y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, 1936 también marca el comienzo de la violencia en el centro del país y el inicio del desplazamiento forzado de campesinos hacia la ciudad, a raíz de la expedición de la ley 200 o ley  de tierras por el gobierno de Alfonso López Pumarejo.

Mientras más estudiaba las diferentes olas de desplazamiento que ha vivido la ciudad, hallaba que 1936 fue un punto de inflexión y que si bien existían grandes diferencias entre estos desarraigos, también encontraba vasos comunicantes en medio de las mismas. Ambas migraciones enfrentarían el racismo, clasismo, desprecio, equívocos, confusiones y perplejidades que subyacía detrás de estos destierros. Y en últimas reflejaban caras de una misma moneda: el desprecio hacia el indígena, el clasismo, así como la xenofobia antisemita tanto de sectores del partido liberal como del conservador de la época.

Colombia en los años de 1886 y 1930 estuvo gobernada por una hegemonía conservadora compuesta por una clase terrateniente que se encontraba totalmente a espaldas de la realidad del campesinado y que veía en el fascismo alemán e italiano el futuro de Europa. El partido conservador, apoyado por la iglesia católica, lideró la oposición a la ley de tierras, la primera reforma agraria que se expidió en el siglo XX por el gobierno de López Pumarejo, a quién acusaron, con falsas motivaciones, de bolchevique y querer eliminar la propiedad privada.

La ley 200 o ley de tierras consideraba que las propiedad debía cumplir una función social. La ley le confería poder a la nación para expropiar terrenos abandonados e inactivos por más de 10 años. También sostenía que el campesino podía ser dueño de la tierra si la había trabajado por un lapso de 30 años seguidos y demostraba que le había hecho mejoras a la misma.

Los investigadores sociales al referirse a la situación del campo durante la década de los treinta, hablaban de como el campesino colombiano parecía abocado a la “maldición de Tántalo” ya que al igual que el personaje de la mitología griega a quién castigaron rodeándolo de agua y frutos, pero sin poder acceder a ellos, padeciendo de sed y hambre; el campesino colombiano vivía alrededor del café, pero no podía cultivarlo ni poseerlo para su beneficio. No era extraño que durante década de los 30, los terratenientes, a cambio del trabajo del campesino y su familia, le arrendaran una pequeña parcela, en la cual podía cultivar su pan coger (yuca, frijol, maíz, etc.) pero no le permitían sembrar café, ya que el café arábico y su sombrío se consideraban mejoras a la tierra.

Durante esta década el tema de tierras y su posesión llegó a ser álgido, sobretodo en el centro del país. La ley de tierras terminó por ser una afrenta para los conservadores y después de su publicación comienzan las amenazas,  atentados y violencia que obligan al campesino a abandonar el campo e irse a la ciudad. Ahora bien, es importante destacar que gran parte del campesinado del centro del país tiene un origen indígena. Por ello, en mi novela  El Rumor del Astracán una de escenas más dolorosas se produce cuando Ruth la inmigrante judía y protagonista de la historia, le dice a Alicia la migrante desplazada del campo, con la cual trabaja en el mismo almacén, que por ser ambas desterradas “que confiara en ella porque cuando se es pobre se comprenden muchas cosa. La condición todo lo iguala” Alicia le responde: “Mi señora Ruth, disculpe, pero tal vez usted no tiene dinero ahora, pero créame no va a ser pobre toda la vida. Uno por más de que trabaje no progresa. Ustedes se vuelven ricos. Uno se queda indio para siempre.”

El racismo, la falta de movilidad social y el desprecio hacia el indígena ha caracterizado a Colombia. Un detallado e importante estudio realizado por Carl Henrik Langebaek titulado: Los Herederos del Pasado: indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezuela, se analiza y devela la compleja y contradictoria relación que ha prevalecido frente a los indígenas desde la independencia hasta nuestros días.  También vale la pena señalar que el lenguaje cotidiano mantiene la repulsa y desestima, latente en la cotidianeidad hacia los indígenas. Acusar a alguien de indio, sigue siendo considerado un insulto en Colombia.

Pero, fue con las lecturas de los Condenados de la Tierra de Franz Fanon que entendí que el racismo en últimas termina por ser uno solo. En palabras de Fanon:

“Fue mi profesor de filosofía, un nativo de las Antillas, quien me hizo caer en cuenta: `cuando oigas a alguien hablar mal o abusar de los judíos, presta atención, porque están hablando de ti.´ Y me di cuenta que tenía toda la razón. Y comprendí que directamente se refería a mí, a mí cuerpo y mí corazón, todo lo que se le hacía a mi hermano.”

Cuando escribí El Rumor del Astracán me enfrenté al reto de señalar como tanto el antisemitismo, la discriminación en contra los negros e indígenas en la década de los treinta formaban parte integral de realidad colombiana y correspondían a políticas oficiales. No fue una casualidad que el gobierno colombiano durante dichos años cerrara las puertas a la inmigración y en particular a los judíos. Sabemos hoy día que más de 25.000 judíos solicitaron visa para inmigrar a Colombia y esta les fue rechazada. Muchos de ellos murieron luego en los campos de exterminio Nazi.

Por cierto en la novela, utilicé una anécdota con cierta raíz histórica, que ideé para explicar el por qué la cancillería cerraba las puertas a la inmigración. La anécdota tiene que ver con la llegada de unos súbditos del Imperio Británico al puerto de Cartagena. El gobierno Británico le solicita a la cancillería colombiana visa para unos súbditos de su Majestad para vivir en Colombia. Y el gobierno colombiano pensando que eran ingleses y de piel blanca, envió feliz y dichoso el beneplácito. Empieza a circular el rumor en Cartagena que entre los súbditos venía de incognito el sobrino de Lord Mountbatten, pero por razones de protocolo querían respetar su secreto.  Sin embargo, el chisme se extendió como fuego en hojarasca y más de una familia se ofendió por no haber sido invitada al agasajo que le prepararon. En la novela cuento como llegó el barco y  “se saludo con banda y desfile de la Armada Nacional. Primero se tocó primero  “God Save the King” y luego los acordes del “Oh Gloria inmarcesible”… El primero en subir la escalerilla del barco fue el Alcalde con las llaves de la ciudad.

A los pocos minutos bajo enfurecido y gritando: ¡Los súbditos de la corona son una manda de negros!” ¡El barco estaba lleno de Jamaiquinos!

—¿Y qué pasó?

Pasó lo que tenía que pasar. El alcalde prohibió a los pasajeros bajarse. Y los despacho de nuevo a sus casitas. No se puede confiar en nadie. ¡Ni el Rey de los Ingleses! Por eso cerraron la inmigración al país. Tenemos prohibido expedir visas de residente, hasta nueva orden.”  

El episodio me permitió señalar que el problema venía a ser más amplio y que la intransigencia en el país durante la década de los treinta y cuarenta no iba dirigido sólo a los judíos. Sin duda en ese momento histórico necesitaban de toda la solidaridad humana posible, pero la política xenófoba del gobierno calificaba como ignominiosos, degenerados y despreciables a todos aquellos de origen africano, asiático y evidentemente a los judíos, no importaba su procedencia.

Ahora bien, Colombia se ha distinguido por ser un país capaz de guiñar el ojo frente a la norma, que se obedece, pero no se cumple. De ahí que los judíos y extranjeros que llegaron al país y lograron entrar, aun cuando lo hicieran con papeles falsificados, nunca fueron deportados. El contrabando siempre ha sido parte de la realidad del país, lo único que ha cambiado es el producto.

A partir de la década de los treinta en Bogotá la discriminación y el clasismo terminarían por definir la ciudad. En dichos años la población se diferenciaba no sólo por el color de su piel sino también por la vestimenta que utilizaban. Quienes vestían con traje de paño de tres piezas y usaban calzado de cuero se les consideraba “doctores” y quienes usaban ruanas o pañolones y andaban descalzos o con alpargatas, eran considerados “ruanetas,” indígenas o campesinos. Con la llegada de los judíos, estos abrieron un tipo de crédito que transformó el comercio. Al posibilitarle unos plazos a la gente más humilde, que siempre se consideraron insolventes, les permitió vestirse como los “doctores.” Como los explicó en un artículo el ex-presidente Alberto Lleras Camargo, transformaron las costumbres comerciales de la ciudad, creando lo que él denominó como: “una humilde revolución”. Este acceso al crédito “cambio la faz de una nación de campesinos en algo mejor, menos pintoresco, más uniforme, pero también más igualitario.” La gente ya no se podía distinguir sólo por su atuendo.

La Bogotá de los treinta era una ciudad fría, encerrada, lluviosa y provinciana y la población sin recurso, que llegaron huyendo de la violencia, en otras palabras, los desplazados tanto judíos como los campesinos del centro del país, acabarían por vivir en inquilinatos. No es casual que entre los trabajos literarios que se destacan en estos años se cuenta la de José Antonio Osorio Lizarazo, quién fue uno de los primeros escritores que describió la vida urbana en Colombia en su novela La Casa de Vecindad. En ella retrató las duras condiciones del inquilinato. Por cierto, la desgarradora realidad del inquilinato continuó caracterizando a la ciudad y fue llevada al cine con La Estrategia del Caracol dirigida por Sergio Cabrera en 1994 siendo esta una de la primeras película de largometraje colombiana galardonada en festivales internacionales, también por su tono picaresco.

Con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, la ciudad se consumiría en un caos total: se saqueó el comercio de la carrera séptima y octava, se quemó más de 140 edificios, se arrancaron los rieles del tranvía.  Y de pronto surgió la gran pregunta en las élites bogotanas: “¿de dónde salió tanta gente?”

La respuesta se encontraba en el hacinamiento y los inquilinatos. Los desplazados llevaban años apilados en las trastiendas de las casas de la ciudad. Se fermentó una realidad urbana indigna durante décadas que reventó en 1948.  De acuerdo con los datos proporcionados por el estudio de Fabio Zambrano Patoja, en La Historia de Bogota del Siglo XX entre 1936 y 1948, Bogotá dobló su población. Se pasó de 350.000 a más de 700.000 mil habitantes, pero el área urbana continuaba siendo prácticamente la misma. En 1958, a diez años del 9 de abril, Bogotá triplicó su superficie urbana. Y doblaría su población más o menos cada diez años. En otras palabras, en 1958 contaba con más de 1 millón de habitantes. En 1968 la población sobrepasaba los 2 millones y en 1985, la ciudad contaba con más o menos  4.5 millones. ⁽¹⁵⁾  Pero, la capital se expandió de manera desordenada, como un pulpo de múltiples tentáculos.

En 1951 se invitó a Le Corbusier para que formulara un plan de desarrollo. Pero, sus proyectos coincidieron con la dictadura militar de Rojas Pinilla quién optó por dar al traste toda propuesta de regulación con respecto al crecimiento de la ciudad.  Aprobó a cambio la creación de un distrito especial, y se anexó una serie de municipios y dejando a un lado cualquier plan de ordenamiento territorial. La integración de Usme, Bosa, Fontibón, Engativa, Suba y Usaquén, tuvo como consecuencia la inclusión de miles de hectáreas de fincas que cultivaban trigo, cebada y otros productos. Ante el número de desplazados que comenzaban a llegar a Bogotá, a causa de la violencia de la década de los cincuenta en el campo, la necesidad de vivienda generó una desenfrenada especulación de la tierra que también dificultó el planeamiento organizado. Las fincas terminaron por parcelarse y se empezaron a lotear sin mayores controles del Estado. Más aun, la Asociación de Urbanizadores y Parceladores, y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) fomentaron este desorden urbano. En las décadas subsiguientes, los terratenientes de la sabana encontraron una nueva forma de riqueza y gran número de sus fincas terminarían sembradas de ladrillos.

Y si bien, el Estado no reguló este loteo y crecimiento desproporcionado, sí incidió en la estratificación de la ciudad al fomentar evidentes y marcadas diferencias de clase. El sur se escogió oficialmente como el lugar para las clases obreras y el norte para las pudientes. Después del 9 de abril, cuando se percibió el centro de la ciudad como peligroso, las élites bogotanas empezaron a “huir de la horrible guacherna.” La frase permite apreciar los prejuicios que aun anidan en el lenguaje de la ciudad. Guache es el término en lengua chibcha para hombre. Y guaricha es la palabra indígena para mujer. Y sin embargo, guache, en el diccionario de colombianismos aparece como hombre ruin o canalla y guaricha como prostituta. Sin duda, una mirada clasista y segregacionista que iba a imponerse y a dominar el entorno. Esta mirada alimentaría el repudio hacia la población desplazada.

Para comprender la expansión tentacular que va a sufrir la ciudad, es importante señalar el papel que cumplieron las compañías de buses en este proceso y del cual se ha hablado poco. El 9 de abril se quemaron tranvías y se levantaron algunos de sus rieles en el centro de la ciudad, hecho que no creo una casualidad, ya que las compañías privadas de buses empezaban a competir por el dominio del transporte público.  Después del “Bogotazo” pasan a manejar el transporte urbano. En la década de los cincuenta proliferan una serie de rutas hacia el sur y occidente. Fincas como “La Vuelta del Alto” de cientoveintidós fanegadas fueron compradas por urbanizadoras para construir barrios obreros. Fincas como la de Ontario Bernal y Hermanos, terminó desecando una laguna y urbanizando clandestinamente el terreno de manera ilegal. Ahí nació el barrio obrero de El Carmen. Las urbanizadoras clandestinas  dependerán de las líneas de buses, para abrir trochas y caminos y llevar a los habitantes a sus trabajos a los diferentes puntos de la ciudad. Barrios como “El Carmen”, habitaron sin problemas en la ilegalidad por años y sólo vinieron a ser legalizados cuarenta años después de fundados.

Ante el déficit cada vez mayor de vivienda y el desplazamiento forzado de la  población rural que cada día iba en aumento, comenzaron a aparecer urbanizadoras que simplemente entregaban lotes sin ningún servicios de alcantarillado, agua potable o luz y en ellas proliferaría la autoconstrucción. Mucha familias encontraron que por al número de hijos que tenían era difícil que les alquilaran piezas en los inquilinatos, pero si lograban conseguir un trabajo fijo, podían comprar un lote que se vendía a plazos. Para estos desplazados de mentalidad rural era fundamental poseer un pedazo de tierra donde pudieran sembrar sus hortalizas y no continuar pagando arriendo, a pesar de la ausencia total de servicios sociales. El sueño de todo aquel que compraba un pequeño lote era levantar dos plantas, para alquilar una y así garantizar una renta.

En muchos casos las nuevas parcelas se encontraban fuera de la jurisdicción de Bogotá. También es cierto que existió una relación estrecha entre las compañías de buses y los urbanizadores clandestinos o piratas y además algunos de estos ellos terminaron como concejales de la ciudad, a cambio de los votos de estos desposeídos, a quienes les prometían que en el consejo de la ciudad les tramitarían los servicios públicos de agua, luz y alcantarillado.  

Sólo hasta 1974, veinte años después de que comenzara este arbitrario proceso, se logró establecer unas normas mínimas de urbanización y servicios para contrarrestar a estas urbanizaciones clandestinas que dominan el entorno. Y sin embargo, el que existiera unas normas no significaba que hubiese voluntad para llevarlas a cabo. Como expliqué anteriormente, la fórmula colonial imperaba: “se obedece pero no se cumple”.  No es un azar que el 51% ciudad acabara siendo producto de las urbanizaciones espontáneas e informales.

Se calcula que Colombia cuenta con la ominosa cifra de seis millones y medio de desplazados, siendo el segundo país en el mundo en desplazamiento forzado después de Siria. El 87% de los desplazados del país provienen del campo y por ello se habla de una descampenización forzada del agro colombiano. 8.3 millones de hectáreas han sido tomadas a la fuerza.

Una de las consecuencia del desplazamiento forzado ha sido el robo de tierras a los campesinos, que ha transformado al país en uno de los de mayor concentración de la tierra en pocas manos en el continente. El 0,4 % de los propietarios de la tierra son dueños del 46% del territorio rural.

En el 2009 se calculaba que llegaban a Bogotá entre cuarenta y cincuenta familias diarias, unas doscientas tres personas, de las cuales el 70 % eran desplazados. En el 2014, aproximadamente trece millones de colombianos vivían en condiciones de pobreza y ocho millones en pobreza extrema. La reducción de desigualdad en el país seguía relativamente estancada.

El desplazamiento y crecimiento desmedido a la ciudad también generó una demanda de materiales de construcción como gravilla, greda, arena, recebo, piedra, y en los barrios del sur surgen “los chircales”.  En dichas ladrilleras, prevaleció el trabajo infantil. Uno de los primeros documentales del cine colombiano que denuncia esta explotación de los niños desplazados en las ladrilleras al sur de la ciudad, fue realizada entre 1965 y 1972 por Jorge Silva y Martha Rodríguez. Los Chircales es ya un clásico del cine colombiano.

También se explotan las montañas aledañas a la ciudad como canteras. Y en muchos casos de manera clandestina e ilegal, dejando una cicatriz abierta en el suroccidente. Paulatinamente, van desapareciendo los humedales. Bogotá contaba originalmente con 50.000 hectáreas de humedales o lagunas. En la actualidad sólo le quedan 654 hectáreas, y todavía se continúan desecando de manera inescrupulosa. El costo ambiental que ha pagado la ciudad ha sido enorme y las cárcavas que han formado han quedado inscritas en el sur de la ciudad.

Hasta hoy persisten las invasiones ilegales en las montañas aledañas al sur de Bogotá, en donde parte de la población desplazada así como los desposeídos terminan asentándose. Las invasiones ilegales son muy complejas, ya que por la pobreza generalizada, en ellas se encuentran desde desplazados, menesterosos, mendigos y maliciosos. Las invasiones de tierras y el negocio por parte de los diferentes grupos de desposeídos en algunos casos nos recuerdan La Opera de Tres Centavos de Bertolt Brecht.

La acumulación de demandas por invasiones de tierras en los tribunales de la ciudad y la lentitud de los trámites legales, ya que cualquier reclamo puede tomar hasta 12 años, ha acabado por legitimar a muchos ocupantes. Le corresponde a los alcaldes de las localidades iniciar los procesos de restitución de dichos predios demostrando que el Estado es el propietario y certificar que es un bien de uso público, pero esto sucede en muy pocas ocasiones. Lamentablemente las invasiones y el número creciente de desplazados no han cesado y terminan por generar todo tipo de problemas sociales y cordones de miseria.

Ante la falta de servicios sociales y las necesidades de la gente comienzan a aparecer “las arañas” y la “flota del rebuzno”. En burros, uno detrás de otro, se transporta el agua a los ranchos de los invasores recién armados. Los burros cargan “túmbilos” o recipientes de plástico en donde originalmente venía la manteca de cocina.  Así se acarrea el agua a los barrios de invasión por módicos precios. “La flota del rebuzno” hace su recorrido cada tres semanas.

Con el tiempo surgieron “las arañas”, o conexiones hechizas de mangueras que acoplaban a los tubos madres y otras bocatomas del acueducto de manera ilegal para sacar el agua. Los vecinos se organizaban y hacían las conexiones a partir de fontaneros que llamaban “ingenieros” para así aliviar sus aprietos. Evidentemente, surgían las denuncias de los barrios aledaños, la ilegalidad terminaba en enfrentamientos con la policía. En 1970 se calculaba que la cantidad de agua robada por parte de las urbanizaciones clandestinas y barrios de invasión llegaba al 20%  del total del agua prevista de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Bogotá.

Al comienzo, los invasores iluminaban los cambuchos con velas de cebo y ante los descuidos,  en más de una ocasión, terminaban en incendio. Hasta que también surgieron las “arañas”, para contrabandear la luz eléctrica a partir de cables y conexiones hechizas pegándose a cualquier poste de la energía.  

El número de desplazados generados por la violencia sigue creciendo. La insensibilidad de las clase política y la debilidad del Estado contribuye a que se deje a los desposeídos a su capricho, y que ellos resuelvan, “como puedan”, sus problemas. Todo ello fomenta la desigualdad y la segregación clasista de la ciudad. La guerra sumado a la falta de una política capaz de llevar a cabo una reforma rural integral y la oposición permanente de una clase terrateniente indolente a la misma, ha desembocado en pobreza y un crecimiento urbano desaforado.

Lamentablemente, las “arañas” y la “flota rebuzno” continuarán haciendo sus recorridos y remediándole a las invasiones y desplazados las necesidades básicas para su subsistencia. Y como decía al comienzo, tristemente, las guerras del siglo XX en Colombia,  aun no parecen encontrar su fin en estas primeras décadas siglo XXI, y si ello no se logra, el desplazamiento forzado continuará de manera irremediable.