Justicia online en una pandemia, entre derechos y realidad

El caso del tribunal supremo en el exilio

Por Luis Manuel del Valle Marcano Salazar

Juramentación en la Plaza Alfredo Sadel del Corte Suprema de Justicia, toda vez que no pudieron llegar a la Asamblea Nacional pues los órganos represivos lo impidieron. Por ello, el poder legislativo que los iba a juramentar, movilizó los poderes para realizar un cabildo en una plaza muy populosa.

El alemán Gustav Radbruck vivió una época de revoluciones, guerras y cambios fundamentales sobre la percepción del derecho y la justicia. Por haber sido ministro de la República de Weimar, fue desechado por los Nazis y expulsado de sus clases de filosofía del derecho. A él, le debe la ciencia jurídica la conocida formula Radbruck, según la cual una norma jurídica sin un contenido ético que alimente su estructura, no es derecho, no forma parte del mundo jurídico. Con ello, aquel temido divorcio de las normas jurídicas de la moral, fue borrado del tejido de la humanidad, gracias a los juicios de Nuremberg que en 1946 marcaron un hito divisorio entre un pasado de guerras reguladas por el derecho y un futuro de profundas tensiones entre la política y el derecho inmersos en una densa revisión de la teoría y la filosofía jurídico-política, para intentar el mundo, más justo y humano.

Como en los tiempos de Radbruck, el derecho y la justicia enfrentan en la actualidad, nuevos desafíos luego del ataque del Covid-19 sobre la humanidad y el afloramiento de regímenes autoritaristas-competitivos, democracias fallidas convertidas en tiranías en un contexto posdemocrático y populista en una América Latina con aspiraciones de desarrollo. En efecto, por un lado, la amenaza de tiranías como la de Nicolás Maduro y el amago contra la dialéctica democrática en El Salvador; y, por la otra, la arremetida del Covid-19 sobre las crisis de desplazados y migrantes, han encrudecido las tensiones en la reflexión jurídica sobre la soberanía y la libertad.

Entre la jurisdicción online, Covid-19 y otros males políticos y humanos

Antes del golpe del Covid-19 sobre el capitalismo mundial, las libertades personales y el ejercicio de la vida cotidiana de los latinoamericanos, ya habían sido atacados por el neototalitarismo de Nicolás Maduro, como consecuencia de una de las mayores crisis humanitarias que ha conocido América Latina en su historia contemporánea. La lucha por la libertad de Venezuela librada en las calles, universidades y los foros políticos cobra una nueva dimensión en las postrimerías del 2017 cuando los 30 magistrados, jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designados y juramentados por el poder legislativo, tuvieron que abandonar el país como consecuencia de la orden de captura dictada por el propio Nicolás Maduro en su contra, debiendo en consecuencia, exiliarse en cuatro países: Estados Unidos, Panamá, Colombia y Chile. Yo era uno de ellos.

Pensaría el régimen de Maduro que, con perseguirlos, eliminaría el peligro de contar con una Corte Suprema unida, que podría haberle destituido del poder. A pesar de las distancias, los magistrados capitalizaron su derecho a la jurisdicción; y, sobre la base de los principios de Nuremberg, el principio de Jurisdicción Universal, y los principios de Princeton— sustentos teóricos y filosóficos para desarrollar la defensa de los derechos humanos—lograron con apoyo de la Organización de Estados Americanos, constituir el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, utilizando por primera vez herramientas cibernéticas de comunicación a distancia. La dimensión sincrónica de las reuniones de cada Sala del Tribunal Supremo y de las plenarias, condujo a un trabajo dinámico que ha producido a lo largo de tres años más de 15 sentencias entre las cuales resaltan, el juicio contra Nicolás Maduro por malversación de fondos públicos, por el cual fue condenado a 18 años de presidio más la suma de una cantidad importante que deberá regresar al patrimonio nacional, así como también, se le ordenó crear un canal humanitario con la finalidad de mitigar las graves dolencias humanas vividas por los venezolanos, tanto por Covid-19 como por los sufrimientos económicos causados por el regímen. Órdenes que desconoció con un profundo irrespeto por los seres humanos.

Nicolás Maduro con el presidente de la República Islámica de Irán, Hasán Rouhaní.

El contexto social y político en el cual empezó a funcionar la Corte de Justicia [online] era paralelo al endurecimiento del neototalitarismo venezolano, rodeado de un declive valórico de la política y de los líderes, que generó un debilitamiento de la lucha social. Sólo, cuando salió a la escena pública Juan Guaidó, la sociedad civil logra rescatar el ánimo de lucha que se verá mermado, entre otras cosas, por los efectos del Covid-19 sobre la humanidad, que colocó de rodillas al capitalismo mundial y empoderó a las tiranías en mayores restricciones de la libertad y el control social. En tal sentido, los canales cibernéticos de comunicación, fortalecidos por la experiencia desarrollada en la plataforma Zoom, acortó las distancias y fortaleció la lucha contra el Covid-19, no solo desde las esferas médicas, sino, desde la autoridad jurídica y política.

El Covid-19 se convirtió desde su primera embestida, en uno de los males más peligrosos que ha vivido la humanidad en los últimos 60 años. En pocos meses puso al capitalismo de rodillas atentando contra la economía de mercado y el empleo de muchas personas. Rápidamente la economía supo adaptarse a los tiempos de virtualidad, pero, quedó en los estados-nacionales, el empoderamiento de ejercer, conforme a su soberanía, un control socio- legal e interpretación restrictiva de los principios de libertad y defensa de los derechos humanos.

El contexto jurisdiccional que ha enfrentado el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, adoptó esos principios fundamentales de defensa de los derechos humanos, con adición de la Formula Radbruck, según la cual, una decisión—metalenguaje jurídico—si no está dotada de principios morales y humanos, no puede ser considerada una sentencia que nace de un órgano jurisdiccional que administra justicia, sino una decisión política que ha secuestrado los espacios de administración e interpretación de la ley. Existiendo en Venezuela una estructura judicial acéfala de todo criterio que sea expresión del bien común, la justicia y la seguridad jurídica, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es una respuesta contundente contra el autoritarismo y en defensa de la democracia.

La toma de posesión en la Plaza Alfredo Sadel. Marcona está al final de la línea.

Jurisdicción virtual frente al doble triangulo

En momentos críticos para la humanidad por los efectos del Covid-19, se cierne sobre la región la amenaza contra la seguridad internacional representada por el triángulo económico-militar: Beijín-Teherán-Moscú que asiste al triángulo de represión: Caracas-Managua-Habana que, aprovechando las limitaciones a la libertad y al control social, busca planificar y desarrollar, en las democracias latinoamericanas, lo que el filósofo francés Félix Guattari en 2017 llamó una revolución molecular disipada sobre la base de producir caos y deconstrucción del modelo socio-político-económico, mediante el descarrilamiento de las instituciones públicas atacadas por grupos organizados, que luego se disipan entre la sociedad.

Lo cierto es que, las erráticas políticas públicas sociales implementadas por algunas naciones latinoamericanas, incrementaron los efectos de la crisis humanitaria como consecuencia del impacto de la pandemia en las relaciones laborales de la clase obrera de migrantes, lanzada a refugios producto de los despidos masivos que, por efecto dominó, originó el cierre de la economía y las prolongadas cuarentenas, sumándose a ello, la limitación de los derechos civiles. En Chile, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera al tiempo de promulgar una ley migratoria negada a la inclusión de los más necesitados, desarrolló políticas de deportaciones masivas de venezolanos que habían ingresado al territorio nacional de manera ilegal. Si bien es cierto, la soberanía de los Estados nacionales justifica la implementación de cualquier tipo de política pública interna o externa, la situación especial como consecuencia de la emergencia sanitaria internacional, ameritaba mucha más consideración por razones humanitarias en salvaguarda de los derechos humanos de los desplazados y migrantes.

Por otra parte, la denominada “brisa bolivariana”, una frase emitida en 2019 por el segundo de Maduro, Diosado Cabello, ha sido expresada en las simétricas protestas ocurridas en Chile, Ecuador, Perú y Colombia. En mi juicio, las protestas constituyen la aplicación de la denominada revolución molecular disipada cuyo objetivo ha sido, desmontar el sistema social democrático imperante, e instalar un modelo neototalitario el que ha ocasionado destrucciones, saqueos, incendios, violaciones a la propiedad privada, por una parte, y por la otra, movilizaciones y rápidas desmovilizaciones conducidas desde Caracas y la Habana para desestabilizar los gobiernos y desafiar en las calles a la autoridad. Frente a esta coyuntura, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, podría impulsar en el seno de Naciones Unidas una Convención Americana de Intervención Humanitaria para poner fin a la prolongada crisis que amenaza con generar mayores daños.

Otro de los efectos más visibles de la pandemia ha sido la paralización de todo. En Venezuela, se detuvo el movimiento que desde las calles luchaba contra las fuerzas de la dictadura exigiendo libertad y elecciones libres. El Covid-19 confinó a los ciudadanos a prisiones legitimadas y legalizadas, obligando al grueso de la población a limitar su sentido de libertad que, inmoralmente utilizaron las tiranías y regímenes posdemocráticos para restringir aún más los derechos y aumentar el control social. La mayoría de los venezolanos consideran que la pandemia no sólo sirvió para contener las protestas masivas contras las políticas del régimen, sino que, además, sirvió para distraer de la escena nacional a la población sobre los crecientes problemas de escases, falta de combustibles -gasolina y gasoil -crisis hospitalaria, así como el aumento desmedido del dólar, moneda que indudablemente ya es la moneda de curso legal en el país, bajo la mampara del Covid-19 y sus consecuencias letales para la población.

Nuestra historia reciente se ha escrito desde la Habana, Teherán y Moscú; y, debido a ello, los venezolanos hemos perdido el poder de autodeterminar nuestro destino. Venezuela, es en consecuencia, un Estado secuestrado y necesitamos ser rescatados.

El Tribunal Supremo en el exilio.

Como Alto Tribunal en el exilio, somos para el pueblo estadounidense, uno de los principales aliados, para contrarrestar, a partir de nuestras denuncias y alertas, los peligros que asechan la seguridad interna estadounidense y el sentido de justicia y moral internacional que está siendo innegablemente puesto en entredicho por los grandes carteles de la droga. Es importante precisar que, las Cortes Federales estadounidenses ya han realizado solicitudes y requerimientos contra Maduro y sus cómplices, basta que la acción ejecutiva del actual gobierno federal, sepa distinguir entre el derecho y la política y ejecute una rápida acción de captura, por la paz de la región y por la democracia.

Finalmente, el Covid-19 se ha constituido en una dura prueba para la humanidad, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino también a partir de las miradas que la sociedad realiza del orden político imperante a nivel del Sistema de Naciones Unidas, cuyas reformas forman parte de una agenda pendiente y desde cada contexto doméstico que ha buscado sobrevivir y defender su status quo, frente a las demandas sociales de libertad, justicia y defensa de los derechos humanos.