Por Raúl Peñaranda U.

La muerte de un conocido empresario debido al coronavirus ha generado alarma en la población boliviana. Si una persona adinerada y con muchas posibilidades de acceder a tratamientos de salud, como era Richard Sandoval, gerente general de AXS, una empresa de telecomunicaciones, perdió la vida por esta enfermedad, ¿qué pueden esperar los millones de pobres que son la mayoría de la población boliviana?

La muerte de Sandoval puso énfasis en la falta de coordinación entre las autoridades y las clínicas privadas. Una guía enviada por las autoridades a las entidades privadas establecía que cualquier paciente con coronavirus debería ser enviado a un “hospital de referencia”, en este caso un centro municipal de salud de La Paz. Pero cuando llegó allí, no había un médico intensivista que pudiera operar el ventilador artificial que Sandoval requería. El que trabaja allí estaba en otro hospital atendiendo a diversos pacientes. Cuando se decidió llevarlo a otro centro de salud, Sandoval murió.

Este caso muestra la terrible situación del estado de la salud en Bolivia, uno de los países más pobres de la región. Pese a una década de bonanza económica, el gobierno anterior, que lideró Evo Morales, renunciado en noviembre pasado, no hizo grandes mejoras en el área de la salud.

El país enfrenta esta crisis, por lo tanto, con escasas camas de terapia intensiva, insuficientes cantidades de respiradores artificiales y personal de salud sin los equipos de bioseguridad necesarios para protegerse ellos mismos. Hasta ahora, sin embargo, la enfermedad está bajo control, con 183 casos confirmados hasta el lunes 6 de abril y sólo 11 fallecidos. Sin embargo, se considera que existe un serio subregistro, como lo ha señalado el director de Salud de la gobernación de Santa Cruz, Oscar Urenda. El médico explicó que en Bolivia es posible que haya ya 500 casos, pero que no hayan sido aún detectados. De hecho, Bolivia es el país que realiza menos tests de la región por falta de laboratorios especializados.

Mientras tanto, desde el 22 de marzo el país está en una estricta cuarentena. Los ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad pueden salir sólo una vez a la semana, según el dígito en el que termina su número de cédula de identidad, y exclusivamente entre las siete y las 12 del mediodía. No se permite ningún transporte, público o privado, a ningún horario, ya sea dentro de la ciudad o entre localidades diferentes. Tampoco hay vuelos aéreos y las fronteras están cerradas. La caótica ciudad de La Paz sólo ofrece, como el resto de las localidades bolivianas, calles desoladas y silenciosas. Solo están abiertos, hasta mediodía, los centros de abasto y las farmacias.

Los mayores de 65 no pueden abandonar sus viviendas bajo ninguna circunstancia, lo que les ha generado problemas de acceder a alimentos o medicinas para los que viven solos. Los adultos mayores que no viven con familiares son unos 30.000 en todo el país. Muchos de sus familiares y amigos viven en lugares distantes de sus domicilios y como no existe transporte, les es muchas veces difícil llegar a hacerles compañía, prestarles ayuda o llevarles medicinas o alimentos.

La cuarentena debería durar tres semanas y terminar el 15 de abril, pero las autoridades ya están dando señales que quizás se amplíe hasta fines de mes, y completar seis semanas. Si ello fuera así, las consecuencias para la economía serían más desastrosas aún de lo que ya se experimenta hoy. En Bolivia, alrededor del 70% de las personas son trabajadores del mundo informal, que no tienen ingresos si no trabajan cada día. Miles de taxistas, peluqueros, comerciantes, garzones, etc., están hoy en una situación de real desesperación. Extender la cuarentena podría generar brotes serios de violencia.

Para compensar esta situación, el gobierno ha empezado a repartir dos bonos a la ciudadanía: uno de 500 bolivianos (71 dólares) por cada hijo que tenga una familia en la primaria pública. Más o menos 1,5 millones de familias se verán beneficiadas. El otro, de 400 bolivianos (57 dólares) se entregará a 1,2 millones de los hogares más necesitados, alrededor del 40% del total. El gobierno asegura que ambos bonos llegarán, en total, a un 70% de la población boliviana.

También ha habido iniciativas legislativas, que han logrado que los pagos de créditos bancarios sean diferidos por los menos hasta septiembre, dando un respiro a los miles de deudores, personas y empresas, que en este momento tienen serias dificultades para honrar sus préstamos. También se rebajarán durante los meses que dure la emergencia los costos de luz, agua e internet, y será el gobierno el que supla los ingresos faltantes. Finalmente, también se han pospuesto los pagos de impuestos.

Con todo, se cree que las secuelas para la economía serán devastadoras, lo que podría agravar la inestabilidad, que en el país es muy acentuada. Además, con el precio del petróleo en 30 dólares el barril, se han derrumbado los ingresos por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina, la principal fuente de ingresos del país. El coronavirus, como en todo el mundo, ha traído unos amenazadores nubarrones para el futuro de Bolivia.