Por Salvador Martí i Puig

Fotos por Lorne Matalon

Cuándo era estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, a finales de los años 80, entré en contacto con el movimiento de solidaridad con la Revolución Sandinista y por ello, al finalizar la licenciatura pensé en la posibilidad de hacer una estancia en Nicaragua. Dos profesores de Barcelona me pusieron en contacto con la entonces decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León) quien me propuso impartir unos seminarios a cambio de alojamiento y comida. Me pareció una excelente idea. Quería vivir en directo una experiencia revolucionaria que asombró y enamoró a medio mundo.

La cuestión, sin embargo, es que al llegar a Nicaragua ya no había revolución: los sandinistas habían perdido las elecciones celebradas el 25 de febrero de 1990. Así pues, llegué a un país a medio camino entre la reconciliación, la reconstrucción, la desmovilización y la ruina. El exilio de Miami había vuelto al país con ansias de revancha y los sandinistas estaban muy atareados. Una parte de ellos se preguntaba por qué la revolución había perdido el favor y la estima del pueblo; y otra parte se peleaba acusándose mutuamente de todos los errores cometidos a lo largo de una década. En medio de estas peleas unos cuantos dirigentes sandinistas—que eran una minoría, pero muy visible—aprovechaban el desconcierto para enriquecerse. Creo que era el peor momento—y el peor país—para que un estudiante hiciese un viaje iniciático, épico y romántico. Con esta introducción no quiero señalar que mi primera experiencia en Nicaragua no fuera interesante, pues de ella extraje un aprendizaje profundo de la naturaleza humana y de las sociedades en desarrollo.

Ex-guerrillero Carlos Humberto Silva Grijalva está orgulloso de haber formado parte de la Revolución Sandinista 1979. El aviso que hizo antes de una demostración dice, “No mas dictadura, Ortega renuncia.” El hijo de Silva, Carlos Humberto Silva Rodríguez, ha sido encarcelado por lo que un trabajador de derechos humanos llama cargos falsos de vandalismo.

Es posible que esta experiencia influyera la forma en que, desde entonces, he analizado la política en América Latina en general y la de Nicaragua en particular. Quizás por ello me ha preocupado más identificar las “continuidades” históricas que los “cambios” abruptos.

Esta inquietud—la de analizar las continuidades de la política nicaragüense más allá de las rupturas—es relevante, ya que en poco más de un siglo Nicaragua ha experimentado la ocupación norteamericana, un régimen liberal oligárquico, una represiva dictadura familiar, un régimen revolucionario de corte socialista, una democracia liberal y, desde 2007 (con la vuelta de Daniel Ortega al poder) un régimen híbrido que ha combinado instituciones democráticas con elecciones autoritarias y que, a partir de abril de 2018, se ha convertido en una otra tiranía.

La crisis en que está inmersa actualmente Nicaragua sorprende a muchas personas cuya única referencia del país fue la victoria insurreccional (en 1979) y la derrota electoral (en 1990) de la Revolución Sandinista. Precisamente, y a pesar de sus diferencias, los dos episodios acontecidos en 1979 y 1990 fueron excepcionales. La Revolución fue única por su liderazgo múltiple (de nueve comandantes) que condenaba y descartaba el caudillismo y el culto a la personalidad. Además, el FSLN abandonó el dogma leninista y puso en práctica el pluralismo, ofreciendo incluso la posibilidad de que accediera al gobierno la formación que ganara en unas elecciones libres y competitivas, tal como sucedió en 1990 con la victoria de Violeta Barrios de Chamorro.

Pero al poco tiempo esta excepcionalidad se desvaneció y reapareció la lógica patrimonial y despótica en la vida política. Por un lado, el FSLN fracasó en el intento de democratizarse y rápidamente fue férreamente controlado por Daniel Ortega. También la democracia liberal que se inauguró en 1990 mutó en 1997 con la llegada al poder de un presidente corrupto, Arnoldo Alemán, que no tuvo reparos en pactar en el año 2000 con Ortega para apropiarse de las instituciones del país. Entonces la política nicaragüense volvió a encauzarse a través de los patrones tradicionales y reapareció una cultura política basada en la concentración del poder, en la cooptación (o expulsión) de la oposición, en el desmantelamiento de contrapesos institucionales y en la impunidad.

Las heridas de Silva Grijalva en su pierna derecha fueron producto de balas de goma disparadas por paramilitares a favor del gobierno, según Grijalva y otros que lo acompañaban.

Desde 2007, con la vuelta al poder de Daniel Ortega, reaparecieron aún con más fuerza elementos de continuidad con el somocismo al concentrar una gran cantidad de recursos públicos y privados entre sus familiares y allegados, y al controlar todos los resortes de la administración del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía, las agencias supuestamente independientes, la maquinaria electoral y el poder judicial. La única cosa que parecía distinguir a Ortega de Somoza era que el primero sólo utilizaba excepcionalmente la violencia. Como es sabido esta diferencia desapareció a partir del 18 de abril de 2018, cuando estallaron protestas en su contra y se desató desde el gobierno una feroz represión. El balance de ésta, según datos ofrecidos por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en abril de 2019 (ANPDH), ya es de 561 muertos, 4.578 heridos, más de 1.300 personas sin libertad y unos 60.000 exiliados.

Pero Ortega no sólo ha patrimonializado el FSLN y sus símbolos, ha concentrado el poder del Estado en su figura (y el de su esposa), y ha rechazado cualquier crítica; sino que también ha des-democratizado el país. Esto significa que el régimen ha tenido la capacidad de expulsar a la oposición de las instituciones, despojar a los partidos incómodos de personería jurídica y crear formaciones electorales títeres para tejer complicidades políticas con apariencia de pluralidad. En este sentido la crisis de gobernanza que hoy vive el país no se puede solucionar sólo resucitando los viejos partidos tradicionales, ni creando ad hoc nuevas formaciones políticas. Una “salida” digna de la crisis significa cambios políticos e institucionales de gran alcance, pues una cosa es el rechazo popular al régimen y otra muy diferente poder competir electoralmente contra el FSLN con garantías.

Pero la regeneración de la vida política nicaragüense no pasa sólo por organizar unas nuevas elecciones. Para que se reactive la vida partidaria y las formaciones compitan en comicios democráticos es preciso un largo camino. El proceso de des-democratización llevado a cabo a lo largo de la última década no sólo ha desbaratado la administración electoral, si no que ha descompuesto toda la vida asociativa y partidaria. Precisamente por ello cualquier solución pasa por una negociación fuera del marco de unas instituciones y formaciones esclerotizadas.

Esta vía—la negociación fuera del marco institucional—también ha sido un elemento permanente en la historia del país. Es más, casi siempre los cambios sustantivos que se han dado en la política nicaragüense han sido el resultado de negociaciones fuera de las instituciones (previamente vaciadas de representatividad por el régimen en curso) entre actores enfrentados que se reconocen como interlocutores fruto de un “empate maldito”. Los ejemplos más recientes de este tipo de negociaciones son los pactos de fines de la década de los ochenta (en el marco de los Acuerdos de Esquipulas) entre el gobierno sandinista y la Contra; las negociaciones establecidas entre el ejecutivo de Violeta Barrios de Chamorro y el FSLN en 1990 para la confección del Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo; y más reciente el “Acuerdo de Gobernabilidad” (más conocido como “El Pacto”) entre Alemán y Ortega con el que se empezó a erosionar el sistema democrático el año 2000.

Por ello muchas personas creyeron que el día 16 de mayo de 2018 iba a iniciarse una dinámica negociadora de la misma naturaleza cuándo se inauguró la primera sesión de la Mesa del Diálogo Nacional, donde fueron convocados miembros del gobierno, sectores universitarios, sindicatos, patronal y organizaciones civiles, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Pero el Diálogo fracasó porque el gobierno no puso fin a la represión y por su nula voluntad de avanzar en una agenda democratizadora, sin embargo, Ortega culpó a la Iglesia Católica. La crítica a la Iglesia Católica no fue casual, pues ésta se ha convertido en la única institución que está presente en todo el territorio del país, y que está sólidamente vertebrada, con voz y autoridad. Diez meses después se propuso un “nuevo” Diálogo, pero con menos interlocutores y con unas expectativas más limitadas. Los interlocutores eran, por un lado, el gobierno y, por otro la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, bajo la mediación de la Santa Sede. La dificultad de este nuevo Diálogo fue, sin embargo, la existencia de presos políticos y exiliados, y la continua represión que sufría la oposición. Este segundo Diálogo se suspendió de forma indefinida el 23 de abril de 2019 y aún nadie sabe si habrá un tercero.

Hoy la cuestión es cómo salir de la crisis de forma pacífica y aceptada por los diversos actores en un marco de correlación de fuerzas muy desigual y cambiante. En las posibles (y futuribles) negociaciones hay diversas “líneas rojas” para cada uno de los actores, que a veces no son compatibles. Para Ortega éstas pueden ser garantías económicas, políticas y jurídicas para su persona y su entorno, es decir, que no se expropie su fortuna familiar, que pueda conservar cuotas de poder en las instituciones de un hipotético “nuevo régimen” y que no sea juzgado en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, el sector más combativo de los movimientos sociales, la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, señala que es imprescindible impulsar políticas de justicia, verdad y reparación de las víctimas y pide la salida inmediata de Ortega. A medio camino está la agenda de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que tiene tres ejes centrales: una agenda de reforma institucional que suponga un calendario electoral con una nueva ley electoral y la presencia de observación internacional; una agenda de derechos humanos que suponga la liberación de presos políticos, la nulidad de los procesos por las protestas contra el régimen, el desarme de los paramilitares, el fin de la represión, la libertad de prensa y el retorno de los exiliados y de las organizaciones internacionales de derechos humanos como garantes de los pasos a seguir; y una agenda de desarrollo económico para hacer  frente la recesión.

Las heridas de Silva Grijalva en su pierna derecha fueron producto de balas de goma disparadas por paramilitares a favor del gobierno, según Grijalva y otros que lo acompañaban.

Sin embargo, retomar el proceso negociador es difícil porque la oposición no está vertebrada, los líderes de los movimientos sociales no se atreven a comparecer, no hay partidos opositores efectivos, y tampoco hay libertad de reunión ni de expresión para debatir. En este sentido la interlocución es imperfecta y los únicos que se sientan en la mesa -la Alianza Cívica- no tiene fuerza social propia, si no que depende de actores internacionales y de la capacidad de movilización de la calle. La gran incógnita, hasta la fecha, es la posición del ejército, ya que si bien está muy vinculado a Ortega, también tiene fuertes intereses económicos, institucionales y de prestigio más allá de la permanencia del actual Presidente en el poder.

De todas formas, a la hora de escribir este texto (junio de 2019) no hay indicios de una pronta pacificación, a pesar de que hay signos de distensión—como la liberación de 56 presos el día 11 de junio.  El discurso de Ortega se centra en denostar a los adversarios, en denunciar que ha sido víctima de un “golpe de estado blando” y en la llamada a sus fieles a la resistencia. En este sentido la consigna desde el poder es clara y contundente: “Daniel se queda”.

De todo ello sólo podemos afirmar que la crisis actual ha vuelto a mostrar algunas continuidades en el ejercicio y en la cultura política del poder en Nicaragua, a saber, la concentración de recursos en manos de un caudillo, el uso de la fuerza en momentos críticos y la incapacidad de las instituciones para resolver conflictos. Fruto de estas “continuidades” la violencia política y la impunidad han reaparecido en el país. Con todo, es difícil pensar que esta crisis pueda eternizarse. Cuesta imaginar que Ortega se mantenga ad infinitum en el poder sólo por la fuerza. En este sentido, el sacerdote, político y diplomático francés Charles Maurice de Tayllerdand ya advirtió hace un par de siglos que “Con las bayonetas, todo es posible. Menos sentarse encima”.